I

La sociedad española ha padecido un enorme batacazo por la crisis del Covid; se han vuelto a disparar los niveles de pobreza y de desempleo, y muchas actividades económicas están en una situación de grave postración. Pasear por el centro de Barcelona ofrece un espectáculo de crisis que nadie hubiera previsto hace un año, y explica que haya una demanda generalizada de plan de reflotamiento. Los presupuestos públicos constituyen el principal instrumento económico que tiene el Gobierno para intervenir. Ello tanto desde un punto de vista macroeconómico ―pues el tamaño del gasto tiene un impacto importante sobre el conjunto de la actividad― como microeconómico, al determinar a qué sectores concretos beneficia más o menos y quiénes van a correr con su financiación. Es obvio, por tanto, que la reconstrucción pasa en primer lugar por la aprobación de un nuevo presupuesto. Y que las características del mismo van a influir sobre el tipo de reconstrucción por la que se aboga.

Es entendible que, en este contexto, se defienda que el objetivo básico sea el de aprobar un presupuesto que favorezca una recuperación económica lo menos traumática posible. Pero este planteamiento tiene dos puntos débiles. Uno de ellos es de sobras conocido: la cuestión de los apoyos políticos necesarios para que el presupuesto pueda tirar adelante. En un marco parlamentario tan fragmentario y con una derecha que sólo piensa en hundir al Gobierno, va a ser difícil alcanzar los votos necesarios para aprobarlo. Sobre todo porque predominan los intereses a corto plazo de los distintos grupos, y lo que para algunos de ellos puede ser un resultado aceptable se convierte en una concesión inaceptable para otros. Especialmente en el caso de los dos grupos parlamentarios que, por su número de escaños, pueden decidir el resultado final: Ciudadanos y Esquerra Republicana de Catalunya. Habrá que ver la habilidad del Gobierno y la disponibilidad de sus socios potenciales, que es algo que aún no está claro. El segundo problema es aún más estructural. En una situación como la actual, casi todo el mundo ha perdido, y las demandas de recuperación se traducen en tratar de recuperar lo perdido. Ningún presupuesto público estará en condiciones de garantizarle a todo el mundo la cobertura de sus pérdidas, lo que abre un enorme conflicto distributivo en torno al presupuesto. A corto plazo, parte de este conflicto ―dada la actual política monetaria― puede desplazarse hacia el endeudamiento público (lo que constituye una nueva amenaza futura), pero éste tiene unos límites. Y, por ello, se plantearán debates de peso sobre hacia dónde orientar el gasto adicional y si se recortan o se incrementan determinados impuestos.

De hecho, ya hemos tenido un avance de conflicto en torno a la financiación municipal. Los Ayuntamientos son las instituciones públicas que más directamente reciben las demandas de la gente. En el confinamiento, muchos Ayuntamientos han tenido que hacer frente a gastos extraordinarios para cubrir necesidades perentorias y tapar las carencias de otras administraciones. Su política presupuestaria lleva años condicionada por el reformado artículo 135 de la Constitución (impuesto por la Unión Europea y alegremente aceptado por PP y PSOE) y por la ley Montoro (aprobada por el PP con el apoyo de CiU). Muchos ayuntamientos han acumulado ahorros que no pueden gastar, y que ahora serían imprescindibles para afrontar alguno de los problemas planteados. Posiblemente, la propuesta del Gobierno es la forma que permite salvar los límites impuestos por esta legislación, pero reduce la capacidad de gasto de muchos ayuntamientos y alienta dudas sobre el destino final de estos fondos. Lo curioso, por decirlo ingenuamente, es que al Gobierno no parece habérsele pasado por la cabeza reformular las leyes en vigor para cambiar la situación. En esto cuenta con la complicidad implícita de la derecha que las aprobó. Y el marco actual ―lo conozco con bastante detalle para el caso de Barcelona― va a suponer que muchas de las inversiones largamente pendientes en los barrios populares van a quedar de nuevo postergadas por mucho tiempo. La batalla municipal es sólo un aperitivo de lo que vendrá después.

