Francesc Bayo

El debate sobre el futuro de las pensiones en el Estado español: entre la precarización infligida al sistema público y el fomento de la privatización

I. Un breve repaso a los fundamentos de los sistemas de pensiones y su aplicación en el Estado español

Los sistemas de pensiones se iniciaron hace más de un siglo y en su evolución más reciente se han acabado consolidando fundamentalmente dos modelos antagónicos, que en algunos países han convivido. Por un lado está el sistema de carácter contributivo de reparto, que habitualmente ha sido organizado y gestionado por el Estado, y además históricamente es el más frecuente entre los países europeos. Aparte de su condición de sistema público, que es un factor fundamental para asegurar la gestión de los riesgos sociales de una forma solidaria, entre las características principales de este modelo destaca la necesaria vinculación de los beneficiarios al mercado laboral en cualquiera de sus regímenes. De ese modo se establece la rotación anual de los fondos que conforman los ingresos [1] y los gastos del sistema, y así se genera un modo de pacto intergeneracional que se sustenta en la garantía de unos derechos y en la esperanza de que cada trabajador pueda obtener una pensión adecuada cuando le corresponda al final de su vida laboral.

Asimismo, la condición laboral también determina quienes son los beneficiarios con derecho a percibir una pensión contributiva y en qué condiciones de cuantía en función de los años trabajados y de los niveles de cotización. De esta forma, en el Estado español se han consolidado en los últimos años unos presupuestos de fondos públicos de la Seguridad Social que son paralelos a los presupuestos generales del Estado [2], para que los trabajadores/as que llegan a la edad de jubilación se aseguren unas pensiones contributivas (u otras contingencias como, por ejemplo, las bajas laborales transitorias o permanentes por enfermedad, y las pensiones de viudedad y/o de orfandad), que son pagadas por el sistema público según las cuantías y las regulaciones establecidas en la legislación vigente en ese momento (normalmente atendiendo a criterios de años cotizados).

Después están los sistemas privados de capitalización, que se nutren de la aportación de cuotas de individuos y/o empresas (predominantes en el mundo anglosajón y en algunas economías ultra liberales como la chilena), que se fueron desarrollando en gran medida de forma paralela al fuerte avance del sector financiero en el sistema capitalista. En este caso, además de utilizar el capital de esos fondos para invertir, las instituciones promotoras se cobran unas comisiones de gestión y de depósito muy suculentas, que son las que aseguran fundamentalmente el negocio. En este modelo las aportaciones de los partícipes acaban constituyendo fondos de ahorro colectivo, que se invierten en el mercado financiero con la supuesta confianza de obtener unas ganancias que nadie puede garantizar, que luego se suman a las aportaciones propias y a las de los nuevos partícipes que se añadan al fondo, generando así un flujo de entrada y salida de capitales y copropietarios, que también influye en el valor y en la rentabilidad del mencionado fondo, que hay que volver a repetir que en ningún momento están garantizados [3].

Finalmente, en el Estado español han coexistido las pensiones no contributivas y otras prestaciones asistenciales para discapacitados, generalmente de baja cuantía y financiadas con cargo a los presupuestos generales del Estado. Estas prestaciones benefician a aquellas personas que por diversas circunstancias laborales no han podido contribuir (o no han contribuido el tiempo legalmente establecido) al sistema de reparto, y que obviamente tampoco han podido pagarse unas cuotas para acceder a una pensión privada. En comparación con los pensionistas procedentes del sistema contributivo, el montante asistencialista es muchísimo menor (en el año 2018 el valor de la pensión no contributiva básica es de 369,90 euros mensuales), pero sin embargo no hay que despreciar la cantidad de personas a las que dan cobertura. Aunque en los últimos años este colectivo de beneficiarios ha ido descendiendo, en la actualidad todavía son unas 450.000 personas. En definitiva, éste es el último peldaño que tiene el sistema en el Estado español para que la gente mayor, y las personas con discapacidad que no tengan otro medio de acceder a ingresos, no caigan más allá de la pobreza hasta llegar a la miseria absoluta.

