1. La economía española ante la recesión

Nadie está seguro de que estalle otra crisis a corto plazo, pero existe un temor generalizado a que en los próximos meses decaiga la actividad económica. Desde el Gobierno ya han tratado de tranquilizarnos: “Estamos mucho mejor que en 2008, la economía ahora es más sólida”. Nada sorprendente; los gobiernos siempre tratan de vender optimismo y tranquilidad. Hay en ello bastante de propaganda y, también, de voluntad de evitar que la propagación del pánico agrave los problemas.

He participado en el III Congreso de Economía y Trabajo de CCOO, un encuentro bianual bastante interesante con intervenciones sobre economía, negociación colectiva y sociedad (se pueden encontrar las ponencias en la web de la Fundación Primero de Mayo, www.1mayo.ccoo.es). En la apertura el secretario general de CCOO, Unai Sordo, en el curso de una brillante intervención sobre la situación laboral del país, introdujo el mismo tipo de reflexión: ahora tenemos una economía más sólida. Entonces mi memoria retrocedió en el tiempo y volví a situarme en 2008 —parece que la historia se repite—, cuando el Gobierno Zapatero se negaba a reconocer la crisis (y alardeaba de que la banca española ya había llevado a cabo las reformas necesarias para evitar un desastre financiero) y en alguna de las jornadas de sindicalistas en las que participé varios líderes sindicales argumentaban que la existencia de acuerdos y compromisos con los empresarios y las administraciones permitía abordar la crisis sin altos costes sociales. Por esto me asaltaron los recelos. Ante esta situación, lo básico es analizar los datos y ver en qué se sustentan los buenos augurios.

Hay ciertamente una base racional en la valoración optimista sobre la economía local. Esta se sustenta básicamente en la notable mejora de la balanza comercial y de pagos, en la reducción del endeudamiento y, en menor medida, en el cambio de estructura productiva. La posición exterior de la economía española ha mejorado considerablemente respecto a la que existía cuando estalló la crisis de 2007. En aquel momento el déficit de la balanza comercial era del 35% (por cada 100 euros de bienes importados se exportaban mercancías por valor de 65), mientras que hoy la balanza comercial está casi en equilibrio (el déficit es sólo del 1,4%), lo que sumado al superávit que suele generar la balanza de servicios, sobre todo por los ingresos del turismo, deja una situación favorable de la economía española respecto al exterior. A esta mejoría se ha llegado por una moderación de las importaciones y un claro crecimiento de las exportaciones, un cambio al que han contribuido diversos factores y que no puede resumirse recurriendo a una explicación simplista. Según esta, habría sido la “devaluación interna”, o sea el ajuste salarial trasladado a precios, lo que habría permitido cambiar la dinámica, algo que casa mal con la evidencia de que los precios de exportación han crecido más que los de importación, lo contrario de la devaluación interna. Una parte de la mejoría se debe al notable abaratamiento de la factura energética debido a los bajos precios del petróleo y del gas y a la apreciación del euro. Otro factor ha sido sin duda el esfuerzo exportador de muchas empresas españolas cuando experimentaron el hundimiento del mercado interno. En este sentido, la crisis obligó a replantear muchas políticas empresariales —organización interna y de mercados, tipo de producto, etc.—, y ello puede entenderse como un impacto positivo de la crisis. Ejemplos de ello son el buen comportamiento del sector de producción de material ferroviario aprovechando el renacimiento mundial del tren y el tranvía, o el de ciertos sectores de la industria alimentaria. En otros casos el cambio estructural se ha debido menos a factores internos que a políticas multinacionales. El ejemplo más obvio es el del sector automovilístico, donde las plantas españolas han vivido una nueva fase expansiva. Y, si del comercio exterior pasamos al análisis del conjunto de la actividad económica, lo más sustancial ha sido la pérdida de peso de la actividad constructiva (hoy se sitúa en un 50% de lo que era antes de la crisis) y una mayor diversificación de las actividades, aunque en gran parte el principal sector de impulso ha sido la actividad turística.

