Analizo desde un punto de vista sociológico e histórico la reforma laboral del PP del año 2012, todavía en vigor, así como la respuesta cívica y sindical frente ella. Se trataba de deslegitimar su carácter agresivo con la mayoría social y generar las condiciones sociopolíticas para su derogación, con la garantía de los derechos sociolaborales. Junto con la evidencia pública de sus efectos perniciosos, la experiencia de la movilización sindical para derogarla tuvo y sigue teniendo un impacto en su escasa legitimidad social.

Aquí se explican las características de aquel fuerte y masivo conflicto sociopolítico para destacar su influencia en el actual proceso de su derogación frente a la oposición de la patronal y las derechas, que presionan para su continuidad. Ese objetivo figura en el acuerdo del Gobierno de coalición, como cuestión fundamental de su agenda sociolaboral progresiva, y es un tema central en las negociaciones del diálogo social, dentro de la propuesta de las izquierdas y los sindicatos de iniciar un cambio profundo de las relaciones laborales y del mercado de trabajo, tan desiguales y precarias para la mayoría social. Fue la palanca que permite en la fase actual abordar un giro progresivo en el modelo laboral y de relaciones contractuales.

Está por ver la decisión definitiva del Ejecutivo en el marco del diálogo social y sus apoyos parlamentarios. Más allá del significado estricto de la palabra derogación como eliminación de esa norma y su sustitución por otra nueva que articule un nuevo marco normativo, se puede decir que ya existen algunos aspectos importantes que no están sujetos a cambio, como las condiciones discrecionales para el despido y la rebajada cuantía de su indemnización; es decir, parece que no va a ser ‘integral’, aun con el deseo de que se utilice más la flexibilidad interna (ERTES, movilidad…) respecto de la externa (despidos).

La cuestión es que, al menos, debería ser sustancial en dos ámbitos fundamentales: uno, reducir significativamente la precariedad laboral, con sus consecuencias de devaluación salarial, desprotección, inseguridad y subordinación de la gente trabajadora, y garantizar el empleo decente y de calidad; dos, recomponer el equilibrio en las relaciones laborales y contractuales con el refuerzo de la negociación colectiva sectorial (y la ultraactividad de los convenios) frente al enorme poder empresarial que deja más indefensas a las capas trabajadoras de las pymes y con mayores desventajas para el sindicalismo.

El riesgo es que solo se produzca una modificación descafeinada, que defienden sectores poderosos e influyentes en el propio Partido socialista, por mucho que la arropen de retóricas modernizadoras. La continuidad de elementos especialmente lesivos impediría el desarrollo de un nuevo modelo social, laboral y contractual, reto ineludible para dejar atrás esta nefasta etapa regresiva para la gente trabajadora y, en general, para las capas populares. Ese resultado conllevaría negativas consecuencias sociopolíticas para la legitimación cívica del cambio de progreso y la garantía de su continuidad como mayoría institucional.

Lo destacable ahora en este ensayo, además de señalar el profundo carácter antisocial y regresivo de la reforma laboral del PP, es explicar la amplitud e intensidad de la oposición social y sindical a la misma, que legitima la posición gubernamental, sindical y de la mayoría parlamentaria progresista para adoptar una posición de firmeza tras un cambio sociolaboral sustantivo.

 La reforma laboral del PP

El Gobierno del PP, a primeros del año 2012, a comienzos de la legislatura y tras sus primeras medidas de restricción presupuestaria aprobó e impuso, con su mayoría parlamentaria y sin diálogo con los agentes sociales, una reforma laboral profundamente regresiva: abarata y facilita el despido, recorta derechos y condiciones laborales, precariza el empleo y debilita la regulación laboral y la negociación colectiva.

Sus objetivos son dobles: por un lado, la subordinación de trabajadores y trabajadoras, el abaratamiento de los costes laborales y asegurar una inserción laboral en la inseguridad, y, por otro lado, el incremento de los beneficios empresariales y el fortalecimiento de la capacidad empresarial para disponer arbitrariamente de las personas empleadas y en paro. El resultado es un fuerte desequilibrio en las relaciones laborales: por una parte, mayor indefensión para las capas trabajadoras y marginación de sus representantes sindicales y, por otra parte, mayor poder y control empresarial.

