I

Los políticos hace tiempo que están en la picota. En casi todas las encuestas de opinión se los considera uno de los peores colectivos y la fuente de muchos problemas. El comportamiento de muchos de ellos ofrece en verdad buenas razones para esta valoración crítica: se contradicen, incumplen promesas, una parte nada desdeñable se corrompen (o utilizan impúdicamente las puertas giratorias), se limitan a insultar a los rivales, etc. Todo ello es cierto, aunque hay que matizarlo en un doble sentido. Por una parte, su actividad está mucho más sujeta a los focos de los medios de comunicación que la del resto de los mortales y, por tanto, es más habitual que sus deslices y declaraciones banales sean conocidas y criticadas por mucha gente. (También los futbolistas de élite son objeto de atención mediática, pero nadie espera de ellos razonamientos profundos; solo son parte del espectáculo y el negocio.) Por otra, mucha gente tiende a proyectar sus propios prejuicios en el comportamiento de los políticos, por ejemplo pensar que son corruptos por inferir que ellos lo serían si tuvieran la oportunidad, o pensar que no hacen nada simplemente porque ejercen una actividad alejada de lo que hace la gente corriente. En una sociedad organizada en torno al lucro y el interés privado, a mucha gente le resulta incomprensible y sospechoso que alguien se dedique a una actividad altruista o realice una labor retribuida en beneficio de la comunidad, con una lógica diferente de la vida privada, y ello afecta a la valoración que tienen tanto los políticos profesionales como muchos de los activistas de entidades sociales: vagos que tratan de vivir de la sopa boba. Es sobre esta base que la extrema derecha está construyendo un discurso profundamente antidemocrático.

Hay una segunda cuestión que desprestigia a la política que tiene que ver con el clima de enfrentamiento típico de los debates políticos. Mucha gente participa de una visión orgánica de la sociedad (bien promovida por toda la construcción cultural de lo nacional) e ignora hasta cierto punto el carácter conflictivo de nuestras estructuras sociales. Llevados al límite, estos enfrentamientos pueden conducir a un conflicto social grave que ponga en peligro la paz y la vida cotidiana. Y, aparte de la gente más adepta a una u otra causa, el resto ve a los políticos como una fuente de tensiones. (En octubre de 2017 vivimos en Catalunya un clima de enorme estrés social; lo curioso era observar que este afectaba tanto a gente que esperaba alcanzar la República Catalana como a otra que veía con pavor tal posibilidad.) La forma en que la derecha está exportando el modelo de los pseudodebates mediáticos, en los que lo que predomina es la bronca y el insulto, está ayudando a acrecentar esta sensación. Muchas sesiones parlamentarias se parecen más a un plató de Telecinco o una tertulia futbolística entre madridistas y culés que a lo que debería esperarse de un debate político serio en el que se confrontaran argumentos e informaciones documentadas y se reflejaran los elementos de conflicto reales. Demasiado a menudo, la gente de izquierdas se deja atrapar por estos ejercicios de cuerpo a cuerpo y contribuye a mantener este modelo de enfrentamiento vacío de contenidos.

La tercera, y posiblemente mayor, causa del desprestigio es sin duda la incapacidad de la gestión política para resolver los problemas de la mayoría, en particular para introducir reformas de calado que contribuyan a transformar las estructuras que generan pobreza, desempleo, desigualdad y violencia de género, servicios sociales inadecuados, deterioro ambiental, etc. La pérdida de poder del Estado-nación en el contexto del capitalismo globalizado tiene mucho que ver con todo ello. Pero no lo explica todo. De entrada, porque los problemas aún por resolver son complejos y muchas veces las soluciones no pueden satisfacer a todo el mundo. Pienso en el actual conflicto agrario, en que un análisis pormenorizado permite detectar la existencia de diversos conflictos cruzados y de intereses confrontados que quedan solapados bajo el paraguas de lo rural. Y también porque la actuación de los políticos electos no tiene lugar en el vacío sino en un contexto de instituciones, poderes y prácticas consolidadas que condicionan su acción y que casi siempre pasan desapercibidas o son minusvaloradas a la hora de analizar el funcionamiento real de la acción política.

II

Para el pensamiento de izquierdas, la mayor fuerza condicionante de las políticas son los poderes capitalistas establecidos. Su capacidad financiera y su influencia social directa a través de mecanismos varios (políticas comunicativas, huelgas de inversiones, presiones sobre sus empleados directos, etc.) les permiten desarrollar herramientas estratégicas básicas para el control social. Su presión directa sobre los políticos la ejercen también por vías muy diversas, desde las más burdas, como las puertas giratorias o la corrupción pura y dura, hasta las más sofisticadas técnicas de cabildeo y de compensación social. Todo esto es bien conocido, está bien estudiado y debe ser permanentemente objeto de análisis y denuncia.