Por tanto, no es aceptable considerar sólo en abstracto una política de recuperación y salvamento sin especificar a quién y con qué lógica se va a salvar. En la crisis del 2008 se salvó a los bancos a costa de generar un aumento de la pobreza. En concreto, se creó un grave problema de vivienda en forma de desahucios masivos y se dejó en manos de los bancos un parque de viviendas vacías que no sirven al interés social y que están detrás de alguna de las fricciones que han aparecido en algunos barrios obreros. Si ahora se quiere evitar una jugada similar, hay que discutir con qué lógica, con qué finalidades y con qué controles se establecen ayudas. En particular, y aceptando que una parte de las mismas acabará en manos de las empresas, lo que tiene menos sentido es que muchos de los fondos vayan a parar a actividades de difícil recuperación, sin futuro. Por ejemplo, durante el momento de la desescalada ha habido una presión muy intensa en Barcelona por desviar muchos fondos al sector turístico. Se argumentaba desde este sector que esto permitiría recuperar rápidamente la actividad y el empleo, cuando todo apuntaba que la situación iba por otros derroteros. Posiblemente se han dedicado muchos recursos que a corto plazo se hubiera tenido que dedicar a otros fines, recursos evaporados en aras de una recuperación imaginaria pero que seguramente han sido aprovechadas por los que controlan el sector. No hay recursos para todo, y hay que exigir un debate con racionalidad.

II

La idea de recuperación que plantean gran parte de los sectores empresariales del país ―recuperar la situación pre-crisis lo más rápido posible― es simplista y errónea. Ya se ha podido ver como las prisas por relanzar las actividades turísticas y de recreo han podido ser una de las cuestiones que explican el rebrote de la pandemia. Pero es que, además, lo que ha puesto de manifiesto la crisis del Covid son problemas estructurales de la economía española, especialmente su tendencia al sobredimensionamiento del turismo. Una actividad que la propia pandemia ha puesto en cuestión. El sector inmobiliario y la construcción no han vuelto a ser lo mismo tras 2008, y posiblemente ahora va a ocurrir lo mismo con la actividad turística, al menos durante un lapso de tiempo considerable. No tiene sentido tratar de rehacer algo que ya era problemático, sino plantear qué modelo productivo y de consumo puede ser factible en vista de todos los condicionantes puestos de manifiesto en los últimos meses.

Hay una parte de las élites intelectuales, incluida buena parte de la izquierda, que reconocen la debilidad de este planteamiento y promueven una nueva estrategia. La idea de una nueva industrialización es la palabra de orden que obtiene más apoyos. En concreto, los planteamientos que apuestan por las biotecnologías, las energías renovables y la digitalización, o sea por el nuevo paradigma productivo del momento. Sin duda, un país con la elevada dependencia de recursos energéticos, bienes materiales y bajo nivel de desarrollo tecnológico está expuesto a experimentar convulsiones repetidas, como las que llevamos tiempo habituados. Pero este es un planteamiento bastante simplista que ni siquiera especifica cómo puede alterarse el modelo productivo, y que opta por tratar de copiar a los países líderes. Ello plantea, al menos, dos problemas: el primero, el de determinar si es posible desarrollar una estrategia de este tipo en el marco institucional actual y sobre la base de las actuales estructuras empresariales (los países que han tenido éxito en el pasado más o menos próximo en una nueva industrialización lo han hecho interviniendo en un marco institucional completamente diferente, como es el caso de gran parte del Este de Asia) y hasta qué punto es presentable y realista pensar que puede salir bien la mera apuesta por competir en una liga superior. La segunda cuestión, aún más de fondo, es preguntarse en qué medida la panoplia de las nuevas tecnologías ofrecen una respuesta adecuada a los problemas ambientales y sociales de la humanidad y no son otra cosa que un intento tecnocrático por prolongar el modelo de capitalismo neoliberal, de preservar una organización económica insostenible en lo social y en lo ecológico.