II. La evolución de las diferentes reformas para laminar los derechos y las cuantías de las pensiones públicas

Con el paso del tiempo, en el Estado español al igual que en otros países europeos, la competencia del modelo privado en detrimento del sistema público fue creciendo hasta convertirse en una presión abrumadora sobre todos los Gobiernos, especialmente debido a las expectativas de ganancia que han vislumbrado los promotores de los fondos de pensiones privados en el sistema capitalista. De ese modo, los bancos y otras corporaciones vinculadas a los fondos de pensiones privados han pugnado primero para obtener legislaciones supuestamente neutrales que promovieran la coexistencia de ambos modelos, pero procurando que fueran favorecidas con desgravaciones fiscales las aportaciones a los fondos privados, y luego han conseguido que los Gobiernos españoles fueran laminando de forma paulatina los derechos y las cuantías en los sistemas públicos, para poder así captar los ahorros de las clases medias y de algunos sectores populares, que se asustan ante el miedo infligido por el bombardeo en los medios de comunicación sobre el oscuro futuro de las pensiones públicas. De momento el resultado es incierto, pues todavía no han conseguido eliminar el sistema público, pero seguirán al acecho y es uno de los objetivos en el medio plazo en el avance del capitalismo financiero en aras de la desposesión de lo público.

Otro factor que ha afectado negativamente a la estabilidad del sistema público contributivo viene derivado de su condición vinculante al sistema laboral, ya que con el empeoramiento de las condiciones salariales y la precarización de los contratos de trabajo se ha deteriorado muy significativamente una parte importante de la capacidad financiera del sistema público [4]. Por esta vía, las fuerzas del capitalismo neoliberal han conseguido establecer un frente de debilidad del sistema público de pensiones en el Estado español, de la misma forma que están consiguiendo eludir sus compromisos fiscales para engrosar las recaudaciones necesarias para el sostenimiento del gasto público en general [5]. Este doble asalto para la precarización de las rentas primarias y secundarias es el que está dañando los fundamentos del Estado del Bienestar en el Estado español, que de ese modo está siendo cercenado en todos sus contenidos.

La ofensiva legislativa para reducir los derechos y las cuantías del sistema público de pensiones se inició hace ya más de dos décadas, y desde entonces todas las intervenciones han sido limitadoras. Los últimos hitos fueron la Ley 27/2011, promulgada por el Gobierno socialista con el apoyo de CiU y la abstención del PNV (mientras que el PP se opuso por considerarla insuficiente), que consagraba importantes recortes como las restricciones a las condiciones de las prejubilaciones, la ampliación de los años de contribución requeridos para acceder a la pensión completa (progresivamente de 35 a 38,5), el aumento progresivo de 15 a 25 años para la base de cálculo de la pensión, o el retraso progresivo de la edad reglamentaria para la jubilación ordinaria desde los 65 a los 67 años.

Más adelante, con el PP gobernando en solitario y con mayoría absoluta, esta misma ley fue de nuevo reformada a la baja con el DL 5/2013, y luego el punto culminante hasta ahora ha sido la Ley 23/2013, del 23 de diciembre de 2013. En esta nueva vuelta de tuerca al sistema público de pensiones, las innovaciones más negativas para los pensionistas presentes y los futuros serán: 1) para los presentes (y a partir de este momento aplicable a los futuros también) desvincular la actualización de las pensiones respecto a la evolución del IPC (desde ese momento queda al arbitrio del Gobierno de turno la decisión de mantener, o no, y en qué grado el poder adquisitivo de los pensionistas); 2) para los futuros pensionistas (que se jubilen a partir de 2019) introducir un denominado factor de sostenibilidad, ligado a la esperanza de vida de los beneficiarios mediante un mecanismo bastante arbitrario que se justificó para solventar un falso conflicto entre los derechos de los jubilados actuales y los futuros, y cuyo objetivo fundamental es reducir la cuantía percibida por estos últimos.

El resultado ha sido que la factura de las pensiones en el Estado español nunca ha alcanzado más allá del 11% del PIB (cuando el promedio de los países europeos más avanzados se mueve entre el 13% y el 15%), y la perspectiva es que el importe se estanque o se vaya reduciendo en la medida que el Gobierno vaya designando revalorizaciones del 0,25% que quedan muy por debajo de la evolución del coste de la vida [6]. También tendrá un efecto reductor la ampliación de los años de contribución requeridos para acceder a la pensión completa, y luego a partir de 2019 habrá otra merma cuando se empiecen a aplicar las rebajas por el llamado factor de sostenibilidad. Por otro lado, aunque el número de pensionistas sigue creciendo momentáneamente por el envejecimiento de la población, sumando alrededor de 9,5 millones de beneficiarios a finales del año 2017, la evolución no es tan exagerada como nos quieren hacer creer los apologetas del colapso del sistema público de pensiones [7].

