A partir de un proceso

Juan-Ramón Capella

[Gran inteligencia politica de los dirigentes independentistas: tumban el presupuesto y por tanto al gobierno, y provocan unas elecciones de las que pueden salir altamente escarmentados pues la derecha hispánica va sin frenos. ¿Buscan convertirse en mártires como Rafael de Casanova, elevado a los altares por un trozo de metralla?]

Ante el tribunal que les juzga, la defensa de los dirigentes independentistas consiste en desdecirse de lo que hicieron: no hubo declaración de independencia, no hubo propiamente un referéndum (más bien un happening), etc. O sea, pretenden que todo era una función de teatro para sus seguidores y para incrementar su propia fuerza como movimiento. ¿Creen que esta versión le gustará a su propia gente? ¿La considerarán astucias de defensa? Probablemente. No hay peor sordo que el que no quiere oir.

Un amigo, ilustre magistrado emérito, me señala que jurídicamente se puede estimar la violencia aunque no aparezca armada. Yo no entro en este asunto, pero sí aprecio una tremenda y sostenida dosis de coerción ejercida sobre la sociedad catalana que la ha dividido profundamente por mucho tiempo. Eso, con independencia del lado jurídico, es lo que no tiene perdón.

Ni olvido.

De las imágenes por televisión del proceso a los dirigentes institucionales de la rebeldía independentista se infiere ya claramente una consensuada relación entre ellos e instituciones u organizaciones cívicas al objeto de oponerse a las misiones de la policía judicial tanto en los días anteriores al happening pseudorrefrendario como ese mismo día. La fuerza privada ejercida contra la fuerza pública es indudable, así como una organización provocadora que convocaba a particulares a los lugares de registro o de votación para contraponerse a la policía judicial. A eso se añadían insultos, agresiones y vejaciones a los agentes reveladores de un odio ciego y cegador.

Estas actuaciones contrastan con la pretensión de que se considere a los procesados como presos políticos. Se trata claramente de unas personas enjuiciadas por haber pervertido gravemente sus funciones institucionales. Sus partidarios disfrutan de todas las libertades políticas y juegan con ellas hasta un abuso parecido al de los niños mal educados. Otros hablan de desobediencia civil, olvidando que una de las condiciones para que ésta pueda ser apreciada es la aceptación clara de las consecuencias de la desobediencia.

El sistema constitucional de libertades ha dotado a las instituciones catalanas de poderes y competencias como estas jamás habían tenido. El mal uso de tales poderes y competencias por parte de los independentistas en las instituciones, y la inacción del Estado ante este mal uso durante mucho tiempo —p.ej., ante la exhibición de banderas independentistas en balcones de ayuntamientos, acuerdos inconstitucionales de éstos o incluso llamamientos a la ilegalidad por medio de altavoces públicos—, revela una inapropiada condescendencia del poder ejecutivo del Estado, también culpable por omisión de los males de hoy. Si se crearan comisiones de la verdad (del estilo de las de Sudáfrica), habría que exigirles responsabilidad por lo menos moral y política también a las personas con poderes ejecutivos estatales.

Hay que decir asimismo que en este enfrentamiento del independentismo con la legalidad se han perdido de vista muchas formas democráticas elementales. La exhibición de símbolos partidistas en edificios oficiales revela una especie de concepción patrimonial de las instituciones por parte de ciertos cargos públicos (de titulares de alcaldías a un honorable) completamente extraña a la democracia. Como si las instituciones fueran un botín que puede ser usado para cualquier cosa.

Si se siembra zizaña se cosecha más zizaña. Ahora el conflicto principal se da entre los catalanes más que entre los independentistas catalanes y el resto de España.  A los catalanes nos aguarda un futuro de flamencos y walones. Adiós a la Cataluña ilustrada. ¡Pobre sociedad la nuestra, con una división más, y además gratuita!

29/3/2019

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