El movimiento universitario siempre está

Al analizar el período de movilización social que estamos viviendo y que tuvo su punto de inflexión en el 15 de mayo de 2011 y las acampadas posteriores, nos encontramos con una cierta paradoja: esta movilización tiene un elemento clave en la participación de la juventud y de los estudiantes activos, pero podríamos decir que el movimiento universitario, como tal, no apareció claramente en escena hasta la huelga de universidades del 17 noviembre de 2011. Después vendrían otras, como la del 29 de febrero de 2012, con una de las mayores manifestaciones que se recuerdan, y las del 3, 10 y, sobre todo, del 22 de mayo, cuando, por primera vez en la historia de la España democrática, todos los sectores de la enseñanza pública (desde los 0-3 años hasta la universidad) se sumaron a la huelga convocada por los sindicatos.

Sin embargo, una lectura que sólo se fijara en las convocatorias dedicadas a la universidad, no estaría viendo lo más importante. El movimiento universitario estuvo presente desde el inicio de las movilizaciones que han dado vida a este período de movilización que identificamos con la fecha del 15M y todo lo que allí empezó a suceder. Algunas de sus organizaciones ya habían promovido iniciativas movilizadoras como la plataforma “Juventud sin Futuro” en abril de 2011. Después vendrían la manifestación del 15M y las acampadas, cuya organización, duración e impacto difícilmente podríamos entender sin la participación de personas que están ahora en la universidad o que continúan organizadas en espacios en relacionados con ella. Sus reivindicaciones y dinámicas de actuación, desarrolladas a lo largo de los últimos años, estuvieron y están muy presentes en estas movilizaciones que, según los datos del CIS [1], son tan bien valoradas por la sociedad española. No es casualidad que las tres primeras personas detenidas con motivo de la huelga general del 29 de marzo de 2012 —y pasadas a prisión preventiva durante más de un mes— fueran estudiantes universitarios, ya que aquella huelga fue mucho más que una huelga de trabajadores y las autoridades se concentraron en la represión de los colectivos más activos en la contestación, aunque para ello, como dijo el ministro del Interior, hubo “que forzar el ordenamiento jurídico para que ingrese en prisión alguna persona” [2].

Los estudiantes críticos llevan años trabajando y reclamando cambios en un modelo en el que hay muchas cosas que no les gustan y otras que quieren defender. Reclaman más y mejor democracia dentro y fuera de la universidad y son defensores de un modelo público de educación superior que ven amenazado por un triple camino de privatización. El primero tiene que ver con el gobierno de la institución. Se está produciendo una incorporación de actores privados en órganos directivos que asumen nuevas competencias y más relevancia como el Consejo Social, donde hay representantes de diferentes sectores de la sociedad con un peso importante del sector empresarial. A este proceso de incorporación hay que sumar lo que está ocurriendo con otros órganos de gobierno más plurales, y donde los estudiantes tienen mayor presencia, como el claustro, que ven reducida su importancia. El segundo es la financiación externa de másters, investigación y docencia por parte de las empresas. Ya en los años de bonanza económica preocupaba la relación entre universidad y empresas por la excesiva influencia que éstas podían tener al configurar los objetivos de la investigación y por su tendencia a financiar sólo aquellos proyectos que les resultasen útiles económicamente. En un momento como el actual, en el que los recursos disminuyen, preocupa todavía más cómo vamos a asegurar la investigación y la docencia en aquellos sectores que consideramos fundamentales más allá de los intereses legítimos del sector privado. Y el tercer camino de esta privatización es la creciente participación de los estudiantes y sus familias en el coste de sus estudios, una forma de copago que supone una transferencia de recursos de las familias a la universidad. La situación actual vuelve a poner en primer plano estas reivindicaciones que cobran mayor actualidad con la anunciada subida de matrículas o con las limitaciones para el servicio que pueden suponer los recortes en el personal docente e investigador y en el de administración y servicios.

¿Permisividad o desconsideración?