Pero a pesar de las acusaciones malintencionadas de la OCDE y de otros organismos internacionales sobre el elevado nivel de la denominada tasa de reemplazo o de sustitución, que consiste en comparar el valor de las pensiones con el valor de los salarios de los trabajadores en el momento de acceder a la jubilación, la realidad es que el valor promedio de las pensiones en el Estado español es muy bajo y la mitad de los pensionistas cobran como mucho el equivalente al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que en el año 2017 era de 700 euros. Esta cantidad se aproxima bastante a lo que está establecido como umbral de la pobreza para los hogares de una sola persona, según la Encuesta de Condiciones de Vida del INE, por lo que se puede decir que en el año 2017 el valor de un 50% de las pensiones situaba a sus perceptores cerca del nivel de la pobreza. Además, dentro de este colectivo hay casi un millón de pensionistas que cobra menos de 350 euros y se encuentra en situación de extrema pobreza. Por último, si contamos los pensionistas que cobran entre el SMI y 1.000 euros, que representan poco más del 20% del total, y los añadimos al primer grupo de pensiones que están igual o por debajo del SMI, podremos comprobar que en el Estado español casi las tres cuartas partes de los pensionistas cobran menos de 1.000 euros [8].

Con todos estos antecedentes se puede concluir que el sistema público de pensiones español, aunque todavía sigue inspirado en unos principios solidarios muy arraigados, hace ya tiempo que ha dejado de cumplir con la función de solucionar el tránsito de la vida laboral activa a una jubilación en unos términos de poder adquisitivo adecuado para la gran mayoría de la población. Con las devaluaciones tras las sucesivas reformas y la progresiva inestabilidad del mercado laboral, la tasa de reemplazo de las pensiones en España se ha ido deteriorando paulatinamente y va a empeorar aún más, por lo que si no se cambian algunas condiciones disfuncionales del sistema en el futuro los pensionistas todavía serán más pobres.

III. La dejadez del Gobierno español y sus perversos argumentos para hacer frente a los elementos disfuncionales del modelo del sistema público de pensiones

Como ya se ha mencionado, en las economías capitalistas el asedio contra los sistemas públicos de pensiones ha sido continuado y en los últimos años se ha encarnizado particularmente, argumentando de una forma perversa respecto a algunos de los elementos disfuncionales del sistema público, para infundir pánico entre la población y así poder aplicar una reversión en favor de los sistemas privados.

El primer argumento hace referencia a la demografía, donde se aprecian algunas problemáticas que se quieren hacer aparecer como incuestionables, aunque como ocurre casi siempre con todo la realidad dependa de las lentes ideológicas que se apliquen a priori. Es cierto que en el Estado español ha habido en los últimos años un incremento de la población mayor, debido fundamentalmente a las mejoras del bienestar que han permitido un aumento de la esperanza de vida. Pero lo que en otras circunstancias se percibe como algo beneficioso para un país, como por ejemplo cuando se utiliza la esperanza de vida como un indicador que pondera positivamente para los resultados del índice de desarrollo humano que utiliza el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en el caso de los sistemas públicos de pensiones se está utilizando como una circunstancia que penaliza y así se está empleando como coartada para recortar.

Por otro lado, cuando en el Estado español se utiliza el indicador de la esperanza de vida desde una perspectiva estándar y generalizada para los cálculos del índice corrector de la sostenibilidad, se está aplicando una auténtica falacia porque así no se pueden interpretar correctamente las diferentes situaciones individuales. En este sentido no debemos olvidar que todas las mal denominadas reformas de los sistemas públicos de pensiones intentan ir en la dirección de transformar un mecanismo público que tiene unos elementos muy importantes de aseguramiento colectivo por parte de la sociedad y con criterios de solidaridad intergeneracional, en otro tipo de mecanismo donde la asunción de los riesgos se efectúan de forma individual por cada persona.

En definitiva, si en realidad se hubiese querido refinar tanto con el argumento de la esperanza de vida, se debería tener en cuenta que no todo el mundo envejece con las mismas condiciones de salud, e incluso reconocer que hay otros condicionantes, como por ejemplo la situación económica de cada persona, que pueden influir en una mayor o menor longevidad de cada una de ellas. Además, cuanto más mayores son las personas pueden aumentar las necesidades de atención para su salud o incluso para valerse por sí mismas. En consecuencia, las necesidades económicas pueden ser importantes en el momento de atender a los cuidados de las personas a medida que se van acercando al final de sus vidas. Y sin embargo, la tendencia que se ha seguido ha sido recortar las pensiones en derechos y cuantías, mientras que por otro lado ya sabemos la poca atención y la escasa importancia que se le ha concedido a la mal diseñada y peor ejecutada ley de la Dependencia.

