La crisis universitaria y Bolonia

Juan-Ramón Capella

1. Antes de Bolonia

Hay que buscar las raíces de la actual crisis de la universidad en España en la política de los gobiernos de Felipe González, que dieron el gran salto de la universidad elitista y burocrática que había sobrevivido al régimen franquista a una universidad de masas pero también burocrática.

1.1. La universidad del franquismo

La universidad del franquismo era burocrática en el sentido de que el profesorado superior estaba integrado por funcionarios que lo eran de por vida, los cuales gobernaban las facultades y las universidades y adoptaban a sus sucesores entre los profesores más parecidos a ellos mismos —mediante oposiciones que formalmente eran muy difíciles pero que se resolvían mediante relaciones de amiguismo y clientelismo entre los caciques de las diferentes especialidades académicas—. En aquella universidad había gran número de mediocridades ocupando las cátedras como consecuencia del exilio intelectual tras la guerra civil.

Y la universidad  era elitista porque sólo los hijos de familias de la burguesía media-alta tenían acceso a ella, aunque la demanda social de instrucción empezó a minar este muro de acceso a las profesiones tituladas cualificadas a principios de los años setenta del siglo XX.

Junto al personal “docente” antes mencionado había una gran cantidad de profesores no funcionarios, de categorías inferiores, profesores muy mal pagados, que desempeñaban la mayoría de las tareas docentes dado el absentismo real de los catedráticos, muchos de ellos dedicados a actividades privadas o políticas y en la mayoría de los casos no profesionalizados en la educación superior.

Una parte de los profesores no funcionarios estaba hecha a imagen y semejanza de sus patrones catedráticos, de cuya designación dependían. Otra parte pequeña pero muy significativa de ellos apoyó al movimiento estudiantil democrático y antifranquista, sufrió la represión del régimen, y elaboró propuestas serias de democratización de la universidad que iban en las direcciones siguientes: 

*Respecto del estudiantado, oposición a las políticas de selectividad con las que el régimen trataba  de mantener el elitismo de la educación superior, apoyando las demandas sociales de acceso a ella. 

*Respecto del profesorado, defendían el cambio a un sistema contractual que les asimilara al resto de trabajadores, concibiéndose a sí mismos como trabajadores de la enseñanza. Este sistema debía conducir a enseñantes profesionalizados contratados por sus méritos, necesarios para conseguir contratos de larga duración.

*Respecto de la universidad como tal, defendían su democratización y desburocratización; el restablecimiento de la actividad investigadora y la normalización de una enseñanza de calidad.

La mejor expresión de estas aspiraciones se halla en el Manifiesto por una universidad democrática, de 1966, aprobado por el efímero Sindicato Democrático de Estudiantes de la Universidad de Barcelona, el SDEUB, que desbordó la legalidad franquista.

El movimiento de los profesores no numerarios, la mano de obra barata del franquismo, fue sin embargo débil en muchas universidades y poco abarcante en otras, lo que explica su fragilidad posterior.

1.2. La universidad de masas

El gobierno de Felipe González amplió efectivamente el acceso a la educación superior, duplicando en brevísimo plazo el número de estudiantes universitarios y superándolo después. Sin embargo mantuvo el principio burocrático en el gobierno de las universidades, cuyas consecuencias en seguida se verán.

También el Partido Comunista de Carrillo contribuyó ciegamente a pacificar la universidad. Desde la transición oficializó considerarla como un bien público que no se debía desestabilizar. Fueron pues las políticas “de la izquierda” de aquellos años las que contribuyeron a desmovilizar la universidad.

Fueron creadas nuevas universidades públicas, aumentando el escaso número de las que el franquismo instituyó en los últimos cinco años de su existencia, y se abrió la puerta a la creación de universidades privadas.

Pero durante los años ochenta y noventa las universidades públicas fueron simplemente aularios, insuficientes por demás: los estudiantes atestaban unas aulas en las que a menudo no había asientos para todos. Faltaba de todo: libros, bibliotecas y personal de biblioteca, espacios para el estudio, personal administrativo, servicios y medios. Algunos servicios internos —fotocopias, librerías, restaurantes y bares— fueron privatizados. Las universidades públicas empezaron a diferenciarse de los centros privados de enseñanza superior, muchísimo más caros, que atendían exclusivamente a estudiantes procedentes de las clases altas, donde en un ambiente “más selecto” se establecían relaciones útiles para las futuras élites dirigentes empresariales, administrativas y políticas del país.

En suma: el acceso a la universidad se popularizó, pero sufrió las consecuencias de una “igualación por abajo”, de una relajación generalizada en las exigencias de los aprendizajes.

