Se ha iniciado el cambio hacia un nuevo ciclo político-institucional en Cataluña, con un fuerte impacto en España. Los factores principales han sido la imposición del Estado español con la aplicación del art. 155 de la Constitución, con el aval de PP, PSOE y Ciudadanos, los resultados de las elecciones del 21 de diciembre, con un empate representativo entre partidarios o no de la independencia, y la formación de un nuevo Govern con mayoría parlamentaria independentista aunque dependiente de la nueva realidad de poder y legitimidad social.

Cataluña: cambio de ciclo

Estas semanas estamos en una transición a la nueva etapa con un reajuste fáctico, institucional y de poder, simbólico y de legitimidad. Todavía la elección del president de la Generalitat, más o menos prolongada y conflictiva, es un momento transitorio y espectacular para cómo alumbrar la nueva etapa. La pugna jurídico-política sobre la investidura de Puigdemont (u otro candidato), con su escenificación mediática y su expresión simbólica y legitimadora, representa los últimos esfuerzos de cada parte por terminar de configurar el nuevo equilibrio de poder y legitimidad y las características de la relación de fuerzas y las estrategias de la nueva dinámica.

No hay una normalización completa, con el simple acatamiento de la legalidad vigente y el continuismo político e institucional del Estado, tal como desea el bloque partidario del art. 155, que quedó en minoría (43,5% frente al 55% en contra). En particular, el Estado autonómico actual aparece agotado. Ni tampoco, en el bloque independentista, hay una continuidad mecánica de la construcción de la República catalana (posición que también está en minoría, 47,5% frente al 52%); y salvo en el caso de la CUP, se inicia una adaptación o aplazamiento de su imposición unilateral inmediata buscando otras vías y ritmos.

El procés ha culminado una fase sin poder llegar a la implementación de la independencia. El bloque independentista mantiene una amplia legitimidad social y la mayoría parlamentaria en Cataluña pero se impone la evidencia de la insuficiencia de sus apoyos sociales y su capacidad de contrapoder (institucional, económico, de relaciones internacionales, popular…) para imponer un Estado independiente. Al mismo tiempo, las fuerzas unionistas han mostrado su poder estatal y se refuerzan, sobre todo, en el conjunto de España mediante el desarrollo de un nacionalismo españolista conservador, punitivo y centralizador.

Las élites dirigentes de ambos campos, con algunos reajustes internos (Ciudadanos frente al PP, Junts per Cataluña frente a ERC), representan los núcleos de poder neoliberal dominante y se retroalimentan mutuamente mediante el conflicto identitario de ambos nacionalismos. Ambos se enfrentan a la dinámica de cambio político de progreso, los procesos más amplios de democratización social y económica, así como a la dinámica de pertenencia comunitaria más abierta, democrática, mixta, plural e integradora tanto en Cataluña cuanto en España.

La confrontación identitaria y política entre ambos grupos dominantes busca su propia ventaja comparativa respecto del control y la gestión del poder institucional en su ámbito prioritario de influencia y en la configuración de su distribución en el conjunto del Estado. La competencia entre ambos núcleos de poder conlleva dos tendencias paralelas, complementarias y beneficiosas para ellos: 1) la hegemonía de la fracción de clase dominante en su respectivo espacio (justificado como objetivo de Estado o ‘nacional’, no de partido), así como el reajuste y el refuerzo de la representación política y su legitimidad pública en cada campo (en beneficio de Ciudadanos, con menor desgaste que el PP, y de Junts per Catalunya, utilizando el legitimismo de Puigdemont); 2) la subordinación de las fuerzas de cambio de cada ámbito en perjuicio de los intereses de las capas populares, junto con el bloqueo hacia una salida de progreso e inclusiva.

Esa dinámica de avivar el conflicto nacional y someter las demandas democráticas y socioeconómicas de progreso es funcional para los núcleos dirigentes de las derechas de ambos campos y el establishment (catalán, español y europeo). Por tanto, los intereses principales y las estrategias dominantes derivadas del actual equilibrio de poder y legitimidad permiten aventurar la prolongación del conflicto territorial, con nuevas formas. Quizá, con menos intensidad conflictiva en la pugna por la reestructuración de poder, o sea con una relativa tregua respecto de las medidas más duras de cada parte: ruptura institucional unilateral o disolución autoritaria de la autonomía. Es decir, por un lado, sin construcción interpuesta de estructuras de Estado propio y con gestión autonómica ordinaria; y por otro lado, sin una regresión dura y centralizadora. Aunque, sí con un forcejeo político de fondo, continuados emplazamientos mutuos y una fuerte pugna simbólica y discursiva.