La segunda mejoría reside en el endeudamiento. El endeudamiento externo de la economía española ha bajado del 250% al 171% del PIB. La deuda bruta también se ha reducido, pero en este caso hay trayectorias divergentes. Ha disminuido la deuda bruta de las empresas, de 141% al 94% del PIB, una reducción que es en parte fruto de la mejoría de la actividad, pero que también se ha debido a las ventas de filiales que han realizado muchas grandes empresas siguiendo un patrón clásico de la economía de la deuda (sobre todo los grandes grupos españoles, que en muchos casos se han tenido que desprender de partes de sus viejos negocios). También ha bajado la deuda de las familias de un 85% al 58% del PIB, básicamente por el fin del auge del mercado inmobiliario y la menor alegría crediticia. Pero, por el contrario, ha crecido el endeudamiento público: la deuda bruta de todo el sector público se sitúa en el 135% del PIB. Cabe destacar que este aumento del endeudamiento se produjo sobre todo en el período 2010-2014, en gran parte a causa de dos políticas combinadas: el coste del rescate del sector financiero y el impacto macroeconómico de las políticas de ajuste. A partir de 2014 el endeudamiento público se ha mantenido más o menos estable, y el hecho de no proceder a nuevos ajustes del gasto público ha tenido sin duda un efecto beneficioso sobre la actividad económica.

Hay por tanto razones que avalan este diagnóstico optimista. Hay indicios de una cierta transformación productiva, una mejor posición exterior y un menor endeudamiento global. Así pues, cabría esperar que una recesión global tuviese un impacto más moderado que la crisis anterior, cuando el desplome de la actividad constructiva arrastró al conjunto de la economía a un pozo del que el empleo no se ha recuperado aún del todo.

Pero este diagnóstico optimista debe ser complementado con una serie de anotaciones críticas que suelen olvidarse. En primer lugar está la cuestión del endeudamiento. Si bien este se ha reducido, el sector público ha visto como aumentaba. En la actual situación monetaria, este endeudamiento es fácilmente soportable debido a los bajos tipos de interés, pero puede jugar de forma negativa en caso de un crecimiento del nerviosismo de los mercados. No sólo porque puede producirse un repunte de los tipos de interés de la deuda, sino sobre todo porque el Estado español puede ser forzado, de nuevo, a realizar una política de ajustes (como ya se está empezando a plantear desde la Unión Europea), y ello puede impedir que en un contexto de recesión contemos con una política pública compensatoria o expansiva que evite recaer en una depresión. En segundo lugar, aunque la estructura productiva parece ahora más equilibrada que en el pasado, no hay garantías de que esto no pueda volver a cambiar. El auge del turismo puede encallarse (por la propia recesión o por la mejora de los destinos alternativos), la industria automovilística se enfrenta a un importante cambio de orientación, etc. Pensar que un buen cuadro macroeconómico garantiza la facilidad de un ajuste es bastante insensato. Si algo hemos aprendido del pasado es la enorme variabilidad que caracteriza al período neoliberal. Y faltan políticas y análisis más detallados sobre qué tipo de respuestas podrían adoptarse en caso de que las guerras comerciales u otras causas alteren la situación exterior.

Este análisis convencional ignora, además, otras cuestiones centrales. De la crisis hemos “salido” con más pobreza, con más precariedad laboral, con graves problemas de vivienda…, y cualquier debilitamiento del gasto público derivado de nuevas demandas de ajuste puede provocar un nuevo desastre social. Un desastre que ya forma parte de la vida cotidiana de mucha gente y que podría alcanzar cotas insoportables. A la crisis anterior se llegó con mucha gente endeudada, sobre todo en hipotecas que acabaron en desahucios masivos. Ahora han aumentado los empleos de bajos salarios y los problemas de vivienda están lejos de solucionarse, y en esto las entidades del tercer sector muestran mucha más perspicacia que los economistas ortodoxos. Una nueva recesión podría tener efectos letales para mucha gente y abrir un escenario no previsto en los cuadros macroeconómicos oficiales.

