Este estudio sociológico tiene dos partes. En la primera expongo el marco general y las expectativas y los retos electorales de las fuerzas progresistas para definir un perfil transformador ganador. En la segunda, a partir de datos de CIS y con diversos gráficos, analizo dos cuestiones relevantes que dan soporte a ese proyecto social y democrático: La autoubicación ideológica y la identificación subjetiva de clase social, y la opinión cívica sobre el refuerzo de los servicios públicos y los impuestos.

Casi todos los estudios demoscópicos privados publicadas hasta ahora dan como ganador para las elecciones regionales de la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM) al bloque de las derechas liderado por la líder del Partido Popular madrileño, Isabel Díaz Ayuso. La victoria sería clara si entra Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, cosa dudosa, con su disposición a la negociación de gobierno con Ayuso, y estaría ajustada si queda fuera. Solo, prácticamente, la anterior encuesta del CIS, del 5 de abril, señala un empate técnico (68 escaños) entre ambos bloques, derecha e izquierda, mientras la publicada el 22 de abril abre una horquilla entre 65 y 69 escaños para la suma de las derechas (PP y VOX, Cs se queda fuera) y entre 67 y 73 escaños para las tres izquierdas (PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos, en adelante MM y UP). No obstante, todavía hay un 20% de personas indecisas. Por tanto, frente a la resignación inicial han crecido las expectativas de ganar las elecciones para el bloque de izquierdas.

En un ensayo en el número anterior de Mientras Tanto, La encrucijada electoral madrileña, analizaba el contexto, las implicaciones y la necesaria determinación por un programa progresista de cambio, así como por la cooperación de las fuerzas de izquierdas, especialmente entre Más Madrid y Unidas Podemos. En particular, criticaba la estrategia centrista y excluyente del candidato socialista Ángel Gabilondo y la calificaba de perdedora. Los hechos posteriores lo han confirmado: no es practicable para constituir un gobierno centrista (PSOE, MM y Cs) y tampoco es efectiva para ganar suficiente electorado centrista; así recibe una pequeña transferencia de voto de Ciudadanos pero, al mismo tiempo, existe otra similar fuga de votos al PSOE que van hacia el PP de Ayuso.

Pero, sobre todo, nos interesa destacar la crítica a su apuesta continuista en materia social, fiscal y distribuidora y su poco talante integrador con su izquierda, matizado a última hora. De mantenerse esa estrategia y ese discurso no sería capaz de movilizar a una mayoría social de izquierdas y de base popular, cohesionar un pacto programático transformador y ofrecer una gestión gubernamental creíble de cambio. Ni siquiera serviría para superar el riesgo abstencionista de una parte de su propia base social e incluso para evitar cierta fuga de votos hacia el PP y hacia su izquierda (MM y UP). O sea, esa política continuista no favorece la victoria del bloque progresista, que debe garantizarse por otros medios: por un lado, la participación del presidente Sánchez y su equipo, con el aval de la gestión social, unitaria y democrática del gobierno de coalición progresista y una reorientación de su campaña más firme y unitaria y, por otro lado, la reafirmación participativa del electorado joven, popular y de izquierdas.

No cabe duda de que esa estrategia de tercera vía tiene grandes fundamentos estratégicos socioliberales y de vinculación a los grupos de poder. Ha sido la dominante en la socialdemocracia europea estas tres últimas décadas y le hizo cómplice de políticas regresivas en la gestión neoliberal de la crisis socioeconómica de 2008. El sanchismo, en sucesivas fases y con avances y retrocesos, se vio obligado a cambiar de paradigma, derivado de la correlación de fuerzas sociales y parlamentarias que cristalizaron con el Gobierno de coalición progresista hace más de un año.

Ese espacio del cambio de progreso se conformó lentamente durante esa larga década de amplias exigencias democratizadoras y de justicia social, con una amplia desafección de parte del electorado socialista y la constitución de un nuevo campo sociopolítico, llamado fuerzas del cambio que, a pesar de su división y cierto debilitamiento, todavía son un actor determinante en la representatividad popular y la gobernanza institucional. Frente al realismo de Sánchez, los sectores socialistas representados por Gabilondo y otros grupos de poder económico, político y mediático intentan cerrar, una vez más, el ciclo abierto de un cambio sustantivo de progreso, de mayor carácter social y democrático.