Por tanto, vamos hacia una nueva etapa, por un lado, con otro proceso de acumulación de fuerzas del bloque independentista más lenta y cautelosa y, por otro lado, un proceso de continuismo y contención estatal. De momento, con subordinación de la dirección socialista, es decir, sin reforma constitucional sustantiva o apertura a una opción dialogada e intermedia donde quepan las fuerzas alternativas. Esta polarización hegemonizada por las derechas respectivas favorece el bloqueo de los cambios políticos y constitucionales necesarios, profundiza la brecha identitaria y la fractura socioeconómica y neutraliza la conveniente dinámica democrática e integradora en la cuestión (pluri)nacional y la transformadora e igualitaria en la cuestión social.

En resumen, el riesgo es un bloqueo duradero y a medio plazo de las fracturas sociales y nacionales de fondo, con intentos de desequilibrio hacia ambos lados nacionalistas, pero sin una salida extrema clara, bien de involución autoritaria en España, bien de escalada inmediata del conflicto secesionista. Aunque en ambos casos con riesgos de degradación de la democracia, pudrimiento de la convivencia en Cataluña y sin un horizonte de progreso social y económico y de integración solidaria y convivencia cívica. No es el futuro deseable y sería un fracaso histórico de ambas élites dominantes que podría arrastrar a mayores brechas sociales y autoritarismos.

En consecuencia, evitar esa involución social y ese conflicto identitario supone un nuevo reto para las fuerzas de cambio y progreso de ambos espacios: un proyecto de país de países, democrático y solidario y, al mismo tiempo, una agenda social transformadora de las graves condiciones materiales de las mayorías populares. Los dos aspectos van de la mano, son irresolubles por separado y son fundamento de la democracia: la justicia social y la convivencia intercultural y nacional solidaria.

La apuesta debe ser por un patriotismo cívico, con un proyecto de una España plural y solidaria, con valores democrático-igualitarios y laicos. Y con una adaptación institucional a las nuevas dinámicas locales y mundiales, una importante capacidad regulatoria del Estado, especialmente en las relaciones económicas y fiscales, pero con la recomposición de la gobernanza y las cosoberanías institucionales, hacia arriba (Unión Europea) y hacia abajo (naciones, municipios…). Por tanto, un modelo social y (pluri)nacional de España y su diversidad constitutiva, diferenciado y superador de la configuración uninacional y conservadora dominante en nuestra historia y basado en la mejor tradición progresista, federativa y democrático-igualitaria.

Una tercera posición ante la polarización identitaria

La ciudadanía catalana, el pasado 21 de diciembre en la elección del Parlament, se ha polarizado en torno a la cuestión más candente: la independencia o no del Estado español, de forma inmediata y unilateral (República catalana). La campaña electoral se ha desarrollado dentro de una dinámica de confrontación tras el aval o refuerzo de dos objetivos básicos de las principales fuerzas contendientes: por un lado, continuar el ‘proceso’ independentista, partiendo de su incapacidad fáctica derivada por la insuficiente legitimidad social y el limitado poder (institucional, económico, internacional y popular) para su implementación y junto con el evidente fracaso de la simple Declaración Unilateral de Independencia-DUI; por otro lado, la aplicación por el Gobierno de Rajoy, con el apoyo de PP, PSOE y Ciudadanos, del art. 155 de la Constitución con el cese del Govern y la imposición de la legalidad uninacional, con la expectativa de las derechas españolas de un reequilibrio en la representación institucional y el refuerzo de su hegemonía política en España.

Respecto a la articulación política en un Estado propio o el continuismo autonómico (aun con el amago de una imprecisa reforma constitucional) se ha consolidado la división en Cataluña, prácticamente, por la mitad: 47,5% independentista frente al 43,5%, unionista. Los resultados reafirman la conformación de dos bloques dominantes, que cabría denominar conglomerados dada su diversidad interna.