Hay quien repite una y otra vez que, cuando se produce algún alboroto en las manifestaciones, la causa de ello ha de buscarse en dos motivos fundamentales: en el hecho de que Barcelona se haya convertido en la capital antisistema del mundo y en la permisividad con la que han sido tratados los supuestos alborotadores en los últimos años. Barcelona es una ciudad punto de encuentro para muchas iniciativas y son muchos los extranjeros que en los últimos años han decidido pasar por aquí e incluso instalarse. Para amantes de teorías que vinculan a estos colectivos con supuestos grupos “anarcoitalianos” [3], recomendaría un paseo por el Eixample y Gràcia, barrios donde se pueden encontrar cantidad de negocios abiertos en los últimos años por personas de origen italiano y que no son difíciles de detectar: poco que ver, pues, con tapaderas de centros de apoyo a grupos antisistema. En la universidad se puede detectar también el aumento en la última década de investigadores y profesorado de origen italiano; un apunte personal: en el grupo de investigación al que pertenezco hay tres personas italianas, de lejos la nacionalidad no española dominante. A lo mejor hay que pensar en otros elementos para explicar esta presencia: por ejemplo, en la situación de la universidad en Italia, en la dificultad para hacer carrera académica, conseguir becas y desarrollar investigación en determinadas áreas. Y aparte de trabajar, muchas de estas personas se integran en el tejido asociativo y en los espacios de activismo cultural-político que ofrece esta ciudad.

En cuanto a la supuesta permisividad, no dejamos de oír frases del tipo: “Hemos dejado que esto ocurriera” o “las autoridades no han sido lo suficientemente duras para evitarlo…”. Muchas de las personas (en su mayoría, desde la clase política y los grandes medios de comunicación) que hablan de esta permisividad suelen aprovechar cada ocasión para pasar cuentas con el antiguo gobierno Tripartito en Cataluña, y especialmente con una de sus partes, Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa, sobre su gestión al frente de la Conselleria de Interior. Pero convendría recordar que, durante los años del Tripartito, los Mossos d’Esquadra realizaron algunas de las intervenciones más contundentes de su historia. Por ejemplo, hay una fecha, el 18 de marzo de 2009, que está marcada a porra para una generación del movimiento universitario y más allá de él: aquel día, los que allí estábamos vivimos algo que no hubiéramos podido imaginar en una sociedad que se quiere democrática, y son muchos los testimonios que han dado cuenta de aquella tarde-noche. No fue un hecho aislado: se enmarcó en la respuesta de las fuerzas policiales, del gobierno y de la dirección de las universidades para hacer frente a una movilización que cuestionaba tanto la evolución de la universidad española como la creación del Espacio Europeo de Educación Superior. A mi entender no se puede hablar de permisividad. Si se quiere hacer un análisis serio de cómo han sido tratados determinados sectores críticos de los estudiantes universitarios, tal vez llegaremos a otro tipo de conclusión que se acercaría a la idea de desconsideración: la desconsideración de la dureza con la que fueron tratados los estudiantes críticos tanto en la calle como en los espacios académicos de gobierno. Sin duda, el curso 2008-2009 resultó doloroso y es posible que todas las personas que lo vivieron, desde un lado u otro, guarden un amargo recuerdo de él. Hasta me atrevo a pensar que, en aquellos meses, se rompieron muchas cosas, entre las cuales la confianza en el diálogo como herramienta para solucionar problemas y encarar el futuro. De modo que lo que ocurre hoy sería más el fruto de lo que pasó entonces que el resultado de la tan citada permisividad que se menciona un día sí y otro también. ¿Qué enseñaron las autoridades en todo aquél proceso? ¿Qué aprendieron los universitarios? [4]

