I

El “procés” es como una escalera en espiral en una torre sin fin. Es una serie en la que, en lo esencial, siempre ocurre lo mismo y sólo cambian los detalles secundarios. Pero estamos obligados a volver sobre ello porque afecta a nuestra “praxis” cotidiana, a la gente que nos rodea, al contexto político. Y de nuevo la coyuntura nos obliga a reflexionar sobre la cuestión.

En pocos días tendremos la sentencia del juicio a una parte de los líderes independentistas, lo que puede reactivar, especialmente en Catalunya, tensiones políticas que en los últimos meses se habían atenuado. La sentencia es esperada con fruición por todos aquellos que quieren sacar tajada de la tensión. Tanto en el campo independentista como en el bando españolista. El sector más hiperventilado del soberanismo parece adicto al “cuanto peor mejor” y espera que una sentencia dura reactive a sus bases, que el choque emocional desplace a los posibilistas y se vuelva a generar una escalada de movilizaciones. En el otro lado, Casado y Ribera esperan que la tensión catalana genere una nueva oleada de patriotismo y apoyo a sus posiciones al mismo tiempo que nuevos problemas para el PSOE. En política muchas veces los desastres son rentables y tienden a favorecer a los demagagos. Una especie que por desgracia suele abundar en nuestra sociedad mediática

II

El “procés” es, cómo todo fenómeno de amplio alcance, resultado de la concatenación de diversos elementos. Tratar de describir esta complejidad nos puede permitir entender no sólo su dinámica sino también los problemas de la izquierda en este embrollo.

Ciertamente siempre ha existido en Catalunya un amplio sector que no se ha sentido español y para el cual la independencia ha formado parte de su horizonte utópico. Es un sector dominante en buena parte del mundo extra-metropolitano no sólo rural. Un mundo muy articulado en torno a un tejido de entidades y actividades que generan “socialidad”, relaciones, visiones compartidas del mundo. No parece que haya un determinismo económico en todo ello: muchas de las plazas fuertes de esta cultura se corresponden con áreas económicamente prósperas. Se trata, más bien, de la capacidad de persistencia de una visión del mundo favorecida por el propio tejido social, por la diferenciación lingüística, por las pautas de comportamiento social dominantes en las poblaciones pequeñas y medias. Es, eso sí, un mundo desde siempre alimentado culturalmente por los medios de comunicación de la Generalitat, muy especialmente a través de los contenidos de los programas de entretenimiento, donde a menudo la ideología fluye de la forma más sibilina.

Aunque esta estructura social está menos presente en las zonas metropolitanas también se ha conservado en determinados sectores de éstas, como es el caso del núcleo antiguo de algunas de las poblaciones de la “banlieu” barcelonesa, o en los barrios de Barcelona que antiguamente eran poblaciones independientes (Gràcia, Sant Andreu, Sants…). A ello debe añadirse que en grandes capas de la sociedad catalana existe el sentimiento difuso de que somos una sociedad más moderna, europea y progresista que el resto del país. Un sentimiento que cosas tan triviales como los éxitos del FC Barcelona o las Olimpiadas no han hecho más que reforzar.

Pero esta base social, por sí sola, no explica la activación del proceso. Éste ha sido el resultado de una serie de iniciativas políticas que no sólo han activado a esa base sino que han conseguido atraer a sus filas a una población que no se planteaba la cuestión de la independencia. Por resumir los elementos más importantes:

