Ante la crudeza de la nueva vulnerabilidad socioeconómica fruto de la pandemia del coronavirus y sus consecuencias económicas y de empleo, se ha ido poniendo en primer plano la necesidad de una renta social garantizada como garantía de último recurso para evitar la dinámica de desigualdad y exclusión social. El impacto de la pandemia y las medidas de contención, así como el parón económico y la reducción del empleo, los ingresos y los salarios, afectan al conjunto de la sociedad, pero ya se están perfilando los principales damnificados: las personas afectadas directamente por el coronavirus, en sus diversos grados, y las que han sufrido un descenso significativo de su estatus socioeconómico y de empleo, especialmente las que ya tenían una situación precaria.

Me centro en la ya mencionada medida social urgente, llámese “ingreso mínimo vital”, “renta básica”, “renta garantizada”, “renta mínima”… Se trata de una renta social o pública que busca compensar a la gente que ha sufrido una disminución de sus recursos y un aumento de sus necesidades vitales y que se mantiene en una situación vulnerable. Además de su impacto económico, tiene sobre todo un papel social reequilibrador o de rescate ciudadano para superar el riesgo de pobreza.

Es un reto para el nuevo Gobierno de coalición progresista, que lo llevaba en su programa. Es un momento oportuno para mejorar el sistema de protección social, consolidar su suficiencia presupuestaria y justificar su función igualitaria, solidaria e integradora.

Existen diferentes modelos de rentas básicas con múltiples y contradictorias justificaciones teóricas y filosóficas, realizadas desde el neoliberalismo hasta el marxismo, pasando por las defendidas desde posiciones intermedias, socioliberales y republicanas. Recientemente se ha producido una oleada de propuestas, desde todo el arco ideológico. Ya he citado mi enfoque, social y de progreso. No voy a entrar en ello. Por mi parte, durante casi tres décadas he contribuido al debate con varios libros y artículos de carácter teórico, analítico y normativo. Véase “Renta básica: universalidad del derecho, distribución según necesidad”, en mt.e, n.º 130 (1/12/2014).

Estoy de acuerdo con la crítica de Juan Torres a algunas ideas defensoras de un modelo simplista y rígido de renta básica universal, como varita mágica para solucionar el conjunto de los problemas sociales y económicos, que son más amplios y complejos y exigen una estrategia multidimensional. No me extenderé en ello.

Solamente aludo a dos aspectos generales con los que se interrelaciona una renta social y sobre los que hay una diversidad de opiniones. Primero, su relación con el empleo (o el trabajo), que entiendo complementario de la protección social. No comparto la oposición rígida o esencialista entre la garantía del trabajo y la de la renta básica (o el conjunto del Estado de bienestar). Existe una sociedad con una gran segmentación de la propiedad, la riqueza y las rentas privadas. Asimismo, frente a las ideas deterministas del fin del trabajo, persiste y se generaliza la precarización y segmentación del empleo y del trabajo reproductivo y de cuidados. Desde mi punto de vista ambos, trabajo y protección pública, son instrumentos para acceder a recursos vitales. Y, además de los derechos humanos, civiles y políticos de carácter universal o ciudadano, constituyen la base de los derechos sociales, la sociabilidad y el contrato social.

Segundo, hay que definir su objetivo, aclarar el debate de su universalidad e incondicionalidad, así como abordar las características de su gestión. Mi posición ya la he adelantado: garantizar unas condiciones de existencia dignas a las personas vulnerables, necesitadas de una protección pública. Más adelante vuelvo sobre estos aspectos de fondo y algunas concreciones del modelo que defiendo. Antes señalo algunos elementos del contexto y varios criterios generales.

Reforzar la protección social

Los programas de rentas mínimas desarrollados por las Comunidades Autónomas tienen unos criterios muy restrictivos, con una cobertura insuficiente en cuanto a población beneficiaria y a cantidad de renta percibida (salvo en País Vasco y Navarra); apenas se beneficia, de forma transitoria, el 2% de la población, la más excluida, con una tasa de riesgo de pobreza de más del 20%. Ya desde los comienzos de su implantación, en los años noventa, y dada la generalización de las situaciones de pobreza, vulnerabilidad y exclusión social, desde distintos ámbitos progresistas se cuestionaron sus límites y se plantearon distintas fórmulas y debates para superar ese marco rígido e insuficiente de la protección pública.

En los últimos años, tras la crisis social y económica, la propuesta de una renta social (o básica) garantizada, dentro de un plan más global de rescate ciudadano, ha tenido una mayor repercusión pública, aunque sin apenas cambios normativos y presupuestarios, sino solo algunos retóricos. Los argumentos, críticas y justificaciones teóricas apenas han cambiado en estas tres décadas.

