El Congreso de los Diputados ha aprobado la llamada ley Celaá, la LOMLOE, y recientemente se ha publicado el nuevo Decreto de admisión de alumnos por parte del Departamento de Educación de Catalunya. Son dos normas legales que sobre el papel representan pasos importantes para frenar el aumento de las segregaciones escolares. Esperamos y deseamos que ambas disposiciones se apliquen, que no ocurra como con el Decreto de Inclusión también de Catalunya que continúa medio paralizado por falta de recursos para llevarlo a cabo. Son dos disposiciones que posibilitan avanzar a pesar de las dificultades: la segregación escolar se mantendrá mientras exista la segregación socioeconómica.

Además, como ya manifesté en una de las comisiones del Pacto contra la Segregación que impulsó el Síndic de Greuges de Cataluña, nos encontramos ante unos topes evidentes: sin eliminar el inexistente derecho a elegir centro por parte de las familias y los privilegios de la concertada no se puede evitar la segregación escolar. Lo que podemos hacer, eso sí, es proporcionar cuidados paliativos que mejoren la enfermedad pero sin curarla. De todas formas, bienvenidas sean las nuevas normas legales; esperamos y deseamos que su aplicación responda a las expectativas que se han creado, que los gobiernos autonómico y central tengan suficiente empuje y voluntad política para llevarlas a cabo a pesar de las resistencias que se han producido y que continuarán dificultando su aplicación a lo largo de los próximos cursos escolares.

De entre las novedades que establece el Decreto del Departamento de Educación quisiera apuntar que no sería de recibo, en caso de necesidad, repartir sólo el alumnado señalado por las llamadas Unidades de detección de NEE por causas socioeconómicas y no el resto de criaturas y adolescentes escolarizados. Si las OME, las Oficinas Municipales de Escolarización, recogieran todas las peticiones e hicieran la distribución equitativa de todo el alumnado, se conseguiría un trato equitativo a familias autóctonas o recién llegadas o con diversas situaciones sociales y/o económicas. Añadiría que para paliar los efectos de las llegadas de nuevo alumnado a lo largo del año (lo que se llama “matrícula viva”) se debería mantener una reserva de plazas todo el curso.

A la vez que celebramos la llegada de las nuevas legislaciones, debemos recalcar que ambas normas mantienen los privilegios a la concertada. La patronal de las escuelas privadas, religiosas o no, ha puesto el grito en el cielo, pero no representa nada más que unas cuantas maniobras de distracción y de intentar poner palos en las ruedas a su tramitación. La escuela concertada no pierde ninguna de sus privilegios. ¿Por qué?

Los sistemas de enseñanza en toda Europa están programados para mantener la sociedad estratificada que tenemos. No están pensados ​​para luchar en contra, como debería ser el papel de una verdadera educación. A los poderosos, los que tienen el poder de verdad, les interesa que se mantenga esa estratificación social, es decir, su situación de privilegio. Y los gobiernos europeos no se atreven a ir en contra de sus deseos. En nuestro país el poder social necesita la escuela concertada, los gobiernos central y autonómicos están dispuestos a aceptar sus indicaciones. En Cataluña (y en toda España) la triple red escolar (privada, concertada y pública) cumple este papel.

Un pequeño recordatorio histórico: En los años 80 del siglo pasado el Departamento de Enseñanza en Catalunya cerró más de mil aulas públicas. El descenso demográfico del país, iniciado a partir de 1976, amenazaba con hacer irrelevante la presencia de las escuelas privadas o concertadas (entonces se llamaban subvencionadas). A causa de los intereses que hemos mencionado, los gobiernos de Convergencia llevaron a cabo el gran recorte de la escuela pública para así permitir que las privadas, regentadas por la Iglesia Católica y por unas patronales amigas del gobierno catalán, subsistieran.

Al poder no le conviene la igualdad, necesita la desigualdad para continuar aprovechándose de ella, para continuar mandando y aumentando sus beneficios económicos. Lejos de cambiar la situación en los últimos años, tenemos una constatación bien reciente: durante los meses que llevamos de la pandemia de la Covid, el gran capital ha aumentado sus beneficios y la mayoría de la población (el 99%) los ha visto disminuir. Conclusión: del mismo modo que los gobiernos no evitan el aumento de las desigualdades sociales y económicas, es muy difícil que eliminen los privilegios a la concertada.

Y para completar estas reflexiones, un último apunte. Todo esto tiene que ver también con la situación política a raíz de las elecciones al parlamento de Cataluña. A lo largo de la última campaña electoral se habló a menudo de hacer frente al fascismo, de parar los pies a la ultraderecha. La presencia de Vox ha provocado que la mayoría del resto de formaciones políticas y entidades de la sociedad civil se pusieran de acuerdo, al menos, en no querer su presencia en las instituciones. Han hablado y han publicado diferentes manifiestos y acordado algunas actuaciones. Sin embargo, diría que para hacer frente a la ultraderecha, al racismo y al fascismo hay que cambiar las condiciones socioeconómicas que lo hacen posible. Sin alternativas a la crisis endémica del capitalismo, a la desigualdad que aumenta, crecerán los fascismos y los movimientos de ultraderecha. En esta línea de propuestas, la segregación escolar no ayuda a hacer frente a la derechización social, sino que más bien le da argumentos. Con pan, trabajo y viviendas dignas para todos la ultraderecha tendría muy pocos argumentos. Las manifestaciones que los medios de desinformación bautizan con el adjetivo de violentas son la expresión, consciente o no, del grave malestar que la gravísima crisis provoca. Sobre todo entre la generación joven, que ve muy complicado su presente y su futuro vital. La ultraderecha puede aparecer como una falsa alternativa ante la ausencia de alternativas reales.

Sin revertir los recortes, sin frenar las enormes desigualdades entre hombres y mujeres, sin devolver a la gestión pública las privatizaciones de servicios sanitarios y de enseñanza, será difícil evitar que las derechas no dominen el panorama político y social en los próximos años. Desde las escuelas e institutos, maestros y las maestras y toda la comunidad educativa tenemos nuestra parte de responsabilidad, pequeña o grande, para lograr avances y no retrocesos. Para intentar, como dice el maestro protagonista de La lengua de las mariposas (1999), que toda una generación sea educada en libertad; porque este hecho sería irreversible.

[Joan M. Girona es maestro y psicopedagogo]