Pero ese relativo empate tiene algunos matices significativos y está condicionado por diversos factores, cuya explicación es necesaria para evaluar las tendencias sociopolíticas y electorales de fondo y las perspectivas de bloqueo o superación de esa relación de fuerzas.

En primer lugar, hay que destacar una tercera tendencia, más débil en estas elecciones autonómicas en que se quedó en el 7,5%, aunque más amplia en lo sociopolítico y cultural y, en particular, en las municipales y generales de 2015 en las que llegó a cerca del 25%, con más de 900.000 votos. Es un campo intermedio, integrador, federativo y crítico con ambos polos identitarios, representado por los Comunes (y en algunos aspectos por el PSC). Tiene su base social y está arraigado en el tradicional catalanismo progresista de las izquierdas, solidario con la transformación social y política de España (y Europa), reforzado y renovado por la protesta social y democrática de estos últimos años frente a la gestión antisocial y antidemocrática de las élites poderosas (españolas, catalanas y europeas). Y pone el acento también en otro plano fundamental para las capas populares (clases trabajadoras y clases medias estancadas o descendentes): la agenda social para hacer frente a las graves consecuencias de la crisis socioeconómica y las políticas de austeridad.

A mi modo de ver, su doble posición en lo nacional y lo social es globalmente acertada pero insuficiente para contrarrestar la atracción de los dos grandes polos de poder y su dinámica de polarización identitaria. Su propuesta de superación de los dos bloques nacional-identitarios a través de una opción de pertenencia más inclusiva con un avance cívico e integrador es la más sensata para la gran mayoría ciudadana (en torno al 70%) que comparte rasgos identitarios o de pertenencia mixtos catalán-español o español-catalán. Conlleva valores democráticos y solidarios fundamentales: respeto y convivencia respecto de la diversidad cultural plurinacional interna y en relación con España, desarrollo del autogobierno y un procedimiento negociador y pactado, no para profundizar la división sino para encauzarla y resolverla democráticamente mediante un referéndum pactado. Los tres criterios están refrendados por una amplia mayoría social de más de dos tercios de la población catalana pero no han cristalizado como factores determinantes en una opción electoral.

Los límites de ese discurso tienen que ver con la sobrevaloración de la solución procedimental (referéndum) de un conflicto entre otras dos partes ajenas (independentista y ‘este’ unionismo) que pretenden imponer su punto de vista. Igualmente, con el escaso desarrollo sustantivo de una tercera posición propia en los dos ámbitos, catalán y, especialmente, español, del debate nacional y social: la alternativa para otra Cataluña y el proyecto de país plural y social para otra España en el que encajar ambas.

Pero el mayor problema no es programático o que, tal como han dicho algunos críticos, su discurso haya sido ambiguo o equidistante. Su orientación general de combinar un proyecto integrador, solidario y democrático en lo nacional con un plan progresivo de cambio socioeconómico es la más adecuada para la disputa por la hegemonía político-institucional y cultural de ambas derechas —catalana y española— e imprescindible para el futuro de progreso solidario en Cataluña y España.

Insuficiente credibilidad fáctica

En segundo lugar, la dificultad más grave de la tercera posición era su insuficiente credibilidad fáctica o, si se quiere, su incapacidad comparativa de poder e instrumentación gubernativa para garantizar su implementación. Para llevar a cabo ese proyecto diferenciado, no estaban claros los instrumentos político-institucionales y democráticos (y menos los apoyos económicos e internacionales). Es decir, la consistencia y amplitud de las fuerzas sociopolíticas alternativas y sus alianzas para conseguir mayorías electorales, la dificultad de conformar ambos gobiernos de progreso y solidarios e implementar los cambios constitucionales y políticos necesarios; o sea, la capacidad para derrotar a las derechas y caminar hacia un cambio de ciclo progresista, teniendo en cuenta el giro del aparato del Partido Socialista hacia su pacto con PP-Ciudadanos y su cierre a una alternativa de cambio de progreso.