Lejos de constatar el fracaso de las anteriores reformas laborales para crear empleo, asegurar su calidad y atender las demandas ciudadanas de superar el paro y garantizar la protección al desempleo, aquella contrarreforma laboral del PP desarrolla su contenido regresivo y profundiza su impacto antisocial.

Esta valoración global ya la escribí y publiqué en aquel momento. Apenas he tenido que reelaborar la crítica; sigue plenamente vigente. La actualidad del debate en el propio Ejecutivo progresista de coalición para concretar el plan para su derogación me ha llevado a volver sobre el significado real de su inmediata aplicación. Se trata de transformar en profundidad el modelo regresivo de relaciones laborales y del mercado de trabajo que todavía está en vigor y cuyo compromiso es un punto central del acuerdo de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos. Entro en el análisis de los principales componentes de la reforma laboral del Partido Popular, que insiste en mantener.

Facilita y abarata el despido, empeora las condiciones laborales y precariza el empleo

La reforma laboral de la derecha fue una reforma ‘completa’ porque impone un retroceso en los tres ámbitos fundamentales: facilita un despido más barato; empeora las condiciones laborales de los empleados marginando la negociación colectiva, y crea nuevos tipos de contratación más precarios. Se generaliza la flexibilidad externa, en la entrada y la salida del mercado de trabajo, y se añade mayor flexibilidad interna, reduciendo las garantías laborales. Se refuerza el poder discrecional de la jerarquía empresarial y se profundiza la ‘inseguridad’ para la gente trabajadora.

Primero, reduce drásticamente la protección del empleo al facilitar y abaratar el despido. Tiende a generalizar el despido procedente objetivo, con 20 días de indemnización por año trabajado y un máximo de doce mensualidades. Elimina la protección del contrato indefinido ordinario (45 días y 42 mensualidades) y a partir de entonces lo convierte en el indefinido de fomento del empleo (33 días y 24 mensualidades). Facilita el despido colectivo a través de los expedientes de regulación de empleo, eliminando la necesidad de autorización administrativa previa y la consiguiente participación y negociación de los representantes de la gente trabajadora. El empresario, aduciendo causas económicas, productivas, técnicas o de organización, puede decidir libremente la rescisión de contratos de trabajo. Y para que no haya dudas jurídicas establece que un descenso de ventas o beneficios durante tres trimestres es motivo suficiente.

Segundo, empeora las condiciones laborales de trabajadores y trabajadoras y debilita la regulación colectiva. Posibilita la inaplicación de los convenios colectivos y el descuelgue empresarial, con reducción de salarios, cambio de jornada y horarios, movilidad funcional y geográfica. Esta ‘modificación sustancial de las condiciones de trabajo’ requiere la consulta a una representación de trabajadores de la empresa (o de la comisión negociadora del convenio sectorial), pero en caso de desacuerdo dictamina la correspondiente comisión de arbitraje, ajena mayoritariamente al sindicalismo. Además, el empresario puede imponer, arbitrariamente y bajo amenaza de despido procedente objetivo, una modificación colectiva (en torno al 10% de la plantilla) de esas condiciones cuando se den esas circunstancias.

Tercero, crea unas figuras de contratación subvencionada, especialmente precaria. El nuevo ‘contrato indefinido de apoyo al emprendedor’ solo tiene el nombre de indefinido; es un cambio formal para rebajar las estadísticas de temporalidad y dar apariencia de que se amplía el empleo estable. Pero es solo un cambio nominal. Ese contrato es más precario incluso que el temporal. El empresario lo puede rescindir durante el primer año –de prueba- sin ningún motivo ni indemnización por despido improcedente (el temporal tiene ocho días).

Por otra parte, se desarrollan el contrato a tiempo parcial y el contrato de aprendizaje y formación, dirigidos sobre todo a jóvenes, con fuertes subvenciones para abaratar su coste a los empresarios (a cargo de la Seguridad Social), pero sin garantías de su continuidad. Se crea un segmento todavía más bajo y más inestable e inseguro. Se impone un proceso de inserción profesional a los jóvenes basado en la indefensión y la precariedad laboral. A falta de creación de empleo neto, a corto y medio plazo los nuevos contratos de infra-empleos y con pocos derechos irían sustituyendo a personas con contratos con mayor estabilidad y protección. En perspectiva, supone la ampliación de la contratación precaria y la reducción de la estabilidad laboral.

