El Carmel: política y economía de la irresponsabilidad

Albert Recio Andreu

El hundimiento del túnel del metro en el barrio barcelonés del Carmel, que ha obligado al derribo de tres edificios (de momento), el desalojo de casi mil vecinos y la paralización de actividades comerciales y educativas, es uno más de los graves accidentes que periódicamente nos depara nuestra boyante industria de la construcción. No es un caso aislado, como lo recuerdan las graves rupturas de presas (Ricobayo, Tous) o, en la misma Barcelona de los prodigios, el problema de la aluminosis. Sólo un mes antes del percance del Carmel, se había tenido que derribar de urgencia un bloque de pisos aluminosos en Turó de la Peira, el barrio que generó la alarma al caer un edificio en 1991. Y transcurridos catorce años (con Olimpiada, Forum y reconstrucción del Liceo incluidos) aún quedan 4065 viviendas pendientes de demolición o rehabilitación. Este nuevo desastre no hace sino mostrar la urgencia que tiene la ciudad en resolver los graves problemas de vivienda que genera un cúmulo de actuaciones dominadas por el lucro.

Los actuales gestores de Ayuntamiento y Generalitat pueden aducir que se trata de problemas heredados de anteriores gestiones. La aluminosis se generó hace muchos años, en la década de los cincuentas o sesentas, cuando Cementos Molins (una empresa familiar que ha dado insignes políticos a CiU) comercializó un producto que permitía construir más deprisa (aunque ya en Francia se sabía que tenía problemas). Se prohibió a principios de los setenta cuando se hundió una fábrica textil construida con este material, pero no se hizo nada con los miles de pisos de clase obrera edificados con la misma tecnología, hasta el desastre de 1991. Ciertamente era una herencia del franquismo, pero nadie hizo nada para evitar los posibles efectos, y las élites políticas se cerraron en banda a la hora de exigir responsabilidades a los Molins y a los Sanahuja promotores del barrio afectado (y con otras numerosas patologías edilicias). Ambos siguen figurando entre la élite económica catalana, al mando de su emporio cementero los primeros y de sus inmobiliarias los segundos (promotores de la emblemática Illa Diagonal, del centro lúdico de las Arenas, del especulativo proyecto Porta Diagonal y socios de Metrovacesa).

Ahora, con otras características, la historia se repite. El túnel del Carmel lo proyectó el anterior Gobierno de CiU, alterando el proyecto inicial sin demasiados estudios técnicos. Y lo asumió el nuevo Gobierno de la misma forma que ha aceptado la continuidad de muchas otras políticas. Sin replantearse en serio los métodos de trabajo y organización con que se impulsaban los proyectos y sin revaluar los riesgos que los mismos generaban. Y es que lo que resulta más chocante de la cuestión es la forma cómo se toman las decisiones y se ejecutan los proyectos. El cliente de la obra no es la Generalitat sino la empresa pública GISA, creada por CiU para eludir los límites presupuestarios legales (GISA puede endeudarse sin que se contabilice como deuda pública). Pero GISA no hace más que encargar y pagar. El proyecto, y el control de obra, lo llevan a cabo dos ingenierías (Tec-Cuatro y Geocontrol), las obras se contratan a una unión temporal de empresas: FCC (la de Esther Koplowitz y amigos, la empresa que desde siempre ha tenido una gran participación en la obra y la gestión de servicios públicos barceloneses), Comsa (de la familia Miarnau, con importante presencia en obra ferroviaria y con periódicas apariciones en prensa por "affaires diversos") y Copisa (otra importante empresa local que ha experimentado diversos cambios accionariales hasta pasar a manos de la familia Cornadó). Pero el control de todo este entramado no lo realiza GISA sino que lo tiene subcontratado de forma habitual a otra consultora (Payma). Falta aún por conocer la lista de subcontratistas que seguramente deben trabajar para las tres que figuran como responsables del proyecto. No parece difícil que entre tanto intermediario el control público de la obra sea algo bastante etéreo y que no se pueda establecer con facilidad quién es el responsable del desaguisado.