1.2.1. El profesorado

Respecto del profesorado el gobierno de Felipe González recurrió a una solución drástica: convirtió en funcionarios prácticamente a todos los profesores que no lo eran, acabando con el proyecto de relación contractual generalizada propuesta por el profesorado activamente antifranquista en la etapa anterior.

Al hacerlo el gobierno Psoe trató de satisfacer una necesidad política distinta de la educativa: buscaba obtener la alianza del más amplio sector de intelectuales con influencia social, el de los docentes universitarios, para su proyecto de entonces, consistente en establecer una política económica neoliberal e ingresar en la Otan, y desvincular a los intelectuales de las clases trabajadoras.

La burocratización general de los docentes se hizo sin criterios selectivos: de una parte fueron creadas “comisiones de idoneidad” que convirtieron en “profesores titulares” a cuantos lo solicitaron —los pocos rechazados por falta de cualificación suficiente obtuvieron también la idoneidad por la vía de los recursos administrativos—. De otra, los concursos de acceso futuros a cátedras y titularidades universitarias se simplificaron notablemente, se redujo el número de miembros de los tribunales o comisiones que habían de decidirlos (de siete miembros a cinco, con lo que resultaba fácil conseguir mayorías de sólo tres votos), y se entregó la designación de dos de estas personas a la decisión de los propios departamentos universitarios afectados. Los verdaderos méritos docentes e investigadores empezaron a perder importancia.

La endogamia profesoral de la universidad burocrática quedó así mantenida y reforzada. En el futuro no habría casi nunca verdadera concurrencia científica para desempeñar plazas universitarias, sino que bastaría conseguir el apoyo de tres juzgadores antes de los ejercicios de acceso a plazas docentes.

Las cordadas académicas de la universidad burocrática se multiplicaron. Aparecieron nuevos caciques, con influencia en el ámbito local o estatal en diversas disciplinas. La decisión sobre el valor de la investigación y de la docencia de muchos profesores quedó en sus manos. La filiación política empezó a contar por debajo de la mesa: para incluir y para excluir. Las actividades de administración universitaria fueron computadas como méritos para el acceso a plazas docentes.

En estas condiciones muchos profesores titulares valiosos empezaron a desistir del proyecto de convertirse en catedráticos, pues no aceptaban pasar bajo las horcas caudinas de adulación, sumisión y tráfico de favores impuestas por los caciques correspondientes. Otros, en cambio, advirtieron que cargar con funciones de vicedecanos, vicerrectores o jefes de estudios les aseguraba la promoción a puestos docentes superiores que no habrían conseguido de otro modo.

Esta nueva endogamia facilitó que determinadas disciplinas quedaran en manos de una única escuela de pensamiento. El caso más destacable es el de los llamados minessotos, gentes que pasaron por ciertas universidades norteamericanas para publicitar la “economía de libre mercado”, que apoyándose unos a otros han conseguido marginar casi todo pensamiento crítico en el área de los estudios económicos, con la notable consecuencia de que pocos economistas de menos de cuarenta años disponen de instrumentos analíticos para afrontar en serio la crisis económica actual, quedándose en su superficie financiera.

La universidad conservó un rasgo capital de la administración burocrática: para el mantenimiento general del  statu quo no se despide a nadie. Profesores o administrativos incompetentes o absentistas permanecen en sus plazas pese a que su comportamiento es conocido. La vigilancia sobre el cumplimiento de los deberes docentes y administrativos es nula a pesar de la simulación de control en forma de encuestas a los estudiantes, etc. Una parte muy importante de los profesores y administrativos de la universidad trabaja concienzuda y honestamente, e incluso más horas que las estipuladas normativamente. Pero otra parte de ellos no. La relajación laboral que se da en la universidad jamás sería aceptada en una empresa.

1.2.2. Los “consejos sociales”

Por último, pero no menos grave, las actividades de lo que se había llamado “extensión universitaria”, esto es, la proyección de la universidad sobre la sociedad en general, fueron modificadas radicalmente: fueron creados Consejos Sociales de las universidades, en los que hay representación académica, política, empresarial y sindical, que supervisan los proyectos académicos. Los poderes autonómicos locales pesan fuertemente sobre estos Consejos. Pero los Consejos Sociales no han tenido nunca la función de patrocinio o patronazgo que tienen en algunos sistemas de otros países: no aportan nada a la universidad: ni becas, ni recursos financieros, ni propuestas racionales de futuro.

Eso sí: los Consejos Sociales imponen dos exigencias a las universidades: que afluyan a las empresas innovaciones para la actividad productiva (pero en un tejido productivo de pequeñas y medianas empresas, o con la hipertrofia del ladrillo y del turismo, eso es imposible, con lo que la universidad a lo sumo puede aportar patentes médicas y farmacéuticas y acaso ciertas ingenierías; que las empresas financien aquí a las universidades no pasa de ser un sueño); pero también y sobre todo imponen a las universidades que traten de autofinanciarse, esto es, que conviertan en servicios todas las actividades universitarias para que puedan ser vendidas como créditos.