El cuestionamiento de los modelos establecidos y las instituciones

Seguramente este es el momento de nuestra historia reciente en el que más jóvenes cuestionan el modelo de sociedad que hemos creado, desconfían de las instituciones y de las autoridades académicas. No es sólo un problema de la universidad. Pero es en la universidad, como también en otros sectores de enseñanza, donde se debe actuar si queremos abordar esta situación. Y no hacerlo con presión, con autoridad, con exclusión, eso ya se ha hecho, y por ese camino hemos llegado hasta aquí. ¿Hasta ahora se han tomado en consideración las reclamaciones planteadas por los estudiantes? No pregunto si se han aceptado, sólo si se han considerado, si se han discutido, si han merecido un trabajo conjunto. Formulo esta pregunta puesto que el problema, entiendo, no está en rechazar lo que se propone, sino en hacer oídos sordos y evitar siquiera discutir abiertamente con ellos sobre sus propuestas. Entre nuestros jóvenes aumenta el sentimiento de incapacidad e imposibilidad para encontrar los caminos que puedan ser útiles para transformar aquello que no les gusta de su sociedad y de su universidad. Si, además de ser minoría, en los espacios de gobierno se les impide hacer llegar sus propuestas y debatirlas, los estudiantes tienen muy poco que hacer en las instituciones. En las académicas y en todas las demás. Es por eso por lo que los universitarios se ven abocados al camino de movilización. Sin embargo, si ni siquiera así pueden conseguir una cierta incidencia en el debate académico-político, ¿qué queda por hacer?

Debates necesarios: legalidad, legitimidad y violencia

En los últimos meses se ha hecho habitual hablar de movilizaciones, represión y violencia. Y no es difícil encontrar estudiantes que no llevarían a cabo actuaciones de violencia contra objetos, pero que las pueden entender. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad sigue sin afrontar un debate en profundidad sobre la violencia, o, mejor dicho, sobre los diferentes tipos de violencia que existen y la distinta manera de enjuiciarlos. Para entendernos, no sólo la violencia física de los que queman contenedores de basura o de las actuaciones desproporcionadas de la policía, sino la violencia que deja sin casa, la que quita el trabajo, la que cierra o reduce los servicios médicos, la que aumenta los precios en la universidad, la que reduce la asistencia a las personas que lo necesitan, la que establece condiciones de trabajo que consideramos injustas o que comete fraude fiscal. Las divergencias en la consideración pública de estas diferentes realidades de nuestra sociedad resultan inasumibles para muchas personas y son motivo de gran debate en el movimiento universitario. Hay demasiada distancia entre lo que muchas personas consideran injusto y no legítimo y lo que se acepta como legal y no se cuestiona en el debate mediático y político. Resulta imprescindible reducir esa distancia, de otro modo el abismo será irrecuperable.

Hoy, en el interior del movimiento estudiantil, podemos ver como en algunos momentos, y en algunos sectores, cierta ansia, voluntad de inmediatez, incluso desesperación fundamentada en diversas causas, lleva a actitudes que muchos —desde posiciones de noviolencia constructiva— no compartimos. Pero hasta ahora todo se ha podido abordar desde la palabra y con voluntad de proximidad. En nuestra sociedad empiezan a producirse algunos movimientos en relación con el necesario debate sobre la violencia, determinados en buena medida por la movilización social y por las fracturas en hegemonías existentes. Pero son cambios todavía lentos e insuficientes, por lo que es menester debatir más a fondo sobre la cuestión e implicar a todos los ámbitos e instituciones de la sociedad, incluida, cómo no, la universidad. Un argumento más para revitalizarla como espacio de participación política.

La demanda de una verdadera democracia

En la universidad hay muchas cosas que acostumbran a pasar antes que en otros ámbitos de la sociedad, también en lo que se refiere a la actitud política de los jóvenes. La universidad es seguramente el espacio ideal, como también lo podrían ser otros, los barrios por ejemplo, para la incorporación de los jóvenes a la política. La universidad tiene reconocida la participación del estudiantado en sus órganos de gobierno, desde las facultades a las que pertenecen como estudiantes de determinadas carreras hasta el consejo de gobierno, el consejo social y el claustro. Esta arquitectura institucional podría permitir una presencia relevante del estudiantado en el gobierno de la universidad, además de contribuir a una democracia representativa y participativa de gran calidad en la que los jóvenes se formaran y capacitaran para también participar en la política de nuestra sociedad. Sin embargo, y lamentablemente, eso ocurre en muy pocos casos, de manera que convendría que nos preguntáramos sobre la representatividad de los estudiantes en estos espacios, es decir, sobre cuánta presencia tienen en términos numéricos y si realmente ejercen la representación de los representados. En cuanto al número, suele ser reducido y, desde luego, muy inferior al que reclamó el movimiento universitario antifranquista para dar vida a una universidad democrática vertebrada en torno a unos órganos de gobierno con representaciones equilibradas para el conjunto de la comunidad. Hoy en día está muy extendida la idea de que los estudiantes no tienen porqué decidir sobre cuestiones de la universidad que, aunque les afecten, son responsabilidad de la dirección. Con ello se deja claro, por un lado, que ellos no pueden ser gobierno, y, por el otro, que su posición no es relevante. Y para fundamentar esta idea se insiste en remarcar su temporalidad en la institución, a diferencia de los personales docente y administrativo.

