La nueva ley de extranjería

Ramón Hernández Carrera*

Hacía falta una nueva regulación sobre inmigración en España. Pero no la que la socialdemocracia y la derecha españolas han consensuado en la Ley Orgánica 2/2009 de 11 de Diciembre (en adelante LOEx): con dicha norma se da un paso más hacia la consolidación de una visión de la extranjería como un fenómeno-problema; se tiende a una regulación restrictiva de los derechos de las personas migrantes y a la simple  consideración de éstas como una fuente de fuerza de trabajo a mercantilizar, según las necesidades de la coyuntura económica y laboral hispano-europea; y se potencia una deriva de invisibilización de los extranjeros en situación irregular (“sin papeles”) en territorio español, sólita causa de su falta de integración y de su segregación en el seno de la sociedad.

Esta es la cuarta gran reforma de la legislación reciente sobre extranjería en España. Legislación reciente inaugurada con la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de Enero, que vino a sustituir a la vieja Ley Orgánica 7/1985 de 1 de Julio, una ley, esta última, que desde su preámbulo distinguía entre “situaciones de legalidad e ilegalidad” para hablar de personas extranjeras, lo que ya hacía intuir lo inservible de su regulación para el futuro. Sin embargo, tampoco las posteriores reformas han modificado esa fatal perspectiva.

Y es que venimos de donde venimos en materia de regulación de flujos migratorios: si podemos afirmar que la nueva legislación, que tiene sólo unos pocos meses de vida, (entró en vigor el 13/12/2009) será un nuevo fracaso para lograr el cumplimiento de los grandes principios que deben inspirar el fenómeno de la inmigración (igualdad y no discriminación, e integración y convivencia) es porque nunca el legislador que ha ostentado el poder en España ha tenido —ni sentido— la verdadera voluntad de encarar el ámbito de la inmigración desde una óptica de respeto y alteridad con el diferente y, por tanto, de auténtica puesta en valor de los derechos humanos, sino desde la consideración de las personas migrantes como meros engranajes de una maquinaria administrativa a gestionar, y desde el análisis de sus perspectivas de futuro ligadas al posible beneficio económico cortoplacista para el país de acogida.

Hay quienes piensan que preconizar una legislación respetuosa con los derechos humanos para los inmigrantes se corresponde con que no se les impongan a éstos las mismas obligaciones que a los nacionales del país de acogida; o que supone defender que los inmigrantes, a modo de “parásitos sociales”, puedan acaparar buena parte de las prestaciones que el Estado del Bienestar ofrece a sus ciudadanos autóctonos y en detrimento de estos últimos.

Esto es una falacia. La Igualdad, valor superior del ordenamiento jurídico español según establece el Art. 1.1 de la Constitución de 1978, no es un derecho transigible, ni susceptible de transacción, ni en éste de la inmigración ni en ningún otro ámbito social. Si la nueva reforma de la LOEx no va a cumplir sus objetivos desde el punto de vista del respeto completo a dicho valor y a la no discriminación de la persona por razón de su origen, ni tampoco va a conseguir, a pesar de sus proclamas, integrar socialmente a los inmigrantes (y por tanto no va a hacer convivir mejor a las distintas culturas que habitan nuestras ciudades y pueblos) es porque contiene en su seno una regulación que, lejos de renovar su política legislativa de exclusión y limitación de derechos, la profundiza, y más allá de grandes declaraciones y buenas intenciones ni se aproxima a hacer la necesaria reforma en profundidad de los grandes institutos de la extranjería, a saber: los derechos y libertades públicas y económico-sociales de los inmigrantes; la reagrupación familiar; la autorización de residencia y trabajo; y el ámbito sancionador.

Veamos algunos ejemplos: Se siguen desvinculando educación e inclusión social, al seguirse discriminando a los extranjeros irregulares mayores de edad en su acceso a la educación y a las becas; se sigue cercenando el derecho de los inmigrantes en cuanto a la participación pública en la toma de las decisiones que les afecten; se restringe la reagrupación familiar que realizan los extranjeros regularizados (“con papeles”) de sus progenitores menores de 65 años, así como el derecho de estos últimos a reagrupar a sus propios familiares hasta que no sean residentes de larga duración (cinco años de residencia “legal“ en España ); se limitan garantías en la repatriación de menores no acompañados al no legalizarse la asistencia letrada en dichos procedimientos; se incrementan las sanciones pecuniarias a los irregulares (un nuevo y paradójico modo no progresivo que usa la Administración para recaudar económicamente sobre quien, para la propia instancia gubernativa, es una carga para el erario público y por tanto “objeto de expulsión”); se crean nuevas infracciones ligadas a sancionar de manera antigarantista a quienes osen solidarizarse con las situaciones de desamparo de los irregulares (empadronamientos benevolentes y presuntos matrimonios simulados); se incrementa de cuarenta a sesenta el número de días de estancia máxima de un extranjero en un Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE), lo que supone una larga privación de libertad por la simple comisión de una infracción administrativa, etc., … (la lista de restricciones, afortunadamente, es finita, pero mucho más larga).

Con estas políticas y su plasmación mediática —alentada desde buena parte del llamado “cuarto poder“ mediante una opinión sesgada hacia la criminalización del inmigrante—, el fenómeno de la inmigración, lejos de llegar a ser una esperanza de nueva convivencia colectiva, se va enquistando en la sociedad que lo asume como una progresiva enfermedad de su cuerpo social. De esa misma sociedad depende, en buena parte, la sanación o su final cronicidad.

* [Ramón Hernández es abogado laboralista y experto en derecho de extranjería]

5/2010

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