El Gobierno de coalición progresista está empeñado en un proceso de reformas sociales y económicas positivas para las mayorías sociales y, en particular, para los sectores más vulnerables, a diferencia de las estrategias regresivas aplicadas en la anterior crisis socioeconómica. No hace falta detallarlas. Junto con una política presupuestaria más expansiva, reforzada por los fondos europeos, y la mejora del empleo, con más de veinte millones de personas ocupadas y una cifra récord de la afiliación a la Seguridad Social, se pueden citar tres grandes iniciativas: la protección pública a través de los ertes frente a la reducción de la actividad económica y el empleo derivada de la crisis económico-sanitaria; la reforma laboral para rebajar la extensa, prolongada y grave temporalidad, y los paquetes de medidas fiscales y regulatorias para disminuir el incremento de precios y las dificultades empresariales.

Desde el verano han ido acompañadas de una retórica gubernamental de izquierdas, de confrontación abierta con el modelo regresivo de las derechas basado en la rebaja de impuestos y la correspondiente disminución de la inversión pública y la protección social, así como de algunas medidas significativas como la mayor carga impositiva a las grandes empresas financieras y energéticas o la intervención reguladora, con el permiso europeo, en el mercado del gas para contener la inflación.

Esta gestión socioeconómica gubernamental se presenta como el principal balance positivo con el que se pretende activar y ampliar la base social progresista y garantizar la victoria electoral, especialmente, en las elecciones generales de fin de año. El conjunto de esas medidas, según los estudios demoscópicos, son apoyadas por la mayoría de la población; no obstante, sus resultados en términos de credibilidad política y confianza popular y, por tanto, de garantía de avance electoral y continuidad de la gobernabilidad de progreso está por ventilar.

La pugna por el relato sobre la situación socioeconómica y laboral de la sociedad es fundamental. La preocupación social principal afecta a este campo. La cuestión no es solo analítica sino, sobre todo, de legitimación de la gestión política, fundamentalmente entre el Gobierno de coalición progresista, con sus socios parlamentarios, y la oposición de derechas. A ella se añade la segunda preocupación ciudadana, que es, precisamente, la desconfianza en las instituciones, el Gobierno y la clase política, vistas por una parte significativa de la población como problema y no como solución.

Por tanto, la disputa política y mediática tiene que ver con la legitimidad de esos dos bloques y sus estrategias para encarar esos problemas socioeconómicos y democráticos, y, en este año electoral, reforzar sus apoyos sociales y electorales para consolidar su estatus de poder y de gestión. Más allá del rechazo a la estrategia neoliberal y reaccionaria de las derechas, conviene explicar los límites e insuficiencias de esa política reformadora y la necesidad de afianzar una estrategia transformadora de mayor alcance, un reformismo fuerte con mayor apoyo popular que permita revalidar una senda de progreso.

Doble problemática: socioeconómica y político-institucional

Interesa partir del máximo realismo en el diagnóstico de las percepciones de la población para evaluar las prioridades político-institucionales. Entre diferentes estudios demoscópicos cuento con las recientes encuestas de la consultora 40dB o el propio CIS. En la primera, de diciembre, aparecen en primer plano los seis grandes problemas que le ‘preocupan mucho o bastante’ a la población: la inflación y el coste de la vida (95,5%); la dependencia energética (88,3%); la desigualdad social y la pobreza (87,3%); el paro (82,3%); el cambio climático (81,7%), y la guerra en Ucrania (80,7%), y, a más distancia, la inmigración (58,4%).

Respecto de los datos del último Barómetro del CIS, de diciembre, he acumulado las ocho respuestas más relevantes sobre los tres principales problemas existentes en España —expresados en porcentaje— en dos campos principales: en primer lugar, los problemas socioeconómicos y laborales (32,8%): problemas económicos, paro, precariedad del empleo, sanidad y desigualdades sociales (incluida la de clase y la de género); en segundo lugar, prácticamente la mitad, los problemas político-institucionales (16,8%): Los problemas políticos en general, El mal comportamiento de los/as políticos/as, El Gobierno y partidos o políticos/as concretos/as. En este caso, evidentemente, los objetos del descontento y la exigencia de responsabilidades se confrontan entre ambos bloques político-ideológicos: izquierda y derecha.