Además los Consejos Sociales exigen contención del gasto, reducción de los servicios que prestan los centros de enseñanza superior y que se limiten los derechos de sus trabajadores. Los Consejos Sociales son los inductores de las políticas “de empresa” en las universidades.

1.3. Los estudiantes

Los estudiantes que se inscribieron en masa en este nuevo modelo de universidad fueron poniendo en evidencia progresivamente el deterioro de las enseñanzas medias. Acudían a los centros universitarios con preparación previa cada vez más baja.

Ello sólo en parte fue debido a que los nuevos grupos sociales que accedían a la universidad carecían de la dotación cultural familiar de las clases altas y medias-altas. También se debe a que los defectos de “igualación por abajo” se dan en la enseñanza media. Sin embargo sus causas últimas son sobre todo las tremendas desigualdades sociales, las grandes diferencias de nivel en la estratificación social.

Por otra parte los estudiantes se despolitizaron rápidamente. Prácticamente las únicas experiencias de verdadera politización universitaria tuvieron que ver con hechos externos a la enseñanza: el ingreso de España en la Otan, la campaña del 0’7 % de ayuda a los países pobres, la primera guerra del Golfo y la guerra de Iraq. En cambio, los estudiantes dejaron de asumir masivamente la función crítica del funcionamiento de la actividad universitaria que les había caracterizado en la etapa anterior. Soportaban individualmente cambios desacertados en los planes de estudios y a profesores insuficientemente preparados. Su objetivo personal pasó a ser predominantemente, más que aprender, aprobar.

1.4. Estudios y titulaciones

El profesorado, al igual que los estudiantes, desatendió la función crítica del funcionamiento de las universidades.

La universidad así conformada fue incapaz de hacer frente al reto de su renovación.

Uno de los aspectos más destacables de esta renovación tendría que estar determinado por los Planes de Estudios y por el Sistema de Titulaciones.

Los Planes de Estudio de los diferentes grados universitarios son establecidos por especialistas, esto es, por los propios profesores universitarios en sus organismos de representación o de consulta. Pero la racionalidad de los Planes de Estudio no se puede conseguir porque toda discusión sobre planes de estudio de una licenciatura queda planteada como una batalla entre Departamentos por mantener y ampliar sus “espacios de poder”.

Dicho de otro modo: lo que importa al profesorado en esas discusiones no es la racionalidad de un aprendizaje actualizado y graduado, sino el número de materias que cada unidad docente se puede atribuir, ya que ello condiciona el número de docentes de la unidad, las posibilidades de promoción profesional de éstos y la capacidad de influencia de la propia unidad. Por eso los planes de estudios que resultan de cada ocasión de adaptación suelen ampliar las materias de las cordadas burocráticas fuertes y reducir o eliminar las de las débiles.

Por este camino las unidades docentes menos pretenciosas, que suelen ser las de Humanidades o saberes sociales básicos, van siendo excluidas de los planes de estudio o ven reducido su papel en ellos. Con el beneplácito de los consejos sociales, pues estos saberes no aportan directamente nada a las empresas. No importa así que los aspectos metodológicos e históricos de todas las licenciaturas universitarias queden disminuidos u ostracitados de las universidades españolas. Ello ocurre sobre todo cuando las instituciones políticas no sirven para señalar una orientación correcta y concreta a las universidades, y en cambio la orientación política la determinan el empresariado —siempre con manifiestos intereses a corto plazo—, los colegios profesionales y sobre todo el gremialismo corporativo de la propia institución universitaria.

En cuanto a las titulaciones, los problemas que se han planteado, hablando siempre en términos históricos, pre-boloñeses, son dos: qué titulaciones tiene cada universidad, pues algunas titulaciones carecen de demanda para que las programen todas las universidades; y qué grados inferiores —las diplomaturas— se establecen. Para una eficaz resolución del primer problema las inercias burocráticas son siempre un obstáculo. Y todas las universidades quieren crecer en titulaciones.

En cuanto a las diplomaturas, se trata de titulaciones que reproducen en la enseñanza superior los problemas que ya se dan en la enseñanza media. En ésta parece que cada actividad profesional ha de ser realizada con un título para ella. Ahora aparecen diplomaturas de toda especie. En la enseñanza universitaria las diplomaturas acotarán actividades profesionales para las que en la mayoría de los casos no se precisa, en la práctica, enseñanza superior ninguna, y existen sobre todo para que el profesorado pueda justificar horas de actividad y las universidades puedan vender más titulaciones. Por el otro lado, el de la demanda, es manifiesto que muchos estudiantes prefieren titulaciones “breves”, o “rápidas”, que les habiliten para empezar a trabajar.

