Ni siquiera han podido esperar a que el tribunal constitucional dictara sentencia sobre el recurso que ellos mismos interpusieron a la joven ley del aborto socialista, la 2/2010. El PP, con la bendición del clero y el apoyo de los grupos autodenominados “pro-vida”, ha iniciado el trámite para derogarla enteramente y sustituirla por una regulación prohibicionista e intimidatoria, sin duda peor que la vieja ley —también socialista— de 1985. Todo un jarro de agua helada para redondear este calamitoso 2013.

Aunque ya se sabe que las prisas no son buenas. Lo que ahora se pretende aprobar carece de un respaldo suficiente entre los españoles: choca con una sociedad mayoritariamente laica y sexualmente activa, se enfrenta a la libertad de la mujer moderna, no es compartida por la posición del grueso de grupos políticos ni obedece a la regulación de plazos mayoritaria en los países aconfesionales, abre una vía en el propio partido en el gobierno (a cuyos diputados discrepantes Gallardón ha recordado con cinismo la necesidad de mantener la disciplina en votación, pues esto iba en el contrato electoral) y puede enfrentarse a la opinión mayoritaria de psiquiatras y médicos (cuanto menos en relación a la prohibición del aborto en los casos de anomalías graves del feto). A éstos se les va a exigir una intervención muy activa en los casos (de violación, en las primeras 12 semanas, si concurre denuncia previa, o de grave peligro para la vida o la psique de la embarazada, hasta 22 semanas, “por no poder solucionarse el conflicto de ninguna otra forma”) en que la mujer decida tirar adelante con la interrupción de su embarazo y, como medida disuasoria, penderá sobre ellos el riesgo de ir a prisión (hasta 8 años).

De ahí que esta iniciativa pueda tener un efecto boomerang sobre el propio gobierno: tal vez refuerce la adhesión de su electorado más conservador, como dicen muchos, pero a costa de restarle legitimidad. El PSOE lo sabe y por ello ha emprendido una rápida y ruidosa reacción a la reforma en curso.

El “anteproyecto de ley orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada” —importa observar tanto el orden de los factores como la supresión de la referencia a la sexualidad y al aborto de la ley aún en vigor—, del que ha hecho bandera el actual ministro de justicia e hijo del autor del recurso de inconstitucionalidad a la ley de 1985, demuestra dos cosas que sólo parece tener claras la derecha social de este país: La imposibilidad de dar por conquistado ningún derecho, ni siquiera uno tan básico y admitido en la generalidad de los países de nuestro entorno como el de la mujer a abortar. Y la importancia de no dar la espalda a los procesos de formación de las mayorías políticas que nos gobiernan, por mucho que no se crea en los unos ni en las otras. No es cierto que dé lo mismo quién nos gobierne. Especialmente en materia de libertades y de autonomía personal, el peso de los gobiernos conservadores resulta sofocante, cada vez más ajeno al sentir mayoritario y al sufrimiento que generan sus políticas en millones de personas.

La lectura del anteproyecto provoca estupor e indignación a partes iguales. Ya como texto jurídico, es una pieza de escasa imaginación y repleta de indeterminaciones y afirmaciones sorprendentes desde la lectura laica que corresponde a un estado formalmente aconfesional como el nuestro. Pero lo de veras indignante es su menosprecio hacia la independencia y responsabilidad de la mujer, cuyo destino de madre es singularmente presupuesto en el anteproyecto. Pero vayamos por partes.

La iniciativa legal interpreta restrictivamente la sentencia del tribunal constitucional de 1985, ya en sí restrictiva al dar el mismo valor a los derechos del no nacido y a los de la mujer embarazada. Eso, y la tibieza del PSOE frente a las presiones de la jerarquía católica, han impedido una regulación mínima del aborto como derecho de la mujer hasta la ley de 2010 en vigor. Que es justamente lo que se pretende derogar (sin siquiera diferenciar estados evolutivos del feto, como sí hacía la sentencia: ahora basta con la concepción), al lado de cualquier referencia a los aspectos preventivos del embarazo, es decir, a la sexualidad. La doctrina del constitucional en la que se apoya explícitamente la contrarreforma del PP tiene ya casi tres décadas de antigüedad, y podría variar por el recurso pendiente sobre la ley 2/2010, de ahí que las prisas del ministro de justicia pongan también de manifiesto la falsedad del principal sostén ideológico de la propuesta.