No obstante, ese viejo plan continuista y excluyente ha perdido legitimidad pública. Es más, ante la actual crisis socioeconómica derivada de la pandemia, los grupos de poder económicos, institucionales y financieros estadounidenses y europeos han cuestionado esa política neoliberal y restrictiva por unas medidas expansionistas e intervencionistas del Estado. Dejan atrás el trumpismo y las políticas más agresivas de austeridad y recortes sociales. Se abren a una política económica con mayor cohesión social, dados los fuertes desequilibrios sociales y políticos derivados de la estrategia regresiva anterior.

La nueva dinámica gubernamental en España, lenta y llena de dificultades, pone el acento en la modernización económica con mayor igualdad social y protección pública, con un papel más redistributivo, protector y regulador del Estado. Lo prioritario no es la libertad (de los mercados), utilizada por Ayuso para esconder su autoritarismo político, su regresión social y su neoconservadurismo sociocultural, sino las garantías públicas y la responsabilidad institucional y democrática para dar seguridad social a la población y avanzar en igualdad, bienestar y sostenibilidad medioambiental frente a las grandes incertidumbres y segregaciones abiertas.

La opción perdedora de Gabilondo

En el plano político-institucional, para garantizar la gobernabilidad se enfrentan dos modelos básicos: derechas e izquierdas. La alternativa intermedia de Gabilondo de pactar con Cs y excluir a UP, no es realista ni operativa. No obstante, en el plano programático y de hegemonía gestora, el candidato socialista insiste en su opción centrista. Su estrategia socioeconómica y fiscal es continuista, expresamente renuncia al cambio de progreso y a un pacto de izquierdas con una gobernabilidad compartida y negociada de las tres fuerzas progresistas; deja fuera del gobierno a UP, calificada inicialmente como extremista y radical, e impone una mayor subordinación a MM, que debiera oponerse con firmeza a ese veto.

Sin embargo, el problema desmotivador para las bases progresistas no se soluciona suficientemente con un imprescindible y probable mayor peso representativo de MM y UP, ya que la alternativa gubernamental de conjunto se ve condicionada por la ausencia de esa credibilidad transformadora derivada de la necesaria alianza con el Partido Socialista. Su fortalecimiento es necesario, tal como vaticina la última encuesta del CIS, para modificar ese plan de Gabilondo y reequilibrar el peso conjunto de ambas formaciones en la configuración programática y gestora del posible nuevo gobierno de izquierdas en la CAM, a semejanza del estatal (o bien para hacer una fuerte oposición a la involución ultraliberal y conservadora).

La cuestión, como decía antes, es que ese discurso inicial del candidato socialista no favorece la participación electoral de un segmento significativo (hasta un 15%) de sectores populares y de izquierdas, gran parte jóvenes que son decisivos para inclinar la balanza para un gobierno unitario de las tres izquierdas. Para ello es fundamental la determinación progresista de cambio sustantivo del modelo social con un nuevo gobierno de coalición con las tres fuerzas e izquierdas, credibilidad que Gabilondo se encarga de desactivar.

El modelo de Ayuso está definido: absorbe los discursos de VOX y Ciudadanos, y pretende imponer su marco discursivo. Ella defendería la libertad y las izquierdas el socialismo (o el comunismo). Pretende imponer esa polarización discursiva embellecedora de su posición y denigrante para las izquierdas. Ante la evidencia, en la actual crisis sanitaria y socioeconómica, de la prioridad de la gestión pública y solidaria y el resquebrajamiento de su política antisocial y privatizadora, ha reaccionado con la estrategia trumpista de la crispación, la descalificación y la mentira. No obstante, ante el fuerte apoyo mediático recibido, las izquierdas no han sido capaces todavía de oponer un discurso unitario y rotundo y están en desventaja.

El motivo principal de esa debilidad es la apuesta de la dirección del Partido Socialista de Madrid (PSM) por esa opción centrista e intermedia, con la división, subalternidad y aislamiento de parte de las otras dos izquierdas. Su estrategia no suma, sino que resta con un proyecto ambiguo (Gobernar en serio o Hazlo por Madrid), es decir, sin una clara apuesta de progreso ni de colaboración de las izquierdas y con un perfil socioliberal y prepotente.