Se puede y se debe discutir sobre el modelo de gobierno de las universidades, sobre la eficiencia de los órganos dirigentes y la necesidad —o no— de incluir en ellos a otros sectores de la sociedad. Pero me parece difícil de argumentar que los estudiantes no deban y puedan participar del gobierno de una institución de la que son parte fundamental y para lo que están capacitados. Lo planteo desde una posición de principios y, a la vez, práctica. Si esto nos lo creemos, deberían cambiar muchas cosas en nuestra universidad. Una parte mayoritaria de los estudiantes ha renunciado por acción u omisión a preocuparse y participar del gobierno de la universidad, porque no le encuentra el sentido, no obtiene resultados o porque piensa que no es su papel. La parte minoritaria que sí lo hace, también está ahí por diferentes motivos. Pero incluso los más desinteresados, los más puros en sus motivos, ven claramente como estos espacios acaban resultando excluyentes en demasiadas ocasiones. Puede que esta sea una percepción minoritaria, pero, aunque así sea, resulta profundamente hiriente para aquellas personas que aceptan una democracia efectivamente representativa y trabajan para poder hacerla más participativa, de mayor calidad y más cercana al conjunto de las personas implicadas.

Democracia como equilibrio inestable en el que todas las partes son necesarias

La democracia es un proceso profundamente inestable porque son muchos los equilibrios que deben hacerse para mantenerla y para que pueda avanzar. Cuando las partes no están comprometidas con ella o tienen percepciones diferentes de lo que debe ser, se pone en riesgo. Y esto es lo que pasa también en nuestras universidades al plantearse la participación estudiantil: lo que para unos es exceso de participación, para otros es insuficiencia; lo que para unos es exceso de democracia, para otros es insuficiencia de la misma. Una vez roto el equilibrio inestable, el riesgo de malas prácticas se multiplica para ambas partes, por lo que la democracia pasa a ser una competición por el poder y el triunfo: si unos no respetan las buenas prácticas, ¿por qué tienen que hacerlo los otros? Si unos desautorizan a los otros, ¿por qué los otros no pueden hacer lo mismo? No es extraño escuchar en los órganos de gobierno de la universidad cuestionamientos cruzados dedicados a la legitimidad de un rector o decano y de los estudiantes presentes, aunque unos y otros hayan llegado por procesos electorales a su condición de representantes. En lugar de actuar de manera inclusiva, abiertos al conjunto de la comunidad, son demasiado habituales comportamientos de unos y otros que suponen un cerrarse en sí mismos; incluso excluir o enfrentarse a los propios compañeros de comunidad por no compartir totalmente sus posiciones. Las identidades se construyen a la defensiva y cuesta ponerlas a trabajar conjuntamente. Precisamente, cuando una de las características de este periodo de movilización está siendo, en muchas ocasiones, que las identidades de proyecto se impongan a las de resistencia. Que las personas y colectivos con ganas de movilizarse y actuar hayan primado lo que une más que lo que separa, aunque lo que une pueda incluso suponer cierta renuncia. El movimiento universitario ha vivido también efectos positivos del 15M, como puede ser la aproximación de nuevas personas y la existencia de menos prejuicios, pero seguramente las condiciones de su actividad cotidiana en espacios con roles tan marcados como las universidades y el peso de las trayectorias parece que no acaba de favorecer algunos de estos cambios.