No se trata de una chapuza puntual sino de una forma entera de gestión. La que presupone que una enorme división del trabajo entre empresas privadas permite una gestión más eficiente de los proyectos, reduciendo la actividad pública al mero papel de demandante y pagano. La fascinación por la gestión privada que padece gran parte de la élite política (y aún más sus asesores áulicos) les lleva a olvidar la creciente experiencia cotidiana de lo que significa enfrentarse a los múltiples fallos de un modelo de gestión pensado especialmente para diluir la responsabilidad y permitir a los directivos de las grandes empresas quitarse de encima tanto el fatigoso trabajo de hacer funcionar las cosas como el de apechugar con sus fallos. Lo sabemos bien cuando experimentamos deficiencias en los más variados servicios y descubrimos que nuestro único interlocutor es alguien pagado para actuar como una pared de frontón. A esta política de la irresponsabilidad organizada es a la que debe achacarse este nuevo suceso que ensombrece la vida de un barrio obrero.

Una irresponsabilidad de la que participan plenamente los técnicos. Siempre tan "profesionales", arrogantes y corporativos. Como tuvimos ocasión de ver en uno de los debates de la televisión catalana, donde los representantes de los colegios profesionales eran los que más insistían en la idea de accidente. Estos técnicos que han avalado (y se han enriquecido con ello) numerosos desastres urbanísticos y que utilizan sus organismos corporativos como lobbyes de opinión a favor de la continuidad de modelos urbanos basados en las grandes infraestructuras, la expansión urbanística y la competitividad.

Evitar nuevos percances exige desarrollar una economía y una política de la responsabilidad. En la que los grandes proyectos que tienen importantes efectos potenciales para la ciudadanía sean debatidos públicamente de verdad. Y para ello se requieren cauces reales de participación y técnicos competentes que puedan aportar puntos de vista relevantes. La única forma de que esto último ocurra exige una combinación de activismo social (encaminado a generar una cultura del compromiso social) y medios adecuados (por ejemplo exigir que en los grandes proyectos las organizaciones populares cuenten con financiación para contratar técnicos). Y en la que las formas de gestión estén dominadas por una actuación real de control público y por una clara delimitación de los agentes privados.

Para que esto sea posible hace falta que alguien lo demande. Y el drama del Carmel no es sólo el del accidente, sino también el de la ausencia de un movimiento social de oposición y participación real, que hubiera forzado a elaborar un proyecto diferente o que cuando el desastre se hizo público no se hubiera limitado a trabajar para encontrar salidas a los problemas de los afectados (totalmente justas), sino también a exigir un proceso público de esclarecimiento de responsabilidades y de elaboración de nuevas formas de actuación. Quizás es demasiado pedir a un movimiento vecinal claramente avejentado y culturalmente esclerotizado. Fácilmente presionable desde el poder (Maragall convocó a una reunión al presidente de la A.V. a la misma hora que unos jóvenes inexpertos convocaban una manifestación, y seguramente hubo presiones para que no hubieran movilizaciones). Pero las insuficiencias del movimiento vecinal del Carmel no son sólo responsabilidad de sus actuales representantes. Son el resultado de un crisis con muchos responsables. Empezando por la pléyade de izquierdistas de clase media que pulularon por el barrio en los años setenta y que hace mucho tiempo abandonaron en masa en busca de lugares y posiciones sociales más cómodas. Y de las políticas de cooptación de algunos líderes realizadas desde el Ayuntamiento. O de la incapacidad de los nuevos movimientos sociales de implantarse en la base y generar un nuevo impulso democrático mientras dedica enormes esfuerzos a peleas de alta política alejadas de su potencial base social.

Restablecer una política de la responsabilidad es, a mi entender, una necesidad básica para la reconstrucción de un espacio alternativo. Y ello requiere gente dispuesta a trabajar allí donde se viven directamente los efectos de las políticas neoliberales. Capaz de dar alguna respuesta alternativa allí donde están los problemas cotidianos y de implicar los discursos más globales en los contextos locales. El agujero del Carmel delata algo más que un percance tecnológico, muestra sobre todo el peso de unas prácticas sociales irresponsables en las que todos tenemos nuestra contribución particular.

3/2005

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