Un aspecto central del dogma neoliberal es que los políticos son gente de poco fiar, desconocedores de los temas que tratan, manipulables por su dependencia de los votos. Mejor entregar las instituciones serias a la gestión de especialistas, a gente formada en un área de conocimiento, ajena a las vicisitudes electorales, bien informada. O, simplemente, crear instituciones que no puedan tener interferencias políticas, que tengan tareas bien acotadas y cuyos puestos estén ocupados por gente profesionalmente prestigiosa. El nuevo modelo de Bancos centrales que deja en manos de los expertos la gestión de la política monetaria es el ejemplo paradigmático de esta reflexión institucional. Los críticos hace años que tratan de explicar la perversidad de este esquema, pero sólo parecen convencer a la gente mejor informada.

Si uno quiere entender de qué va esto del Gobierno de los especialistas, ahora tenemos un ejemplo fuera del esotérico campo de la gestión económica. La gestión de una parte sustancial del conflicto catalán ha pasado de manos de los políticos, al de los especialistas. O sea, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. Y su labor, especialmente el primero, lejos de ofrecer salidas, está complicando la solución. Porque sólo necesita atenerse a la ley y a su interpretación “técnica de la misma”, sin negociación posible. Y resulta evidente que la decisión de encarcelar por largo tiempo a gente sin juicio, o su particular definición del delito de rebelión, no hace sino echar más leña al fuego y cerrar salidas políticas al conflicto. Dudo que Puigdemont hubiera ganado las elecciones sin los encarcelamientos, y aún menos que pudiera mantener el grotesco pulso por ser investido virtualmente si los encarcelados no siguieran en prisión, y sin que otra mucha gente estuviera amenazada de acompañarles. A un juez no se le puede pedir que aplique la ley de acuerdo con un criterio de oportunidad política. Una vez judicializado el proceso, éste queda en manos de lo que estos especialistas consideren oportuno. Y parece bastante claro que en la situación actual la cúspide judicial se ha erigido en defensora de una determinada lectura del derecho, y va a explotar al máximo su oportunidad de ampliar su espacio de poder. Más o menos es lo mismo que hacen otros organismos de especialistas (por ejemplo, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, que acaba de hacer un requerimiento a los Ayuntamientos para que cedan el uso de los carriles-bus a Uber y Cabify en función de la aplicación de su concepción de cómo deben funcionar los mercados).

Cuando he tratado de explicarle a un economista neoliberal afín al independentismo catalán que este “gobierno de los especialistas” está complicando las cosas, su respuesta ha sido la esperada: es que no son especialistas, sino juristas ligados al Gobierno promocionados por el PP y, por tanto, meros ejecutores de la política que éste prefiere. Como si el resto de organismos formados por especialistas no fueran lo mismo. Integrados por gente afín al poder, político y económico, con predominio de visiones reaccionarias sobre la sociedad, imbuidos de una particular visión del mundo y habitualmente promocionados gracias a las influencias de los poderes a los que están conectados. Sólo hay que ver la simbiosis de los responsables de los bancos centrales con el poder financiero, o la composición de los miembros del Consejo de Seguridad Nuclear.

Hace demasiado tiempo que el gobierno de los especialistas en diversos campos impide un verdadero debate político. Y permite a los distintos poderes una gestión delegada que trata de esconder sus intereses bajo una pátina tecnocrática. En  Catalunya, y me temo que en el resto de España, estamos al albur de lo que hagan dos grupos antagónicos de políticos insensatos y un cuerpo técnico que juega a favor de uno de los bandos, y que genera argumentos para que el otro siga perseverando en su cerrazón.