• La búsqueda de un espacio propio de ERC, que en los primeros años de la transición fue una simple muleta de CiU, le condujo a adoptar el independentismo como su marca diferenciadora y a activar iniciativas para ganar audiencia. A ello se apuntó animosamente el mundo tradicional catalán en una continua campaña de consultas locales en favor de la independencia que generó organización y dotó de sentido político a lo que antes era solo un sentimiento. Y permitió reforzar el peso político del independentismo a la izquierda de CiU, el de ERC y el de la CUP. En toda esa campaña el argumento movilizador central fue, en diversas versiones, el “España nos roba”, la idea de que gozaríamos de mejores condiciones de vida sin tener que enviar parte de nuestros impuestos a Madrid. Un argumento facilón, difícil de combatir con datos y argumentos sólidos (el saldo fiscal negativo de Catalunya con respecto a España, con la contrapartida del saldo positivo de la balanza comercial, del que depende una parte no despreciable del empleo catalán). Pero no hay evidencia de que Catalunya se haya empobrecido relativamente respecto a otras regiones españolas. Analizando la serie de renta per cápita regional desde 2006 a 2018 se observa que su posición es estable respecto a la media y respecto a las comunidades más ricas cómo Madrid, al mismo tiempo que aumenta la distancia respecto a las más pobres. Estos y otros muchos datos sirven sin embargo de poco frente a la contundencia de los simplistas razonamientos del déficit fiscal elevado a dogma.
• Las brutales campañas “anticatalanas” del Partido Popular, iniciadas ya antes de la victoria de Aznar como vía para socavar la alianza parlamentaria entre PSOE y CiU, relanzadas en el segundo mandato aznarista, cuando ya no era necesario el apoyo pujolista, y llevadas al paroxismo en el mandato de Zapatero. A lo que hay que sumar la campaña contra el Estatut (bloque del Tribunal Constitucional incluido). No hay nada que aliente tanto las pasiones como sentirse atacado por un enemigo, ni tan adecuado para el independentismo catalán como un enemigo fácilmente identificable. Una parte del corrimiento social hacia posiciones independentistas se debe al hartazgo provocado por el PP en gran parte de la sociedad catalana moderadamente progresista.
• Después vino la crisis, la aplicación de brutales políticas neoliberales por parte del gobierno de Mas (autodenominado sin arrobo el dels “millors”). La brutalidad legislativa de septiembre de 2017 tuvo un precedente en la llamada “ley ómnibus” del primer gobierno Mas, donde de un plumazo se cargaron toda la legislación progresiva aprobada por el gobierno del Tripartit y colaron numerosas medidas neoliberales. Se aplicaron con saña recortes en los gastos sociales y se abrieron numerosas vías de privatización en la ya muy privatizada sanidad catalana. La crisis generó algunas respuestas y movilizaciones, especialmente el 15-M, la PAH (que nació en Catalunya), y también cabreo en las comarcas, donde los recortes llegaron igualmente. Paulatinamente se puso en evidencia la corrupción pujolista que conocía la gente enterada pero que ignoraba la mayoría de la población. Artur Mas vió una tabla de salvación y una oportunidad (casi todo líder político tiene una faceta mesiánica) de ponerse en cabeza de la oleada independentista y de competir en el mismo terreno con su emergente rival ERC.
• La combinación de una creciente activación del bando independentista, del cabreo generalizado con el PP y la alta judicatura española, y el giro estratégico de CiU se combinaron para dotar al movimiento de una dinámica poderosa. Bien engrasada por el eficaz aparato mediático del nacionalismo catalán (especialmente la pública CMA pero también muchos medios privados beneficiarios de las ayudas públicas de la generalitat). En las exitosas movilizaciones de las sucesiva diadas se deja ver la presencia de una bien pensada creación de actividad lúdico-política a la que sin duda contribuyeron muchos profesionales expertos en estos medios. Y no hay cosa que más anime a generar autoestima y pérdida de sentido crítico como el éxito de lo que se ha organizado. Los elementos emocionales han jugado un peso tan sustancial que han permitido a los líderes independentistas vender sus “faroles”, su demagogia y sus propuestas nebulosas como una estrategia bien pensada que conduciría a un país idílico. La propia dinámica del “procés” ha dado un protagonismo destacado al sector más radical y xenófobo del soberanismo, del que Torra es sin duda un ejemplo palmario.

III

El “procés” ha descolocado a la izquierda (el PSOE es otra cosa). De hecho arrastra un largo declive. La vieja hegemonía que en algún momento tuvo el PSUC le era dada por ser la única organización real de oposición al franquismo (sin olvidar la notable presencia de activistas en los numerosos grupos situados a su izquierda). En aquellos años los nacionalistas no tenían una gran incidencia política. La potencia mediática ejercida por el pujolismo combinado con la crisis de la cultura de la izquierda en todo el mundo y el debilitamiento de la clase obrera como sujeto político han contribuido a una paulatina erosión de la izquierda organizada. El 15-M pudo significar un renacimiento de esta hegemonía de la izquierda (por esto generó tanta hostilidad desde el campo nacionalista, incluida la pretendidamente izquierdista CUP). Y en cierto modo la victoria electoral de Barcelona en Comú, priorizando el eje social, parecía abrir una nueva fase. Pero de momento esto ha sido más una posibilidad que una realidad. Els Comuns no han conseguido generar una organización implantada en el territorio (ni generar un movimiento de confluencia parecido en muchas ciudades) y sus titubeos respecto al procesismo les han enajenado apoyos importantes. Es evidente que cualquier posicionamiento sobre las cuestiones relacionadas con Catalunya generan una fuerte polarización, incluso entre la gente organizada en Comuns. Por lo que tenemos dos posibilidades: o seguir con el clima de crispación o tratar de entender dónde se generan las dinámicas para buscarles otra salida. Con este sentido trataré de introducir algunas cuestiones.