Este plan de incentivación a los nuevos contratos tiene otro efecto perverso. También segmenta a los propios desempleados, favoreciendo la contratación de los que reciben prestaciones de desempleo (y cuanta más alta y más tiempo mayores beneficios para el empresario al que revertiría el 50% de su prestación). Tiene la lógica de reducir el gasto público en prestaciones de desempleo en el 25% (el nuevo contratado seguiría recibiendo el 25% como incentivo para la búsqueda de empleo). La cara principal es que condena a unos cuatro millones de desempleados y a los jóvenes sin empleo previo de entonces a un paro prolongado y sin apenas protección social.

En definitiva, esta reforma laboral no tiene ningún plan de creación global de empleo neto y facilita una reestructuración de plantillas hacia un mercado de trabajo más barato y dócil. Empleos más estables disminuyen su protección para sustituirlos por nuevos contratos más precarios. Se somete a la gente joven y desempleada a una vida laboral estancada, de paro y precariedad. Por tanto, frente a los discursos oficiales, no crea empleo, sino que pretende sustituir unos contratos, hasta ahora con mayores derechos de protección, por otros precarios. Tampoco frena la dualidad del mercado de trabajo, sino que empeora las condiciones de los distintos segmentos e incrementa la inseguridad y la desprotección de los nuevos empleos, particularmente, los destinados a jóvenes. Su apuesta es consolidar la capacidad empresarial de control social y productivo, mediante la coacción y reglas autoritarias para garantizar la subordinación e impotencia de la población trabajadora.

No crea empleo, prolonga la crisis y perjudica a la mayoría

Su justificación oficial es la creación de empleo, aunque se diluye en el tiempo y aparece condicionado. Así, sin mucha convicción y acompañado por otras reformas estructurales (financiera y presupuestos restrictivos), se considera un medio imprescindible para generar un nuevo periodo de expansión económica, la condición necesaria para salir de la crisis económica. Cuando menos, ese pronóstico era dudoso, y la realidad al cabo de más de un año de aplicación lo confirma. Probablemente, va a contribuir a la prolongación de la crisis, la contracción económica y, sobre todo, el empeoramiento de las condiciones de empleo, laborales y de vida de la mayoría de la sociedad. Estos efectos son claros a corto plazo.

Pero no hay que descartar la persistencia de esta situación a medio plazo con estancamiento del empleo y menor protección social: continuidad de un paro masivo, ampliación de las capas trabajadoras precarias y baratas con mayor incertidumbre socioeconómica, mantenimiento de una estructura productiva frágil y de baja cualificación, recortes del Estado de bienestar, probabilidad de un fuerte descontento popular y dificultades para la cohesión social. A partir del año 2015 comenzó una etapa de relativo crecimiento económico y creación de empleo, pero debido a diversas variables macroeconómicas en el marco europeo y mundial y, desde luego, no derivado del carácter restrictivo de la actividad económica que produjo esa reforma laboral.

Estos ‘sacrificios’, esta contrarreforma laboral del PP, tendrían todavía menos legitimación ya que se diluiría la credibilidad que todavía pueden contar en una parte conservadora de la sociedad española. Su apoyo electoral e institucional actual no le avala ahora, y menos indefinidamente, para continuar con esta vía antisocial. El desacuerdo popular con recortes sociales fundamentales, como el abaratamiento del despido, es mayoritario. La oposición social y sindical frente a estos retrocesos laborales era ya muy amplia en aquellos momentos (según la encuesta de Metroscopia— El País 12.02.2012— realizada antes de saber el fuerte impacto ‘agresivo’ de la reforma laboral, el 46% de la población —67% de los votantes del PSOE— estaba de acuerdo con la convocatoria de una huelga general contra ella, que se materializó el 29 de marzo de 2012).

En aquel contexto ya aparecían públicamente sus intereses: incrementar los privilegios de los poderosos a costa de la mayoría de la ciudadanía. Ni interés general, ni bien común. Retroceso colectivo, perjuicio para la mayoría y, particularmente, bloqueo para las expectativas ascendentes de la gente joven.

