La sociedad española está aún lejos de alcanzar una efectiva normalización de las relaciones personales, sin que importe el modo que tenemos cada uno de sentirnos hombre o mujer. Sin embargo, empiezan a ser palpables algunos avances igualitarios fruto de una movilización social sostenida y de una ambiciosa legislación que, a pesar de sus lagunas (aún se tiene una concepción restringida de las ideas de género e igualdad de oportunidades) y sus limitaciones (su eficacia se despliega fundamentalmente en el sector público-estatal), ha de ser juzgada positivamente. Para ello hay que recordar algunos datos:

En el primer año de aplicación de la Ley contra la violencia de género, los juzgados especiales recibieron 148.000 asuntos, condenaron a 16.036 hombres violentos y dictaron 27.336 órdenes de protección. La Dirección General de Registros y Notariado ha eliminado la preeminencia del varón heterosexual en el Libro de Familia al permitir desde 2006 que cada pareja decida el orden de inscripción y que las homosexuales se registren como dos “don” o dos “doña”, o “progenitor” o progenitora”. La ley de matrimonio homosexual ha dado lugar a 1.275 matrimonios en 2005 (una juez de Madrid fue la primera en casarse con otra mujer como parte de la lucha cultural contra la homofobia y la lesbofobia arraigadas en los tribunales). El Congreso ha aprobado La ley de igualdad de género (mejorándola respecto al texto inicial —del que ya hablamos en el mientrastanto.e nº 35 de 2006—, sobre todo en lo referente a los permisos por maternidad y a la nulidad de los despidos por este motivo) y acaba de rechazar la iniciativa legislativa popular presentada por el Foro de la Familia para prohibir el matrimonio homosexual. Aunque tardíamente, el Ministerio de Justicia ha acordado archivar todos los historiales policiales por homosexualidad y transexualidad y ha reconocido una indemnización y una pensión equivalentes a la de otros presos políticos a los supervivientes de la aplicación de las leyes de Vagos y Maleantes y de Peligrosidad Social. Además, el Congreso y los gobiernos de Andalucía y Extremadura han realizado actos de desagravio a ese colectivo social. El gobierno se ha comprometido a revisar la Ley de Reproducción Asistida en lo concerniente a la discriminación de los matrimonios de lesbianas que se someten a una inseminación artificial. En algunas comunidades (la última ha sido Cataluña) se contempla financiar públicamente las operaciones de cambio de sexo a personas transexuales. Y en general, se aprecia un cierto apoyo institucional a las sexualidades históricamente perseguidas (valga como ejemplo la reciente creación por el Ayuntamiento de Barcelona de un Consejo Municipal de Gays, Lesbianas y Hombres y Mujeres Transexuales).

Este proceso de normalización estatal tiene naturalmente altibajos y contradicciones. El gobierno impulsor de estas normativas ha negado la pensión a los homosexuales que han perdido a su conviviente sin estar casados (aunque diversos juzgados de lo social conceden la prestación, la Seguridad Social la recurre por sistema apelando a criterios sobre todo económicos). La ley de igualdad, beligerante en el ámbito de la administración, se limita en el privado a establecer un marco general para la autorregulación y para la negociación colectiva de “planes de igualdad”, y deja intacta la obsoleta Ley 34/1984 General de Publicidad. A pesar de la introducción de la asignatura de formación en la ciudadanía, la escuela concertada sigue privilegiando las relaciones de la Iglesia católica con un Estado que se muestra tibio ante la proliferación de libros y declaraciones reaccionarias sobre la familia (unas del ex primer prelado del Opus Dei en España, el arzobispo de Burgos Francisco Gil Hellín, durante el Encuentro Mundial de las Familias en Valencia, nos recuerdan que “La familia es atacada con odio por toda una corte de becerros del poder, del dinero y del placer que no toleran que sea un dique de contención ante quienes van contra la ley natural”) y sobre la propia asignatura. Numerosos cargos públicos —como el denunciado diputado del PP por Melilla Arturo Esteban—, se mofan de la igualdad de género a través de chanzas y chascarrillos sexistas. Y, sobre todo, no podemos pasar por alto que la iniciativa popular para la prohibición del matrimonio homosexual ha venido precedida de multitud de firmas —1,5 millones según sus promotores— y de los votos en contra del PP —salvo los de dos desobedientes diputadas demostrativos de la especificidad de la problemática del género—, de UDC y de un diputado del PNV. La ley en vigor, además, está pendiente del fallo sobre el recurso de inconstitucionalidad del PP.