Como visión general creo que en la izquierda catalana coexisten tres situaciones. Una, que incluye especialmente a la gente cercana al trostkismo y a la ortodoxia marxista-leninista (Comunistes de Catalunya), totalemente abducida por el “procés”. Otra, bastante común entre la gente más joven proveniente del 15-M, y en la que situaría a la misma Ada Colau, mucho más distanciada pero dispuesta a aceptar propuestas de los independentistas apelando a la “radicalidad democrática” y a la lucha antirrepresiva. Y la tercera, predominante entre mucha gente de largo recorrido militante, totalmente crítica con el procés (con una ala “dura” organizada en Federalistes).

Ya he explicado en otras ocasiones de dónde proviene la abducción. En buena parte es una posición “oportunista”, en un doble sentido. Para algunos es una oportunidad de obtener prebendas y protagonismo político al socaire del independentismo hegemónico (es lo que sin duda explica el pacto de Comunistes con Esquerra Republicana). En otros muchos casos se trata más bien de un deslumbramiento por la movilización, de una cultura política que presupone que toda movilización de masas tiene que ser hegemonizada por la izquierda (y por tanto que hay que participar activamente en ella) y presidida por la esperanza, bien alimentada por los ideólogos procesistas, donde la independencia y la Republica abren posibilidades de rupturas reales y transformaciones anticapitalistas.

En ambos casos hay una referencia común a una de las propuestas tradicionales de la izquierda, el “reconocimiento del derecho de autodeterminación”. Una propuesta que estaba presente en todos los programas de los partidos de izquierda en la transición y cuya aceptación acrítica facilita que gente radical (y habitualmente no nacionalista) se integre en un movimiento desastroso en cuanto cultura democrática y avance social.

En el segundo sector la cosa es bastante más compleja. Existe la fascinación por el tamaño de las movilizaciones. Pero sobre todo existe una sensibilidad extrema en oponerse a todo lo que sea abusos de poder. Ciertamente alguno de los comportamientos de las instituciones estatales refuerzan esta percepción antirrepresiva, como la actuación violenta de la Policia Nacional y la Guardia Civil el 1-O, o la inculpación de los responsables políticos por una insurrección difícil de determinar. Sería la primera vez en la historia que unos insurrectos ni siquiera arrían la bandera “enemiga”, salen corriendo a dormir al país vecino y entregan las instituciones sin ningún atisbo de resistencia real. El mantenimiento de la prisión preventiva para unos y los fracasos en los procesos de extradición de los fugados, y las manipulaciones en la cúpula del Poder Judicial y el control que sobre el mismo ejerce el sector conservador, constituyen otras tantas muestras de que en la alta judicatura española se mantienen tics autoritarios y de que son necesarias reformas en la administración de justicia. Y estas irregularidades, que magnifica el mundo independentista (escondiendo en cambio los aplausos que dedicaron al juez Marchena cuando condenó a los jóvenes manifestantes ante la sede del Parlament), generan un vértigo moral del que no se han sabido escapar al tiempo que provocan a menudo pronunciamientos que parecen alinear a los líderes dels Comuns con el bando independentista y enrarecen el ambiente en su propia base social. Hay mucho de inexperiencia y un poco de insensatez en este comportamiento. Hay también una cierta actitud reactiva en relación a un frente “españolista” que suele prácticar el tremendismo demagógico, así como cierto amedrantamiento ante la presión, a veces insoportable, del permanente chantaje moral que ejercen las bien organizadas “tropas” independentistas. No se puede pasar por alto que la izquierda de los comunes no cuenta con ningún espacio comunicativo importante donde poder comunicar y debatir las propias propuestas.

IV

Con la sentencia del procés van a renacer las tensiones y la emotividad dominará el debate. Ya se perfila un choque de trenes entre los que aplaudan la sentencia y los que la descalifiquen al cien por cien. El frente independentista está perfilando la nueva pantalla de la “Amnistía”, otra forma de seguir el procés en otros términos (posiblemente con ningún resultado práctico, dados los condicionantes legales de la cuestión). Y el espacio de la izquierda volverá a sentirse emplazado a una toma de posición incómoda, destructiva para el propio entorno.