Ante esa dinámica de desvertebración social y/o indignación ciudadana, la opción conservadora que se dibujaba era reforzar la autoridad y los mecanismos de coacción de la jerarquía empresarial, someter a la población a una fuerte socialización en la precariedad laboral, debilitar los mecanismos sociales de defensa sindical y representación colectiva, neutralizar la expresión colectiva del descontento ciudadano, marginar las opciones progresistas y de izquierda.

No vale una modificación superficial de esa reforma laboral y el modelo social que representa, ni admitir el veto empresarial para desmontarla. El revertir esa dinámica regresiva es una tarea fundamental de la agenda social del Gobierno de coalición, del sindicalismo y del conjunto de fuerzas progresistas.

La oposición social a la reforma laboral del PP

Las direcciones confederales de CCOO y UGT convocaron una huelga general para el día 29 de marzo de 2012 contra la reforma laboral del Gobierno del PP y su política de recortes sociales. Tal como he explicado antes, es una norma que facilita y abarata el despido, empeora las condiciones laborales y precariza el empleo; no crea empleo y prolonga la crisis; perjudica a la mayoría de la sociedad y desequilibra las relaciones laborales con un fuerte incremento del poder empresarial. Junto con las medidas de restricción del gasto público y el recorte de prestaciones y servicios públicos, trata de imponer una fuerte regresión en los derechos sociolaborales y consolidar unas condiciones de vida y empleo precarias para la mayoría y, especialmente, para los sectores más vulnerables

Había, por tanto, una motivación clara para una fuerte y masiva oposición social que, vista desde ahora, conviene recordar. Es la base de su deslegitimación actual y el emplazamiento cívico que tiene el actual Gobierno progresista de coalición, el conjunto de fuerzas progresistas y, particularmente, el sindicalismo para derogarla y aprobar un nuevo modelo de empleo y relaciones laborales.

La amplitud y la profundidad de esa política regresiva liberal-conservadora, su pretensión de generalización y persistencia, en una situación de agravamiento del desempleo y las consecuencias sociales de la crisis económica, exigían una respuesta social masiva y contundente. Era preciso un amplio respaldo popular, una firme participación ciudadana. Había que poner un freno consistente a estas medidas antisociales para forzar su cambio.

Se trataba de una acción de reafirmación democrática y de progreso que, tras todo el proceso de protesta social, la formación de un espacio sociopolítico de cambio y la configuración de un acuerdo progresista entre el Partido Socialista y Unidas Podemos, terminó por desalojar del Gobierno al Partido Popular. Se abrió un periodo de cambio de progreso, en el que la agenda social y laboral era fundamental, tal como detallo en el libro Perspectivas del cambio progresista.

Veamos algunas características de esa experiencia colectiva de movilización social que está condicionando las dinámicas actuales de legitimación social para garantizar un cambio profundo del actual y regresivo modelo laboral.

La deslegitimación cívica de la reforma laboral del PP

Al descontento social por la situación socioeconómica y de empleo, en ese momento se añade el desacuerdo ciudadano con aquella reforma laboral. Según encuestas de opinión (ver Barómetro de marzo de Metroscopia, El País, 4.03.2012), casi dos tercios (62%) de la población desapruebala reforma laboral del Gobierno, porcentaje mucho más amplio entre los votantes del PSOE (91%); hay que destacar que incluso el 28% de los votantes del PP también la desaprueba. Por otro lado, la considera adecuadasólo el 24% de la población (el 47% de los votantes del PP), mientras el 74% cree que no va a ayudar a crear empleo y el 61% que responde a presiones externas.

El Gobierno del PP, a pesar de su reciente victoria electoral, tenía un grave problema de legitimidad para imponer su agresiva reforma laboral. No calaban sus argumentos de que son reformas equitativas y medios imprescindibles para la creación de empleo. Perjudica a las capas trabajadoras y desfavorecidas, y la gente desconfiaba, con razón, de que esos sacrificios fueran el camino para eliminar el paro y crear puestos de trabajo.

Por tanto, en un primer aspecto (el grado de desacuerdo con esa medida), la mayoría ciudadana estaba con la posición de los sindicatos y en contra de la decisión gubernamental (y de la mayoría parlamentaria). Ello ofrecía una gran legitimidad social a los objetivos de la huelga general: retirar esa reforma laboral que hoy se transforma en su derogación.

