Varias semanas después de que se publicara en el BOE la resolución por la que el Ministerio de Trabajo oficializa la constitución del sindicato OTRAS (Organización de Trabajadoras Sexuales), la noticia ha saltado a los medios con gran escándalo general. Los sectores abolicionistas, mayoritarios en el feminismo de este país y bien representados en el propio gobierno, han puesto el grito en el cielo tras la vuelta de vacaciones, y Magdalena Valerio ha ordenado buscar el modo de revocar la resolución aprobada por la administración de la que es titular.

Lo primero a destacar es que la norma está firmada el pasado 31 de julio por la Directora General de Trabajo, lo que quiere decir que en el momento de la inscripción del sindicato no se apreció que sus estatutos vulnerasen ningún derecho (“la mencionada asociación […] reúne los requisitos previstos en la Ley Orgánica 11/1985 de Libertad Sindical, y el Real Decreto 416/2015 sobre depósito de estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales”).

Sin embargo, esto puede ser interpretado como una admisión de la naturaleza laboral de los servicios sexuales remunerados —tal y como vienen reivindicando desde hace tiempo las profesionales del sector y las organizaciones que las apoyan— o, en otras palabras, como una legalización indirecta de la prostitución. Es esto lo que ha desatado una reacción virulenta.

Dejando por un momento de lado la valoración moral que se tenga acerca de la prostitución, es difícil negar que ésta es un trabajo. La consideración del mismo que tenga cada cual no debería plantear problemas para una discusión racional sobre cómo abordarla legalmente, donde pueden plantearse razones de todo tipo. Que haya por detrás una coacción por parte de terceros o bien se esté en presencia  de una decisión personal, por ejemplo, plantea escenarios muy distintos. Es cierto que los proxenetas, los traficantes y los dueños de clubs que se lucran con la prostitución estarían satisfechos con una legalización absoluta de la prostitución (ahora tolerada bajo formas encubiertas, como las saunas, las empresas de scorts,  los salones de masajes o el alterne en clubs). Pero lo que aquí se está discutiendo es algo muy distinto: la situación de desamparo que sufren las y los trabajadores sexuales en el mercado del sexo y su autoorganización para reclamar unos derechos elementales, como es el propósito de OTRAS.

Dos son los aspectos que reivindican las y los profesionales a través de su consideración como trabajadores:

Por un lado, re-significarse frente a la mala imagen que padecen socialmente. Pues minar la pesadísima connotación peyorativa del término puta pasa por partir de una institución en la que todos nos reconocemos: el trabajo. Un trabajo, por lo demás, amplísimamente demandado, sobre el que sin embargo recae una cantidad impresionante de cinismo social. En una sociedad hipersexuada como la nuestra, no escandaliza el consumo masivo de pornografía (a pesar de que el meganegocio que hay detrás de ella depende de una explotación de personas similar a la de una granja de animales: véase el documental Pornocracy), las barras americanas o las llamadas «líneas calientes». Pero sí que las putas puedan tener derechos iguales que sus clientes.

Por otro lado, y sobre todo, lo que se reclama es tener unos mínimos vitales garantizados tales como la seguridad frente a la violencia cotidiana, una tutela judicial efectiva, un seguro de desempleo (sin el que resulta difícil plantearse una alternativa laboral), derechos sanitarios, bajas laborales, vacaciones, o una base cotizada de pensión. Derechos por otro lado recogidos internacionalmente en el documento de la NSWP–Red Global de Proyectos de Trabajo Sexual: «Trabajo sexual como trabajo», que en 2013 desarrolló la Declaración de Consenso de la NSWP: Consensus statement on sex work, human rights and the law.

En un ataque de ira, la ministra ha declarado que “No avalaremos un sindicato de una actividad que no es legal y que vulnera los derechos de las mujeres. No lo hará un Gobierno socialista y feminista”. Interesante, porque efectivamente la prostitución en España, a pesar de no tener una regulación general específica, está ampliamente tolerada (aunque sin derechos) fuera de la calle cuando se trata de una actividad consentida. E interesante porque la ministra, desde la legalidad que representa, se arroga la calificación en abstracto de esta actividad como vulneradora de los derechos de las mujeres, sin tener en cuenta, justamente, lo que el sector está reclamando. De lo que se colige una pregunta fundamental: ¿qué legitimidad tiene un gobierno (que en anteriores legislaturas no ha sido capaz de regular la prostitución) para negar de raíz la libertad de una mujer para vender un servicio sexual?; y complementariamente: ¿esa vulneración de derechos no afecta también a los hombres que prestan un servicio sexual?