Parece que Gabilondo tiene añoranza de un nuevo bipartidismo. Ayuso, prácticamente, ha conseguido su hegemonía en el campo de las derechas, aunque está por ver su victoria para el 4M. Pero él solo cuenta con la mitad de la representatividad de las izquierdas y un espacio del cambio consolidado. Pero ese fulgurante ascenso y prevalencia del Partido Popular no es extrapolable para el candidato socialista que, acomplejado, se ve arrastrado por su continuismo socioeconómico y su sectarismo hacia la izquierda transformadora, suavizado ante la evidencia de tener que contar con UP para formar un gobierno frente a las derechas. Puede aspirar a liderar la victoria de una alternativa de progreso, con la condición de una actitud unitaria y de izquierdas. Es lo que debería asegurar el PSOE en lo que queda de esta campaña electoral.

Por tanto, aunque hay cierta complicidad frente a las derechas, todavía no hay un modelo social y democrático coherente del bloque progresista ni un discurso unitario que dé soporte a una alianza gubernamental y de gestión política con los mejores ejes igualitarios y solidarios de las izquierdas, de corte progresivo o socialdemócrata clásico, convenientemente renovados. Es la referencia en que se incardinan los programas reformadores de MM y UP, con la integración de la agenda social y democrática con la medioambiental y feminista, fundamental para la identificación de sus bases sociales. Ante la inconsistencia de un polo político y discursivo unitario y movilizador de conjunto, son necesarios mayores estímulos de firmeza transformadora, unidad y confianza para la entusiasta activación electoral de las mayorías sociales con un proyecto ganador de cambio de progreso.

Revalorizar lo público con suficiencia fiscal

Aparte de las políticas públicas para la modernización productiva y el papel regulador del Estado, destaco dos elementos encadenados. Por una parte, la revalorización de lo público con un impulso reformador progresivo, en particular, sobre la sanidad, la enseñanza y las políticas sociales. Más allá, en el plano estatal, están las garantías del sistema público de pensiones, la protección al desempleo y la acción contra la precariedad y las relaciones laborales desventajosas para las capas trabajadoras… todas ellas con grandes dificultades y con evidentes conexiones con el modelo sociolaboral a implementar.

Por otra parte, la necesaria suficiencia fiscal para acometer ese imprescindible avance protector e igualitario, ligado a las tareas y expectativas del Gobierno estatal y el marco europeo a medio plazo. No obstante, como se sabe, tenemos un déficit anual de cerca de 7 puntos del PIB con la media europea. Eso es, prácticamente, los 70.000 millones de euros que vamos a recibir como préstamo europeo que habrá que devolver, aparte de otro tanto a fondo perdido… de los impuestos de otros países más ricos y financiados con deuda comunitaria.

Además, hay que recordar el atraso histórico y la insuficiencia de nuestro Estado de bienestar que todavía a finales del franquismo tenía una presión fiscal muy baja, con una diferencia de 14 puntos del PIB respecto de la media europea de entonces. Pero, en la Comunidad de Madrid, hoy día todavía tenemos una presión fiscal por habitante por debajo de la media estatal en ámbitos tan sensibles como la enseñanza (-16%), la sanidad (-7%) y las políticas sociales (-8%), al mismo tiempo que es la más rica y la más desigual. Se combinan las deficiencias de distribución, predistribución y redistribución del plan neoliberal y conservador de las derechas madrileñas durante estas décadas.

Pues bien, ante esa situación relativamente desfavorable para las izquierdas hay que plantear, al menos dos cuestiones fundamentales. Una, la activación electoral progresista. Dos, el eje del discurso programático, a confrontar con el de Ayuso (y la ultraderecha), que aquí voy a sintetizar en la relación entre incrementar la intensidad protectora pública y la necesaria suficiencia fiscal. O sea, la polarización se establece entre un modelo social y democrático (no el comunismo), y un modelo regresivo, autoritario y segregador. La debilidad para una apuesta de progreso es que la simple alternancia centrista (imposible) con la misma política de las derechas (algo suavizada) no ofrece suficiente credibilidad transformadora para ilusionar a sectores populares y de izquierda significativos. Su riesgo es no garantizar la victoria del bloque progresista.