En los otros dos bloques hay fuerzas económicas e institucionales poderosas; también una gran legitimidad social, incluido una parte de las clases trabajadoras. Solo se puede contraponer con una consistente y democrática fuerza político-social, todavía enraizada en gran parte de la juventud precarizada e indignada. Partía de una amplia simpatía popular por sus objetivos básicos, sociales y democráticos, e incluso por su talante mediador e inclusivo. Pero en su traducción electoral influyen las mediaciones político-institucionales, es decir, también pesa la operatividad de la prioridad inmediata en que se ha dividido la mayoría: reforzar la independencia o frenar la independencia.

Por tanto, existe la tercera posición: más autogobierno y más democracia en una España más justa y plural. Y, es el aspecto a destacar, la relevancia de la autonomía y la diferenciación del proyecto propio, aunque se compartan aspectos concretos de cada uno de los otros dos bloques y se reciban por ello las críticas del contrario. La delimitación principal no es dictadura (española) frente a democracia (catalana). El tablero no es binario, sino más complejo, con dos conflictos (democrático-social y democrático-identitario) y tres posiciones en cada polarización, diferentes en su articulación: un circo de dos pistas entrecruzadas con tres actores principales en cada una de ellas. Por ejemplo, estar contra la aplicación del art. 155 y las medidas autoritarias coincide con la posición del bloque independentista, y estar contra la independencia unilateral (DUI) coincide con la del bloque unionista. Priorizar la agenda social se enfrenta a su instrumentalización nacionalista o, directamente, al bloque causante de los poderosos que pugna por su marginación. Ello hace más difícil el discurso y la alternativa política, pero más realista, justa y potencialmente arraigada.

La cuestión es que esa propuesta superadora de ambos bloques, no se ha constituido como alternativa realista e inmediata y ese espacio identitario intermedio ha sufrido fugas hacia un campo u otro presionado por la dinámica de utilidad de la garantía principal: avanzar o frenar la independencia. Y ello no solo como respuesta a la problemática nacional, sino también, y así ha sido divulgado por los principales contendientes, como garantía para la mejora económica y la reforma social de las capas populares, cuestión en disputa por todos.

Combinar democracia social con patriotismo cívico

En tercer lugar, ambos discursos nacionalistas también prometían resolver la cuestión social. La vinculación a esta España o la República catalana, además de reportar mayor certidumbre identitaria y seguridad en los vínculos sociales respectivos, se presentaba como la mejor garantía de estabilidad y crecimiento económico y capacidad distributiva. Incluso Ciudadanos, escondiendo su plan neoliberal, llegaba a emplazar a los Comunes con admitir (parte) de su programa de reformas sociales a cambio del apoyo a la investidura de Arrimadas. Y las élites independentistas, a pesar de su responsabilidad en la consolidación de los recortes sociales, la precarización y las políticas neoliberales, aseguraban que sin el supuesto lastre de España y con un Estado independiente, las condiciones materiales de la población de Catalunya estarían entre las más avanzadas de Europa. Espejismo que se traducirá en frustración.

La cuestión no es que lo social estuviese ausente de la motivación y preocupación de la gente (estratificada por clases sociales) sino que en los discursos de los últimos años, tras el susto de la movilización social frente a la crisis socioeconómica y los recortes sociales, se subordinaba a la racionalidad económica dictada por la UE (y los mercados) y, cuando ha ido fallando, a la lógica de ambos nacionalismos y su polarización; primero las élites gobernantes catalanas, desde la Diada de 2012, y luego el PP y Ciudadanos, en respuesta al procés iniciado tras las elecciones autonómicas de 2015.

La cultura de izquierdas y el profundo proceso de protesta social, particularmente masivo en Cataluña, ha fortalecido una cultura de justicia social pero sin una maduración político-electoral consistente para sortear las mediaciones de la última movilización y polarización nacionalista. Por tanto, la agenda social clara no ha sido capaz de tener suficiente credibilidad fáctica para su implementación frente a los poderosos de ambos campos (y de la UE). Y, especialmente, para interrelacionarla con una posición de identidad nacional propia e integradora.