En las recientes medidas sociales aprobadas por el Ejecutivo el 1 de abril, dirigidas a apoyar a trabajadores y trabajadoras, familias y colectivos vulnerables, se da un paso significativo al desarrollar, desde el punto de vista jurídico, el concepto de “vulnerabilidad económica”. Supone un reconocimiento básico de dos aspectos clave, con implicaciones prácticas y normativas. Por un lado, la existencia de una nueva ‘necesidad social’ por el descenso de rentas disponibles para mantener unas condiciones de vida dignas; por otro, la asunción por el Estado de su obligación de cubrir su función de protección pública y solidaridad social.

Además, se ha anunciado la aprobación, en las próximas semanas, de una propuesta concreta de renta básica de ámbito estatal, con el nombre de ‘ingreso mínimo vital’, que sería complementaria con los mecanismos existentes de protección social: rentas mínimas de las CC. AA., prestaciones de desempleo, pensiones no contributivas o medidas compensatorias (alquileres, servicios básicos, otras transferencias monetarias…). Tiene por objetivo, por tanto, garantizar unas condiciones de vida dignas, va dirigido a las personas vulnerables y pretende reequilibrar las dinámicas de desigualdad y empobrecimiento, especialmente de los sectores más desfavorecidos y golpeados por esta crisis. Es una orientación que comparto, aunque habrá que observar su alcance, concreción y desarrollo.

En un plano más general, la principal enseñanza de la actual experiencia de la crisis sanitario-económica es, quizá, la siguiente: frente a las insuficiencias de los mercados, la irresponsabilidad de una globalización desbocada y una política neoliberal de recortes sociales y privatizaciones, se ha puesto de manifiesto la importancia de los servicios públicos, especialmente el sistema sanitario, la intervención de un Estado protector y solidario, la consistencia de lo común y la cooperación social, y la necesidad de una nueva gobernanza europea e internacional.

El interrogante es qué reajustes se van a producir en la estructura socioeconómica, las mentalidades y actitudes cívicas y la legitimidad de las distintas opciones políticas, liberal-conservadoras y progresistas, a la hora de encarar las políticas públicas. En resumen, cómo evitar nuevas desigualdades y la involución social y democrática, a diferencia de la anterior crisis económico-financiera y sus políticas prepotentes de austeridad. En el fondo, el dilema y la pugna sociopolítica se plantean respecto de la necesidad (o no) de reelaborar y consolidar los fundamentos de la justicia social, de avanzar (o no) en la igualdad social, la libertad y la solidaridad colectiva, de fortalecer (o no) los derechos humanos, cívicos y sociales.

Parto de la realidad de los actuales mecanismos de los modernos estados de bienestar europeos, bastante debilitados en algunos casos como el español, y con una perspectiva de democracia social avanzada, para guiar las políticas sociales públicas de progreso. Supone poner el énfasis en la protección pública, la seguridad social y la solidaridad colectiva para hacer frente a los riesgos clásicos de la enfermedad (sistema sanitario), la vejez (sistema de pensiones), la incapacidad (dependencia) o el paro (prestaciones de desempleo), a los que podríamos añadir el sistema educativo (incluido de cero a seis años), como medio imprescindible para la integración laboral y cívica. Y como malla de seguridad última, ante las insuficiencias y grietas existentes y para atajar la pobreza, la garantía de unas rentas y recursos suficientes para vivir dignamente, con la cobertura pública de los medios fundamentales (alimentación, vivienda, servicios básicos…). Son imprescindibles para el reparto equitativo de los cuidados y una reproducción social equilibrada, así como para la cohesión social y cívica.

Se trata de renovar las bases del contrato social colectivo, basado tradicionalmente en un pacto social de las personas activas (que contribuyen con empleo e impuestos) respecto de las inactivas (menores de edad, enfermas, pensionistas, no remuneradas o desempleadas). Como no es un estatus fijo, sino que la mayoría pasamos en nuestra biografía por esas distintas etapas y situaciones, se debe producir una relativa equidad en su conjunto mediante un pacto generacional y cívico. Es la base de la reciprocidad entre derechos y deberes, entre la aportación y las prestaciones sociales y los servicios públicos.

Todos estos equilibrios y garantías de los derechos sociales, laborales y democráticos han estado cuestionados estas últimas décadas por las contrarreformas neoliberales, regresivas y autoritarias. Ahora se han puesto en alerta, por una parte, ante la situación generalizada de inseguridad y de riesgo de involución social y, por otra, por el incremento y la diversificación de las necesidades sociales de protección (institucional y solidaria) y la demanda compensadora (monetaria y social).

