El descubrimiento de que el ejército de Muamar el Gadafi ha utilizado bombas en racimo de fabricación española en Misrata (véase El País de 16 de abril de 2011) ha dejado al aire las vergüenzas de la política española de control del comercio de armamento.

Las bombas utilizadas corresponden al modelo MAT-120 y fueron fabricadas por la empresa española Instalaza. Según las estadísticas oficiales, en el año 2007 se autorizó la exportación a Libia de material de defensa, dentro de la categoría «Bombas, torpedos, cohetes y misiles» por valor de 3.823.500 euros; exportación que fue realizada durante 2008. La información que aportan dichas estadísticas es, por tanto, muy genérica y no se detalla si el armamento exportado son bombas en racimo. En cualquier caso, la exportación de bombas en racimo no ha sido desmentida por el Gobierno.

El primer problema que se plantea es si la exportación de bombas en racimo a Libia es contraria a la legislación española sobre control del comercio de armamento. En comparecencia en la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, la Ministra de Defensa Carme Chacón afirmó que «en 2007 no se vulneró en absoluto ninguna ley. En absoluto». El Gobierno también presumió de haber sido el primer país en el mundo en destruir su arsenal de bombas en racimo.

En 2007 estaba vigente el Código de conducta de la Unión Europea en materia de exportación de armas. El Código establece que no se puede autorizar la exportación de armamento «cuando exista un riesgo manifiesto de que la exportación propuesta pueda utilizarse con fines de represión interna». Otro de los aspectos a tener en cuenta eran los antecedentes del país comprador en materia de apoyo o fomento del terrorismo internacional.

No cabe duda que dichas cuestiones fueron interpretadas de manera poco rigurosa por la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso; la JIMDDU, el órgano estatal que decide sobre las autorizaciones de exportación de armamento. Máxime si se tiene en cuenta el armamento exportado: las bombas en racimo son muy letales, especialmente para la población civil. Se pone así de manifiesto que no existe una política preventiva de protección de los derechos humanos en relación con el comercio de armamento.

Un segundo problema es hasta qué punto se utilizó la exportación de bombas en racimo para favorecer los intereses de empresas españolas en Libia. El comercio de armamento se suele utilizar como moneda de cambio para favorecer relaciones bilaterales entre países. No resulta descabellado pensar que además de los intereses de Instalaza, el Gobierno español hubiera autorizado la exportación de armamento a Libia para favorecer los negocios en Libia de empresas como Repsol, Sacyr Vallehermoso o Gas Natural Fenosa.

La noticia sobre la exportación de bombas en racimo debería servir también para poner de manifiesto el escandaloso secretismo que existe en materia de comercio de armamento. En 1987, el Gobierno clasificó las actas de la JIMDDU como secreto de Estado. Si son secretas es porque se supone que su conocimiento público puede poner en peligro la seguridad y la defensa del Estado. No sólo no es así, sino que, en la práctica, el secreto de Estado se utiliza como un instrumento más para favorecer el comercio de armamento. El caso de las bombas en racimo MAT-120 es un ejemplo claro al respecto. Se ha utiliza el secreto de Estado para impedir que los ciudadanos sepamos que España ha exportado bombas en racimo a Libia. Si nos hemos enterado de ello, no ha sido gracias al Gobierno, sino porque periodistas de The New York Times encontraron restos de las bombas en la ciudad de Misrata.

Los diputados, especialmente los miembros de la Comisión de Defensa, también podrían obtener algunas enseñanzas. Una vez al año hay una sesión de control en el Congreso sobre las exportaciones de armamento. No parece resultar muy efectivo dicho control. Sobre todo, por el secretismo existente en materia de comercio de armamento. Como se ha señalado, las estadísticas oficiales ocultaron la exportación de bombas en racimo. ¿Qué tipo de control realizará el parlamento si no se hace pública la información relevante? Al menos este año podrán sacarle los colores al Secretario de Estado de Comercio Exterior.

El final de esta historia tiene algo de esperpento. Según informa el diario Cinco Días (9 de mayo), la empresa Instalaza ha pedido al Gobierno una indemnización por responsabilidad patrimonial de 40 millones de euros. En esa cantidad valoran los perjuicios que les causó la decisión gubernamental de prohibir la producción y exportación de bombas en racimo antes de que entrara en vigor la Convención sobre municiones en racimo.