Más abajo se reproduce la carta enviada el 22 de octubre por el vicepresidente Valdis Dombrovskis y el comisario Pierre Moscovici, en nombre de la Comisión Europea, a Nadia Calviño, ministra española de economía en funciones. Simultáneamente, Italia, Francia, Portugal y Bélgica recibieron notificaciones similares.

Estas misivas constituyen un método habitual de advertencia dentro del procedimiento de control comunitario de los presupuestos de los países de la eurozona. Éstos están obligados a enviar a la Comisión un borrador de sus presupuestos generales con anterioridad a su aprobación parlamentaria, para ser evaluado el riesgo de incumplimiento de los objetivos de déficit presupuestario determinados por el Consejo de la Unión Europea.

En la carta enviada a España, la Comisión advierte del “riesgo de una desviación significativa” (con un desfase del déficit en torno al 1,7%) y urge a que los presupuestos que se entreguen al Congreso, una vez formado el nuevo gobierno, “garanticen” los objetivos del déficit y la deuda para España para 2019 y 2020.

A efectos prácticos, lo que la Comisión exige a España es un ajuste estructural del 0,65% del PIB —unos 6.500 millones de euros— y un aumento máximo del gasto del 0,9% (frente al 0,1% del PIB y el 3,8% de incremento del gasto previstos en el borrador enviado a Bruselas).

La reacción del gobierno, hecha pública estos días en los medios, ha consistido en anunciar la elaboración —una vez constituido un gobierno efectivo tras las elecciones— de un nuevo presupuesto que incluirá “iniciativas concretas” para alcanzar el ajuste reclamado en Bruselas. En otras palabras, menos gasto público y nuevos impuestos, como ya ha admitido la ministra de Hacienda María Jesús Montero.

Noticias como ésta deberían estar en un primer plano del debate preelectoral, pues dan cuenta de la dificultad de emprender políticas expansivas del gasto acordes con muchas de las propuestas que los grupos políticos están presentando estos días. En particular, compete a la izquierda ponerlas en primer plano para mostrar hasta qué punto la política nacional es rehén de las llamadas “reglas comunitarias”, y en concreto del Pacto Fiscal Europeo introducido por el Tratado sobre Estabilidad, Cooperación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria de 2013, aprobado en pleno despliegue de las peores consecuencias del crack del 2007.

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VALDIS DOMBROVSKIS — Vice-President of the European Commission

PIERRE MOSCOVICI — Member of the European Commission

Brussels, 22 October 2019

Dear Minister,

We would like to thank you for the submission of Spain’s Draft Budgetary Plan (DBP) for 2020, which we received on 15 October.

We acknowledge that the DBP submitted by Spain has been prepared on a no-policy-change  basis, in view of the caretaker nature of the government.

The no-policy-change DBP projects no change in the structural balance in 2020 at face value. Once recalculated by the Commission services according to the commonly agreed methodology the change in the structural balance amounts to an improvement by 0.1% of GDP, which falls short of the recommended structural adjustment of 0.65% of GDP. The DBP projects a nominal growth rate of net primary government expenditure of 3.8%, which exceeds the recommended maximum increase of 0.9%. Overall, these elements appear not to be in line with the budgetary  policy requirements set out in the Council recommendation of 9 July 2019, since they point to a risk of significant deviation in 2020, and over 2019 and 2020 taken together from the recommended fiscal effort. The projections in Spain’s DBP do not ensure compliance with the transitional debt rule in 2020.

While we understand that the presentation of the draft budget is lagging behind its usual schedule, we wish to highlight the importance of the submission of an updated DBP, as set out in the Code of Conduct on the implementation of the Two Pack.

We therefore invite the Spanish authorities to submit, as soon as the draft budget for 2020 is sent to the Spanish parliament, an updated DBP to the European Commission and the Eurogroup, which ensures compliance with the Council recommendation for Spain.

[Ref. ARES(2019)6497860 – 21/10/2019]