Sin duda la judicialización del proceso por parte del gobierno Rajoy acabó provocando su persistencia. Pues fabricar “mártires” es la mejor forma de producir seguidores de los mismos. No creo que las condenas vayan a resultar ejemplares para los independentistas, aunque en cualquier caso serán leídas como una prueba más del carácter autoritario del país. Sobre todo si se sustentan en una consideración de los delitos de rebelión o insurrección que están lejos de explicar lo que sucedió en septiembre-octubre de 2017. Como algún jurista ha apuntado, quizás el problema es que hubo un delito mal tipificado. O pensándolo en otros términos, lo que hace falta es un juicio político en lugar de uno penal.

Es en este terreno donde Comuns, o cualquiera que pretenda sustituirlos, debería haber penetrado decididamente.

• Ante todo, se trata un delito de engaño que cometieron los líderes independentistas con sus propias bases, insistiendo en que tenían una hoja de ruta propia que la Unión Europea aprobaría (algo que se mostró manifiestamente falso y que explica el resultado final, quizás mucho más que la aplicación del 155); o negándose a debatir el impacto real y a corto plazo de una independencia unilateral que, de haberse practicado, hubiera sido precusora del Brexit a las bravas. Los Mas, Puigdemont, Romeva, Junqueras y compañía son culpables de engaño a su propia gente (que indudablemente estaba dispuesta a aceptar cualquier anuncio publicitario de sus líderes).
• Es también un delito contra la democracia haber impuesto leyes como la del Referéndum o la de la Transición, tanto por la forma en que se aprobaron como por su contenido. Especialmente la Llei de Transició, por su contenido notablemente mucho más regresivo y autoritario que la Constitución Española. Y es asimismo un délito contra la cultura democrática presentar una consulta sin garantías democráticas (mesas, recuento, censo publicado) como un referéndum democrático con garantías plenas y haber sustituido la realización de verdaderos debates informados sobre las razones y los efectos de la independencia por una política de propaganda sistemática orientada a consolidar las convicciones y los prejuicios de la propia base.
• Hay finalmente un delito político en los años de inacción del gobierno catalán (aunque en esto el español no le va a la zaga), en el mantenimiento de los recortes y la insensibilidad ante los graves problemas sociales y ambientales del país real, en seguir manteniendo la ficción de que en un futuro incierto todo se arreglará por arte de magia.

Todo esto no implica tener que renunciar al cuestionamiento de los fallos, de los tics autoritarios y el anticatalanismo que emana de algunas instituciones del Estado. Pero sin un cuestionamiento abierto del “procés” es imposible que se pueda reconstruir una izquierda catalana que aglutine en su seno distintas sensibilidades y donde predomine un sentimiento democrático profundo, una cultura de la igualdad y la razón.

V

No hay una salida fácil ni inmediata a la situación actual. Los líderes del independentismo y del anti-independentismo han sobreactuado tanto, han calentado tanto a sus bases, que hoy nos encontramos con un nivel de movilización que difícilmente puede reconducirse a corto plazo. Sin embargo, es preciso desarrollar una estrategia que cuando menos permita ampliar el campo de los que se encuentran en medio de los dos bandos.

Pensándolo en clave de la izquierda en Catalunya, ya he apuntado una de las vías de trabajo que me parecen básicas: la de desmontar, con argumentos, la lógica estrambótica de los líderes independentistas, sin aceptar la morralla argumentativa de los procesistas que pretende justificar todas sus acciones, así como su propagación de una cultura social y política en la que sólo rige la dialéctica del amigo-enemigo. Como tampoco se puede dar por buena cualquier acción desmedida de la justicia y las fuerzas policiales. Por explicarlo con un caso reciente (el de la detención de nueve personas acusadas de preparar atentados), a mucha gente le impactó y le removió el recuerdo del 1-O el desproporcionado despliegue policial para detener a estas personas (donde hubo confusión en la primera petición fiscal de calificar los hechos de rebelión y terrorismo, algo jurídicamente incompatible que ha motivado la eliminación de la primera calificación), en el que es detectable un claro interés político en elevar el comportamiento de un pequeño grupo a todo el amplio espacio independentista. Pero exigir una actuación judicial y policial honesta, trasparente y proporcionada no conduce a dar por bueno automáticamente que las detenciones son una muestra más de la represión estatal y que es imposible que en un espacio social tan amplio como el del independentismo catalán no pueda surgir gente que adopte posiciones inaceptables y perseguibles penalmente. Es totalmente inaceptable que los líderes independentistas nieguen la propia historia (Terra Lluire fue una organización militar que trató de copiar, con poco éxito, a ETA), traten de convencernos con un falso silogismo (“el independentismo catalán es intrínsecamente pacífico, por lo que no ha lugar la acusación de lucha armada a quienes representan el independentismo”) y pretendan convertir cualquier acción policial y judicial en mera represión y en una demanda implícita de vía libre para sus acciones.