Igualmente se han estado haciendo juegos malabares con las proyecciones sobre la evolución global de la población, que hasta el momento no han demostrado ningún tipo de acierto, ni en España ni en las perspectivas mundiales de los organismos internacionales especializados sobre el tema, que asumen que son meros ejercicios retóricos difícilmente constatables. Todo esto ocurre porque es muy difícil calcular proyecciones cuando intervienen factores que son prácticamente imposibles de predecir, entre ellos la evolución de la natalidad o de las migraciones, que en ambos casos por lo general no acostumbran a estar en las agendas de prioridades de planificación de las políticas públicas en las economías capitalistas.

En cualquier caso, según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE), en el Estado español se podría pasar de los 8,6 millones de personas mayores de 65 años que hay en la actualidad (18,7% del total de la población) a 11,7 millones en el año 2031 (25,6% del total de la población), y en el año 2066 serían 14 millones de personas (34,6% del total de la población). Si tenemos en cuenta que el aumento de personas mayores de 65 años entre el año 1950 y el 2000 fue de 3,4 veces, no parece que tenga que ser una catástrofe que el incremento entre el año 2016 y el 2066 pueda ser de 1,6 veces. De forma comparativa cabe recordar que el PIB per cápita se multiplicó por un poco más de 5 entre el año 1950 y el 2000, y que algunas proyecciones indican que a pesar de la crisis este indicador casi se habrá duplicado en términos corrientes entre el año 2000 y el 2020, por lo que cabe deducir que el problema no es tanto de demografía como de reparto de la riqueza entre los habitantes del país.

En cambio, el factor que si debería ser preocupante en esta proyección de población del INE es una realidad que ya es constatable, en concreto la referencia al descenso de la población en la franja encuadrada entre los 30 y los 49 años. Según las predicciones se espera una disminución de población en esta franja de 4,2 millones de personas en los próximos 15 años, lo que supone casi un 30% menos que en la actualidad, y para el año 2066 la reducción sería de unos 6 millones de personas (alrededor del 40% menos). Estos datos indican una situación preocupante en relación a la evolución de la población activa (entendida como cantidad de personas en edad de trabajar) en proporción a la población pasiva (que además de la gente mayor incluye a los niños, a los parados, a las personas que tienen diferentes incapacidades para trabajar, así como a la gran cantidad de personas —mayoritariamente mujeres— que cuidan de sus familias y no computan como población activa).

La otra disfuncionalidad importante, y que tiene una envergadura mucho más considerable en la problemática de la sostenibilidad del sistema público de pensiones en el Estado español, radica en la precarización de las relaciones laborales y en la devaluación de los salarios que se ha producido en los últimos años. Según se ha podido comprobar, la enorme caída en los ingresos de la Seguridad Social se ha producido por la concatenación de dos circunstancias cruciales y que están muy estrechamente relacionadas.

Por un lado tenemos unas oscilaciones muy acentuadas en la cantidad de afiliados al sistema, que se deben a las alteraciones cíclicas entre el número de ocupados y desempleados que se han sucedido en plazos muy concretos y al albur de los ajustes productivos y de las relaciones laborales que han resultado del ajuste económico en los últimos años. En ese sentido, las cifras nos muestran un pico más alto de afiliaciones a la Seguridad Social en el año 2007, con 19,5 millones de cotizantes en todos los regímenes (incluyendo el especial agrario y el de empleados del hogar), y una cifra de parados de alrededor de 2 millones; mientras que en 2017 esos datos estarían en 18,3 millones de afiliados y 3,7 millones de parados, de los cuales casi 2 millones no cobran prestaciones ni subsidios y por tanto no pueden cotizar.

Y por otro lado tenemos las oscilaciones debidas al empeoramiento de las condiciones laborales, con especial incidencia en la inferior calidad de los contratos (que en su gran mayoría son de menos horas y/o de menor duración temporal), a lo que hay que añadir la reducción drástica de los salarios. Para entender lo que está ocurriendo con la calidad de las contrataciones basta recordar que en el año 2017 se firmaron 21,5 millones de contratos para tan sólo llegar a incrementar el número final de empleados en 600.000 personas más. En cuanto a las consecuencias de la devaluación salarial los últimos datos consolidados del INE para el año 2015 muestran que el 12.62% de los trabajadores de ambos sexos cobraba igual o menos que el salario mínimo, cuando en el año 2008 ese porcentaje era del 4,76% (y estas cifras son todavía peores en el caso de las mujeres trabajadoras: el 18,19% cobraba en 2015 por debajo del SMI). Para acabarlo de rematar, la evolución salarial para los contratados a tiempo parcial ha evolucionado peor, ya que mientras en el año 2008 de media cobraban un salario que era un 26% inferior al salario medio, en el año 2015 esa ratio era del 33%.

