Ana Almirón Mengíbar

Los poderes públicos sí pueden y deben prevenir la violencia de género

 

El miércoles 29 de enero nos despertábamos con una tremenda noticia en Sevilla. Una mujer había sido reiteradamente violada, durante tres horas, la noche anterior. Un hombre de 57 años la siguió hasta su domicilio, la obligó a entrar amenazándola e hiriéndola con un cuchillo y la retuvo durante tres horas agrediéndola sexualmente. El supuesto agresor habría cumplido condena de más de 25 años en prisión por delitos similares, según destacaban todos los medios.

En un contexto en que la violencia de género va en aumento en los últimos años y ante la noticia de tan brutal violencia a manos de un supuesto agresor reincidente, no hay que permanecer mudos de espanto ni indiferentes, sino mostrar nuestro dolor por esa violación, ofrecer todo nuestro apoyo, solidaridad y cariño a la víctima, y tratar de reflexionar sobre lo ocurrido, abriendo el debate sobre sus causas, así como sobre las posibilidades de abrir otras vías de tratamiento y medidas con las que afrontar la lucha contra la violencia de género.

En primer lugar, los hechos ocurridos muestran, descarnadamente, la existencia en la sociedad de la violencia contra las mujeres y su brutalidad, cuyas causas hay que abordar profunda y necesariamente desde una perspectiva de género. Violencia contra la que venimos luchando, año tras año, durante décadas, el movimiento feminista y que ahora algunos quieren negar de forma tan peligrosamente irresponsable y retrógrada para las mujeres.

En segundo lugar, los hechos muestran también el fracaso de la Justicia ante dicha violencia, cuyo fin debería ser evitar el delito, previendo, protegiendo y reparando a las víctimas una vez ocurrido. Una Justicia punitivista, que viene tirando sólo del Código Penal y del aumento de las penas, inspirada tan unilateralmente en la filosofía del castigo como medida disuasoria, pese a tan lamentables resultados, sin ir más al fondo del problema desde una perspectiva de género, abriéndose a otras vías de tratamiento y otro tipo de medidas.

En tercer lugar, lo ocurrido pone igualmente en cuestión la actuación de las Instituciones Penitenciarias, cuyo fin debería ser la rehabilitación y reinserción del agresor, con programas y actuaciones desde dicha perspectiva de género durante su estancia, así como de prevención y seguimiento a su salida, tratando de evitar la reincidencia, como viene sucediendo.

En cuarto lugar, los hechos han mostrado además la escasa voluntad política que viene habiendo, en medidas, instrumentos y recursos, para afrontar la violencia de género, las sombras del Pacto de Estado planteado anteriormente, con una arremetida desde la derecha más conservadora contra los consensos anteriores, polarizando la sociedad y consiguiendo marcar la particular agenda política andaluza.

Como parte de lo que se viene señalando desde diversos planteamientos feministas de este país, quisiera reiterar, entre otras, algunas propuestas, demandas y reivindicaciones en la lucha para erradicar la violencia de género.

Entre ellas, la educación sexual igualitaria como objetivo y eje central para acabar con la violencia machista, que figura en todas las normativas, como las leyes integrales contra la violencia de género estatal y andaluza, salud sexual y reproductiva y otras normas educativas, pero que no se cumplen, se aplican de forma desigual o deficiente, apareciendo ahora la provocación conservadora del llamado “veto parental” en los centros educativos, censurando la educación sexual en igualdad, libertad y respeto a la diversidad. Con la insistencia en el “pin parental”, se quiere trasladar la idea de que los poderes públicos no pueden incidir en la prevención de la violencia sexual, dejando sólo al Derecho Penal esa tarea, una vez ya cometido el delito y con una victima presente. Sin embargo, sabemos que un niño no educado en igualdad es un niño que tiene más posibilidades de cometer un delito y una niña no educada en igualdad, de ser víctima de la violencia que se niega, por lo que los poderes públicos sí pueden y deben actuar en la prevención de la violencia sexual.

Resulta imprescindible la formación desde una perspectiva de género de todos los operadores jurídicos que intervienen en los procesos judiciales por violencia de género, poniendo el acento, inclusive, en la reeducación de los agresores y no en las penas y su aumento. En diversas normativas hay medidas reeducadoras que no se están cumpliendo. En la Constitución (Art. 25 el fin reeducador de las penas), en el Código Penal (trabajos en beneficio de la comunidad…), en la Ley de violencia de género estatal (programas de reeducación para todos los penados, artículo 42 de la LIVG). Estamos en un contexto en el que el tratamiento penitenciario de los agresores sexuales en prisión no existe o lo hacen como pueden las ONG, cada vez con menos medios, cuando debería ser una obligación de Instituciones Penitenciarias, no delegable. Todo ello lo único que garantiza es la reincidencia y hoy habría tocado en Sevilla, tras 25 años de cárcel. Lo ocurrido muestra que los poderes públicos sí pueden y deben actuar en la prevención de la violencia sexual.

Sería necesario auditar y evaluar desde la Administración de la Justicia, a todos los niveles, qué es lo que está fallando en la lucha contra la violencia machista, abordando los cambios legislativos necesarios en las leyes actuales específicas, como la ley de violencia de género estatal (LIVG), ley andaluza y Pacto de Estado, contra todas las violencias de género, precisando la concepción del consentimiento, la eficacia de los mecanismos de protección, tutela para los casos más graves y reparación de la víctima, una vez ocurrido el delito.

Es necesaria igualmente una mayor voluntad política, en acuerdos, medidas y dotación de los recursos necesarios para luchar contra la violencia de género, dando pasos hacia delante y ni uno solo hacia atrás, desoyendo a quienes tan irresponsablemente niegan la existencia y crueldad de la violencia machista contra las mujeres, apoyando y no reduciendo, como ha sucedido especialmente en Andalucía, los recursos del propio tejido asociativo feminista, por la igualdad, la libertad y la diversidad sexual, contra todas las violencias de género.

Reiteramos todo nuestro cariño, nuestro apoyo y nuestra solidaridad con la víctima de esta nueva y brutal agresión machista. El dolor y la rabia por lo ocurrido no nos impedirán seguir luchando, con más fuerza si cabe, a favor de los derechos de las mujeres. Porque si nos tocan a una, nos tocan a todas.

 

Fuente: El Salto 

12/2/2020

Sitio elaborado con Drupal, un sistema de gestión de contenido de código abierto