Después de esos problemas más significativos figuran más de otras cincuenta cuestiones específicas priorizadas por menos del 3% de la población cada una de ellas como la educación, la crisis de valores, el racismo, la inmigración, la guerra de Ucrania y Rusia, los nacionalismos, la Monarquía, la violencia de género, el cambio climático o la España vaciada. Ello, por supuesto, no significa que en determinadas coyunturas y situaciones no pasen a un superior plano de la preocupación social. Salvando algunos temas culturales y otros como los nacionalismos (españolista y periféricos) que afecta a varios ámbitos a la vez, casi todas ellos se pueden englobar en los dos campos antedichos, convertidos en mayoritarios, y que son claves para las relaciones sociales igualitarias y el bienestar social, así como para la calidad democrática y una gobernabilidad progresista.

Comienza un año eminentemente electoral donde se van a confrontar la gestión político-institucional, las alternativas programáticas y, sobre todo, la credibilidad transformadora de los grupos y bloques políticos para garantizar a la mayoría social el correspondiente contrato social y electoral que permita superar esas problemáticas y consolidar una dinámica de seguridad y avance social y democrático. Dejo aparte los tres importantes temas políticos de la articulación territorial y el modelo de Estado, con el conflicto en Catalunya, la democratización institucional, empezando por el poder judicial, y las relaciones europeas e internacionales en el actual contexto geopolítico.

Me centro en el tema socioeconómico y su gestión institucional, con su correspondencia para la legitimación pública de los actores políticos y sociales. Lejos del catastrofismo de la oposición de las derechas, el Gobierno de coalición progresista ha implementado unas políticas socioeconómicas protectoras y reguladoras positivas. Ha habido un crecimiento del empleo, especialmente el indefinido, con reducción de la temporalidad. A pesar de las grandes dificultades (pandemia, guerra en Ucrania, desglobalización…) no se han cumplido los malos augurios recesivos o regresivos y la política económica dominante hasta ahora, también en Europa, ha sido relativamente expansiva y paliativa.

Sin ese anunciado empeoramiento económico derivado de la supuesta desastrosa gestión gubernamental, el Partido Popular se ha quedado sin credibilidad crítica y alternativa. Le queda echar mano del nacionalismo españolista más centralista, la manipulación mediática y los resortes judiciales, con su giro derechista y su dependencia de la ultraderecha. Pero sigue el incierto empate electoral de bloques.

El Gobierno progresista se apresta a poner en primer plano sus logros en esta materia. La pugna por el relato de la gestión económica —con las cosas del comer— se convertiría en el centro de la legitimidad del Gobierno para revalidar una nueva legislatura de progreso. Craso error. Esa estrategia, principalmente de la parte socialista, si no gana contundencia aplicativa y credibilidad ciudadana, es insuficiente. Corre el riesgo de no conseguir incrementar la confianza popular, que se resiste a sacar ventaja en las encuestas electorales y garantizar la victoria electoral progresista, y dejando al margen el factor decisivo tratado recientemente en un ensayo: “La unidad del espacio del cambio”.

Apoyo masivo a la sanidad pública

Trato aparte el tema fundamental de la devaluación salarial. Aquí, como complemento sobre los claroscuros sociales hay que destacar la preocupación social por la sanidad pública, auténtica joya de la corona del Estado de bienestar, gestionado por las Comunidades Autónomas (el mayor gasto social es el de las pensiones públicas y la Seguridad Social, gestionado por el Estado). El último barómetro de 40dB, de enero de 2023, indica que el 65,4% piensa que su Comunidad destina ‘demasiados pocos recursos’ para la sanidad pública, y el 39,1% ve ‘regular’ su funcionamiento, con un 32,7% ‘bueno o muy bueno’ y un 26,8% de ‘malo o muy malo’. Además, el 61% es favorable a pagar más impuestos para mejorar la sanidad pública, y solo el 10,5% desearía pagar menos (aunque sólo el 2,6% si ello significa reducir su calidad).