Al mismo tiempo, hay que superar una tendencia dominante: la sobrecarga, mayor en momentos de crisis como esta, del trabajo doméstico, reproductivo y de cuidados, adjudicado a las mujeres, poco reconocido y remunerado, en el ámbito familiar y extrafamiliar.

En la mayoría social predomina esa cultura cívica y solidaria, demostrada estas semanas, pero en el ámbito económico y político la pugna es evidente y los consensos sobre el sentido del impacto global de la política social y, todavía más, de las políticas económica, laboral y fiscal son difíciles. La posición progresista está enfrentada con las dinámicas neoliberales defendidas por las derechas y los grupos de poder: privatización, mercantilización y recorte de los servicios públicos, así como segmentación de la protección, con unas prestaciones monetarias públicas insuficientes para la mayoría social y una salida privada para las capas acomodadas, con recursos propios. Ello en el marco de una brecha entre países del Norte y del Sur en la Unión Europea, que resquebraja su proyecto común y su modelo social. En definitiva, el desafío es reforzar la protección social pública y el conjunto del Estado de bienestar.

Universalidad del derecho a una vida digna y articulación distributiva según la necesidad social

Para combatir la pobreza y la vulnerabilidad socioeconómica, parto de ese marco institucional, social y cultural en que se combinan dos ejes fundamentales de la ciudadanía social: uno, la universalización de los derechos sociales y las correspondientes garantías institucionales y fiscales a todas las personas (residentes), por su pertenencia a una sociedad, lo que hay que reafirmar; otro, la aplicación particularizada de ese derecho, su implementación distributiva y su concreción, de acuerdo con la necesidad de cada individuo y grupo social. Entiendo el derecho universal como un derecho de todas las personas a una existencia digna, no a una distribución pública igual para todas, al margen de sus condiciones previas, muy desiguales en la sociedad actual. El punto de partida es la gente concreta, con sus condiciones de vida y sus necesidades vitales, no el individuo abstracto, al margen de su realidad material y relacional y de los sistemas distributivos y protectores existentes.

Para garantizar la cobertura pública en cada uno de los riesgos sociales clásicos —enfermedad, paro, vejez…—, las instituciones públicas comprueban y diagnostican las circunstancias de esa situación de necesidad. Esa constatación de la realidad está normativizada e institucionalizada y no se cuestiona… salvo desde un individualismo extremo y abstracto.

El problema llega con la acción ante el riesgo de pobreza y exclusión, normalmente estigmatizado, con presupuestos insuficientes, marañas burocráticas y condiciones restrictivas. Las instituciones públicas (los servicios sociales) aplican, muchas veces, unas funciones de control social y contención de demandas en lugar de desarrollar la necesaria función de facilitar las prestaciones, los recursos adecuados o los planes para una integración social plena y multidimensional. Hay que superar esa dinámica, y más en la actualidad, cuando, con los mecanismos informatizados de control fiscal existentes, debería concentrar todos los datos personales, familiares, laborales y de rentas, si bien hay que contar con el obstáculo de que la mayoría de las personas con ingresos bajos y precariedad laboral y vital no hacen la declaración de la renta.

Sin embargo, la conclusión no debería ser la mercantilización de la asistencia social con la monetización de los servicios públicos: esa es la opción neoliberal de sustituir el Estado de bienestar por un cheque generalizado o un impuesto negativo que administre cada cual. Lo que haría falta es una renovación y ampliación de todos los servicios públicos y, en concreto, los servicios sociales (y los sistemas públicos de empleo, de salud, dependencia, habitacionales…). Se debe garantizar su función mediadora, asistencial, solidaria y de bienestar para la población, particularmente la más necesitada. Queda pendiente una reforma a fondo de la administración pública para hacerla más ágil, transparente e interconectada.

Atajar la vulnerabilidad socioeconómica desde la integración social y cívica

Alguna propuesta consiste en traspasar la gestión de la renta básica al sistema fiscal. La comprobación de recursos se da por necesaria y hecha por la Agencia Tributaria en vez de por los servicios sociales. Su gestión cualitativa es discutible. No obstante, una interrelación de ambos (y otras agencias como el INEM) no debería generar problemas ante unos servicios públicos más interconectados; se trata no solo de tener un acceso a esos datos, sino también de hacer una valoración multidimensional de los planes y medidas, no solo monetarias, de la inclusión social y laboral. Lo sustantivo es que reconoce que debe funcionar el criterio de necesidad social y la comprobación de recursos, es decir, que va dirigida a los sectores vulnerables, no al conjunto de la población. Sin embargo, desde mi punto de vista todavía no responde claramente a los dos problemas de fondo aquí planteados: su universalidad y su incondicionalidad.

