El conocimiento público de la venta a Arabia Saudí de 400 bombas ha vuelto a poner de manifiesto que el Gobierno español está utilizando las exportaciones de armamento como un instrumento más de su política internacional. Según la información publicada en El País, citando a un responsable gubernamental: «Fue una decisión política con la que España mostró su respaldo a la coalición liderada por Arabia Saudí que intervino en la guerra de Yemen».

En relación con Arabia Saudí son claros los intereses comerciales implicados. El más importante para el Gobierno es el contrato por el cual la empresa pública Navantia construirá cinco corbetas, un contrato valorado en 1.800 millones de euros. No cabe duda de que la venta de las bombas favorecerá las buenas relaciones diplomáticas entre ambos países ya que, aunque sea indirectamente, Arabia Saudí ha recibido apoyo político por parte del Gobierno español a su intervención militar en Yemen.

Conviene, más allá de los intereses económicos, tener en cuenta esta dimensión del comercio de armamento como instrumento de política internacional. Este caso no es el único ejemplo. Así, se pueden mencionar las donaciones de armamento a Marruecos de 2008 al precio simbólico de un euro: ocho juegos de lanzadoras de bombas de aviación (valorados en 86.484 euros) y seis torpedos ligeros MK-46. La donación a Ucrania, en septiembre de 2014, de 300 cascos y 500 chalecos antifragmentos, en el marco de las medidas de apoyo a ese país adoptadas por la OTAN. O la autorización de exportaciones de armamento a Irak, tras años de embargo, a partir de 2014, debido a un cambio de la política de la Unión Europea con la finalidad de apoyar la lucha contra el denominado Estado Islámico. Las transferencias de armas españolas a Irak alcanzaron en 2015 el valor de 85 millones de euros, 52 millones en 2016 y 33 en 2017.

Otra cuestión destacable en la venta de las bombas a Arabia Saudí es que se trataba de armas en propiedad del ejército español. La posibilidad de vender armamento afectado al Ministerio de Defensa está regulada en el Real Decreto 1638/1999, de 22 de octubre. Esta norma establece un régimen más flexible que el regulado en la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas. Y atribuye al Ministro de Defensa la competencia para acordar la venta, que podrá hacerse por enajenación directa, es decir, sin necesidad de que se lleve a cabo un procedimiento competitivo previo.

Una de las finalidades del Real Decreto 1638/1999 es la obtención de ingresos económicos gracias a la enajenación de armamento usado. Además, esta regulación flexible ha facilitado la venta de bombas a Arabia Saudí con una clara finalidad política. Esta es una de las vías que permiten al Estado español llevar a cabo directamente una exportación de material de defensa. La otra vía es la celebración de un contrato gobierno a gobierno, contrato en el que el Gobierno español se compromete a suministrar un determinado tipo de armamento, fabricado por una empresa pública o privada, asumiendo la responsabilidad en caso de incumplimiento.

Un último aspecto a tener en cuenta es la necesidad de obtener una autorización de exportación de material de defensa. Este papel de control lo ejerce un órgano interministerial, la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU). La JIMDDU debe comprobar que la operación que se pretende llevar a cabo cumple los requisitos legales; básicamente que no exista un embargo de armas y que no se exporte armamento a países que vulneran los derechos humanos o que participan en conflictos armados.

Hay serias dudas de que la exportación de 400 bombas con un sistema de guiado láser, de mil kilos de explosivos cada una, cumpla con los criterios legales. Existe un riesgo manifiesto de que esas bombas sean utilizadas por Arabia Saudí en la guerra del Yemen. Aunque se trate de armamento con un escaso margen de error, será el Gobierno de Arabia Saudí quien decida cómo se utilizan. Un gobierno que lidera una coalición que ya ha vulnerado los derechos humanos en la guerra de Yemen. Por tanto, no debería haberse autorizado la exportación. El actual Gobierno español debería revocarla, algo que no ha hecho para que no se viera afectado el contrato de las corbetas.

Como ya se ha mencionado, la venta de las 400 bombas a Arabia Saudí contó con el apoyo claro del Gobierno español. Y parece que la JIMDDU ha asumido como propia esa decisión política o, como mínimo, ha realizado una interpretación muy poco exigente de los criterios legales para que pudiera autorizarse. No hay un control efectivo del comercio de armamento por parte de la JIMDDU, un órgano que en 2017 denegó el 0,3% de las autorizaciones de exportación de material de defensa. Una ausencia de control efectivo que se ve propiciada por el secretismo, ya que las actas de la JIMDDU han sido clasificadas como secreto de Estado.