Aunque la crítica sobre la falta de recursos es mayoritaria en todas las Comunidades Autónomas, en las gobernadas por las izquierdas hay menos insatisfacción y en las gobernadas por las derechas más descontento, sobre todo en la de Madrid, con su prolongado proceso privatizador y de recortes sanitarios que la hace acreedora de la más amplia movilización ciudadana (varios centenares de miles de personas el pasado 13 de noviembre, la mayor manifestación cívica de los últimos tiempos), continuada ahora y extendida a otros territorios.

Dos comentarios se pueden añadir. Por un lado, aunque la sanidad es una competencia transferida a las Comunidades Autónomas, de distinto color político, la responsabilidad de sus deficiencias es compartida por la clase gobernante cuya gestión institucional, siendo el gasto más relevante, está condicionada por la infrautilización de la financiación autonómica y la ausencia de una profunda reforma fiscal que garantice la calidad de los servicios públicos. Tema importante que la parte socialista del Gobierno no ha querido abordar en esta legislatura y que subyace en el malestar social por el creciente deterioro de este servicio público esencial.

Por otro lado, conviene recordar y comparar la posición ciudadana sobre el gasto público social, según el estudio 2930 publicado por el CIS en enero de 2012, por el nuevo Gobierno de Mariano Rajoy que lo ignoró por su apuesta de profundos recortes sociales. Fue elaborado en el último momento del Gobierno del socialista Rodríguez Zapatero bajo la dirección de Belén Barreiro, precisamente la actual directora de 40dB que ha elaborado el reciente estudio. Pues bien, en lo referido a la sanidad y a la pregunta de ¿Cuánto le gustaría que se gastara, aunque hubiera que subir impuestos?, las respuestas fueron las siguientes: ‘Mucho más y más’, 71,8%; ‘lo mismo’, 22,2%; ‘menos y mucho menos’, 3%.

Como se puede comprobar, con más de una década de diferencia y con lo que ha llovido en materia de política económica regresiva y defensa cívica de los derechos sociales, persisten esos dos tercios de personas partidarias de garantizar una sanidad pública de calidad confrontando con el mantra más duro de las derechas sobre la bajada de impuestos. Los servicios públicos y el Estado de bienestar gozan de una legitimidad social ampliamente mayoritaria.

Fuente: Eurostat y para 2022T3 CaixaBank. Elaboración propia, incluido transferencias públicas y sin alquiler computado. 0 es la máxima igualdad y 100 la máxima desigualdad.

Por último, en el gráfico adjunto expongo los datos sobre desigualdad social, desde el comienzo de la crisis socioeconómica en 2008 y hasta el tercer trimestre de 2022 en España, comparado con la media de los 18 países europeos del euro que son los más similares en nivel de desarrollo, advirtiendo que Europa es la región con el menor nivel de desigualdad del mundo. Como se ve, la distancia con la media europea es significativa, en torno a un 10% superior, particularmente entre los años 2014 y 2017, siendo España uno de los más desiguales, con los efectos de todo tipo que tiene la permanencia en ese alto nivel. La tendencia se modifica en el año 2022 en que se produce un diferencial favorable en España, que se acerca a la media europea, por el crecimiento comparativo del empleo y el mayor peso del escudo social promovido por el Gobierno progresista de coalición.

Frente a la devaluación salarial

A pesar de mejoras sociales relativas, incluida la actual subida de las pensiones públicas respecto del IPC de este año, todavía persisten amplios y graves problemas en el mercado de trabajo. Hay todavía 2,8 millones de personas desempleadas y la tasa de desempleo juvenil es la más alta de la Unión Europea (32,3%), cuya precariedad se agudiza por las dificultades de acceso a una vivienda digna. En otra parte trato el deterioro de los servicios públicos, particularmente, la sanidad y los niveles de desigualdad social. Cojamos el aspecto más relevante, la pérdida de capacidad adquisitiva de la mayoría social, derivada del incremento de precios del mercado y la devaluación salarial. La situación de retroceso generalizado, aunque desigual, es evidente y su percepción segmentada por la sociedad refleja un crudo realismo.