La seguridad institucional de cada campo (Estado español o República catalana) atraía el voto útil en unas elecciones donde la cuestión central no era cambiar España (Gobierno y Congreso) o la gestión municipal (por ejemplo, el ayuntamiento de Barcelona), sino precisamente, el Govern de la Generalitat y sus vínculos con el Estado español… como construcción de país y también como mediación para la mejora socioeconómica (del país).

Por tanto, el hándicap para una estrategia nacional-integradora y social-progresista es que el proceso de confrontación nacional de los dos polos dominantes subordina lo social, favorece la hegemonía de ambas derechas y el continuismo neoliberal y regresivo y perjudica la agenda social real y la convivencia interidentitaria. O sea, para activar y dar credibilidad a una opción democrática y popular es necesario combinar el giro social en confrontación con los poderosos con la tercera opción en la pertenencia nacional: superación de la brecha identitaria, profundización del autogobierno y resolución democrática y pactada del conflicto nacional, irresoluble por la imposición autoritaria o la unilateralidad. Y con mayor apoyo cívico y democrático, contrapesar los déficits de poder económico e institucional respecto de los otros dos bloques de poder.

No se trata de abandonar el espacio con una posición propia en el tema territorial, aunque hoy se esté a la defensiva en los dos ámbitos, España y Cataluña. Se trata, frente a los nacionalismos excluyentes e insolidarios, de combinar la democracia social y económica con un patriotismo cívico, plural y solidario, basado en la experiencia y los vínculos sociales compartidos e interrelacionado con distintos niveles y combinaciones de pertenencia e identidades colectivas.

Un proyecto de país (de países), como España, debe dar respuesta clara y democrática a dos cuestiones candentes: la social y la territorial. Dicho de otra forma, un cambio democrático y de progreso en España sería mucho más difícil sin las fuerzas progresistas de Cataluña; y difícilmente se va a construir una Cataluña progresista y más autónoma sin el desalojo institucional de las derechas españolas y la hegemonía política de las fuerzas progresistas (y su avance en Europa). La España y la Cataluña neoliberales y homogéneas en su composición nacional no se corresponden a la realidad y las necesidades de las mayorías sociales. Están agotadas y su retroalimentación mutua con el pulso identitario y su desprecio por la desigualdad social profundizan las fracturas sociales y la cohesión cívica. Necesitan recambio, un nuevo patriotismo cívico democrático-igualitario y solidario, y ese es el desafío del cambio social y político.

En consecuencia, la plasmación gubernamental de un gobierno tripartito progresista o de izquierdas, entre En Común Podem (7,5%), PSC (13,9%) y ERC (21,4%) —incluso añadiendo la CUP (4,5%)— no estaba madura, política y numéricamente. No obstante, haciendo ahora abstracción de sus ambivalencias, esas fuerzas nominalmente de izquierdas han conseguido una representatividad importante: 47,2% (bajando algo desde el 50,1% de las primeras elecciones autonómicas en el año 1980 y modificando su composición) frente al 51,2% de las derechas. Ello no supone que no sea la principal alternativa institucional para abordar mejor el doble conflicto, social y nacional, o que la dinámica de movilización popular y los resultados en las próximas elecciones municipales y generales no modifiquen la relación de fuerzas, cuestionando los actuales equilibrios y se pueda avanzar hacia ese cambio de hegemonía.

En todo caso, hace falta concretar sus difíciles condiciones para superarlas con un nuevo compromiso trasversal en lo nacional y firme en lo social. Pero superando la experiencia del Tripartito, en otro contexto, con un proyecto de reforma político-territorial, democrática y social con un Gobierno de progreso en España y otro en Cataluña. Para ello es imprescindible un mayor peso de Catalunya en Comú Podem, al menos similar a los otros dos partidos, así como la ruptura del PSC (y PSOE) de sus compromisos con las derechas españolas y la desvinculación de ERC de su dependencia de Junts per Catalunya y el exclusivismo nacionalista. Mucho camino por andar.