Pareciera que Gabilondo está intranquilo con la victoria progresista y la conformación de un gobierno de coalición de izquierdas y un programa de progreso. Y eso lo notan sectores populares escépticos respecto del compromiso transformador del conjunto de las izquierdas. No es que sean pasivos en la defensa de unas demandas sociales y democráticas de cambio, con una nueva clase política progresista que sustituya la corrupta y neoliberal que ha mandado en las instituciones madrileñas más de un cuarto de siglo. Tampoco las mayorías sociales son responsables de esa gestión neoliberal por su supuesta derechización o pasividad. No lo fueron en los años 2015 y 2019, tras la fuerte deslegitimación crítica del bipartidismo gobernante por su gestión regresiva de la crisis de 2008/2010/2012, agravada por el Gobierno de Rajoy. Institucionalmente, ganaron las derechas por los propios errores y límites de las representaciones de las izquierdas: el centrismo socioliberal socialista y la división de las fuerzas del cambio, ambas con la correspondiente y desigual desafección popular.

Hay causas estructurales, históricas y sociopolíticas de fondo que explican ese relativo empate electoral en la región más rica, desigual y con mayor poder del estado. La victoria o la derrota va a depender de pequeñas variaciones de voto. Pero la motivación principal sigue siendo el sentido y la capacidad de la gobernabilidad y el tipo de proyecto social y democrático a construir de cada bloque político; no se trata de quién es la formación más votada, parece claro que va a ser el PP, sino de la configuración de la alianza ganadora, su representatividad social y cívica y su articulación programática y gestora. En ese sentido, las izquierdas tienen margen para crecer y consolidar su victoria. Habrá que volver sobre ello con los resultados electorales.

Autoubicación ideológica e identificación subjetiva de clase social

Dos aspectos concretos e inmediatos pueden contribuir en un sentido o en otro a inclinar la balanza electoral del 4M. Uno, cuáles son las claves de la identificación de las izquierdas y las posibilidades de ascenso participativo, incremento de los electorados progresistas y, por tanto, de conseguir su victoria electoral. Y dos, cuál es exactamente la opinión y los deseos de la población, muchas veces tergiversados, sobre dos temas entrelazados que definen el modelo social progresista y alternativo a Díaz Ayuso, la líder de las derechas: refuerzo de los servicios públicos y suficiencia fiscal. 

O sea, la polarización política es entre una opción de progreso, protección pública e igualdad, y otra de involución social y democrática y privilegios de las minorías pudientes. La tercera opción intermedia, de Gabilondo, si no rectifica, le rectifican, lo suplantan o lo complementan va a ser difusa, poco creíble y perdedora.

Dejo al margen un aspecto importante ya tratado en el artículo La encrucijada electoral madrileña: la colaboración mínima imprescindible entre las tres formaciones de izquierdas, particularmente entre Más País y Unidas Podemos, cuya suma electoral se acerca a la representatividad del Partido socialista, y aun reconociendo los errores y limitaciones de la estrategia continuista de Gabilondo, que solo se podrán corregir parcialmente a la vista de los resultados del 4M con la configuración de un gobierno de coalición de izquierdas

Expongo una serie de gráficos, basados en datos del CIS, del Avance de resultados del estudio 3317 preelectoral de las elecciones autonómicas 2021 en la Comunidad de Madrid, de marzo de 2021, y con elaboración propia. Destaco los datos más significativos, con el comentario de los aspectos más relevantes de esos dos apartados, en especial los referidos a las fuerzas progresistas.

Hay dos aspectos destacables en este gráfico sobre la autoubicación ideológica de las bases electorales de las tres formaciones progresistas, con referencia al voto que emitieron en las elecciones autonómicas de 2019. Primero, la gran polarización ideológica entre las formaciones progresistas, cuyo grueso electoral se considera de izquierdas, y las bases sociales de las derechas. El centro puro se sitúa en el 5,5, ya que la escala es de 1 a 10, pero no hay grandes fluctuaciones entre los dos bloques. El PSOE tiene menos del 10% en los segmentos 6 y 7, y MM y UP apenas tienen representatividad en esos segmentos de centro derecha y derecha. Es decir, la gran mayoría de esos segmentos del 6 al 10 son votantes de las derechas. Los electorados de UP, MM y PSOE se consideran, muy mayoritariamente, de izquierdas. O sea, no hay transversalidad ideológico-política y hay dos campos sociopolíticos definidos por su identificación ideológica en el eje izquierda / derecha. En el PSOE hay algunos (tramo 5 y 6) que se auto ubican en el centro y en UP y MM, apenas unos pocos.