No vale el conformismo y la autocomplacencia de las fuerzas progresistas que llevan a la resignación o las inclinaciones centristas y contemporizadoras respecto de las amplias trayectorias sociolaborales precarias y las dinámicas autoritarias. Es preciso una senda de firmeza. Veamos algunos condicionamientos socioeconómicos de la gente, una parte todavía distanciada del compromiso con el Gobierno de coalición progresista, y aparte de las dudas suscitadas por decisiones políticas controvertidas, amplificadas en los medios.

El Gabinete Económico de CC. OO. acaba de publicar un amplio estudio titulado “Los beneficios empresariales impulsan y enquistan la inflación”. La conclusión es clara. Se está produciendo una nueva devaluación salarial en España derivada de la prepotencia empresarial, con una fortísima pérdida en el poder de compra de los salarios en el año en curso, parcialmente contrarrestada en el caso del incremento gubernamental del SMI que afecta a un millón y medio de personas. Caben citar dos párrafos literales:

El salario real de 2022 por realizar el mismo trabajo que en 2008 caerá un 12,6%. Mientras los márgenes y beneficios empresariales, como se ha visto, están creciendo hasta niveles no vistos desde 2014 impulsando la espiral de precios. La pérdida de poder de compra de los salarios en 2022 será del 5,2% resultado de una subida media de los salarios pactados del 2,78% hasta diciembre y del 8,4% de los precios de consumo en media anual.

A esto hay que sumar la pérdida de poder de compra adicional por el alza de los tipos de interés para los más de cuatro millones de hipotecados a tipo variable y que en media sufrirán una pérdida del 10% de su renta anual. De persistir esta dinámica desequilibrada, la gestión diferente y mucho más equitativa de la crisis de la pandemia con los ERTE podría terminar convirtiéndose en un espejismo y se volvería al esquema tradicional de ajuste vía salarios y empleo.

Frente a las explicaciones que solo naturalizan o externalizan sus causas (el mercado, la globalización, la pandemia, la guerra…) se produce un paso valorativo dirigido al Estado y los agentes sociales y políticos: la insuficiencia de la protección y la acción reguladora públicas, todo ello achacable a la incapacidad y/o insuficiente determinación institucional, partidaria y sindical para afrontarlo de forma más contundente y generalizada. Y el CIS y los estudios demoscópicos así reflejan esa preocupación y malestar social que ante su impotencia o inacción exige respuestas, siempre condicionados por la pugna partidista y mediática.

Dicho de otro modo, la patronal está imponiendo sus propios intereses de acumulación de beneficios empresariales a costa de la disminución de costes salariales. Por tanto, no solo se ralentiza el consumo, la actividad económica y el empleo sino que se precariza la vida de la mayoría trabajadora y sus familias. La negociación colectiva, supuestamente reforzada por la reforma laboral, se muestra incapaz de remontar esa prepotencia empresarial. La estrategia de diálogo social está inoperativa, sin perspectivas de un pacto de rentas equilibrado, a pesar de la reclamación sindical y las llamadas diversas del Ejecutivo, incluso de medios significativos como el diario El País (16/01/2023).

La patronal está fuerte y cómoda en su oposición a un pacto de rentas que le pudiera condicionar ligeramente hacia un incremento remunerativo de los salarios. Ahora, a diferencia del periodo anterior (negociación de la financiación pública de los ertes y de fondos europeos, emplazamiento del nuevo Ejecutivo progresista, con aceptación de límites a la temporalidad y estabilización del marco de relaciones laborales…) no tiene suficientes presiones e incentivos para unos acuerdos razonables y sí un fuerte apoyo de las derechas. La dinámica generada, con esta inercia, es la consolidación del recorte de la capacidad adquisitiva de los salarios y el aumento de la desigualdad salarial. Y en el plano subjetivo el resquemor pasivo en gente trabajadora.

