Para la mayoría de la gente el fascismo fue un movimiento con características que en grado menor se reproducen de vez en cuando en las sociedades contemporáneas, en forma minoritaria. Calificar a alguien de «fascista» ha sido para muchos un ejercicio fácil de tiro por elevación, casi un deporte que sin embargo puede acabar siendo pernicioso para las instituciones democráticas. Hay que ser serios y no mentar la bicha sin necesidad.

El fascismo, además de un movimiento (quienes lo copiaron en España nunca lograron ser un movimiento, sino bandas de lumpen auspiciadas —y controladas políticamente— por el ejército, con la dictadura militar), fue un régimen político. Un régimen que como tal tuvo años de éxito antes de ser derrotado manu militari.

Aquel régimen se caracterizó por gestionar la sociedad de masas a base de combinar chivos expiatorios en alguna parte de la sociedad —en aquel caso fueron los comunistas y socialistas— y bienestar para las masas consumistas burguesas.

No hay duda de que hoy aún no estamos en eso —y esperemos que nunca—. Pero hay indicios que apuntan por parte de la extrema derecha tanto en la dirección de un fascismo-régimen como de un fascismo-movimiento.

No estamos en eso porque el capital financiero, hoy el sector decisivo del capital, es ilocalizable e internacional, y no tiene, según algunos autores, personal político propio. Pero los capitales nacionales sí lo tienen, y (1) la extrema derecha, (2) lo que antes era la simple derecha española, y (3) el centro-derecha pueden sentir la tentación de ponerse directamente a su servicio. O, inversamente: en una situación de tensión como la crisis económica post-pandémica, el capitalismo español puede recurrir, asustado, a formas autoritarias que se sabe cómo empiezan pero nunca adónde van a parar.

En la etapa de crisis determinada por la pandemia que nos afecta, varios de los partidos (1) y (2) de la derecha, sobre todo, han dado la nota —en realidad la campanada de atención—, con varias de sus iniciativas. La negativa a votar en favor de la prolongación del estado de alarma hasta el momento en que los técnicos sanitarios sugieran que no es necesario ha sido una primera bajeza. Desmarcarse de la gestión del gobierno para poder atacarle con razón o sin ella.

Las acciones de la Comunidad y la Alcaldía de Madrid, gobernadas por la derecha, han ido en idéntico sentido, siendo clínicamente irresponsables. Ello sin contar la infinidad de vilezas que han sido puestas en circulación en las mal llamadas redes sociales, de las que no vale la pena hablar. Desinformar, mentir, injuriar gratuitamente, calumniar, bromear sobre cosas muy serias no son comportamientos de ciudadanos responsables.

Ha habido incluso una manifestación contra la política del gobierno en la pandemia realizada en automóviles y motocicletas. Hay quien cree que ir a la mani en haiga es el deseo oculto de cada contestatario. Por fortuna solo pueden realizarlo los retoños (¿he escrito retoños?) de la burguesía-burguesía.

Los rifirrafes parlamentarios iniciados por la derecha, con insultos —entre ellos el intento de usar como insulto la palabra ‘comunista’, esto es, connotar de modo insultante a la fuerza política que defendió hasta el final las libertades de la República o a la que más luchó por su restablecimiento, la que mayores sacrificios rindió en uno y otro caso—, convirtieron los debates sobre la pandemia en un ataque extremista al gobierno establecido como nunca antes se había visto en el Parlamento español en los últimos 45 años. No hablemos ya de Vox, cuyos portavoces se expresan habitualmente como hienas políticas; cuando abren la boca es para segregar veneno.

Por último, un rifirrafe con el ministro del Interior a propósito de ceses y nombramientos en la Guardia Civil: un cuerpo que a veces parece querer erigirse, autogobernado, en un estado dentro del estado, como lo han sido o son organizaciones extranjeras similares que no es necesario nombrar. La naturaleza militarizada de este cuerpo y la voluntad de la derecha de politizarlo internamente han de verse como un obús dirigido contra el actual régimen constitucional.

La guardia civil siempre se ha caracterizado por acatar y servir al orden establecido, y debe seguir siendo así.

Todo esto muestra además un polarización de la sociedad que no responde a problemas reales, sino a la magnificación de diferencias normales. Es cierto que la derecha secesionista catalana ha facilitado el surgimiento de un extremismo contrario —Vox y sus aledaños—; pero no es menos cierto que el secesionismo es minoritario en Cataluña, que la Constitución sigue plenamente en vigor en Cataluña como en todo el país, y que los problemas de encaje en el estado de las instituciones catalanas —como el de las vascas y si me apuran de las gallegas y andaluzas— no constituyen ningún problema irresoluble. España no explota; «se rompe» solo en la imaginativa retórica —hacer ¡bum!, como en los tebeos— del Partido Popular. Este partido no ha digerido que la ciudadanía le haya castigado por su corrupción interna. Su actual dirección está demasiado enervada y ansiosa de poder; hace un flaco favor a sus electores.

Todos, apoyemos o no al gobierno, en general o en cosas particulares, sabemos muy bien que la gestión de la crisis —que se nos echa encima como un maremoto— no va a ser fácil para nadie. No lo será para el actual gobierno ni lo sería para un gobierno del PP. Como ciudadanos celosos de nuestras libertades tenemos que ver claramente de dónde vienen las tendencias liberticidas y de dónde no. De dónde viene la fuerza para la solidaridad con quienes van a pasarlo peor con la crisis y cómo se manifiestan aquéllos que de solidarios no tienen ni las uñas porque ruedan con sus privilegios por el lado mejor de la desigualdad.