No se trata sólo de una crítica que tiene que ver con la posibilidad de un modelo social alternativo. Se trata también de considerar con realismo muchos de los problemas prácticos que ya conocíamos y que la pandemia y el confinamiento han puesto en evidencia. Si algo se ha puesto de manifiesto en esta crisis es, por una parte, la incapacidad del modelo actual para articular de forma adecuada la vida de la gente. Una sociedad sofisticada que, sin embargo, se ha demostrado incapaz de garantizar los cuidados a mayores y niños, de ofrecer un equilibrio entre las diferentes actividades humanas, y de ofrecer a todo el mundo condiciones básicas para una vida saludable. Los debates de estos días en torno al curso escolar, el teletrabajo, o las residencias de personas mayores apuntan a la dificultad de la estructura social actual para cubrir adecuadamente la vida de una inmensa mayoría. Por otro lado, la propia pandemia ha servido para mostrar cómo cualquier impacto generado en la relación entre naturaleza y vida humana tiene una enorme capacidad de desestabilizar toda la arquitectura económica dominante. Y por lo que ya sabemos de cambio climático, de peak oil, de biodiversidad y de huella ecológica, sólo podemos esperar que en un futuro no muy lejano estos tsunamis se reproduzcan con más virulencia. Las sociedades que mejor pueden encarar el futuro son las que aborden de frente estas cuestiones y desarrollen cuanto antes respuestas tecnológicas, sociales, organizativas, culturales capaces de reorientarse en aras a la sostenibilidad ecológica y social. Esta debería ser la orientación de fondo de una estrategia económica a largo plazo. Ello no debe tomarse sólo como una orientación ideológica, sino que tiene muchas implicaciones prácticas, sobre qué sectores, actividades, líneas de investigación potenciar. Aquellos países que, por ejemplo, iniciaron la tecnología eólica cuando el resto del mundo se apuntaba a la energía fósil y a la nuclear, han tenido una mayor capacidad de adaptación energética. Es sólo un ejemplo para mostrar que no es sólo una cuestión teórica.

III

El presupuesto no es el instrumento para pensar un cambio estratégico que requiere un trabajo sostenido en el tiempo. Pero sí es un medio para cubrir necesidades perentorias y marcar una cierta orientación. Es necesario que se apruebe un presupuesto que permita algún respiro y que incluya cuando menos políticas que minimicen el desastre social en el que ya estamos inmersos. En este sentido no parece lo más adecuado que de entrada se pongan vetos nominales a partidos concretos. Primero, porque la aritmética parlamentaria obligará sin duda a buscar alianzas complejas. Y, segundo y más importante, porque los vetos “ad personam” (o ad partidos) son inútiles para desarrollar un verdadero debate sobre ideas. Refuerzan la visión trivial de la política que tiene mucha gente, la reducen a una pelea de gallos y esconden el juego de intereses y proyectos que hay detrás.

Si verdaderamente Unidos Podemos quiere promover un cambio estratégico, tiene que jugar en distintos terrenos. En el del presupuesto, explicando claramente sus opciones, sus razones y negociando para obtener el mejor resultado posible. En el plano estratégico, promoviendo algún tipo de debate que permita dar voz, abrir reflexión y ofrecer a la sociedad argumentos que favorezcan un cambio de hegemonía. Un plan que puede desarrollarse en diferentes planos, desde un nuevo tipo de debate parlamentario más civilizado que el tradicional (vale la pena recordar que las grandes reformas británicas de 1945, la creación de un estado de bienestar musculado y de una política de empleo de corte keynesiano tuvieron un impulso notable en el informe Beveridge, una especie de libro blanco encargado por el Parlamento), hasta la creación de espacios de debate y reflexión, académicos, con movimientos sociales, donde sea posible plantear muchas de las propuestas alternativas de forma rigurosa y reflexiva, de forma que obliguen a un debate nacional realmente serio. Lo que no se entiende en cambio es que por una parte se adopte una actitud de vetos partidistas y por otra se deje todo el espacio de la reflexión económica a los ministros del PSOE y su corte de asesores neoliberales. Cambiar la política y la economía exige también cambiar las formas de acción.