No obstante, existe una dificultad adicional. En España, el giro de la dirección socialista hacia su pacto con las derechas y el aislamiento de las fuerzas del cambio —Unidos Podemos y sus aliados de confluencias y candidaturas municipalistas— neutraliza las expectativas unitarias y restringe las opciones de un cambio institucional de progreso. Aunque haya un reequilibrio en la representación política de las derechas españolas (Ciudadanos en perjuicio del PP), con la subordinación de la dirección del PSOE, el plan de los poderes fácticos pretende un cierre normalizador centralizador y continuista de la gestión socioeconómica liberal y regresiva, así como imponer una legalidad constitucional restrictiva y el continuismo institucional con insuficientes medidas regeneradoras.

La dirección socialista adquiere una grave responsabilidad: tapar en falso la crisis social y la crisis territorial, hacer más prolongado y difícil el cambio institucional y distanciarse de la parte más dinámica de la sociedad, la juventud precarizada y las capas populares urbanas. Así, asumiría un costo histórico (adicional a la crisis de la socialdemocracia por su ambivalencia) por asociarse o mirar para otro lado respecto de una respuesta fallida a la crisis social, democrático-institucional y de valores de las viejas élites gobernantes (española y catalana, con dos de los partidos más corruptos de Europa –PP y la antigua Convergencia), así como del ascendente (neoliberal y centralizador) Ciudadanos.

Cambio de hegemonía con un proyecto propio

En cuarto lugar, la superación de la brecha identitaria en Cataluña entre dos espacios políticos y sociales de dimensión similar, así como de la confrontación con y del Estado español solo es posible con el cambio de hegemonía política e institucional en ambos ámbitos. Se trata de desalojar a las derechas respectivas del poder gubernamental, con una alternativa democrática e integradora en lo (pluri)nacional y un plan progresivo en lo social. Dicho de otra forma, es necesaria otra España y otra Cataluña para que en el interior de ambas y entre ellas se entiendan las mayorías sociales tras un proyecto de país (de países) más justo, inclusivo y democrático. La unidad con la actual España liberal-conservadora y reaccionaria es difícilmente aceptable para la mitad de catalanes; su imposición autoritaria tampoco es aceptable para muchos españoles partidarios de una solución democrática y pactada. El cambio político en España es una imperiosa necesidad; pero sin las fuerzas progresistas de Cataluña sería más difícil. Y al revés.

El proceso independentista se ha construido sobre dos premisas falsas. Por un lado, su suficiencia democrática para ser hegemónico en Cataluña y su capacidad de poder para vencer al Estado español, que irían inexorablemente en aumento. Por otro lado, la promesa de que una República catalana, sin el supuesto lastre de España, resolvería mejor los déficits socioeconómicos de su población. Eso sí, con una calculada ambigüedad de su modelo social que apenas esconde la continuidad y el refuerzo de las políticas neoliberales que consolidan la desigualdad social, la precariedad laboral y las políticas públicas regresivas de sus actuales élites neoliberales. Además, sin cuestionar el marco del consenso liberal-conservador y restrictivo europeo y con la subordinación del supuesto talante socialdemócrata de ERC y anticapitalista de la CUP.

El primer aspecto ha quedado en evidencia ante el actual baño de realidad: el bloque nacionalista-independentista no llega a la mitad de legitimidad ciudadana (47,5%), con un ligero descenso desde 2012 (49,15%, incluida Solidaritat Catalana per la Independència) y 2015 (47,74%). La expectativa de algunos de sus líderes de llegar a una mayoría más clara, en torno al 60%, que les reportara una holgada garantía democrática no se ha cumplido aunque no dejan de revalorizarla y embellecerla, haciendo solo hincapié en la precaria mayoría parlamentaria. Su horizonte sigue siendo ése, pero es difícil su realización, dada la estructura sociopolítica, cultural y demográfica de Cataluña, aunque a su favor estarían los posibles errores estratégicos, autoritarios y regresivos, del Estado español. Su pronóstico sólo es posible ante un cambio de ese campo mixto catalanista-español que representan los Comunes (y parte del PSC e incluso algunos votantes de Ciudadanos), aunque también necesitan de dilución de su agenda social. Es la dinámica de absorción o subordinación hacia el plan independentista conseguida en una parte del PSC y de Podem, difícil de ampliar. La obsesión independentista por ello genera una presión prepotente sobre este tercer espacio que roza lo punitivo.

