Desde mi barrio, 3

Affaire millet: ¿el final del urbanismo a la carta?

Albert Recio Andreu

El affaire llamado “Millet” o “Palau de la Música” tiene cada vez más ramificaciones. Unas, previsibles desde los inicios, apuntan a que el saqueo de los socios Millet-Montull eran tolerados porque servían de tapadera al cobro de comisiones ilegales de Convergència i Unió. Las evidencias son cada vez más abrumadoras y arrojan luz sobre las conexiones de las grandes empresas constructoras y de servicios con el poder político. En este caso ha sido Ferrovial, empresa que obtuvo importantes contratos de construccion y que cuenta con una filial, Cespa, que es una de las principales gestoras de vertederos de residuos en Catalunya, la que ha salido a la palestra con sospechosas donaciones al Palau que en poco tiempo permitían hacer pagos a proveedores directos de CiU. Para que luego se diga que la cultura no sirve para nada.

Pero la ramificación más novedosa  es la que ha llevado, de momento, a la imputación del concejal del Partido Socialista y responsable de urbanismo de Barcelona, Ramón Garcia Bragado, y a su gerente Ramon Massaguer, por posible recalificación del suelo para la construcción de un hotel. Una cuestión que fue denunciada desde el principio por el movimiento vecinal de Casc Antic, al entender que se trataba de una mera operación especulativa que incrementaría la presión turística en un área donde ésta genera una enorme presión sobre el mercado de la vivienda (mobbing, molestias generadas por los apartamentos turísticos, etc.) y el tejido comercial (expulsión de comercio de proximidad). Lo realmente paradójico del caso es que la operación se justificaba por necesidades funcionales del Palau. En la práctica la operación consistía en transformar en un hotel privado un espacio calificado urbanísticamente como equipamiento. Como la legislación establece que una permuta de este tipo debe ser compensada por nuevo suelo de equipamiento, la Administración era la que de hecho aportaba (con la promesa de una compensación) ese suelo (el de un edificio de titularidad pública pero calificado como “suelo privado”, pues era la antigua sede de la desaparecida Caixa de Barcelona). O sea que en la práctica la Generalitat y el Ayuntamiento aportaban casi gratis suelo público para un negocio privado, camuflado como un hotel asociado al Palau. Después se ha descubierto que el espacio que iba a ocupar el hotel ni siquiera era propiedad del Palau, sino que había sido transferido a los promotores (la cadena hotelera Olivia Hoteles), verdaderos beneficiarios de la operación (junto con el dúo dinámico Millet & Montull + los Hermanos de la Salle, que iban a ser compensados por aportar parte del suelo necesario para la operación). Fueron los vecinos y vecinas del barrio los que sacaron la cuestión a la luz (la historia detallada está explicada en varios números de la revista vecinal Carrer, accesible en http://www.favb.cat/). Consiguieron una primera victoria cuando la Generalitat decretó que la obra afectaba a edificios protegidos y el proyecto debía rehacerse. Y cuando se destapó el affaire central de la corrupción en el Palau, su denuncia sirvió para abrir un segundo sumario que ha dado resultados más rápidos, seguramente por la diferente actitud del juez que lleva el caso. La implicación de cargos municipales se basa en la anormalidad de la operación, en la evidencia de reuniones entre los jerifaltes del Palau y los (ir)responsables municipales y en el testigo de cargo de la ex-concejala dimitida de Ciutat Vella Itzíar González, que relató ante el juez las presiones recibidas para dar el visto bueno el proyecto.

Sin duda, todo el affaire es una nueva vía de agua a la averiada maquinaria del Ayuntamiento socialista de la ciudad. Quizás sorprende lo cutre del caso, pero para los que seguimos de cerca la política municipal lo vemos como un caso extremo de toda una práctica de gestión urbanística de la que por desgracia existen demasiados ejemplos en nuestro pasado reciente. Una práctica en la que la iniciativa parte de alguna institución privada que trata de sacar rendimiento a una operación especulativa y negocia con el Ayuntamiento un plan de recalificación que se justifica siempre en aras al interés común. Es el mismo modelo que se ha aplicado en las recalificaciones de suelo del FC Barcelona y antes del RCD Espanyol, en la conversión de la sede barcelonesa de Telefónica en un edificio de vivienda, en toda la operación Sagrera en beneficio de Renfe, en el proyecto Casernes de Sant Andreu para transferir rentas al Ministerio de Defensa... Una práctica que empezó a desarrollarse en el período olímpico (la construcción de la Vila Olímpica) y que siguió con toda la remodelación del frente marítimo. Una práctica que ha tratado de presentar como gran urbanismo lo que no era más que una actitud servil a los intereses especulativos y que ignoraba, olímpicamente, las demandas vecinales de equipamientos públicos o las denuncias de densificación. (Hace pocos meses tuve que escuchar de boca de un técnico municipal que en el barrio de Les Corts el Ayuntamiento no encontraba espacio para construir una escuela de adultos, mientras se debatía la recalificación del Miniestadi en el mismo barrio. Y en mi propio barrio, Prosperitat, hemos pasado por la experiencia de ver cómo Telefónica, con la aquiescencia de los ahora imputados, se saltaba a la torera el compromiso de transformar parte de sus edificios inutilizados como compensación al pelotazo obtenido en la recalificación de su sede central).

Es posible que no haya corrupción en el sentido de ganancia monetaria. Que la confusión entre interés público e intereses privados haya llegado a unos extremos donde se confunden totalmente los papeles. En cualquier caso, estamos ante una completa perversión del ejercicio de la democracia. Una perversión que realmente ha contaminado una vida municipal que se pretende progresista, participativa y modélica. Quizás el affaire del Palau sirva para poner punto y final a esta forma de ejercer la política urbanística, o cuando menos frene las tendencias más perniciosas. Pero ni está claro que la lección se haya aprendido, ni sirve de consuelo la perspectiva de que la probable alternativa al fracaso socialista sea una convergéncia y unió implicada hasta el cuello en el caso Palau.

Sólo un renacido movimiento ciudadano podría alterar la situación. En el caso del Palau se evidencia cuando menos que un movimiento vecinal activo ha sido capaz de sacar a la luz un tema que estaba predestinado a quedar escondido en las catacumbas de la trama.

7/2010

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