La incoherencia está en mantener el simbolismo de la universalidad para mostrar una supuesta superioridad de esa propuesta, cuando el resultado esperado es dar esa renta básica a la gente necesitada; en consecuencia, está condicionada a la situación de vulnerabilidad. Esa retórica universalista también se queda en un lugar secundario cuando se hacen consideraciones presupuestarias pragmáticas por su excesivo gasto público y se reduce su cuantía o el número de personas beneficiarias reales. Desde una óptica progresista, el objetivo principal es la igualdad, la garantía del acceso a la ciudadanía social, haciendo hincapié en las personas que tienen dificultades para ello, no el reparto equitativo a todas las personas con recursos privados y públicos muy desiguales. Además, la correspondiente reforma fiscal progresiva debe abarcar muchos objetivos, entre ellos reforzar todos los sistemas del Estado de bienestar y emprender una reforma del aparato productivo y laboral para hacerlo sostenible medioambientalmente y más igualitario y eficiente.

Tomando algunas estimaciones recientes, dar esa renta básica universal a toda la población (38 millones de personas mayores de edad) supondría, al menos, el 10% del PIB, más de 100.000 millones de euros. Similar importe, aunque solo para seis meses, es el de otra propuesta con una distribución mensual de 530 euros para cerca de los 19 millones que suman el primer adulto del hogar, acumulados a la mitad (265 euros) para cerca de los restantes 28 millones.

La cuestión es que a renglón seguido se matiza que mucha gente que no la necesita no la pediría y que, en todo caso, en la declaración de la renta del año siguiente el Estado (la Agencia Tributaria) podría exigir la devolución de esa renta básica a quien no la hubiera necesitado. O sea, en ese caso, su misma previsión es pasar a unos cuatro millones de personas beneficiarias y un gasto de unos 10.000 millones, el 1% del PIB; esa renta básica, retóricamente universal e incondicional, se reduce al 10% de la población inicial. Estaríamos ante un préstamo generalizado a devolver en un año (de varios miles de euros por persona, se supone que sin intereses), no descartable por motivos de un mayor consumo medio, aunque no es la prioridad social ni presupuestaria, centrada en las personas vulnerables. Aun así, en todo caso no sería una transferencia de rentas finalista, que solo se aplicaría a esa gente más necesitada que constituiría esa décima parte.

En la práctica, esa propuesta deja de ser universalista y queda condicionada a la comprobación (a posteriori) de los recursos, y con la expectativa de que no la pidiese la gente no necesitada. En consecuencia, se difumina todo el aparato justificativo y teórico de la supuesta superioridad de esa fórmula de renta universal e incondicionada.

Al final, los resultados prácticos convergen con los defendidos aquí: una renta social justificada por la necesidad social de los sectores en riesgo de pobreza y exclusión social. Su fundamentación ética y sociopolítica basada en la igualdad y la integración cívica es la más progresista o de izquierdas. Estamos definiendo una referencia cuantitativa del sujeto beneficiario: en torno al 20% de la población, cerca de unos diez millones, si se tratase de erradicar toda la pobreza. Aunque se trata, sobre todo, de una acción estatal complementaria de otras prestaciones (rentas mínimas de las CC. AA., subsidios por desempleo, pensiones no contributivas…), así como de ingresos por actividad (autónomos) y salarios bajos, todo ello modulado por la situación familiar (menores y dependientes) y habitacional. De ahí la complejidad de su implementación, que no se resuelve solo con la distribución de una cantidad igual para todas las situaciones, sino con el objetivo de que todo el mundo tenga el acceso a unas condiciones existenciales dignas, teniendo en cuenta su grado de necesidad real.

En definitiva, el punto de partida y el objetivo para una renta social es la existencia de una situación de vulnerabilidad social y económica a resolver, de un rescate ciudadano a implementar con la garantía de una vida digna, del acceso a la plena ciudadanía social y a la integración en la vida cívica de los sectores vulnerables.

Esperemos que el nuevo Gobierno progresista de coalición y el conjunto de la administración pública, en coordinación especial con las Comunidades Autónomas, aprueben y desarrollen un nuevo sistema de renta social garantizada, junto con una revisión, mejora e integración del conjunto de dispositivos y prestaciones, para conseguir una protección pública más equitativa y eficiente.

[Antonio Antón es profesor de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid;  @antonioantonUAM]