La transición a las energías renovables, una oportunidad

Joaquim Sempere

Los trabajadores y sus representantes sindicales y políticos tienen siempre una dificultad enorme para proponer políticas económicas. ¿Por qué? Porque el dinero está en otra parte, en manos de la oligarquía capitalista o bajo el control de una banca privada que forma parte de esa oligarquía. Por eso el esquema habitual es que los partidos de la izquierda cuenten con su acceso al gobierno para poder disponer de recursos financieros públicos como única vía para llevar a efecto políticas económicas.

La transición energética (TE) a un modelo 100% renovable cambia el panorama. En primer lugar, se trata de un proceso inexorable debido al agotamiento de las fuentes fósiles de energía y del uranio. Un cálculo solvente reciente (Carles Riba, Recursos energètics i crisi. La fi de 200 anys irrepetibles, 2011, puede consultarse en línea, también en castellano) sitúa el agotamiento conjunto de esas fuentes hacia 2060. Aunque se produjera diez o veinte años más tarde, no cambiaría nada substancialmente. Y la escasez empezará a sentirse antes, acarreando tensiones bélicas, especulación financiera, volatilidad incontrolable de los precios, etc., es decir, una situación compleja difícil de prever en sus detalles pero que puede poner en aprieto la economía y la vida de todas las sociedades existentes, dada nuestra extrema dependencia de la energía en general y del petróleo en particular. ¿Bastan 40 años para culminar una TE completa? Sólo si se emprende esa transición con empuje y sin más tardanza, y con un cierto nivel de cooperación internacional que, por lo menos, evite o minimice tensiones bélicas y rivalidades económicas –una hipótesis por desgracia hoy poco probable—. Que la TE es inexorable lo admiten las grandes compañías energéticas del mundo entero, que tienen ya sus secciones de renovables a punto para irrumpir en el mercado cuando lo crean más conveniente (mientras tratan de amortizar al máximo sus ingentes inversiones fosilistas escurriendo las reservas hasta la última gota), y que ofrecen ya servicios en este sector.

En segundo lugar, las técnicas para obtener energía de fuentes renovables difieren de las técnicas ligadas a las fuentes fósiles y al uranio: consisten en captadores de pequeñas dimensiones y coste reducido, que están al alcance de la ciudadanía. Cualquier particular, empresario (incluso pequeño) o entidad pública puede costearse la instalación fotovoltaica, solar térmica, eólica o minieólica, geotérmica u otra. Las modalidades pueden ser múltiples. Aparte de poner captadores en la propia vivienda o  empresa, se puede participar con los propios ahorros en iniciativas cooperativas o de accionariado ciudadano. Esto ocurre ya en países como Alemania, Dinamarca, Holanda y otros, donde la proporción de instalaciones renovables en manos de particulares alcanza proporciones del orden de 1/3 o 1/2 del total, tanto en  instalaciones para uso propio directo como en macroinstalaciones financiadas por cooperativas. En el viejo modelo fosilista-nuclear la producción, almacenamiento y distribución de electricidad, gas o combustibles líquidos han estado y siguen estando concentrados en manos de un oligopolio, cuyo poder económico le confiere un enorme poder político. Allí donde funciona un “capitalismo de amiguetes”, como en España, la energía ha sido un sector particularmente poderoso. Por eso el eventual desarrollo de un modelo energético renovable, distribuido y financiado directamente desde la sociedad ofrece una oportunidad única y fecunda para socavar el poder oligopólico e inaugurar una dinámica económica nueva, incluso más allá del sector energético.

Uno de los problemas de cualquier reconversión industrial o proyecto de inversión productiva es: ¿acertaremos a satisfacer una demanda solvente? ¿Invertiremos con garantías de poder vender toda la producción necesaria para que el negocio sea viable? Pues bien, en el caso de la TE el esfuerzo inversionista se dirige a una demanda y a una capacidad adquisitiva absolutamente seguras. Descontando el segmento de población de menor capacidad adquisitiva, víctima de la pobreza energética, que no puede pagar ni siquiera por sus necesidades energéticas –segmento que representa un porcentaje muy pequeño de  la población total—, prácticamente toda la población del país puede pagar, y paga, sus facturas de gas y electricidad. Supongamos que se emprende un programa generalizado de reconversión energética, con instalaciones fotovoltaicas, eólicas, solares térmicas, geotérmicas y otras, y de rehabilitación de edificios para aumentar su eficiencia térmica. Supongamos también que se moviliza un sistema de crédito específico que presta a los particulares, pequeños empresarios y municipios para que inviertan en esa reconversión energética, con modalidades de crédito que permitan devolver el préstamo con intereses y plazos programados para que la mensualidad que se pague al banco sea equivalente, o del mismo orden de magnitud, a la factura mensual que ahora se paga a la empresa suministradora de electricidad. El inversor particular no notaría la diferencia en su presupuesto doméstico; pero estaría financiando su inversión presente con el ahorro futuro. Y al cabo de los meses o años de amortización del crédito, sería dueño de su instalación. Habría dejado de pagar por el combustible, ya que el aire y el sol son gratuitos, y estaría contribuyendo activamente a luchar contra la quema de recursos fósiles que provocan el efecto invernadero y el cambio climático. Sólo debería costear el mantenimiento de la instalación y el coste del uso de la red: su factura energética se reduciría. A la vez, estaría debilitando el poder del gran capital y ayudando a substituirlo por una economía de las necesidades controlada por sus propios usuarios. (La Agencia Municipal de la Energía de Barcelona ha estimado en unos 7.000 € de promedio el coste de una instalación eléctrica renovable que cubra las necesidades de una familia. Su amortización es perfectamente viable.)