En consecuencia, con estos ajustes en el mercado laboral ha cambiado mucho en estos tiempos la composición estructural de los cotizantes, donde se aprecia que el descenso mayor se produjo en los afiliados al régimen general, que pasó de casi 15 millones en el año 2007 a 13,8 millones a finales del 2017, mientras que los autónomos y otros regímenes específicos (especial agrario, empleados del hogar, minería del carbón y del mar) han seguido una evolución algo más estable. También ha cambiado la estructura proporcional por la caída de afiliados en el régimen general de tiempo completo y contrato indefinido, que a final del año 2017 representaba el 47,9% del total de ese segmento, cuando llegó a representar el 50% justo en el momento antes de la crisis, y eso teniendo en cuenta que ya se había producido un largo recorrido en el proceso de la temporalidad del empleo desde años anteriores.

Todo ello ha tenido consecuencias en la evolución del desfase en el balance de ingresos y gastos de la Seguridad Social, que se ha ido solventando con el recurso al vaciado del Fondo de Reserva que se conoce popularmente como la hucha de las pensiones. Este fondo se había creado en el año 2000 en el contexto del Pacto de Toledo, y durante años se fue engrosando gracias a los diferenciales favorables en el balance de la Seguridad Social, hasta alcanzar un pico máximo de 67.000 millones en el año 2011. Pero en poco menos de seis años, para cubrir los déficits por merma de ingresos el Gobierno se ha fundido las reservas y no se ha preocupado en absoluto de buscar alternativas para hacer frente a las dificultades propias de un mecanismo que aunque es público y se basa en el reparto, en el fondo tiene una perspectiva actuarial y todo esto se ha vuelto inadecuado para momentos de recesión económica y caídas de la productividad que van a ser difíciles de remontar en el medio plazo.

IV. Las propuestas más recientes del Gobierno y de otros actores sociales relevantes para hacer frente a las dificultades financieras del sistema público de pensiones

Ante las diferentes circunstancias coadyuvantes que han llevado al sistema público de pensiones a la actual encrucijada financiera, y después de ver los resultados de las medidas legislativas “correctoras” aplicadas hasta el momento por los gobiernos del PSOE y del PP, la mayoría de propuestas de los partidos de la oposición y de los sindicatos han seguido insistiendo en mantener el modelo del sistema de reparto sin revisar las características actuariales que lo dificultan, aunque anuncian el deseo de mejorar el mecanismo para hacerlo sostenible pero sin mostrar demasiadas concreciones.

Por su parte, los sindicatos continúan reivindicando mejoras salariales, empezando por un aumento del salario mínimo, que redundarían en un incremento automático de los ingresos por las cotizaciones sociales, además de otras medidas de aumento de la recaudación por la vía de levantar los topes máximos de cotización de las rentas salariales más elevadas, o la supresión de las bonificaciones y exenciones empresariales a las cotizaciones sociales. Pero las fuerzas del sindicalismo actualmente están bastante mermadas y su capacidad de respuesta ha sido duramente castigada por el impacto de la última reforma laboral, que además de destruir empleo y servir de clarísima advertencia para amoldar las reivindicaciones de los trabajadores en activo y de los demandantes de empleo, ha servido de cortocircuito para frenar las posibilidades de aunar fuerzas para negociar convenios sectoriales y de mayor amplitud territorial que permitan mejores condiciones laborales. A todo ello hay que añadir que hay escasas expectativas de crecimiento sostenido de la economía, y sobre todo del empleo, en el contexto actual del sistema productivo español, que no debemos olvidar que sigue engarzado a la estructura generalizada de la economía capitalista global.

Con las perspectivas anteriores, contrasta que pocas voces se hayan alzado para reivindicar una alternativa que algunos especialistas han llamado de un modelo social, en el que primero se determina que la pensión es un derecho universal de ciudadanía, luego se establecen las necesidades vitales de los pensionistas y finalmente se prevén las fuentes y las modalidades de ingresos del sistema [9]. Evidentemente, una alternativa que invierte el ángulo de visión para primar la suficiencia de la prestación por encima del mantra actual de la sostenibilidad financiera en un contexto de bajada de ingresos tampoco es fácil de implementar en el medio plazo. Pero este debate algún día se tendrá que abrir más allá de los ámbitos académicos y de expertos, para hacerlo extensivo al conjunto de la ciudadanía que es la que debería apropiárselo y luchar para conseguir su implantación.