Está asimismo el tema del cambio climático y la crisis ecológica, una cuestión habitualmente olvidada (o despreciada) por el enfoque económico dominante pero que cada vez es más difícil de soslayar, sobre todo en un país con una ubicación complicada según los analistas del calentamiento global, con muchos impactos potenciales que afectan a elementos sustanciales de nuestra estructura económica. Las recientes inundaciones en el sudeste peninsular y el desastre ambiental del mar Menor (claramente provocado por el modelo de agricultura imperante en la zona) deberían considerarse avances palpables de lo que puede ocurrir en los próximos años. Y si para algo es obvio que no estamos preparados es para hacer frente a impactos graves derivados de nuestra mala gestión ambiental.

En definitiva, el optimismo decae cuando se amplían los factores que se introducen en el análisis. Es bastante probable que no vaya a repetirse el tipo de colapso que generó el fin de la burbuja inmobiliaria, pero subyacen suficientes elementos disruptivos para pensar que una nueva recesión traerá consigo un insoportable recrudecimiento de la tragedia social que ahora ya vive una parte de nuestra población. Urge empezar a plantear medidas orientadas hacia un modelo económico diferente.

2. De cómo actúan los monopolios cuando se siente agredidos: el caso Agbar

Esta es una historia ejemplar del poder de algunas empresas y de los mecanismos que lo reproducen. Agbar es un grupo empresarial que tiene su origen en la Sociedad General de Aguas de Barcelona, empresa que desde 1882 ha tenido en sus manos la gestión del suministro de agua en Barcelona. (La de esta ciudad siempre ha sido una sociedad liberal, y la gestión de servicios públicos básicos como el agua o la recogida de residuos siempre ha estado en manos privadas.) Con el paso de los años la empresa ha creado una enorme red empresarial que constituye el principal grupo privado español del sector. Actualmente es una filial de la multinacional francesa Suez Environment, que en 2009 compró la participación mayoritaria de La Caixa.

Poco después, en un pleito privado, un juez decretó que Aguas de Barcelona carecía de un contrato con el Ayuntamiento de Barcelona y, por tanto, su situación estaba en el aire. Ello abrió un flanco preocupante en un momento en que en toda Europa renacía una tendencia hacia la gestión pública directa (que ha hecho que Suez pierda la gestión en plazas tan emblemáticas como París y Berlín). La empresa reaccionó con presteza utilizando su red de contactos políticos. Por una parte, alcanzó un acuerdo con el Consejo General del Poder Judicial para organizar cursos a jueces sobre derecho del agua, y por otra llegó a un rápido acuerdo con Convergència i Unió y el PSC (ahora nadie se acuerda de la sociovergencia que mandó en el país durante mucho tiempo) para crear una nueva empresa, Aguas de Barcelona, que integraría toda la actividad del ciclo del agua en 23 municipios del Área Metropolitana, integrando compañías del grupo Agbar y activos públicos. (Algunos ayuntamientos no se sumaron, bien porque tenían empresas mixtas con otros grupos, bien porque contaban con eficientes empresas públicas, como es el caso de El Prat de Llobregat.) Todo se hizo con bastante celeridad y poca transparencia. El objetivo era dar un encaje formal a los intereses de Agbar, que pasó a controlar el 85% de la nueva empresa, quedando el resto para el Área Metropolitana de Barcelona (AMB).

Agbar había ganado la primera batalla, pero tuvo que hacer frente hasta tal punto a la creciente campaña pro gestión pública impulsada por Aigua és Vida (una entidad animada por grupos ecologistas y vecinales) y la oposición de sus competidores (Acciona, Sacyr…) que vio la posibilidad de hacerse con un negocio suculento. En 2015, en el nuevo ayuntamiento de los Comuns, figuraba como concejal Eloi Badia, uno de los líderes de Aigua és Vida, que pasó a controlar el área de medio ambiente de la AMB. Y en 2016 la cosa se complicó aún más cuando el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya dictaminó el carácter ilegal de la nueva empresa por razones obvias, como que había sido creada sin concurso, que en 16 de los 23 municipios Agbar no tenía contrato anterior y que la valoración que se hizo en su día de los activos que aportaba la empresa y el sector público era inadecuada. Era una sentencia demoledora que abría las puertas a una municipalización a coste cero, puesto que no existía ninguna concesión que rescatar y la valoración de activos encargada por la propia AMB mostraba un saldo ligeramente favorable para el sector público.