Segundo, merece la pena constatar las pequeñas diferencias entre los electorados de las tres formaciones en su autoidentificación ideológica, considerando el segmento 1 de izquierda radical, el 2 y 3 de izquierda transformadora y el 4 y 5 de izquierda moderada. Pues bien, la base social de UP se concentra en los tramos 1 a 3, la de MM de 2 a 4 y la del PSOE de 3 a 5 (aunque tiene también representatividad en los tramos 1 y 2). En este caso, son segmentos ideológicos compatibles entre sí y con su representación política, o sea, pertenecen al mismo espacio político.

Es curioso que más de un tercio de las personas que se auto ubican en la izquierda radical siguen votando al PSOE y un tercio votan a UP, más del doble que a MM. UP es mayoritaria en el segmento 2 de izquierda transformadora, con una ventaja de diez puntos sobre el PSOE y MM, aunque en el segmento 3, la representatividad es similar entre MM y UP y es mayor en el PSOE. En la izquierda moderada (4 y 5) hay una ligera ventaja de MM sobre UP, pero la diferencia más sustancial es entre ambos y el PSOE que triplica su apoyo social. En todo caso, sumadas las bases electorales de MM y UP de izquierda radical e izquierda transformadora (entre el 40% y el 50%) suman más que las del PSOE (entre el 26% y el 40%), y su flanco débil está en el segmento 5, el más moderado de la izquierda (apenas un 7% entre ambos).

Por último, el 23,4% del electorado socialista no se pronuncia, mientras en el caso de MM y UP solo es una minoría escasa, entre el 1,7% y el 2,7%., o sea, casi la totalidad de ambos electorados se definen en ese eje izquierda / derecha que contrasta con lo que luego veremos de su pertenencia de clase.

El siguiente gráfico representa el porcentaje de abstención y de voto dudoso (no sabe y no contesta), por clase social, en la distribución convencional que hace el CIS. Están claras las diferencia por clase social. Casi el 40% de la clase baja/pobre y el 30% de la clase media-baja y la clase trabajadora se declaran abstencionistas o tienen dudas sobre su voto, a diferencia de las otras dos clases acomodadas que lo tienen más decidido.

En este gráfico del voto progresista por identificación subjetiva de clase he agrupado en el ámbito de clases trabajadoras (en plural) las tres categorías (media-baja, trabajadora y baja/pobre), con lo que es más fácil comparar los tres grandes conglomerados por clase social. Como se ve, en el total de electorado, casi el 95% se identifican con una clase social, con un porcentaje muy superior de pertenencia a la clase media-media (55,6%) respecto de a las clases trabajadoras (31,5%). Muy amplio es también ese porcentaje en el electorado del PSOE que se define (85,5%), con una identificación muy mayoritaria a las clases trabajadoras (más del 60%). En el caso de UP llegan a ser más del 82% de las personas que se pronuncian y en el caso de MM el 62%. O sea, los electorados de las tres fuerzas incrementan su pertenencia subjetiva a las clases trabajadoras, llegando al doble de la identificación con la clase media-media en el PSOE y MM y casi al triple en el de UP, respecto de la media poblacional. En ese sentido, tal como he analizado en dos estudios sobre las características sociodemográficas y político-ideológicas de las bases sociales de progreso, éstas son mayoritariamente de izquierdas y de clases trabajadoras, a diferencia de otras versiones que ponen el acento en su composición de clase media y ambigüedad ideológica transversal.

Por tanto, respecto de la pertenencia de clase social, hay algo más de transversalidad, sobre todo en las bases sociales del PSOE y MM y, en cierto sentido, en las de VOX, con una representatividad significativa en los cinco grupos sociales, aunque en general hay una clara y mayor pertenencia de clase alta/media-alta y media-media a las dos derechas y de media-baja, trabajadora y baja/pobre a las tres izquierdas. O sea, la identidad de clase social sí se correlaciona con el voto político. En este sentido, cabe resaltar el gran apoyo a UP (24%), mayoritario, incluso por encima del PSOE (22,1%), en la autoidentificada como clase trabajadora, así como en la percibida como clase baja/pobre (17,2%), en este caso también por encima de MM (15%), que prácticamente duplica a UP en los otros tres segmentos de clase alta/media-alta, media-media y media-baja.