Mientras tanto, el Gobierno de coalición progresista, como referencia, ha negociado y aprobado un incremento plurianual moderado de las retribuciones del empleo público, para este año 2023, de 2,5% (más un punto complementario), cuando la tasa de variación anual del IPC en España en diciembre de 2022 ha sido del 5,7% (y el 8,4% en media anual), es decir, con una consolidación de la pérdida de más de dos puntos de capacidad adquisitiva, acumulada al retroceso de 12 puntos desde 2010. Significa que, aunque el Ejecutivo progresista junto con los dirigentes sindicales confederales hayan calificado el acuerdo de razonable, tampoco está garantizando el poder adquisitivo de los tres millones y medios de empleos públicos ni ha supuesto suficiente estímulo de mejora para el resto de la negociación colectiva aunque sea fundamentalmente una cuestión autónoma de los agentes sociales y económicos y los sindicatos se quejen de cierta inacción gubernamental.

La estrategia sindical de ‘salario o conflicto’ de este otoño y comienzos de invierno está resultando incapaz de modificar sustancialmente la tendencia de devaluación salarial impuesta por los empresarios. Igualmente, el escaso impulso del centenar de los convenios colectivos más favorables no es capaz de arrastrar la negociación colectiva de los sectores más débiles y la acción movilizadora es muy limitada, con solo un ligero crecimiento de la actividad huelguística: en el año 2022, un 4,5% más de huelguistas que el año anterior, con un total del 17% más de jornadas no trabajadas por huelga. Entre las causas, aparte de la precariedad y las dificultades económicas de las familias, está la débil determinación del activo sindical y/o su capacidad contractual. El reto es la oposición social, política y sindical a la devaluación salarial, la defensa persistente de los derechos sociolaborales y democráticos.

Más democracia y justicia social

Tal como he señalado, son relevantes los dos aspectos, puestos de relevancia desde hace más de una década. Por un lado, la percepción mayoritaria de la gravedad de los problemas socioeconómicos y político-institucionales, con un agudo sentido de la justicia social. Por otro lado, la gran legitimidad de los derechos sociolaborales y una gestión institucional protectora e igualitaria basadas en un fuerte sentido democrático. Ello supone una reafirmación democrática, con la imprescindible activación y ensanchamiento de la base social progresista con mayor legitimación a sus representantes políticos. El descontento social se combina con cierta desconfianza en la capacidad y la voluntad transformadoras de progreso en ese doble ámbito.

En ello influyen diversas causas, pero la pugna política y el sentido del cambio social e institucional no afecta solo a los otros aspectos político-culturales controvertidos. Está clara la movilización autoritaria y nacionalista españolista de las derechas reaccionarias frente a los derechos democráticos y civiles, los avances feministas y de la articulación plurinacional. Pero una pugna de fondo sigue situada en torno a la cuestión social y laboral y los derechos sociales, en un contexto de incertidumbre sobre el equilibrio de fuerzas sociales y fácticas, así como de la capacidad de la gestión de las fuerzas progresistas y su garantía del avance social y democrático. La democratización y la gestión institucional se vinculan al bienestar y la cohesión social y territorial.

Hay un riesgo de incoherencia, la falta de conexión de los dos campos que, a veces, aparecen como opuestos: el de la ‘utilidad’ o política útil de mejoras socioeconómicas y laborales inmediatas, y el de reformas institucionales y estructurales, a veces lentas e incompletas. Ambas están vinculadas a las dinámicas de participación cívica en el proceso reformador y frente a la involución social y democrática. Pero la crisis de credibilidad institucional y política, en ambos campos, viene de la insuficiencia reformadora, por los límites de las mejoras reales y sin impacto sustantivo, con el exceso de meros discursos genéricos o, en el peor de los casos, de simple ruido desinformativo y politiqueo sectario y corporativo.

Así, la realidad y la percepción social de la acción reformadora difiere en dos contextos distintos, según la dinámica de los dos actores principales, el mercado (empresarios y gestores económicos) y las instituciones públicas. En un marco de fuerte y generalizado impacto regresivo de los poderes económicos neoliberales, el impacto resultante genera un deterioro o situación peor o más desigual. Esa dinámica está amparada, a veces, por la gobernanza europea y estatal, y afecta especialmente a los derechos sociolaborales y la calidad de servicios públicos.