Sin llegar a un giro tan radical para solventar la problemática actual del sistema, parece que va cuajando un consenso social que políticamente las fuerzas más progresistas estarían trasladando al marco del Pacto de Toledo, donde el eje central de la solución contemplaría una adición de ingresos que debería provenir de un incremento de la recaudación del propio sistema en los términos expresados por los sindicatos y algunos partidos de la oposición, y también de otros fondos de los presupuestos generales del Estado. Así se permitiría por lo menos mantener el poder adquisitivo de las pensiones, y luego se trataría de revertir algunas de las tendencias más regresivas de las últimas reformas, empezando por el factor de sostenibilidad. En esta tarea la posición más clara sigue siendo la de Unidos Podemos y ERC, mientras que el PSOE y el PDCAT han mantenido una actitud más errática.

Con esta propuesta intermedia y de tinte posibilista, se pretendería intentar reconducir el desfase actual del balance financiero de la Seguridad Social sin variar las condiciones primordiales del sistema vigente, que al final genera unos resultados que como hemos visto con anterioridad tampoco es que signifique un gran despilfarro social, ya que la mayoría de los pensionistas como mucho van a seguir obteniendo unos ingresos que les permitan sobrevivir y poco más, por lo que este acuerdo de mínimos debería suponer un límite que los pensionistas no deberían estar dispuestos a dejarse arrebatar.

Desgraciadamente, el Gobierno no está contemplando ninguna de estas posibilidades, y mucho menos una reforma fiscal más progresiva para poder afrontar esa necesidad de fondos adicionales [10], por lo que hasta el momento está empleando una serie de tácticas dilatorias, empezando por la dilapidación del Fondo de Reserva, y ahora que éste se está agotando el Gobierno está recurriendo a préstamos con cargo a la deuda pública sin saber muy bien qué repercusiones pueda tener esto en el sistema a posteriori. El recurso al crédito tendría un primer objetivo simbólico de evitar pasar a la historia como el Gobierno que liquidó definitivamente el Fondo de Reserva, por el impacto mediático que ello tendría, y en segundo lugar porque se pretender trasladar un mensaje de tranquilidad intentando ganar tiempo mientras espera que los efectos de la última reforma de las pensiones empiecen a surtir efecto a partir del año 2019.

También está atacando el Gobierno con una contraofensiva ideológica con intentos de culpabilizar a los pensionistas como si fueran unos privilegiados entre los afectados por la crisis. Así se pretende provocar un conflicto intergeneracional entre mayores y jóvenes, o entre pensionistas que accedieron al sistema hace un tiempo con mejores condiciones y otros que han accedido más recientemente o están a punto de hacerlo en otras condiciones menos ventajosas. En esta campaña también participan organismos internacionales que ya hicieron su papel de cómplices ideológicos para deformar las percepciones sobre las causas de la actual crisis económica, destacando entre ellos la OCDE, el FMI o la Comisión Europea [11]. Sin embargo, la realidad que ocultan el Gobierno y sus aliados es que las pensiones son un importante instrumento redistributivo y de solidaridad intergeneracional, que está cumpliendo una función extraordinaria de amortiguador de las desigualdades sociales y a la vez está favoreciendo el crecimiento económico porque mantiene unos niveles básicos de renta entre un gran número de personas.

Pero ante las demandas de diferentes actores sociales y de los propios pensionistas, el Gobierno no ha anunciado nada más que algunas ocurrencias, como ese amago de bonificar fiscalmente a algunos pensionistas de mayor edad. Si alrededor de la mitad de los pensionistas (casi 5 millones de personas) cobran una renta que no supera el valor del salario mínimo, y en consecuencia tienen una carga contributiva baja, poco beneficio se va a poder obtener por ese lado. Además, el Gobierno sigue insistiendo en recordar las bondades de la necesidad del ahorro privado, que por supuesto también sería recomendable que se canalizara a través de fondos privados de pensiones, y para favorecerlos el Gobierno anunció una nueva legislación que permitiría el rescate de un fondo privado de pensiones al alcanzar los diez años de antigüedad en el plan.

Otro efecto lamentable es que el Gobierno español, con su discurso apocalíptico sobre el colapso del sistema público de pensiones y su nada sutil campaña de propaganda en favor de los planes privados, está intentando distraer la atención de la realidad estructural del sistema financiero, pues esos planes privados están en manos del mismo sistema financiero que llevó al estallido de la burbuja crediticia ligada al auge del ladrillo, que además de producir una auténtica catástrofe social a la postre ha costado una auténtica millonada a los contribuyentes, que tuvieron que acudir prestos al rescate del colapso del sistema financiero (porque para esto sí que ha habido fondos).