Sin embargo, en paralelo, o de forma complementaria a la acción del capital, hay que considerar también el papel que juegan otros colectivos e instituciones, muchos integrados en las propias estructuras públicas, cuyo comportamiento a menudo va en la misma dirección que la del capital y en otros casos obedece a motivaciones propias, pero igualmente distorsionadoras. Los casos más obvios de este tipo de poderes se encuentran en las altas esferas del poder judicial y de las grandes instituciones económicas autónomas (el Banco de España y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por poner dos ejemplos relevantes). En ambos casos se trata de espacios a los que solo puede accederse mediante una específica cualificación profesional. En ambos se desarrolla un acendrado espíritu de cuerpo que incluye con frecuencia (sobre todo en las instituciones económicas) compartir valores sobre aspectos cruciales de la vida social. En el caso de la judicatura, no es difícil encontrar auténticas sagas familiares que contribuyen a desarrollar este tejido cultural común. Y estos valores compartidos generan, en los miembros de estos cuerpos, respuestas ante los problemas que a menudo influyen en sus propuestas y su actuación sin necesidad de que nadie les dé ordenes, pero obedeciendo a una lógica conservadora en lo social y lo económico.

La forma en que el Poder Judicial ha enfocado el tratamiento penal del procés (y antes del maltrecho Estatut) tiene mucho que ver con la visión de país que subyace en la mente de la judicatura de élite y con la posibilidad que dicha situación les ha dado de erigirse en defensores principales del Estado. Pero no se trata solo de este caso: la forma en que se valoran ciertos comportamientos, el sesgo clasista o machista de muchos jueces, no son el resultado de meras presiones externas, sino que forman parte de su concepción del mundo y de su propia vivencia en un contexto cultural cerrado. Por esto no es sorprendente que tengan lugar actuaciones como la del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, que ha afeado al Ayuntamiento de Barcelona que su servicio social SIPHO intervenga más para impedir desahucios que para ayudar a su ejecución (la acusación de que la SIPHO, integrada en su mayor parte por mujeres que se han tomado muy en serio su trabajo social, haya contribuido a parar diez mil desahucios es sin duda uno de los mayores elogios que debería recibir el Ayuntamiento que preside Ada Colau), al tiempo que asistían impasibles a una ley hipotecaria cuestionada por observadores internacionales y pensada mayormente para facilitar el blanqueamiento de los balances bancarios. Es el mismo tipo de comportamiento que se advierte en las altas instituciones económicas, donde la cultura neoliberal es totalmente hegemónica entre los técnicos. Es lo que explica, por ejemplo, que el Banco de España se manifieste radicalmente a favor de la reforma laboral de Rajoy y de desmantelar el modelo de Seguridad Social o que, recientemente, se haya preocupado por las trabas que se están imponiendo al sector del automóvil. O que la CNMV haya publicado un informe poco documentado negando el papel de las plataformas de alquiler de apartamentos turísticos en la generación de una nueva burbuja de alquileres urbanos.

He puesto estos ejemplos porque son los más patentes, pero al analizar el funcionamiento efectivo del sector público puede detectarse la presencia de variados colectivos profesionales, con capacidad de influir, bloquear, tergiversar o reconducir las políticas públicas, que tienden a comportarse en función de culturas e intereses propios, desde la policía hasta los cuerpos técnicos. No es que se trate de colectivos de robots —en todas partes hay gente crítica y abierta—, pero los cuerpos administrativos tienden a menudo a fagocitar a los indeseables y a promover determinadas soluciones. De la misma forma que en el análisis de lo público se constata una tendencia empresarial a “captar al regulador”, en el funcionamiento de la Administración existe una cierta tendencia a “captar al político” para que no altere las rutinas y la lógica de actuación de los diferentes estamentos (lo explicaba con gran sentido del humor la serie británica Sí ministre, que programó hace años la televisión pública catalana). Y, en muchos casos, los que acaban apareciendo como responsables de estas políticas no son los cuerpos técnicos que las han inspirado, sino los que dan la cara ante el público.

III

Cambiar las cosas en el sentido que promueve la gente de izquierdas, los movimientos sociales, requiere transformaciones en muchos ámbitos. Lo más sencillo es cambiar las leyes cuando se cuenta con votos suficientes, pero un cambio real exige transformaciones en muchos ámbitos. Desconocer la existencia de todas las estructuras intermedias que modifican y cuestionan las políticas públicas es apostar por el riesgo de las políticas.

Hace ciento cincuenta años la izquierda podía pensar que con una simple toma del poder político bastaba. Quizá en esta ilusión iba de pacotilla el virus del autoritarismo como forma de superar todos los obstáculos. Pero hoy una política transformadora está obligada a reconocer la densidad de los aparatos técnicos, la complejidad del propio Estado y, en consecuencia, a incluir una reflexión y una propuesta que incluya una línea de acción política y de reformas en estos espacios. Es algo que debe ser considerado tanto por la gente de izquierdas que accede a espacios de poder político como por los activistas sociales en cuya pelea cotidiana se enfrentan a políticos, empresarios y a diferentes cuerpos técnicos (no solo a la Administración sino también a eso que se llama “sociedad civil”, y que muchas veces no es más que la expresión organizada de diversas élites). En los próximos años, parte de los avances o retrocesos sociales se jugarán en este terreno.