No se entiende, por otro lado, la vehemencia con la que Gallardón ha salido al paso de las críticas, con argumentos (clásicos, rancios) como que la ley en vigor, al permitir el aborto libre en las catorce primeras semanas de gestación, es “un método anticonceptivo” más. Él mismo debería saber, por el Ministerio de Sanidad, que este derecho no ha provocado un aumento del número de abortos (112.390 en 2012, por 118.359 en 2011), pues hasta la entrada en vigor de la ley actual la inmensa mayoría de ellos habían sido practicados antes de la catorceava semana. La ley en vigor se limitó a legalizar una situación anterior (casi el 95% de abortos practicados en 2011 se realizaron antes de la semana 12), reconociendo de paso el aborto como un derecho de la mujer. Esto es lo que realmente ha irritado al PP, así como el que se haya tomado en cuenta la problemática de la (des)educación sexual (con mucho que ver con los centros concertados y con las familias). No en vano, la contrarreforma educativa el ministro Wert ha suprimido la asignatura sobre ciudadanía y ha reinstaurado la religión como asignatura pata negra.

En relación con la posibilidad actual de abortar durante las primeras 14 semanas, el recurso de inconstitucionalidad del PP señalaba que “el Estado renuncia a proteger la vida del nasciturus, y abandona su suerte a lo que decida su madre”, de modo que “la vida del nasciturus depende absolutamente de la decisión de su madre, como si de una parte de ella se tratara (mulieris portio vel viscerum)”. En la imaginación del PP, la mujer que decide interrumpir su embarazo es punto menos que una máquina desguazadora, pues trata al óvulo fecundado como lo haría con una molesta hernia a extirpar. Las secuelas psicológicas, el temor a la intervención de un tercero sobre su cuerpo, los problemas que ha de afrontar con su entorno más próximo, las dudas acerca de si tendrá o no medios económicos suficientes para sostener a un bebé (habida cuenta del paupérrimo salario indirecto que el estado proporciona a las madres), o el fundado miedo a perder el empleo son cuestiones simplemente irrelevantes. Que las mujeres entre 35 y 39 años sean el grupo que registra un mayor aumento (11,61% en 2011) de interrupciones voluntarias del embarazo desde que estalló la crisis, o que en el mismo periodo haya caído la natalidad (en 2011, un 12,2% menos que en 2008) son cuestiones de las que no se hace responsable el gobierno. Al contrario, la propuesta de Gallardón impide abortar en supuestos de malformaciones fetales compatibles con la vida, pero no dice una palabra de qué medidas de acompañamiento prevé aprobar para ayudar a las madres de estos futuros bebés (cuyo sustento requiere de tiempos y dineros superiores a los que se dedican a niños sanos).

El arrebato del proyecto legislativo contra la autonomía de la mujer no acaba ahí.

En el cumplimiento del nuevo deber de los médicos (dos psiquiatras externos al centro de interrupción del embarazo al que acuda la mujer) de informar a la embarazada que desea dejarlo de estar sobre los riesgos que la intervención puede entrañar para su salud y para su maternidad futura “podrán participar otras personas, especialmente el otro progenitor o parientes próximos de la mujer, si ésta lo acepta, de manera expresa o tácita”. Y además, los trabajadores de los servicios sociales tendrán que proporcionar a la mujer, antes de los 7 días de reflexión preceptivos (hasta ahora son 3), información sobre la excepcionalidad del aborto en nuestra legislación, sobre cómo resolver los conflictos que la han llevado a esa decisión, sobre las ayudas públicas a la maternidad y sobre la adopción o el acogimiento como alternativas al aborto. Con el galopante desmantelamiento de los servicios sociales de este país, es previsible que la gestión de esto acabe en manos de centros privados concertados de apoyo a la maternidad.

Además, se regula ampliamente la objeción de conciencia médica, extendiendo al territorio español la regulación establecida en su día por Cospedal para Castilla-La Mancha, por la que cualquier “profesional sanitario” (lo que incluye a los médicos de cabecera o a los ginecólogos a quienes ha de acudir en primera instancia la mujer) podrá librarse del trance de ser denunciado por una práctica antijurídica si antes ha hecho expresa “anticipadamente y por escrito” su objeción al director de su centro (público o privado).

Por fin, nos encontramos con la exigencia —eludible con la ley en vigor— de consentimiento de los padres para las mujeres menores de 18 años. Si éste no se da, las menores embarazadas habrán de acudir al juez civil con todo el papeleo ya realizado para que éste decida. Creo que sobran comentarios.

A pesar de que la regulación del aborto siempre ha girado en torno a la negación de la responsabilidad plena de la mujer como ser consciente de sus decisiones, nunca como hasta ahora se había contemplado de forma tan explícita el poder de terceros sobre las mismas. Considerando los tiempos que corren, no habíamos asistido a un desprecio tan soberano hacia la autonomía femenina, supeditada una vez más a la moral católica.