Todas las partes en confrontación dentro de la universidad, y pienso fundamentalmente en esta división tradicional entre rectorados y direcciones de facultades, y estudiantes movilizados, deberían valorar si lo que exigen a la otra es cumplido por la suya y asumir que si verdaderamente nos queremos como sociedad democrática, que respeta la pluralidad y que fomenta la participación, los malas prácticas aquí citadas deberían ser desterradas. La universidad tiene que depurarse de estos comportamientos y todos sus integrantes deberían ser conscientes de los equilibrios inestables que nos sustentan como comunidad. La búsqueda de esos equilibrios en muchos casos nos debería llevar a movimientos de cesión para no forzar la situación y así evitar el desequilibrio, la fractura, la distancia. Estoy pensando en una universidad como espacio de formación de toda la comunidad, donde todos aprendemos de todos. Una universidad que incorpore esos criterios a la hora de valorar —sin paternalismos— los comportamientos de los estudiantes, ya que a veces se espera de ellos actuaciones que no tienen ni el personal docente e investigador ni el de administración y servicios. Del mismo modo, convendría que los estudiantes movilizados y sectores críticos aceptaran los esfuerzos que pueden ser necesarios dentro de determinados espacios para llegar a comportamientos más participativos o democráticos. Tienen mucho que aprender sobre eso, también, personas con altos cargos académicos que no los han practicado. Mi experiencia me dice que, si se desarrollan honestamente, los procesos democráticos participativos pueden requerir más tiempo que otros mecanismos, pero resultan mucho más fructíferos y enriquecedores para todas las partes.

A manera de epílogo: preguntas para el examen final de este curso 2011-2012

El curso 2011-2012 ha estado marcado en la universidad española por diferentes políticas relativas a la reducción de plantillas del profesorado y el personal de administración y servicios no estable y por los probables anuncios de aumento de precios y tasas. Ahora, en su recta final, la convulsión es máxima con la aprobación por el Ejecutivo del Decreto-ley 14/2012 [5] de 20 de abril ratificado por el parlamento español el pasado día 17 mayo. Desde muchos sectores de la universidad es visto como un ataque y son diferentes los motivos de queja. Las rectoras y rectores de las universidades españolas, que ya habían manifestado conjuntamente su rechazo al procedimiento [6], han llegado a plantar al ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, en el Consejo de Universidades al entender que se estaba evitando el debate sobre el decreto [7]. En esta recta final del curso, el movimiento universitario está impulsando movilizaciones en muchas universidades con especial atención al aumento de precios que podría llegar al 66%. Desde órganos de gobierno de diferentes universidades han surgido posicionamientos contrarios a las medidas recogidas en el Decreto-ley [8] e incluso propuestas para la desobediencia y para evitar los perjuicios que pueden suponer [9]. Como en ningún otro momento de los últimos años, la comunidad universitaria está expresando su malestar por las políticas que ya se están aplicando o por las que vendrán.

Vivimos tiempos de incertidumbre, inseguridad y temor por la situación que ya tenemos en nuestra sociedad y, aún más, por la que puede llegar a producirse. Las movilizaciones que estamos viendo en las universidades de todo el Estado tienen que ver con la respuesta a una pérdida de derechos y a la defensa de un modelo de universidad y sociedad. Estudiantes muy diversos en su sensibilidad política y en maneras de hacer coinciden en su disconformidad con la subida prevista de los precios de grados y másters, que ya sabemos que no podrá ir acompañada de un mayor número de becas para conseguir efectos redistributivos. Hay gobiernos de universidades [10] y gobiernos autonómicos [11] que han declarado no estar de acuerdo con esta subida e, incluso, estar dispuestos a no aplicarla de manera efectiva.

Tenemos estudiantes que creen en su universidad y que sólo aspiran a mejorarla, muchos ya no para ellos directamente sino para las generaciones venideras. Es gente comprometida con su comunidad, universitaria y ciudadana. ¿Cómo comunidad sabremos gestionar este malestar? ¿Los rectorados que se quejan por no haber sido tenidos en cuenta al prepararse las medidas ahora anunciadas sabrán ver que algo parecido les pasa a sus estudiantes cuando, por ejemplo, se decide eliminar la convocatoria de septiembre de la evaluación? ¿Sabremos ver que de la crítica compartida a la subida de precios podría salir una respuesta común, una manera de hacer conjunta? ¿Llegaremos a asumir que aquello que afecta a una comunidad debería ser tratado comunitariamente y que no es conveniente para nadie que sean los menos favorecidos (personal no estable docente, investigador y de administración y servicios, o estudiantes) los que asuman los costes? La evaluación de estas y otras cuestiones a final de curso. Continuamos.