Un dato destacable es el alto porcentaje de las bases sociales de MM (45,2%) y UP (48,2%) que no se definen en su identificación subjetiva de clase social, es decir, no se pronuncian sobre esa variable identificadora, lo que significa que dudan, no saben auto ubicarse en ese plano o no le dan relevancia, lo que no quiere decir que se sientan pertenecientes a la clase media-media. En ese sentido, es más probable que este hecho se refiera a gente joven y estudiante, mayoría en esos electorados de las fuerzas del cambio, normalmente sin emancipar de la vivienda familiar, aunque con un sentido de pertenencia distinto al de sus padres. Así, no se definen el 45,2% del electorado de MM y el 48,2% del de UP. Aunque, como decía antes, el grueso de esos electorados sí se auto ubican entre las izquierdas.

Dicho de otra forma, no son transversales en materia ideológico-política y el eje izquierda / derecha caracteriza sus opciones sociopolíticas y de pensamiento. Aparte están otras identificaciones como ecologista y feminista, en una combinación identificadora múltiple que he definido de progresismo de izquierdas, ecologista y feminista y tal como explico en mi libro Cambios en el Estado de bienestar con los datos del voto en las elecciones generales de noviembre de 2019. Mientras tanto, en el del PSOE solo se inhibe el 14,3% y en el total poblacional solo el 5,9%. O sea, la población adulta tiene más definido su sentido de pertenencia de clase social.

Por último, tiene interés el dato de la posición objetiva de clase social, que proporciona este CIS, y aunque haya que tener una visión compleja, procesual e interactiva de su combinación con la posición subjetiva y la experiencia relacional. Recojo solo el segmento de personas activas (ocupadas y paradas). Desecho la categoría de ‘inactivas’ (estudiantes, pensionistas y personas con trabajo doméstico no remunerado), más difícil de clasificar aunque en una posición más subordinada en el plano familiar, normalmente con menores recursos propios o dependiente del sistema de pensiones, lo cual induciría a incorporarlas a las clases trabajadoras.

No obstante, el dato más relevante para mencionar es el de la población extranjera, que al no tener derecho al voto en estas elecciones (sí en las municipales) no quedan reflejadas en estas estadísticas electorales. Según datos de la CAM de 2020, son un 15% de la población total, algo más del millón de personas, con una edad media de 34,9 años que rejuvenece la pirámide generacional; además el 81,6% está en edad activa (16 a 65 años), cuando en la población española es un 63,6%. Pues bien, el grueso de esa población extranjera es de origen inmigrante y pertenencia a las clases trabajadoras, es decir, su porcentaje total subiría al 60% real, (con un 30% a la clase media-media y un 10% a la clase alta-medio-alta). Es una cifra más afín a otros análisis más completos sobre esa distribución en clases sociales, tal como explico en el libro citado. Hay que remarcar el déficit democrático y de influencia institucional por la infrarrepresentación de las clases trabajadoras y de segregación en la participación política que beneficia a las derechas, por lo que no sorprende su intransigencia participativa y su racismo segregador que podría condicionar su ventajismo en el poder institucional.

Por otro lado, aunque es discutible el enfoque metodológico del CIS en esta clasificación y con esas reservas, nos sirve aquí para comparar posición objetiva con la identificación subjetiva de clase y cómo afecta al apoyo a las fuerzas progresistas. Pues bien, contrastando con los datos totales de identificación subjetiva tenemos que un 13% de personas de clases trabajadoras no se identifican con su clase social objetiva y se consideran pertenecientes a la clase media-media que se ve engordada en casi diez puntos.

El refuerzo de los servicios públicos y la suficiencia fiscal

En primer lugar, expongo un gráfico, con una elaboración propia a partir también de datos del CIS (estudio 2930 de enero de 2012), sobre la posición de la población ante el gasto público social (%), vinculado con la actitud ante la presión fiscal. Se trata de ver la evolución de este tema crucial y clarificar el actual debate sobre la contundente negativa de las derechas y el propio Partido socialista (claramente el equipo económico del Gobierno) a la subida de impuestos.

