¿Reformar para privatizar?

Cuando apenas hace un año de la LOU, la universidad española se halla de nuevo en vías de reforma. El motivo ahora es la adaptación a lo que se ha venido a denominar el proceso de Bolonia, o sea el desarrollo de un espacio europeo de educación superior, que debería conseguirse antes del 2010. Los ejes de este espacio europeo se consignaron en la Declaración que fue adoptada en esta ciudad italiana en 1999 por los ministros de educación de los estados de la Unión Europea, completada posteriormente en Praga en el 2001. Básicamente se trata de establecer un sistema de titulaciones y de créditos armonizado y fácilmente comparable, que permita un reconocimiento académico inmediato de títulos y una movilidad en todo el territorio del mercado único europeo.

Uno de los ámbitos en los que este proceso puede tener importantes repercusiones es el relativo a la estructura de las titulaciones. El modelo que se propone se basa en una división en al menos dos niveles, el primero de los cuales conduciría a un título de grado, y debería tener una duración mínima de tres años. El segundo, que exigiría necesariamente haber finalizado el nivel anterior, conllevaría la obtención de un título de máster o doctorado (eventualmente, el doctorado podría constituir una especie de tercer ciclo, al que se accediera una vez obtenido un título de máster). Se hace especial énfasis en que la titulación otorgada al final del primer ciclo debe tener un valor específico en el mercado de trabajo europeo. Aunque la Declaración de Bolonia no impone una determinada duración de estos ciclos (que podría ser tanto de 3+2 o de 4+1), dejando pues una cierta flexibilidad para adaptarse a las particularidades de cada titulación, lo cierto es que en este modelo está latente la voluntad de reducir el tiempo de formación para obtener un primer título universitario, al estilo de los sistemas anglosajones.

El tema merece ser estudiado a fondo desde el punto de vista de la calidad de la enseñanza (objetivo que, todo hay que decirlo, también figura en la Declaración de Bolonia) y del modelo de formación universitaria que queremos. Pero hay un aspecto que no debe olvidarse y es, como siempre, la financiación. Hay indicios de que los planes que está barajando nuestro ministerio de educación consisten en mantener el actual sistema de financiación pública para el primer ciclo, pero limitarla en el segundo. De ser así el resultado está servido: títulos "baratos" y rápidos de primer nivel, títulos caros para acceder a los puestos de trabajos más cualificados y a la investigación.

El debate sobre esta futura reforma está en sus inicios, pero avanza rápido. Son ya muchos los documentos de trabajo y las propuestas elaboradas tanto desde el ministerio como desde las autoridades universitarias. Habrá que estar atentos si no queremos que la excusa de Bolonia se aproveche para llevar a cabo una privatización en toda regla de la enseñanza superior. 

6/2003

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