Pero lo que se ha demostrado (sin demasiado reconocimiento público de sus dirigentes) es que desde el punto de vista fáctico o, lo que es lo mismo, de la capacidad operativa de las estructuras de poder propias o su conversión desde las instituciones actuales catalanas como los mossos y la estructura jurídico-administrativa, no han sido capaces de construir un contrapoder institucional o popular capaz de imponer la República catalana. Ello por mucho que haya algunos líderes que todavía mantengan la ficción de su existencia y la validez jurídica y política de su pasada declaración unilateral de independencia en el Parlament.

En ese sentido, la fuerza político-institucional del Estado se ha impuesto, aunque siga vigente el conflicto de poder y el empate de legitimidad que se expresan actualmente en la conformación del Govern de la Generalitat y su president. Así, aunque en el bloque independentista (en ERC y sectores del PdCat) haya cierto acatamiento a la legalidad vigente y realismo en la percepción de su debilidad fáctica y democrática es difícil la vuelta a la normalidad institucional. Permanece el conflicto de fondo y en su interior.

Se puede configurar un Govern independentista que siga gestionando la Generalitat con su doble lógica: acumular fuerzas —legitimadoras y fácticas— en otra fase transitoria y de forcejeo negociador ventajoso y preparatorio hacia la independencia; consolidar la hegemonía institucional y de gestión de las políticas públicas, culturales y económicas de las actuales élites de orientación neoliberal con subordinación de la agenda social beneficiosa para las capas populares.

Ello significa que la nueva estrategia independentista, aun sin renunciar a la independencia debe articular un nuevo reajuste de los planes, instrumentos y ritmos. Es lo que se está ventilando en la actual conformación y legitimidad del Govern y los equilibrios entre ERC y Junts per Cataluña y el papel incierto de Puigdemont.

Por terminar con una metáfora futbolística. Ante un choque Barça / Real Madrid (o Espanyol) no se trata de ser neutral o ser el árbitro regulador. Independientemente de la afinidad respectiva se trata de construir otro equipo y participar en otro partido (otra liga), el de la selección española popular y diversa (en la que se incluye lo mejor de ambos y otros equipos) frente al equipo (liberal-conservador) de los poderosos (europeo, español y catalán) dirigido por el bloque de poder comandado por Merkel (junto con Macron y Schulz, y Rajoy, Rivera y Puigdemont) y presionado por los populismos xenófobos y autoritarios de la derecha extrema europea. Ése es el tablero y los polos principales del conflicto.

En definitiva, es necesario un plan sustantivo superador del conflicto identitario y la subordinación del cambio de progreso, con una respuesta democrático popular, (pluri)nacional-integradora y social-transformadora. Un proyecto igualitario, pluralista y solidario de modernización socioeconómica, democratización político-institucional y renovación ética y cultural. El horizonte debe ser el cambio de hegemonía política en España, en las elecciones generales de 2020, con el desalojo de las derechas, el distanciamiento de la dirección socialista respecto de su pacto de gobernabilidad con ellas y el fortalecimiento de la dinámica del cambio social y político progresista. Ello permitirá transformar las dinámicas sociopolíticas y el contenido sustantivo de la actual pugna institucional: el tablero, los polos y los motivos de referencia. Posibilitará la superación del bloqueo derivado de la polarización de las dos élites dominantes en el conflicto identitario con intereses hegemonistas complementarios frente a una alternativa democrática y de progreso diferenciada de las derechas neoliberales de ambos campos.

Por tanto, es imprescindible el fortalecimiento de una tercera posición integradora en la conformación territorial: otra Cataluña inclusiva en una España nueva y diversa. Y, al mismo tiempo, fortalecer un polo popular con una agenda social frente a las políticas regresivas y el modelo predominante de precariedad laboral y desigualdad social. La combinación de ambos objetivos nacionales-solidarios y democráticos-igualitarios pasa por la capacidad de articulación de En Comú Podem y la difícil y necesaria colaboración del PSC y ERC. Ello supone aspirar a un cambio del sistema de alianzas y las prioridades políticas frente a las derechas, más acordes con lo que la gente de Cataluña y España necesita.

 

[Antonio Antón es profesor de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid. Es también autor de El populismo a debate (Ed. Rebelión). @antonioantonUAM]