Esta encuesta fue diseñada a finales del gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, y convenientemente adormecida por el nuevo gobierno de Rajoy que tenía los planes contrapuestos a esa percepción mayoritaria de la población, con sus planes regresivos de ajuste estructural y recortes sociales. Están claros los grandes apoyos sociales de más del 70% de la población a la sanidad y la educación y, casi similar, al sistema público de pensiones. Y hoy día, con la legitimidad adquirida por los ERTES y la sensibilidad ecologista, podemos decir que ha aumentado el apoyo a las políticas públicas frente al desempleo y la sostenibilidad medioambiental. No me detengo en más comentarios. Solamente añado que, durante toda esta década, las derechas y distintos grupos de poder han llevado una persistente y profunda campaña política y mediática para reducir esa amplia legitimidad de los servicios públicos y adoptar medidas de recortes sociales, segmentación y privatización, intentando poner en primer plano la rebaja de los impuestos.

Para ver la evolución de su impacto, podemos citar la encuesta de la OCU, publicada a mitad de este periodo, en marzo de 2016, en la que el 67% de la población cree que es necesario pagar impuestos, si se quiere seguir teniendo servicios públicos. Es más, un 85% de los encuestados preferiría pagar más impuestos si eso supusiera una mejora en los servicios públicos que reciben los ciudadanos.

Con datos más completos y actuales tenemos el estudio nº 3259 del CIS sobre Opinión pública y política fiscal (septiembre-octubre 2019). En este gráfico he agregado los datos en las tres opciones básicas. Hay una mayoría (42,9%) partidaria de mejorar los servicios públicos aunque haya que pagar más impuestos, clásica entre las izquierdas; una minoría (18,01%), que prefiere lo contrario, pagar menos impuestos aunque haya que reducir los servicios públicos, normal entre los sectores acomodados de las derechas; y una posición intermedia (31,2%) que opta por pagar lo mismo, manteniendo servicios públicos, típica de las clases medias (y con expectativas de un refuerzo privado)… y el dato en que se apoya la propuesta de Gabilondo y Calviño. Los porcentajes son algo diferentes a los arriba mencionados de hace casi una década.

Pero hay que hacer una observación importante que determina las respuestas. En este caso, la pregunta es más personal ‘pagar más impuestos’, lo cual para muchas capas populares sería injusto y así se expresan en las encuestas: no hay que incrementar la presión fiscal a las rentas bajas y medias. La cuestión fundamental es a quién se sube (cosa que es más abierta en la encuesta anterior), además de evitar el fraude fiscal. Así, si se pregunta si se es partidario de subir impuestos a los ricos y particularmente los impuestos directos de sociedades y patrimonio y el más progresivo del IRPF a las rentas altas, en vez de los indirectos (IVA…), más regresivos y que afectan a las capas populares, la amplia opinión ciudadana es contundente a favor de esas subidas de impuestos para garantizar los servicios públicos. Es la opción de la izquierda transformadora.

La actitud progresiva está más diáfana en el siguiente gráfico donde se expone la posición de la población sobre si los impuestos dedicados a los servicios públicos son demasiados, los necesarios o muy pocos: una mayoría entre el 50% y el 62% considera que son insuficientes en las cinco áreas clave: enseñanza, sanidad, protección al desempleo, vivienda y seguridad social/pensiones; para una minoría entre el 1% y el 4% son demasiados, y menos de un tercio, entre el 26,8% y el 34,5%, considera que son los necesarios. Y esta opinión es antes de empezar la pandemia y la actual crisis sanitaria y social, en la que se han puesto de manifiesto las grandes insuficiencias de nuestros sistemas de protección pública y la necesidad del incremento de su refuerzo.

En definitiva, hay una mayoría social, en torno a los dos tercios de la población partidaria de un modelo social y fiscal progresivo, con suficiente representatividad y legitimidad democrática para implementar un cambio de progreso confrontado con el modelo regresivo, segregador y autoritario del Partido Popular de Ayuso. Las izquierdas deben ganar el 4M e implementar un proyecto democrático, solidario e igualitario.

 

[Antonio Antón es profesor de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid. www.antonio-anton-uam.es/]