Hay que recordar, también a ese respecto, que desde 2015, movida por las exigencias europeas de estabilidad presupuestaria, España introdujo en el PIB el dinero que mueve la prostitución. Que el estado no pone problemas de facto a las trabajadoras sexuales para darse de alta en el sistema de la seguridad social como autónomas en el marco de la Ley 20/2007 que regula este régimen de trabajo (a pesar de que muchos empresarios del sector se favorecen de ello para eludir así responsabilidades). Que desde la inspección del propio Ministerio de Trabajo se viene reclamando a las empresas encubridoras del negocio de la prostitución las cotizaciones que eluden mediante fraude, con la consiguiente admisión de que los servicios sexuales constituyen una actividad laboral. Y que existe una importante producción jurisprudencial en la que es posible basar el reconocimiento de la prostitución por cuenta propia como una actividad laboral susceptible de protección (sobre todo en la jurisdicción de las salas de lo social, pero también en la del Tribunal Supremo: STS 7727/2004, STS 152/2008), a pesar de no admitir la legalidad del contrato de servicios sexuales. Asimismo, la OIT y la UE califican el ejercicio de la prostitución libremente y por cuenta propia como una “actividad económica” (STJCE 2001/314, asunto Janny y otras), animando a los estados a que tomen una posición al respecto.

Los estatutos de OTRAS disponen que podrán afiliarse en él trabajadoras y trabajadores mayores de edad por cuenta ajena sin distinción de ningún tipo por carácter de género, orientación y/o identidad sexual, y que también acogerá a aquellas personas que trabajen por cuenta propia pero en ningún caso a aquellas que “tengan trabajadores a su cargo”. Queda por tanto claro que la intención del sindicato no es amparar el negocio de los empresarios del sector —sobre el que ningún gobierno ha mostrado aún un verdadero interés en meter mano— sino, al contrario, amparar a la parte vulnerable del mismo.

Justamente para perseguir la explotación de la prostitución (además de normas severas contra la trata de personas, lo que no entra en el rango de lo que aquí se discute) es preciso articular un discurso sindical fuerte en dos frentes: el del reconocimiento legal de la interlocución de las organizaciones de las propias trabajadoras sexuales (el motivo de esta nota) y el de la aceptación de las trabajadoras sexuales por los sindicatos existentes. En cuanto a lo primero, tenemos ya experiencias pequeñas pero edificantes. Espacios para la autogestión (también llamados “de descanso”) de las trabajadoras sexuales como el de la calle barcelonesa de Robadors indican la línea a seguir: en primera instancia, la creación de lugares que permitan el dialogo entre trabajadores sexuales y vecinos con la mediación de las instituciones locales. En última, la extensión del dicho diálogo al ámbito estatal, para evitar la ignominiosa competición entre ordenanzas de ciudades con objeto de ahuyentar a las prostitutas hacia otros lugares. En cuanto a la relación con el espacio sindical, el Sindicato Andaluz de los Trabajadores fue el primero en crear una sección de trabajadoras sexuales para luchar por el reconocimiento de sus derechos laborales, lo mismo que hizo en julio el sindicato Intersindical Alternativa de Catalunya con el fin de buscar “una política legal desde donde presionar al Estado para conseguir el reconocimiento como trabajadores”. Una posición a tomar en consideración por los sindicatos generales. Como se ha reclamado desde Putas indignadas, “las putas también somos clase obrera”, y es que el clasismo les afecta igual que a cualquier otro trabajador.

Los sindicatos de trabajadores sexuales son agentes sociales portadores de un discurso político en el que puede encontrarse una crítica al capitalismo, al sistema patriarcal, al racismo y al clasismo. Y tienen su punta de lanza en Francia, a través del STRASS-Syndicat du travail sexuel, fundado en 2009. En el mundo que circunda a la prostitución se juntan diversos factores de discriminación, como el sexo, el género, la nacionalidad, el trabajo no reconocido, la pobreza, o el propio activismo político del que estamos hablando, lo que coloca a los trabajadores del sexo en una situación de gran riesgo. Es por tanto un espacio con gran potencialidad para alimentar un derecho antidiscriminatorio transversal, que vaya más allá del abordaje de situaciones específicas de discriminación.

Para muchas mujeres, vender servicios sexuales es un modo de obtener una cierta independencia económica sin caer en la criminalidad, dentro de sociedades donde se ven atrapadas en los segmentos peor remunerados y más precarios del mercado laboral, a menudo bajo formas de sujeción mediante el endeudamiento. Y esto vale hoy en día tanto para las mujeres emigradas desde regiones pobres como para aquellas caídas en el saco de la pobreza creciente de países tradicionalmente receptores como el nuestro. Todo ello ha creado en las últimas décadas un inmenso mercado global de mujeres en sectores informales de la economía como el cuidado de personas, la limpieza, los talleres clandestinos, o el comercio con los cuerpos, lo que exige tratar el problema desde sus lados económico y migratorio.

Todos estos factores de exclusión que recaen sobre las personas que se prostituyen nos muestran por tanto un caso ejemplar de discriminación múltiple, necesitado de intervención urgente a varios niveles. Lo cual no es posible, sin embargo, sin el reconocimiento del derecho a disponer sobre el propio cuerpo.

Por todo ello, quienes se posicionan en contra de la prostitución deberían preguntarse, antes de valorar a nadie como un ser incapaz de abordar su propio destino y de negociar conscientemente los acuerdos con sus clientes, qué es lo que lleva a una mujer o a un hombre a dedicarse a este oficio. Anteponiendo la cuestión social (la pobreza) a la valoración moral y vinculando las estadísticas sobre la situación económica de las mujeres con las causas que arrastran a muchas a la prostitución. El trabajo de un gobierno feminista, sobre todo, debería empezar por ahí.