Las actuales fuerzas armadas españolas (FAS) son herederas y deudoras de la dictadura franquista, algo que han demostrado en múltiples ocasiones desde la transición a la democracia de 1977/78 hasta la actualidad y que se ha evidenciado de manera escandalosa con las diversas y reiteradas manifestaciones antidemocráticas de este último año.

En la España de la transición hubo un consenso generalizado entre las principales fuerzas políticas que pergeñaron el nuevo régimen de que las FAS no debían estar sujetas a cambios que pudieran soliviantar una estructura de mandos de inequívoco cariz antidemocrático. Aunque también había consenso entre las fuerzas democráticas de que ese pasado se debía modernizar y democratizar, y para ello el primer Gobierno de la UCD de la mano del teniente general Gutiérrez Mellado empezó a imprimir un giro exigiendo un acatamiento al poder civil y que aceptaran la Constitución. Pero eso no fue suficiente y, ante las presiones de la cúpula militar, se hicieron concesiones de envergadura, los artículos 8 y 16 de la Constitución que otorgaban a las FAS el ser los garantes de la unidad de España y que la jefatura del Estado recayera en la figura del rey Juan Carlos I, una prerrogativa que deseaban por haber sido designado por el general dictador Francisco Franco. A pesar de ello, el ruido de sables en los cuarteles y los intentos de golpes de Estado estuvieron presentes durante toda la transición.

Tras la llegada del Gobierno del PSOE en 1982, y nombrado ministro de defensa Narcís Serra, las FAS entraron lentamente en el camino de la democracia. Los exegetas de las FAS, entre los que se encontraban algunos exmilitares de la Unión Militar Democrática, argumentaron dos excelencias del nuevo ministro de Defensa: los cambios introducidos en las materias curriculares de la Academia Militar de Zaragoza que incorporaban valores de acatamiento al Estado de derecho; y la incorporación de España en la OTAN, pues ello ayudaría a que los mandos de las FAS entraran en relación con militares de estados democráticos, lo que que facilitaría su acatamiento del poder civil. 

Dos argumentos débiles, pues los cambios en los materiales curriculares de la Academia, aunque ciertos, no fueron suficientes para transformar el espíritu de las promociones surgidas de la Academia. En primer lugar, porque el problema era estructural y cultural, algo que impregnaba a toda la cúpula militar y requería una modificación de envergadura en toda la estructura que controlaba la corporación —lo que no se hizo—, y todo el generalato continuó en manos de los que habían vencido en la guerra incivil de 1936. Por otro lado, la carrera militar era y continúa siendo en la actualidad muy endogámica, pues en buena parte se transmite por vía familiar de padres a hijos, y las nuevas promociones de militares han seguido lastradas por la herencia de unos militares que se sentían depositarios de los valores que habían vertebrado la dictadura franquista.

El segundo argumento era igual de débil, pues si cierto es que la mayoría de las fuerzas armadas de la OTAN pertenecían a países con democracia, excepto Turquía, tampoco era éste un argumento válido, porque nunca la OTAN de entonces, en su estructura interna, se preocupó por educar en valores democráticos a los militares de los países miembros. Y, en ese sentido, poca democracia podían asimilar los militares españoles de una organización que sólo se preocupaba por apuntalar el sistema capitalista occidental frente a la amenaza del Pacto de Varsovia, del mal llamado “bloque comunista”. 

Pero volviendo a la transición de 1977/78, la cúpula militar de las FAS era profundamente antidemocrática porque en su inmensa mayoría había participado en el alzamiento contra la República, se trataba de compañeros de armas del general Franco convertidos en la garantía de la dictadura, ostentado partes importantes del poder del estado franquista. Algo que se corrobora con el ruido de sables y los diversos intentos de golpes de estado que se perpetraron durante aquellos años de plomo. Es en esa etapa, en los dos primeros gobiernos, de UCD y PSOE, hubo consenso para no depurar ni renovar el generalato y se optó por esperar que el paso del tiempo jubilara a los militares franquistas. Craso error —uno más de los que nos legó la transición—, pues los valores antidemocráticos impregnaron de una fuerte impronta refractaria a las FAS con un poso cultural franquista que dejaron en el interior de la institución y que en la actualidad continúa muy presente, como lo demuestran las múltiples manifestaciones públicas en que se expresan opiniones contrarias al ordenamiento democrático y al poder civil. Las más destacables: contra el proceso vivido en Cataluña después de la aprobación de un nuevo Estatuto y posteriores acontecimientos; después, contra la exhumación de los restos del dictador del Valle de los Caídos; y posteriormente con manifestaciones contra el gobierno de coalición PSOE/Unidas Podemos por la presencia de comunistas.