Esa realidad de retroceso es la fuente de malestar popular, a pesar de la implementación de mejoras parciales apoyadas por la población. En ese marco, el Gobierno, las instituciones públicas, palian parcialmente situaciones graves, pero no son capaces de revertir su empeoramiento. La justificación posibilista de que no se puede hacer más lleva a la resignación, pero también a la desconfianza en la política y las instituciones públicas; se genera desafección hacia la gestión (insuficiente) de progreso.

Es el factor de fondo de cierto escepticismo popular en los partidos políticos y las instituciones que, según señalan las encuestas, desconfían de su resolución satisfactoria y tienden a la pasividad y el abstencionismo. Es el motivo de todo el ruido mediático y la pugna de relatos para transferir o adjudicar la responsabilidad de la insuficiente o errónea respuesta al otro actor político o agente social. Pero la quiebra de credibilidad representativa afecta a todo el conjunto institucional, a la capacidad articulatoria de la propia democracia, cuestión aprovechada por los poderes y tendencias reaccionarias y ultraderechistas que pugnan por una involución autoritaria y regresiva. Así, se enlazan los dos procesos reformadores concretos, el socioeconómico y el político-institucional, acompañados y justificados por los correspondientes discursos y dinámicas legitimadoras. La solución es más democracia y más justicia social.

Estrategia, proyecto y fuerza social

Nos adentramos este año en una encrucijada estratégica. En las ciencias políticas convencionales, desde la antigua Grecia, había un concepto que relacionaba los objetivos, los medios y los sujetos: la estrategia. Esa palabra —y todavía más su subordinada, la táctica— ahora suena a engaño y manipulación. Los fines aparecen en bellos discursos, como propaganda o publicidad, pero sin enlazar con las medidas concretas. La acción política y participativa —la democracia— tiene dificultades para su regulación y gestión, se desvincula de ambas y se convierte en el ejercicio y la legitimación del poder institucional. Es cada vez menos relevante respecto de los poderes fácticos económicos, burocráticos y de seguridad, arropados por la gran concentración mediática y los aparatos culturales.

La disociación se establece en los dos planos. Por una parte, hacia el idealismo como prevalencia de discursos, programas y proyectos, más o menos abstractos o ambiguos, pero sin incardinar en un proceso articulatorio de su implementación y ejecución. Esos significantes y su contenido también pierden credibilidad operativa y, por tanto, confianza popular. Por otra parte, está la cotidiana gestión política, absorbida por la legitimación político-cultural y material de su utilidad específica con intereses y medios comunicativos encontrados, opacada en su sentido global o trayectoria a medio plazo.

El problema no se resuelve solo con metáforas más o menos convenientes del tipo de establecer horizontes compartidos y un nuevo contrato social, al igual que estimular solo actitudes emocionales positivas como esperanzas e ilusiones de cambio. Tras una década larga de la ejecución de políticas regresivas por el poder establecido (europeo y mundial) con la anterior crisis socioeconómica, con el incumplimiento del contrato social democrático de la socialdemocracia española (y europea) que le ha costado más de una década remontar parcialmente, se ha configurado un espacio político electoral a su izquierda, es decir, con la exigencia de mayor justicia social y más democracia. Los poderes democráticos europeos han tomado nota sin atreverse (todavía) a una involución económica y política abierta como empujan las dinámicas reaccionarias de derecha extrema.

Así, más allá de conceptos ambiguos como transversalidad o centralidad lo sustantivo para afrontar la grave situación popular es la importancia de la credibilidad de una dinámica transformadora, social y democrática, que responda a las necesidades e intereses de la mayoría social, hoy todavía incrédula respecto del avance social y democrático que amenaza las derechas y su involución reaccionaria. Es, por tanto, necesaria la certeza del camino a recorrer, aunque se vean dificultades, así como la confianza del compromiso y la certidumbre de la apuesta transformadora. Es la forma de ganar credibilidad y volver a interrelacionar fines, medios y sujetos, o si se quiere, proyecto, políticas concretas y campos y actores sociopolíticos y electorales.

