ZP y la venta de armas a Israel

Eduardo Melero Alonso

El ciudadano Rafael le preguntó al Presidente del Gobierno que cuántos civiles palestinos habían muerto por armas españolas. El Presidente del Gobierno, al que no se le deben dar muy bien las cuentas, contestó que estaba convencido de que el armamento español no se había utilizado para eso. Y lo dijo con un tono que daba a entender lo profundo de su convicción.  

Los ciudadanos de este país estamos en deuda con el ciudadano Rafael. Gracias a su pregunta, los medios de comunicación mayoritarios se han ocupado de las exportaciones de armas a Israel. El ciudadano Rafael ha conseguido poner en el debate mediático una cuestión que no había salido a la luz de los grandes medios tras tres semanas de bombardeos, más de mil muertos y más de cinco mil heridos. Lo cual dice mucho sobre nuestros medios de comunicación. 

La guerra de Gaza es un ejemplo más, aunque especialmente doloroso, de la irresponsable política gubernamental en materia de exportaciones de armas. Según la legislación española, para que una empresa pueda exportar armamento se requiere una autorización administrativa previa. Entre los requisitos a tener en cuenta a la hora de otorgar o denegar las autorizaciones de exportación se encuentran: el respeto a los derechos humanos en el país de destino final; la existencia de tensiones o conflictos armados en el país de destino final; y el mantenimiento de la paz, la seguridad y la estabilidad regionales (Criterios 2, 3 y 4 del Código de Conducta de la Unión Europea en materia de exportación de armas). 

Parece difícil justificar la compatibilidad de las exportaciones de armas a Israel con los criterios señalados. Es evidente la existencia de tensiones o conflictos armados entre Israel y la población palestina, conflicto que es un foco constante de inestabilidad en la región. Por último, tampoco parece muy respetuosa la política de Israel en relación con los derechos humanos de la población palestina, una población a la que somete a un bloqueo económico, contra la que se ejerce la tortura, y que se encuentra bajo la amenaza constante de ser objeto de un asesinato selectivo. 

Hubiera sido muy interesante que el Presidente del Gobierno hubiera mencionado por qué razones se exportan armas a Israel, es decir, cómo justifica la legalidad de tales exportaciones. Ello no sólo para poder ponderar la profundidad de las convicciones del Presidente del Gobierno, sino también porque es imposible conocer esas razones ya que el contenido de las actas del órgano que decide si se autorizan las exportaciones de armas son un secreto de Estado.  

El hecho es que durante el período 1998-2008 se ha exportado a Israel material de defensa por un valor de más de veinticinco millones de euros (más de cuatro mil millones de las antiguas pesetas). Una cantidad que no mencionó el Presidente del Gobierno, quien consideró calderilla las ventas de armas por un millón de euros, una insignificancia desde el punto de vista de sus fuertes convicciones.  

El Presidente tampoco mencionó que el armamento exportado ha consistido en: equipos de formación de imagen, armas de fuego de calibre inferior a 12 milímetros, combustibles y explosivos militares, y bombas, cohetes, torpedos y misiles. Armamento que se utiliza directamente para matar o como medio indirecto para poder matar (o para matar mejor).  

El Presidente del Gobierno debe tener unas fuertes convicciones, ya que está convencido de que dicho armamento no se ha utilizado para “eso”, es decir, para asesinar a más de mil personas y para herir a más de cinco mil. El hecho es que una vez que se exportan las armas, la legislación española no establece ningún mecanismo para impedir que el comprador las use para matar a quien quiera y de la forma que considere más conveniente. ¿De qué forma podría hacerlo? 

Si me permite hacerle una pregunta, señor José Luis Rodríguez Zapatero: ¿cuántos palestinos tienen que morir para que el Gobierno español prohíba la venta de armamento a Israel? Estoy convencido de que sabrá encontrar una buena manera de eludir la respuesta.

2/2009

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