Lo que en ningún caso podemos perder de vista es que la discriminación de género despliega sus efectos sobre todo en el ámbito de la vida cotidiana. Es ahí donde nos hallamos ante una agresión masiva, continua y omnipresente por parte del complejo lúdico-industrial (televisión, Internet, videojuegos). Como recordó el propio el ex-Consejero de Justicia de la Generalitat Josep M. Vallés “La llamada al consumo inmediato de todo tipo de objetos incluye el tratamiento humillante de otros seres humanos” (El País, 24.02.2006, p.36 Catalunya), lo que incluye todas aquellas representaciones de los afectos que aún se perciben mayoritariamente como inadecuadas. En este apartado, no hay cambios visibles en la acción antidiscriminatoria de los poderes públicos. Por un lado, el agresor (el sector industrial publicitario y el audiovisual que lo sostiene) goza de una amplia libertad para autonormar los límites de sus contenidos. Por otro lado, la Directiva de la UE Televisión in Fronteras ha suprimido el límite de 3 horas diarias de cortes publicitarios en televisión —con la salvedad de la prohibición de interrupciones durante la emisión de los servicios religiosos— y ha decidido no limitar la propaganda comercial en los juegos de Internet, las apuestas y los contenidos de la Red. El panorama no puede ser más desalentador si miramos que en 2005, en España, las televisiones de ámbito nacional y autonómico emitieron 2.264.813 anuncios —más del doble que 10 años atrás— que ocuparon 755.479 minutos, según los datos de Sofres.

Hay que actuar —en el campo administrativo, pero sobre todo en el ideológico y en el económico— contra la industria del entretenimiento que se parapeta en la legalidad y en una falsa libertad de expresión. Es preciso organizarse para exigir la activación de todos los instrumentos legales y fiscales disponibles (regulación de contenidos de los programas audiovisuales, videojuegos, mensajes publicitarios degradantes de la persona) y la puesta en práctica de programas educativos de largo alcance. Para paliar algunos tumores enquistados en nuestras sociedades (como el altísimo índice de embarazos no deseados —fruto de la adhesión de los jóvenes a la comprensión consumista e irresponsable del sexo que ven en los audiovisuales—, la coerción sexual que ejercen muchas pandillas de adolescentes sobre los más débiles, o las recurrentes palizas homófobas) y sobre todo para avanzar en el objetivo más ambicioso de llegar a una amplia alianza de género entre hombres y mujeres que haga posible que las diferencias de género sean percibidas socialmente como irrelevantes.

Una experiencia poco conocida pero muy indicativa de la línea a seguir la constituyen los Grupos de hombres por la igualdad de género (en España constituidos desde 2001 en AHIGE: www.ahige.org) que se reúnen para reflexionar en torno al significado de “ser hombre” en la sociedad actual, o las asociaciones de padres de gays, lesbianas y transexuales que han tenido que aprender a reconocer a sus hijos y ahora luchan por la normalización social de las sexualidades subordinadas (www.ampgil.org). Se trata de compromisos reales con la igualdad a través del desnudamiento de los rígidos principios patriarcales y heterosexistas que operan como verdaderas barreras para la superación de los roles de género. En este sentido, los movimientos feminista y de liberación gay y transexual siguen siendo necesarios para un replanteamiento global del significado de “hombre” y “mujer”. Y las políticas de género han de profundizar en el lado del cambio normativo, pero ampliando sus estándares clasificatorios y sin perder de vista el terreno cultural y simbólico que queda por recorrer. Lo cierto es que la mayoría de hombres que se identifican a sí mismos como “heterosexuales” no quieren aún abordar estos temas y ven la política sexual como un asunto que concierne a “otros”.