En el segundo aspecto, el tipo de respuesta ciudadana conveniente ante esta agresión, la posición de la población también era ambivalente, pero de signo distinto. Según la citada encuesta solo el 28% del conjunto de la sociedad justificaría una huelga general   que   forzará   al   Gobierno   a   cambiarla   y suavizarla (8% entre los votantes del PP y 45% entre los del PSOE —y se supone que todavía mayor entre los votantes del resto de las izquierdas—). En sentido contrario, el 67% de las personas encuestadas (90% entre los votantes del PP y 50% entre los del PSOE) expresaba que una huelga general no serviría de nada y podría empeorar aún más la situación económica. El argumento del Presidente Rajoy de que ‘no va a servir de nada’ y se iba a aplicar toda la reforma tiene credibilidad, incluso entre la mitad de la base electoral PSOE de entonces, y es un motivo poderoso que utilizó la derecha para desactivarla. Esta sería la peor de las hipótesis.

No obstante, se pueden hacer diversas matizaciones.

La primera, que la encuesta reflejaba la opinión del total de la sociedad (incluyendo empresarios, autónomos y capas directivas, así como personas inactivas); no había datos desagregados, pero si se comparan con la situación similar de la huelga general del 29 de septiembre del año 2010, el porcentaje de justificación entre la población asalariada aumentaría varios puntos más respecto de la media, es decir, podría alcanzar un tercio (y ser mayoritario entre la gente de izquierdas).

La segunda matización tiene que ver con el tipo de pregunta y la interpretación de la respuesta. En esa encuesta se ponía en primer plano el grado de ‘realismo’ sobre la eficacia inmediata de la huelga, no sobre su legitimidad (o simpatía). Tampoco se asociaba con otras motivaciones para apoyar la movilización social, por sus efectos positivos en diversos campos expresivos, de refuerzo de la ciudadanía y reequilibrio en las relaciones laborales, como expresión democrática de una indignación y un malestar social que hay que escuchar. No se preguntaba si podía ser útil para todo ello.

Pero tampoco era neutra o inútil en la apuesta por su cambio: la deslegitimación de   la   reforma   abrirá   un   camino   para   que   pierda fuerza y agresividad y se comiencen a generar dinámicas para su reversión. Forzar la respuesta sobre la actitud hacia la huelga por las posibilidades inmediatas de su modificación sustancial era reducir su significado a un utilitarismo extremo y cortoplacista, desconsiderando sus consecuencias de fondo para debilitarla y modificarla, así como toda la dimensión social, democrática y expresiva del sindicalismo, las clases trabajadoras y la ciudadanía activa.

En consecuencia, deducir que dos tercios de la población estaba en contra de la huelga era excesivo; con esos datos y a pesar de esa pregunta tan sesgada, un tercio de los asalariados estaban en contra de la reforma laboral y justificaba la huelga general, y otro tercio también estaba en contra de la misma reforma pero creía que con los paros no la iban a poder cambiar ya (y que podrían tener consecuencias contraproducentes). La cuestión no es que esa valoración no sea realista —que parcialmente lo es—, sino que es unilateral. Ese factor no debía ser el determinante para la no participación porque había más planos, realidades y objetivos para justificar y expresar el rechazo a esa reforma: su carácter injusto, la exigencia de su cambio y construir los cimientos para conseguirlo.

La tercera apreciación tiene que ver con una valoración realista de los apoyos sociales iniciales a la huelga general para superar algunas dificultades y fortalecer la participación y la simpatía hacia la misma. Ya se conocía previamente el resultado de otra encuesta de primeros de febrero de la misma empresa Metroscopia( El País12.02.2012), donde el 46% de la población (67% de los votantes del PSOE) estaría de acuerdo con la convocatoria de la huelga general. Es decir, más de la mitad de la población trabajadora asalariada y más de dos tercios del conjunto de la base electoral de las izquierdas la consideraban justificada —dando por supuesto que del resto de votantes de la izquierda y parte de la abstención su apoyo sería superior—.

En definitiva, fue un proceso movilizador justo y legítimo: el rechazo a la reforma laboral y los recortes sociales de la derecha era apoyado por la mayoría de la sociedad; fue un cauce de expresión de la indignación y el malestar social, y sus objetivos incluyeron el freno a la involución social y la exigencia de rectificación de la política sociolaboral y de empleo. Supuso la reafirmación del movimiento sindical en su capacidad dinamizadora y representativa, y un reequilibrio de la capacidad contractual de las capas trabajadoras en las empresas, todavía débil ante el refuerzo del poder empresarial que suponía esa reforma laboral.