En ciudades densas no es fácil disponer, para todos los habitantes, de espacio en la propia vivienda donde instalar captadores fotovoltaicos o solares térmicos. Ni es fácil –cuando ello es posible— poner de acuerdo a todos los vecinos de un mismo bloque. Los cambios normativos y el apoyo de los ayuntamientos pueden desbloquear los obstáculos. Pero habrá que buscar a la vez fórmulas que permitan aprovechar espacios fuera de las ciudades donde invertir el ahorro familiar para producir la energía que se usa. La cooperativa Som Energia ofrece ya una posibilidad en esta línea: inviertes tus ahorros en sus instalaciones de renovables y compras tu electricidad a la cooperativa. Fórmulas de este tipo pueden generalizarse y son viables ya ahora mismo. El tema de la producción para grandes usuarios (transporte ferroviario y de carretera, gran industria, etc.) requerirá otros esquemas. Un sector público de la energía será la alternativa al gran negocio privado.

El mercado está perfectamente delimitado y es solvente. No es ninguna aventura arriesgada lanzarse a esta operación. ¿De dónde saldría el dinero? La financiación de la transición energética se pagaría con el ahorro. Esto requiere que entidades financieras adelanten el dinero, contando con la seguridad de que sus préstamos serán devueltos por las razones aducidas. Sería bueno que se constituyera una banca pública al efecto, pero la transición podría empezar con la banca ética y el crédito cooperativo hoy existentes y seguramente también con la banca privada convencional. El coste de la importación de fósiles más uranio alcanza últimamente en España la suma de unos 50.000 millones de euros al año, un 5% del PIB. La TE implicaría para el país ahorrarse este coste (no de golpe, claro, sino en un proceso gradual), lo cual indica que los recursos financieros existen, y de sobras. Habría que encontrar la fórmula para capitalizar este ahorro, poniéndolo a disposición de las entidades de crédito.

La TE va a suponer un ciclo inversionista de grandes dimensiones, semejante a otros ciclos históricos, como el ferrocarril en la primera mitad del siglo XIX, la electrificación a finales del mismo siglo y el automóvil y sus infraestructuras viarias en el siglo XX. Por lo tanto, va a generar inversiones y crear muchos puestos de trabajo. El ingeniero Ramon Sans calculó en 2013 (véase el libro La transición energética del siglo XXI. El colapso es evitable, Barcelona, Octaedro) que, con los precios de entonces, la transición energética a 100% renovables supondría una inversión global de 474.000 millones de euros en España en el curso de 35 años (2015-2050). Para Europa de los 28 (incluyendo Gran Bretaña) la inversión global sería de 7,4 billones (1012) de euros. Además va a suponer abrir a la ciudadanía la posibilidad de tener un papel político y económico activo, tanto en la iniciativa industrial como en la inversión del propio ahorro de la gente, del ahorro popular (que no requerirá pasar por la mediación de los fondos de inversión controlados por la gran banca si se dispone de una banca pública y de otras entidades de crédito no orientadas a la maximización de los beneficios). Se abre una posibilidad real de hacer una política económica democrática, social y solidaria, incluso sin estar en el gobierno (aunque sería más fácil estando en el gobierno), a la vez que se contribuye a luchar contra el cambio climático poniendo las primeras piedras de una transición ecológica más ambiciosa.

Tenemos una oportunidad única de luchar contra el cambio climático, de liquidar el modelo energético fosilista, de socavar el poder capitalista en un sector tan estratégico como la energía, de empoderar a la ciudadanía, de poner algunos ladrillos para una economía no capitalista y de transitar hacia una economía ecológicamente sostenible. Aprovechémosla. 

31/10/2018

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