En esta tarea le están echando una mano al Gobierno el partido Ciudadanos, y de una forma más discreta el PNV, junto a las autoridades del Banco de España. Con esta última autoridad el tema es más grave, porque de la misma forma que insistieron en su momento en que no había ningún problema crediticio ni de burbuja inmobiliaria, ahora se dedican a estigmatizar a los pensionistas porque han dedicado los ahorros de toda una vida a comprar un piso de propiedad en vez de invertir en productos financieros (léase fondos privados de pensiones). Y el colofón de la perversión conceptual, y del insulto personal por el tono admonitorio empleado, lo ha hecho el gobernador del Banco de España, Luis Linde, argumentando que el ahorro que pueda suponer para un jubilado tener un piso de propiedad representa una renta en especie, porque así evita destinar dinero a pagar un alquiler.

La realidad del Estado español es que los mayores fondos (con más de 100.000 partícipes) están ligados a las principales entidades financieras (BBVA, La Caixa, Banco Santander, Banco Sabadell y Bankia), y que éstos han generado una rentabilidad media muy baja en la última década (entorno al 2% anual una vez descontada la inflación pero antes del cobro de las comisiones). Después hay que contar con la factura de las comisiones y está reconocido que las gestoras españolas cobran unas de las comisiones más onerosas que se aplican en el entorno europeo, con un promedio que llegó a superar el 1,5% sumando las comisiones de gestión y de depósito, hasta el punto de que el Gobierno hubo de intervenir recientemente poniendo unos topes para limitarlas.

En cuanto al stock de estos fondos, según datos de la asociación patronal de fondos privados de inversión (INVERCO), en diciembre del 2017 el conjunto de todos los planes privados de pensiones en el Estado español sumaba unos 8 millones de partícipes, aunque hay personas que tienen suscrito más de un plan y ello supone que haya 9,7 millones de cuentas, con un valor bursátil de los fondos que en ese momento era de unos 111.000 millones de euros (que representa alrededor del 10% del PIB y poco menos del 6% del total del ahorro financiero de las familias).

Pero lo que INVERCO no publicita con tanto bombo y platillo es que han hecho cálculos internos de equivalencias que indican que en condiciones temporales similares de cotización para cobrar una pensión de alrededor de 900 euros se debería haber aportado al fondo de capitalización unos 270.000 euros, y que para cobrar el equivalente de la pensión pública máxima actual harían falta casi 750.000 euros (y todo ello sin contar con los riesgos bursátiles que no están garantizados). Tampoco anuncian que las aportaciones medias a los planes son relativamente bajas, y que en el último ejercicio con datos reconocidos (2016) el 65% de los partícipes no aportó nuevos fondos a su plan, que un 10% ingresó menos de 300 euros y que tan sólo el 1,4% de los partícipes aportó más de 6.000 de euros a su plan en ese año.

A pesar de todo, contando con el aliento y el apoyo gubernamental, la competencia ha continuado siendo muy reñida entre las diferentes aseguradoras, bancos y otros operadores del sector financiero para captar la gestión de los planes privados de pensiones, en especial de los colectivos de grandes empresas y de núcleos importantes del funcionariado público. Tampoco cejarán en su empeño de rebañar todo lo que puedan del ahorro popular, que para eso han de servir las costosas campañas publicitarias ideológicas, con todos los tintes catastrofistas posibles en contra de los sistemas públicos de pensiones, que cuentan con la complicidad y el beneplácito del Gobierno, del Banco de España y de los principales organismos internacionales (FMI, OCDE, UE…). En ese ámbito hay que recordar las infames campañas mal llamadas de educación financiera de la ciudadanía, que están desarrollando los propios bancos con agentes subcontratados que divulgan por diferentes entidades y asociaciones, e incluso en los institutos de secundaria del país, la buena nueva de los “auténticos y correctos valores del ahorro a través de los mecanismos adecuados que proporciona el sistema financiero privado”.

 

Notas

[1] En el Estado español las cotizaciones sociales para contribuir al sistema público de reparto forman parte del salario de los trabajadores y los empresarios actúan sólo como meros intermediarios recaudadores a favor de la administración (igual que ocurre con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, IRPF). Pero los empresarios y las organizaciones patronales no dejan de insistir reclamando la rebaja de las cotizaciones sociales para reducir los costes salariales globales (y a menudo lo consiguen).