Junto con los precedentes del proceso de protesta social de los años 2010 y 2011 y su continuidad hasta el año 2014, fue un inicio —no el fin— del camino del cambio. Expresó un freno a la ofensiva del Gobierno del PP que limitó su alcance regresivo. Consiguió el agrietamiento de la legitimidad de esa política de recortes sociolaborales y el reforzamiento de la izquierda social o la ciudadanía activa. Ese proceso constituyó la condición para su modificación y contribuyó a formar un nuevo campo sociopolítico transformador que luego, entre los años 2014-2016, se configuró como espacio político electoral con las fuerzas del cambio de progreso.

La apuesta por el giro social y laboral

Se trataba de construir las condiciones sociopolíticas  y  democráticas para un reequilibrio  en las  relaciones  laborales  y  sindicales,  el  avance en los resultados reivindicativos y, como fondo,  la  reorientación  de  la gestión de la crisis hacia una salida más justa y equitativa .  Es  la aportación y la enseñanza de aquel esfuerzo colectivo para restar credibilidad a aquella política regresiva de las derechas lo que ha permitido fortalecer el cambio progresista y, ahora, iniciar la aplicación de un nuevo modelo social y laboral, con la democratización y reequilibrio de las relaciones laborales y la mejora de las condiciones salariales, la protección social y el empleo decente.

A pesar de estar en el momento más álgido de la activación cívica representada por el movimiento 15-M (2010-2014), existían muchas dificultades para la movilización social generalizada que representaba la huelga general del 29 de marzo de 2012 contra la reforma laboral del PP y su política regresiva. En primer lugar, por el fuerte bloque de poder de la derecha y el mundo económico, su inmenso aparato institucional y mediático, y su renovado apoyo electoral (aunque no para esas medidas restrictivas). En segundo lugar, hay que tener en cuenta factores estructurales (fragmentación del tejido productivo, capacidad coactiva empresarial, fragilidad de las capas trabajadoras…) y contextuales (imponente poder institucional a favor de estas políticas restrictivas, dificultades del sindicalismo, debilidad de las izquierdas…).

Así, a pesar del fuerte descontento social y la legitimidad de sus objetivos, era difícil una participación activa mayoritaria, es decir, la incorporación masiva a los paros de las capas trabajadoras precarias e inseguras en las pymes, especialmente, de los servicios y de las capas asalariadas de mayor estatus y rentas. El reto era superar el listón de participación y restar credibilidad a la estrategia de las derechas.

La cuestión es que era posible cuestionarla, restarle credibilidad ante la sociedad y eficacia en su aplicación, así como preparar condiciones para su modificación sustancial. Se avanzaría en el objetivo de su supresión, que quedará como una tarea firme a continuar. Finalmente, el Gobierno progresista introdujo su derogación dentro del pacto de coalición gubernamental, cuestión que ahora se va a aplicar.

Esta apuesta no consiguió la total paralización productiva del país ni una participación generalizada de toda la población, pero tiene los apoyos sociales necesarios en los dos planos fundamentales: participación activa suficiente (en los paros y todas las actividades y manifestaciones de apoyo), y amplia legitimidad social, al contar con el rechazo de la mayoría ciudadana a esta reforma laboral. Fue un acto de reafirmación democrática y estímulo de la participación ciudadana, de freno a la involución social y exigencia de otra política socioeconómica, laboral y de empleo.

El impacto de la huelga general del 29 de marzo de 2012

El proceso de la huelga general del 29 de marzo permitió una expresión colectiva masiva de la ciudadanía contra la ‘agresiva’ reforma laboral y la política de profundos recortes sociolaborales del Gobierno del PP. La amplia participación trabajadora  y  ciudadana  constituyó  un  paso imprescindible para frenar  su  ofensiva  antisocial,  erosionó  su legitimidad y reforzó a la  izquierda  social  y  el  movimiento  sindical  en su demanda  de  empleo  decente  y  plenos derechos  sociales  y laborales.