La respuesta de la empresa no se limitó a plantear un recurso al Tribunal Supremo, sino que también puso en marcha una “campaña total” que hemos padecido directamente los movimientos sociales favorables a la municipalización.

• Una intensa campaña publicitaria no sólo en medios convencionales sino también a través de un plan de esponsorización de entidades.
• Una campaña de acoso y derribo en la que se han combinado dossieres de prensa contra entidades, amenazas con recursos judiciales y actividades de espionaje.
• El culmen de esta campaña se alcanzó tras la aprobación por parte del Ayuntamiento de un nuevo reglamento de participación (largamente reivindicado por todo el tejido asociativo local) que incluía la posibilidad de convocar consultas tras recoger 15.000 firmas de apoyo. Cuando las entidades promotoras de la municipalización recogimos 30.000 firmas en apoyo de la consulta, Agbar lanzó una ofensiva general, bien directamente, bien a través de sociedades impuestas o bien recurriendo a bufetes de abogados con los que existían contactos obvios. Una ofensiva de cuarenta recursos que ha tenido éxito cuando el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, en una sentencia insólita, ha decretado la suspensión de todo el reglamento de participación.

Finalmente Agbar ha triunfado. Hace unos días el Tribunal Supremo ha dado un vuelco completo a la sentencia del TSJC y ha decretado la legalidad de todo el proceso de creación de la nueva empresa y de las valoraciones tan favorables a los intereses de Suez. Sorprende un giro tan radical. Sin haber leído aún la sentencia, creo que pueden aventurarse algunas hipótesis. Una es de tipo formal: si la ley permite una interpretación tan diversa es que seguramente su redacción es tan ambigua que deja mucho espacio a los sesgos ideológicos de los jueces. Otra es de tipo “estructural” y tiene que ver con la cultura dominante en la casta judicial, siempre proclive a salvaguardar el statu quo y los intereses dominantes, siempre recelosa de abrir vías al desorden; conozco lo suficiente a las élites económicas como para pensar que lo mismo es trasladable al sector judicial, y ratificar la sentencia de Catalunya era abrir la vía a municipalizar el negocio central de una gran empresa. Y una tercera hipótesis es de tipo “conspirativo”: la formación que Agbar dio a jueces hasta al menos 2015 igual ha dado sus frutos, sin contar el papel de los lobbies que han interferido en todo el proceso. Lo hemos vivido intensamente en Barcelona. Agbar está implicada en diversos casos de corrupción (Pokémon, Cantabria, etc.) y tiene tentáculos muy largos que llegan a gente importante, y posiblemente ahora habrán intentado jugar esta baza. Con la hipótesis estructural basta, pero esta última no es del todo descartable.

Agbar ha conseguido imponer sus intereses en Barcelona (y sigue incordiando en Terrassa y Valladolid, donde no ha podido parar la municipalización), y para ello ha utilizado sus poderosos medios y su falta de escrúpulos. No sólo es una cuestión económica, sino también de derechos sociales (pues existe una enorme opacidad sobre cómo gestiona las ayudas sociales a las personas pobres) y de democracia (ha preferido cargarse todo el modelo de participación de Barcelona a tener que enfrentarse a una consulta no decisiva sobre la gestión del agua).

Hemos perdido una gran oportunidad de municipalizar el agua, y habrá que plantearse cómo seguir actuando. Hay al menos alguna noticia buena. Durante el último mandato municipal (2015-2019), la AMB, que tiene la última palabra sobre las tarifas, ha impuesto un recorte del 9,5%, mientras que la empresa había planteado aumentos del 25% (pese a esta distorsión ha seguido ganando 20 millones de euros anuales y repartiendo dividendos). Ello demuestra que la presión ha limitado su actuación monopolística y que con voluntad política es posible hacer frente a los desmanes de este tipo de empresas. Es una vía menos radical e inmediata, pero no deben despreciarse las vías indirectas para conseguir que la gestión del agua sea ecológicamente eficiente y que el servicio garantice el acceso universal y a un coste adecuado a un suministro que es esencial.