Y ello pasa, necesariamente, por una articulación unitaria del espacio del cambio o frente amplio, con una cooperación de sus principales actores, desde En Comú Podem e Izquierda Unida, hasta los principales protagonistas, Yolanda Díaz y su grupo Sumar con Podemos. Y ello, junto con la reafirmación de izquierdas de la dirección socialista y la convergencia de los socios necesarios, particularmente los nacionalistas catalanes y vascos, para una nueva investidura de un gobierno de coalición progresista. Es la tarea pendiente para generar confianza popular en un cambio real y sustantivo de carácter progresista y vencer la reacción derechista generando una dinámica reformadora efectiva.

La incógnita es si nuestras élites representativas principales, al menos en esos tres grandes ámbitos, la socialdemocracia, el espacio del cambio de progreso y los sectores nacionalistas de izquierda van a dar la suficiente talla para no defraudar a sus bases sociales y el progreso del país. Su éxito depende de la interrelación y la colaboración de las tres partes. No obstante, aun con una base social curtida desde hace más de una década, la parte más frágil y fragmentada es la representación política de ese campo de la izquierda transformadora o fuerzas del cambio. Superar el desafío de su colaboración para aportar al conjunto del devenir de esta apuesta es fundamental; se van a evidenciar sus potencialidades (e insuficiencias) políticas y orgánicas, con su capacidad unitaria y de respeto a la pluralidad, junto con su valía democrática, teórica y ética. Todo ello con el activismo social y la intelectualidad progresista.

Esas condiciones pueden condicionar el éxito del conjunto del bloque progresista, que también beneficiaría a la corriente socialista y su dirección actual, también como referencia europea y mundial. Pero, igualmente, su fracaso podría acarrear la consecuencia de su inviabilidad política como fuerza condicionante y complementaria de la socialdemocracia, sin poder coparticipar en la estructuración del país y la expectativa de consolidar un cambio de progreso en la próxima década, así como con pocos recursos e influencia social.

Conllevaría amplios efectos destructivos para el activismo sociopolítico, y cuestionaría la legitimidad de esa representación político-institucional cuyo prestigio decaería más. Sería un resultado contrario y frustrante en relación con el deseo vigente desde hace más de una década de conformar un espacio y una dinámica reformadora de progreso y superadora del bipartidismo continuista y estéril. Es una gran responsabilidad, cuyo acierto determinará la consolidación o no de una nueva elite dirigente y su recomposición interna, con autoridad y confianza popular suficiente para constituir un agente relevante de cambio en este país (de países).

En definitiva, desde hace más de una década se ha generado una dinámica transformadora de progreso con una significativa corriente social diferenciada de la trayectoria continuista y ambivalente de socialdemocracia, que fluctúa entre cuatro y siete millones de personas. Ha permanecido con diversos altibajos y parciales desplazamientos político-electorales, respecto del Partido Socialista y las izquierdas nacionalistas, pero ha demostrado su persistencia con unas señas de identidad distintas como campo sociopolítico y cultural específico de fuerte contenido democrático, social-laborista, feminista y ecologista y con sensibilidad confederal. Ello, sin ser agoreros, permite mantener la confianza de conformar una élite representativa capaz de representarla, orientarla, consolidarla, renovarla y ampliarla.

Este año se comprobará la prueba de la realidad de la capacidad, el liderazgo y la altura de miras demostradas, aunque la experiencia no será indiferente en los dos planos: la conformación de una fuerza sociopolítica transformadora, democrática, plural y madura, y la consolidación del cambio político-institucional y económico-laboral de progreso para una década. Hay riesgo evidente de incapacidad articulatoria y retroceso social y político. La alternativa, con bases realistas, es de avance democrático. Las fuerzas progresistas y la sociedad española (europea y mundial) se lo merecen y su éxito abriría nuevos horizontes para el cambio igualitario y de progreso. En resumen, el reto es la articulación y coherencia de acción inmediata reformadora, proyecto, fuerza sociopolítica y estrategia, junto con valores democráticos e igualitario-emancipadores-solidarios.