Como se ha podido apreciar, la contrarreforma del aborto que acaba de entrar en el parlamento tiene —y en esto hay que dar la razón a su promotor— “un amplio calado”. Tanto, que va a continuar siendo una piedra de toque importante en los próximos meses. De lo que se trata ahora es de pasar rápidamente de las palabras a la acción. De movilizarse lo más ampliamente posible. Hay que dificultar al máximo la aprobación de la norma en su estado de elaboración actual, lo que no será fácil. Pero sobre todo hay de aprovechar esta circunstancia tan desfavorable para reforzar la atención en el piso que engancha en vez de ilusionarse con falsos techos que dejan ver el cielo. Los años de gobiernos Zapatero crearon la ilusión de que, al menos, España avanzaba en materia de género a velocidad de crucero, olvidando que la derecha social de este país se armaba adecuadamente para la contraofensiva que ahora estamos viendo. Con la ley en ciernes, van a poder abortar muchas menos mujeres: por los múltiples impedimentos que la ley prevé, como en una carrera de obstáculos, pero también porque no está al alcance de todas pagar por anticipado (para entrar en plazo) las visitas que se piden o incluso acceder a estos servicios, y ya no digamos viajar al extranjero y procurarse una interrupción del embarazo con todas las garantías y en unos tiempos razonables (problema de mayor envergadura que el de los menos de 3.000 abortos anuales por anomalías fetales —sólo 400 de ellos extremamente graves o incompatibles con la vida— al que enfoca buena parte de la opinión pública).

No hay que ser complacientes y pensar que la última reforma Gallardón de este año es un mero amén a los dictados de Rouco. En nuestro país, la opinión social sobre el aborto está muy dividida. Lo ejemplificó en el campo estatal el parecer adverso del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo Fiscal a la ley de plazos actual, o la misma inactividad política del gobierno socialista a la hora de dotar de recursos a la sanidad pública para garantizar los derechos proclamados en la Ley 2010. También a nivel institucional, el papel activísimo de la Conferencia Episcopal, que llegó a amenazar con la excomunión a los parlamentarios que votasen la ley (como al parecer sucedió en 1983 con el primer proyecto del psoe, lo que en aquella ocasión hizo mella en el presidente socialista del Parlamento). En otro ámbito, la actividad de grupos paracristianos como Camino Neocatecumenal, Hazte Oír, Derecho a Vivir, E-cristians, Foro de la Familia, Médicos por la Vida o la Federación Española de Asociaciones Provida no ha dejado se ser constante en los últimos años. Y no han faltado biólogos, pediatras, juristas, psiquiatras y ginecólogos que hayan prestado sus servicios a esta corriente misógina de opinión. En mi opinión, el eco que ha tenido esta corriente antiabortista, organizada y poderosa, ha sido mucho mayor que la voz de la de la Red Estatal de Organizaciones Feministas, integrada por más de 200 asociaciones de mujeres. Claro es que el feminismo contaba en los últimos años con un apoyo institucional importante en el gobierno y en los observatorios de género, pero eso, como se está viendo, no es suficiente. Ahora es el momento de reconstruir una base social sólida y autoorganizada, no sólo de mujeres (y es importante resaltar esto: los varones hemos de ser conscientes de que perdemos también, y mucho), que haga oír su voz laica, exigiendo al estado el deber de respetar la madurez y responsabilidad que hay que suponer a toda mujer. Ésta no contempla su relación con el feto desde un punto de vista propietario y es perfectamente consciente —desde luego más que un varón— de los motivos que pueden llevarla eventualmente a la decisión de interrumpir un embarazo.

Por ello hay que reivindicar la despenalización absoluta del aborto voluntario y no conformarse con recuperar la perspectiva legal autorizativa, que siempre deja la puerta abierta a un enfrentamiento jurídico desigual entre derechos. Y complementariamente, hay que reclamar el deber de implementar un sistema público de prevención, tanto a través de anticonceptivos y del sistema nacional de salud como mediante una educación sexual específica y universal (como sucede en Holanda, el país con menor número de embarazos no deseados entre adolescentes). Cosas ya dichas por el feminismo de los años sesenta y setenta.

Artículos anteriores sobre el tema:

”¿Qué regulación del aborto?”, mientras tanto, n.º 108-109 (2008), pp. 20-27.

“Contra la autonomía femenina: el aborto como maternidad negada”, mientras tanto, n.º 115 (2º semestre de 2010), pp. 115-127.