En segundo lugar, hay que volver a colocar —y esto sí se ha ido haciendo—las cuestiones social y ecológica en el centro del debate político. Porque el “procés” ha supuesto en buena medida la paralización de la actividad catalana, un nuevo adelgazamiento de lo público que prolonga y refuerza los efectos de los recortes. Algo que es común tanto a Catalunya como a España en su conjunto.

Y en tercer lugar, es preciso avanzar propuestas serias en cuestiones cruciales concernientes a la independencia, en varios campos:

• El de la evaluación de los efectos reales de la independencia. Este es un debate que la izquierda ni siquiera se planteó. Dio por buena la demanda del derecho a decidir sin considerar que para decidir bien primero hay que estar informado y sopesar adecuadamente las alternativas. A muchos les nubló la mente la promesa utópica de la nueva República, pero una izquierda responsable debe servir para que la gente adopte posicionamientos sobre buenas bases.
• En segundo lugar está la cuestión del derecho a la autodeterminación. Para los fundamentalistas de ambos bandos es algo que no se puede debatir, en uno u otro sentido. Pero es un campo en el que hay que hacer propuestas que faciliten salidas. Es obvio que en Catalunya no se dan las circunstancias que se suponen en los procesos simples de autodeterminación: no hay una sociedad muy mayoritariamente favorable al proceso, en buena medida porque décadas de desarrollo capitalista, de migraciones, de integración en España, han alterado las estructuras sociales y las visiones de lo nacional; como es obvio que en el mundo actual ni la independencia garantiza una mejora clara en el bienestar social ni los estados configuran en ningún caso un mundo cerrado que se reproduce a sí mismo (hablar por ejemplo del mundo empresarial catalán es referirse a una estructura dominada por multinacionales foráneas y grupos financieros, mientras el empresario local tradicional se ha convertido en un mero rentista).
• Siendo todo esto claro, resulta sin embargo inadecuado no contar con procedimientos negociados que puedan dar lugar a respuestas más civilizadas que la del referéndum unilateral o la aplicación del 155. Me refiero tanto a procedimientos que exijan unos niveles elevados de consenso (reflejando un verdadero sentimiento social), como a la limitación de su posible repetición para evitar una sucesión continua de procesos referendarios, a la promoción de procedimientos de respuesta que incluyan propuestas, o a la obligación de los promotores de detallar adecuadamente las propuestas para limitar daños. En fin, un procedimiento limitado de autodeterminación pero que posibilitara una participación deliberativa y la búsqueda de acuerdos. Un tipo de mediación institucional que rompiera el pseudodilema del fundamentalismo de la secesión y de la unidad y lo sustituyera por un proceso civilizado para negociar desde un posible divorcio hasta un cambio en las relaciones entre Estado central y periferias.
• Por último, hay algunos espacios donde los independentistas denuncian una cuestión crucial. Uno es el campo de la financiación autonómica y local, que no sólo afecta a Catalunya. El gobierno central español ha tendido a desplazar la prestación de servicios a las autonomías sin trasvasar recursos en la misma proporción. Y bajo el mandato del PP ha recentralizado cuestiones sin demasiada justificación. El otro es el de la cuestión lingüística. En España la pluralidad lingüística sigue viéndose como un problema: el catalán, el vasco y el gallego son vistos como objetos de sospecha. Nunca ha habido un intento serio de construir una cultura federal ni de entender que hay que buscar una coexistencia normalizada (en Suiza, por ejemplo, en cada cantón predomina una lengua, pero pueden encontrarse espacios como Valais donde a pesar de que hay una lengua cantonal dominante —el francés— en algunos valles orientales predomina el alemán: quizás Suiza sea un ejemplo extraño, pero indica que con otra voluntad el problema tiene solución). En definitiva, generar una política federalista eficaz forma parte de la posible solución.

Para adoptar este tipo de propuestas, aún por construir, faltan coraje y claridad de ideas. No hay que cebarse cuando los nuestros no dan la talla. Estamos en tiempos de desafíos enormes, muchísimo ruido ambiental y enorme confusión interesada. Los nuestros, al fin y al cabo, somos nosotros.