Era difícil realizar un análisis detallado y completo del nivel de participación, con pocos datos fiables y mucha división entre distintas fuentes. La cifra oficial facilitada por los sindicatos CC.OO. y UGT era de más de 10 millones de huelguistas, un 77% de la población asalariada (una vez descontados 1,3 millones en servicios mínimos). Fuentes empresariales y gubernamentales señalaron un seguimiento ‘escaso’ (15% en la administración pública) y los medios liberales y de derechas incluso hablaron de ‘derrota sindical’. Medios afines a la oposición parlamentaria socialista destacaron una participación significativa pero no general (‘parcial o sectorial’). Diversas encuestas de opinión reflejaban una disponibilidad participativa en la huelga de al menos un tercio de asalariados (unos cinco millones) junto con una mayoría que estaba en contra de la reforma laboral y consideraba legítima la movilización sindical. Otros indicadores, como el consumo de energía eléctrica, la situaban en un rango similar a las de los años 2010 y 2002, y lejos de la excepcionalidad de la generalizada paralización de la actividad productiva y ciudadana en la de diciembre del año 1988.

No obstante, se pueden señalar varios hechos significativos o diferenciales y valorar algunas enseñanzas. Primero, la participación en los paros de las capas asalariadas fue algo superior a la del 29-S del año 2010 (y similar a la del año 2002). Su distribución es desigual. Muy generalizada en la gran industria, la construcción y el transporte; importante en el sector público, particularmente en la enseñanza, y con menor impacto en las pymes del sector servicios y el sector financiero. Así mismo, tuvo una gran repercusión en los grandes núcleos industriales y urbanos y menor en las zonas con predominio del sector servicios y en poblaciones medianas y pequeñas. En particular, se notó un impacto muy superior en Euskadi y Navarra (y algo también en Galicia) al converger las convocatorias de los sindicatos nacionalistas (ELA, LAB, CIG…) y los sindicatos confederales (CCOO y UGT) que en el año 2010 se habían expresado en fechas distintas (junio y septiembre).

Segundo, se produjo una diferencia cualitativa en la presencia en las manifestaciones: casi duplicó a las realizadas durante la huelga general anterior hasta llegar (según fuentes sindicales) a millón y medio (en este caso se podía contar con el dato objetivo más fiable del espacio ocupado en las más de 100 manifestaciones realizadas, en un tramo entre uno y dos millones), destacando un cuarto de millón en Madrid y Barcelona y siendo en diversas capitales la más amplia de la década anterior, desde las movilizaciones contra la participación en la guerra de Irak en el año 2003.

Tercero, hay que añadir varios elementos que pueden configurar una nueva dimensión participativa. Uno, mayor participación de capas medias o profesionales, particularmente de la enseñanza y la sanidad, que también veían peligrar sus condiciones laborales y derechos sociales. Dos, mayor presencia juvenil y estudiantil particularmente en las manifestaciones, así como la práctica paralización académica en las universidades. Es un hecho que ya comenzó en el año 2010 pero que entonces se consolida y amplía. Junto a ello, un mayor desarrollo, con una mayor composición juvenil, de múltiples piquetes, grupos informativos y concentraciones locales en muchos pueblos y barrios. También influyó positivamente la participación de activistas del movimiento 15-M, así como la disponibilidad de un amplio sector social participante de forma pacífica en sus movilizaciones o con distintos bloques críticos.

Cuarto, se expresó una conciencia colectiva mayoritaria sobre el carácter injusto de esta reforma laboral (y los planes de   recortes sociales y presupuestarios), su profundo carácter regresivo, y el desequilibrio para las relaciones laborales con refuerzo del poder empresarial. La extrema dureza y agresividad de estas medidas, sus efectos perjudiciales para la mayoría de la sociedad y la falta de credibilidad del Gobierno del PP para la creación de empleo y la protección social, profundizaron la indignación ciudadana y la legitimidad de la resistencia popular contra ellas. Las personas que apoyaron esa movilización lo hicieron más convencidas y de forma más firme. Un elemento asociado a esto es que la realidad de la coacción empresarial en los pequeños centros de trabajo y hacia la gente precaria fue más evidente, así como una mayor conciencia social sobre las dificultades para una opción ‘libre’. Dicho de otro modo, parte de las dificultades para la participación provenían más del miedo a las consecuencias para su empleo o sus trayectorias laborales, que de una valoración sobre la inconveniencia de esta movilización colectiva.