Sólo por mencionar algunas de las más relevantes manifestaciones antidemocráticas: el manifiesto firmado en el verano de 2018 por más de mil militares, entre ellos catorce generales y un alto número de jefes y oficiales, muchos de ellos en activo, tras la noticia de la exhumación de los restos de Francisco Franco del mausoleo del Valle de los Caídos. En ese escrito pedían respeto y veneración por la figura del dictador. Como rechazo, hubo un contramanifiesto de militares demócratas: aunque bastantes menos, una veintena, uno de los firmantes, el cabo Marco Antonio Santos, puso en la antefirma la frase “salud y república”. Algo que la jerarquía militar no toleró, abriéndole un expediente y expulsándolo del ejército.

Otro buen ejemplo: en las últimas elecciones del 10 de noviembre de 2019, tres generales en la reserva obtuvieron el acta de diputado en las filas del partido ultraderechista VOX, y otro general fue candidato en las listas del Partido Popular y también la obtuvo.

O la carta firmada y encabezada por el teniente general retirado Emilio Pérez Alemán, presidente de la Fundación Francisco Franco, dirigida a la ministra de Defensa y firmada por 750 militares —entre ellos 70 generales en la reserva— que hablaban del riesgo constitucional del Gobierno entre PSOE y Unidas-Podemos y de un necesario cambio de rumbo de este Gobierno.

O las barbaridades antidemocráticas plagadas de retórica fascista que publica la revista Tierra, mar y aire, editada por veteranos de las FAS. O las barbaridades escritas en un chat privado que denotan el nivel de su mentor, el general Francisco Beca, quien manifestó que “se quedaría corto fusilando a 26 millones de españoles”.

Con todas esas manifestaciones antidemocráticas de miembros de las FAS, aunque en su mayoría provenientes de militares en la reserva, se esperaba una fuerte reacción del Gobierno. En la Pascua Militar del 6 de enero pasado se esperaba que el jefe supremo de las FAS, Felipe VI, alzara la voz frente a los díscolos militares, pero guardó silencio, y dejó que fuera la ministra de Defensa, Margarita Robles, quien reprendiera a los militares facciosos. Pues bien, sus palabras fueron para minimizar las manifestaciones antidemocráticas de los militares, diciendo que representaban a una ínfima minoría dentro de las FAS. Aunque, al día siguiente, la misma Margarita Robles consideraba urgente que la Academia Militar de Zaragoza actualizara sus materiales curriculares en defensa del Estado de derecho. Algo que no la debería preocupar si como dijo el día anterior los antidemócratas en las FAS solo son una escasa minoría.

Sin una revisión en profundidad de las estructuras corporativas de las fuerzas armadas, introduciendo medidas que rompan con el autoritarismo, el patriarcado, la misoginia, la disciplina férrea, la obediencia ciega hacia los mandos, y sin introducir una democracia interna que permita cuestionar las arbitrariedades de los mandos superiores, poco o nada se puede esperar de la necesaria democratización de las FAS españolas. Y falta lo más importante: acabar con el cuerpo jurídico militar propio y separado de la jurisdicción civil. Esto último es lo que permite la parcialidad de las sentencias de una estructura muy endogámica y corporativa que lava los trapos sucios en su interior evitando que trasciendan más allá de los muros de los cuarteles. En especial, todos los relativos a malos tratos, acoso, violencia de género o corrupción interna. Unos tribunales castrenses donde faltan garantías procesales y órganos de control independientes que eviten las arbitrariedades denunciadas por inculpados y condenados.

Hay otra cuestión importante que afecta por igual a todas las fuerzas armadas y cuerpos de seguridad de cualquier estado. Es una cuestión fundamental para entender la facilidad con que en esos cuerpos se establece una deriva antidemocrática, esto es, el habérseles otorgado el uso legítimo de la violencia que ejercen por delegación del estado. Algo que empodera a los cuerpos militares y policiales como depositarios de la resolución de los conflictos y que los convierte en administradores de la violencia. Esto acaba configurando una psicología en los miembros de estos cuerpos por la que acaban atribuyéndose el poder de ser la salvaguarda de la ley y el orden.

Esta es una cuestión nuclear que debería preocupar, pues tienta a esos cuerpos, en determinados contextos políticos, a convertirse en los salvadores del interés común. La llegada del populismo, que ha dado alas a la aparición de partidos políticos muy nacionalistas y de ultraderecha, ha facilitado que en esos cuerpos prolifere la aparición de miembros que simpatizan con esas tendencias, lo que se expresa en el trato que dan a los diferentes y a las minorías étnicas. Encuestas llevadas a cabo en diferentes cuerpos militares y policiales europeos muestran el aumento del porcentaje de miembros que se sienten portadores de valores esencialistas. Algo que debería preocupar a cualquier demócrata, y que obliga a estudiar cómo impedir que el sectarismo nacionalista, xenófobo, homófobo o misógino penetre en las fuerzas armadas y en los cuerpos de seguridad.