El 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, registró una vez más amplias movilizaciones por todo el país, en un contexto en que la opinión pública sigue poniendo el foco sobre las violencias sexuales. Lo cierto es que éstas, a pesar del conjunto de reformas penológicas que se han dado para abordarlas, no remiten, lo cual invita justamente a reflexionar en términos críticos sobre la eficacia de esta orientación punitiva como piedra angular de las políticas públicas.

En los campos político, institucional, mediático y de los propios movimientos sociales viene produciéndose hace tiempo una retroalimentación en torno a la solución penal. Así se vio con la conmoción general que produjo la revisión de sentencias condenatorias tras la rebaja de las penas mínimas establecida en la Ley de garantía integral de la libertad sexual, lo que provocó su ulterior reforma. Significativamente, se pasó por alto, en cambio, que la rebaja de las penas mínimas abría un campo para que los agresores busquen la reparación de las violencias sexuales como fórmula para llegar a juicios de conformidad, incrementando así el poder de las mujeres en los procesos judiciales.

No faltan sin embargo voces críticas con la orientación criminológica dominante que se está dando sobre un mal social cuya raíz es profunda y su casuística mucho más amplia que las agresiones sexuales.

Así, este 25-N también se denunciaron otras violencias no tan destacadas en la opinión pública, a pesar de su importancia, como las que padecen los cuerpos de las mujeres en trabajos esenciales como los cuidados de personas y el trabajo del hogar (véase, por ejemplo, el Manifiesto de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía). Nos referimos pues a mujeres sometidas a una gran presión laboral (donde no son extrañas las agresiones sexuales) fruto de su situación socioeconómica, su origen y situación administrativa o su raza. El despliegue de la violencia patriarcal, por tanto, no puede captarse en su amplitud sin un análisis simultáneo de otros factores que interactúan con ella, como se reclama desde el enfoque interseccional de estos asuntos —que no sólo conciernen, por lo demás, a las mujeres heterosexuales—.

Hay muchos motivos para proceder a una revisión profunda de la solución penológica. Resulta inútil para remover la reproducción desigual de roles que inferiorizan a la mujer y están en la fuente de las violencias. Sitúa a la persona violentada en un contexto revictimizador, en la medida en que la «verdad judicial» hace desaparecer los elementos habituales que han conducido a la situación concreta que se juzga, comprimiendo la realidad de la víctima a los elementos concretos encausados. Promueve un sentimiento de persecución no sólo en el victimario, sino en su entorno, dificultando un diálogo social sobre estas cuestiones que permita a los varones sentirse verdaderamente concernidos (las condenas por violencia machista son hoy la tercera causa de ingreso en prisión, según Instituciones Penitenciarias). Trata por igual a todas las víctimas, haciendo abstracción del grado de empoderamiento de cada una (si ha conseguido o no salir del círculo de coacción de su maltratador). E impide la mediación y la conciliación (expresamente excluidas en la leyes contra la violencia de género de 2004 y en la del ‘solo sí es sí’ de 2022), evitando explorar el encaje entre las necesidades de la víctima dentro de un espacio distinto al penológico.

En este contexto crítico, tiene un valor particular la crítica formulada desde el propio ámbito penal por la magistrada de la Audiencia de Barcelona Carme Guil, presidenta de la sección española del Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación (GEMME). El principal motivo de preocupación de esta jueza es que la solución punitiva ahoga la voz tanto de la víctima como de los implicados en el delito, lo que impide formular soluciones tendentes a reparar el daño causado y alcanzar, si ello es posible, un acuerdo. En la cabeza de esta magistrada está la puesta en práctica de soluciones restaurativas que atiendan a las necesidades concretas de la persona (a través de lo que llama «espacios de escucha activa”), como por lo demás reclama la propia Ley 4/2015 del Estatuto de la víctima del delito. En otras palabras, que ésta pueda ser escuchada y hablar.

Este punto de vista es sensible a las consecuencias indeseadas de la perspectiva punitiva dominante. Dar voz a las personas violentadas, así como introducir mecanismos de intervención con hombres penados por este tipo de delitos con el fin de evitar la reincidencia (como el Programa Contra la Agresión Sexual (PCAS) o el Programa PRIA de intervención psicosocial en violencia de género, con buenas tasas de éxito: vid. Redondo y Mangot, 2017), significa, por un lado, abandonar la estigmatizadora condición de «víctima» y, por otro, trabajar activamente en la prevención de nuevos delitos. Guil, además, pone el acento en la necesidad de dirigirse a la comunidad que ha hecho posible o ha permitido el daño (a través por ejemplo de «círculos de diálogo» con las personas cercanas a los agresores, para reflejar que es la sociedad en conjunto, y no sólo las víctimas concretas, la que se ve interpelada por este tipo de delitos).

Estas preocupaciones conectan con una corriente creciente en torno a la necesidad de una participación activa de los varones en la erradicación de la violencia machista, para lo cual es preciso que éstos se vean interpelados por las políticas de género. Una respuesta a ello nos la ofrecen los grupos de hombres igualitarios, que exteriorizan positivamente este llamamiento el 21 de Octubre. La presencia de estos grupos por el país es cada vez más consistente, aunque siguen siendo vistos como un mero apoyo a la causa principal de las mujeres sin percibirse que, detrás de ellos, hay un compromiso personal de cambio plasmada en la búsqueda de una alternativa al patriarcalismo que envuelva, en primera línea, a los propios hombres.

Ideas como la «tolerancia cero» frente al violento, basadas —muchas veces de manera inconsciente— en la idea antigarantista de peligrosidad social, victimizan a una parte de la sociedad, alejan a la otra de la comprensión sobre el carácter relacional de la violencia, y nos alejan de perspectivas alternativas deseables, como una mayor inversión en la asistencia social a víctimas y victimarios o en tan necesaria educación sexual preventiva de estos problemas.