Un paso clave contra la ofensiva del Gobierno del PP

Quinto, un hecho diferencial es que, aunque esta política es una continuidad de las reformas regresivas aprobadas por el Gobierno socialista desde mayo de 2010, a instancias de la UE, el plan de la derecha tenía un desarrollo y unos efectos acumulativos más graves para las clases trabajadoras y las relaciones laborales. El poder institucional y mediático estaba más dividido. La cúpula del PSOE (y los medios afines) no avalaba esta reforma laboral y ‘comprende’ esta movilización sindical, y aunque su apoyo a la huelga no fue explícito, no apostó abiertamente por su desactivación y su fracaso. Así, una parte de su base social, entonces descontenta contra su gestión impopular, pero sin querer implicarse activamente en su rechazo, entonces se siente más cómoda en su actitud de oposición contra esta reforma laboral y en la conveniencia del éxito de la movilización para frenar al Ejecutivo, entonces del PP.

Por tanto, al aumento de la participación hay que sumar dos factores nuevos que explican su mayor impacto social.

Uno que, junto con la consolidación de la izquierda social o crítica, con una participación activa en el conflicto social, se configura otro amplio sector social que simpatiza más con este rechazo popular. Antes, en 2010, estaba constreñido por los intereses políticos del aparato socialista que pretendía desactivar la indignación y el rechazo ciudadanos contra aquella reforma laboral regresiva, construir un cortafuegos en torno a esa contestación social y evitar la desafección de izquierdas, objetivos que no alcanzó. Aunque la deslegitimación de fondo se dirigió contra similar política antisocial, la diferencia en ese momento es que la responsabilidad de su gestión es del PP, y el PSOE considera funcional su descrédito para sus intereses electorales.

Dos, esta movilización popular superó el fuerte aislamiento institucional y mediático, el intento de desprestigio de los sindicatos y la neutralización de la firmeza de esa ciudadanía crítica, objetivos que seguían pretendiendo las derechas (PP-CIU) sin mucho éxito; o dicho de otra manera, ese proceso de movilización social consiguió un mayor reconocimiento y visibilidad en la opinión publicada de distintos medios de comunicación más neutros y, al mismo tiempo, tuvo un mayor reflejo en la sociedad. Además, las derechas no consiguieron tergiversar esta masiva y pacífica movilización ciudadana, ni convertirla en un conflicto de orden público o una imposición de minorías violentas, tal como algunos medios pretendieron.

En  resumen, este proceso de huelga general constituyó una prueba de la acción colectiva  progresista y la reafirmación democrática de una amplia izquierda social o ciudadanía crítica. Al tercio de  esa ciudadanía indignada, más implicada activamente en la movilización contra los recortes sociales, se sumó la simpatía y la solidaridad del tercio intermedio, entonces más pasivo y ambivalente. La persistencia y el refuerzo de la resistencia cívica de ese primer bloque social fue determinante para ensanchar la oposición social a esta política regresiva y restarle credibilidad ciudadana. Fue una respuesta contundente de una ciudadanía activa y un paso sustancial para  fortalecer la oposición popular a esas políticas antisociales y deslegitimar a sus gestores. Se extendió una mayor comprensión ciudadana hacia los justos objetivos de este conflicto social, factor clave para debilitar y revertir esta política socioeconómica y laboral regresiva.

Pese a las dificultades evidentes para forzar la retirada inmediata de la reforma laboral, se le redujo su legitimidad y credibilidad social, y las condiciones sociopolíticas para obtener su derogación quedaron reforzadas. Fue  un  paso  clave  para  frenar  la  ofensiva  liberal   y   regresiva   del nuevo Gobierno del PP, y supuso ya una   importante   erosión   de   su plan antisocial.  Fue  un  fuerte  impulso  social  para  exigir  un  giro  social de la política socioeconómica y laboral. Necesitaba continuidad y una estrategia progresista de firmeza para consolidar y ampliar los apoyos sociales y generar una dinámica de cambio social profundo hacia una salida de la crisis económica más democrática y equitativa.

Todo este proceso de indignación popular progresista y activación c16ívica de esos años (2010-2014) conformó las bases sociopolíticas para el desarrollo del cambio de progreso en el siguiente lustro. Ahora, con una nueva mayoría parlamentaria progresista, se debe poner en marcha la implementación del giro social hacia un nuevo modelo de empleo y relaciones laborales.