En suma: no se forma a la gente, sino que se la “capacita”; no se educa, sino que “se invierte en recursos humanos”. Las personas ocupan para el pensamiento neoliberal el lugar que cualquier otro medio de producción. Ése es el trasfondo de la política universitaria de hoy y se pretende que lo sea aún más mañana.

1.5. La administración de las universidades

La administración universitaria es hoy, fundamentalmente, el refugio de profesores cansados de enseñar o de investigar, si alguna vez lo hicieron. Y también una cuerda por la que pueden trepar los arribistas.

En el pasado lejano, republicano, las autoridades universitarias tuvieron la consideración de dignidades académicas. Hoy son contados los profesores e investigadores competentes que aceptan asumir esa desaparecida dignidad: sólo ha quedado la autoridad. Una relación eficiente entre rectorado, facultades, departamentos, unidades docentes y estudiantes ha sido sustituida por rutinas burocráticas que deforman la realidad de las prácticas de enseñanza que se dan en las universidades cuando no las obstaculizan.

Porque la administración universitaria ha pasado paulatinamente a manos de los profesionales que en su día fueron “idoneizados” o convertidos en funcionarios por tríos de patronos simpatizantes en las oposiciones o concursos. A ellos se les añaden gerentes profesionales que durante algún tiempo quedan al margen de los sueldos ofrecidos por las empresas, más suculentos que los públicos, al igual que “expertos” informáticos que se hallan en la misma situación. El resultado del calamitoso estado de la alta dirección de las universidades es la acumulación de tareas tanto en los centros efectivamente administrativos, que tienen más trabajo que nunca a pesar de la informatización, y en el propio profesorado, que ha de dedicar una parte importante de su tiempo a tareas burocráticas de las que estaba descargado incluso en la burocrática universidad del régimen político anterior.

1.5.1. La meritocracia de papel

Ha aparecido en las universidades una falsa “meritocracia de papel”, constituida por ciertos profesores dedicados a obtener certificación documental hasta de la más nimia de sus actividades, a aprovechar cada posibilidad de financiación de intercambio internacional publicitada en los Diarios Oficiales —con independencia de su oportunidad o relevancia—, a practicar sistemáticamente el toma y daca con otros como ellos, a rellenar minuciosamente todos y cada uno de los impresos burocráticos con los que algún día se evaluará formalmente la actividad investigadora, a figurar regularmente en los medios de masas y a adular a las autoridades académicas y políticas. En realidad no hacen nada fecundo o relevante, pero lo aparentan, en detrimento del profesorado responsable.

1.6. Las evaluaciones del profesorado 

Hay que aludir especialmente a los sistemas adoptados en tiempos recientes para que el profesorado obtenga el reconocimiento de su actividad investigadora. Hay todo un sistema de evaluaciones y acreditaciones que premian al más pillo y perjudican al investigador honesto. Se valora “publicar”, aunque no se examina qué sino dónde. Ciertas revistas establecidas por el cacicado académico están muy valoradas; otras, alternativas, ni cuentan. Se evalúa el número de veces que un nombre aparece citado en el conjunto de publicaciones del mundo mundial, lo que fomenta las trampas (circulan por internet numerosos relatos al respecto; yo me limitaré a contar lo que le ocurrió a un profesor amigo. Conoce en el bar de su facultad a una chica que resulta ser una profesora. Tras unas frases amistosas, la chica le dice: “Oye, podríamos citarnos”. Él se sorprende, nunca ha conseguido un ligue tan rápido, pero ella le aclara: “Sí, hombre: tú me citas a mí y yo te cito a ti, y así los dos acumulamos méritos”). La moral universitaria se viene abajo.

Ahora para todo se precisa y se precisará una evaluación, que es el nombre, en la neolengua neoliberal, de la selección. Los evaluadores son los programadores y los seleccionadores de personal reales, efectivos a la larga. La policía del pensamiento. Verdaderamente, la mano invisible del mercado planeando sobre la docencia y la investigación. Y una nueva losa burocrática cargada sobre la universidad. 

A unas universidades abrumadas por todos estos problemas y otros que no cuento se les impone ahora cargar con el “proceso de Bolonia”, de “armonizar” la enseñanza superior europea en las condiciones señaladas por la ideología neoliberal y las políticas económicas neoliberales. 

NOTA: Publicamos aquí la primera parte de este trabajo, que aparece impreso completo en el número de enero de la revista El Viejo Topo. La segunda parte será publicada en el próximo número de mientrastanto.e.

1/2009

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