[2] La medida de separar los presupuestos de la Seguridad Social respecto a los presupuestos generales del Estado se adoptó en el año 1995, mediante un acuerdo de consenso que se llamó el Pacto de Toledo. En ese mismo acuerdo más adelante se incluyó la creación del Fondo de Reserva (llamado popularmente la hucha de las pensiones) que se fue nutriendo del diferencial entre ingresos y pagos al sistema en cada año.

[3] Una vez se llega a la edad de jubilación establecida por el reglamento del fondo, normalmente en consonancia con la legislación vigente sobre la jubilación legal en el sistema público, los beneficiarios pueden escoger entre: 1) la capitalización total según el valor de sus participaciones en ese momento (a la que hay que aplicar una considerable carga de impuestos por ingresos sobrevenidos, que al final acaba neutralizando las deducciones fiscales efectuadas con anterioridad, y que en aquel entonces fueron esgrimidas por los promotores del fondo como cebo para atraer clientes); o 2) una cantidad mensual que se calcula en función de varios parámetros actuariales (como por ejemplo la esperanza de vida, la cantidad de partícipes activos en el fondo, el volumen de capital vigente en ese momento, etc.).

[4] Como se explica más adelante esta amenaza es grave, porque afecta a los fundamentos del sistema de reparto, pero está infligida por el avance sistémico del capitalismo contra el valor salarial del trabajo y por la precarización de las condiciones laborales. Después está la cuestión del enfoque del sistema público, si está basado en criterios actuariales o sociales, porque esto determinará el modo en que se actúe para ajustar el modelo, decidiendo si el criterio primordial es la necesidad de gasto y entonces se amoldan los ingresos buscando otras fórmulas para que estos aumenten, o si el gasto tiene que estar ceñido a la capacidad de los ingresos sin variar la forma hasta ahora vigente y que se ha demostrado insostenible.

[5] Entre las posibles soluciones al problema de la sostenibilidad financiera del sistema público de pensiones en el Estado español, se ha sugerido la complementación de los fondos necesarios para cubrir los pagos de la Seguridad Social con recursos procedentes de los presupuestos generales del Estado. Pero para que esto se pudiera hacer efectivo sería también muy importante que se revirtiera la regresión creciente que se está produciendo en el sistema fiscal español, donde hace tiempo que se ha detectado una deserción contributiva por parte de empresas y grandes fortunas.

[6] Para la perspectiva de futuro ver el documento del Gobierno español sobre “Actualización del Programa de Estabilidad 2017-2020”, donde se asume que para el año 2020 la reducción del gasto en protección social respecto a las cifras del año 2013 será de alrededor de un 2% sobre el PIB, lo que supone más de 20.000 millones de euros.

[7] Según las distintas hipótesis de crecimiento de la población jubilada, el porcentaje del coste de las pensiones puede subir al 13,4%, al 12,2% o al 11,5% del PIB para 2026 y al 14,4% en 2050. Esto quiere decir que en el peor de los casos hasta dentro de 35 años no se habrá alcanzado el nivel de coste que significa ahora para varios países europeos.

[8] Hasta hace bien poco la condición de mileurista era considerada socialmente entre la población en general (y en especial entre los jóvenes) como la barrera de la precariedad de ingresos. Tras la crisis económica, y con el severo recorte de los salarios que se ha estado aplicando, las expectativas de aspiración de ingresos se han reducido en toda la sociedad, pero ello no obsta para reconocer que la mayor parte de los pensionistas españoles obtiene unos ingresos muy precarios.

[9] Ignacio Zubiri, “Las pensiones en España: situación y alternativas de reforma”, en Papeles de Economía Española, n.º 147, 2016, pp. 167-187. Ver también el Documento-propuesta titulado “Financiación del derecho a pensiones públicas suficientes: alternativas sostenibles desde el lado de los ingresos”, publicado por la Fundación Francisco Largo Caballero en 2017.

[10] No hay espacio para explicar la verdadera naturaleza regresiva del sistema fiscal español. Tan sólo indicar que prácticamente el 80% de la recaudación de la hacienda pública proviene de la suma de tres impuestos que recaen mayoritariamente entre los sectores populares (IRPF, IVA e impuestos especiales de combustibles, tabaco y alcohol), mientras que la aportación del impuesto de sociedades no llega al 15% del total recaudado. Y a esto hay que añadir el diferente trato en el IRPF a las rentas del trabajo y del capital, o que se permita la existencia de sociedades de inversión (SICAV) para que las grandes fortunas puedan escaquear “legalmente” impuestos.

[11] OCDE, “Pensions at a Glance 2017, How does Sapin compare?”, 5.12.2017; FMI, “IMF Executive Board Concludes 2017 Article IV Consultation with Spain”, 6.10.2017.

20/3/2018

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