La Comisión Europea puso en marcha en marzo el llamado «Pilar Europeo de Derechos Sociales», una «guía» para mejorar la situación social de la UE. Se trata de un mecanismo más de gobernanza que pretende llamar la atención a los países sobre sus déficits en bienestar social, aunque sin dotarlos de medios para repararlos habida cuenta de que las políticas sociales, en Europa, son competencia de cada país. Las instituciones europeas admiten así, indirectamente, el impacto negativo sobre la población de las políticas que ellas mismas han impulsado en estos años de crisis (recortes en gasto, priorización del pago de los intereses de la deuda, contención salarial, desregulación laboral, etc.).

Bajo este foco, la Comisión ha publicado en noviembre el documento «Draft Joint Employment Report 2018», un análisis socioeconómico efectuado en los 28 países de la UE que describe una situación «crítica» en España en términos de ensanchamiento de la desigualdad económica (el 20% más rico gana 6,6 veces más que el 20% más pobre), así como de abandono temprano de los estudios (el 19% de la población de entre 18 y 24 años), lo que apunta a la disminución global de las rentas familiares (8% menos que en 2008, en línea con países como Portugal —6%— e Italia —11%—) y al desinterés cada vez más manifiesto de los jóvenes por el futuro. El informe también sitúa a España «bajo vigilancia» en lo concerniente al riesgo de pobreza o exclusión (el 28% de la población) y a la eficacia del gasto social en la reducción de la pobreza, y apunta otro dato importante: la tendencia al alza de los trabajadores pobres (13,1%), aquellos que pese a estar ocupados no llegan con su salario a fin de mes, lo que habla a las claras de la falacia del discurso que focaliza en la creación de empleo, aunque sea barato y precario, la recuperación económica.

El problema del aumento de personas afectadas por la precariedad y la pobreza en Europa desde la crisis de 2008 tuvo una primera respuesta institucional a través de la llamada «Estrategia Europa 2020» adoptada en el Consejo Europeo en junio de 2010. El objetivo a diez años vista era una ambiciosa reducción cuantitativa de la pobreza (de entre 1.400.000 y 1.500.000 personas, según el objetivo fijado por España) en un marco renovado de gobernanza, el llamado «Semestre europeo», en realidad enfocado a las políticas de crecimiento y empleo, y sólo secundariamente a las de inclusión social de las que se ocupa ahora el «Pilar Europeo de Derechos Sociales».

Las organizaciones sociales implicadas en la lucha contra la pobreza vienen alertando hace mucho más tiempo de la profundizacion de la desigualdad y de la pobreza. Un informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión social («El estado de la pobreza. VII Informe anual sobre el riesgo de pobreza y exclusión social en España. 2008-2016») concluye que 2016 se cerró en España con un aumento de 1.788.358 de personas pobres en relación a 2009. Aplicando el llamado «índice AROPE», que mide la pobreza, la baja intensidad en el empleo y la privación material, en 2016 había 13.334.573 personas (el 28,6% de la población) en riesgo de exclusión social: 3,9 puntos más que en 2009, donde este segmento representaba a 11.546.214 personas (el 24,7%).

Por su parte, Oxfam Intermón y el comité español de UNICEF presentaron en 2015 el documento «España frente a los retos de la agenda de desarrollo sostenible», donde se destaca, a partir de datos del INE, que uno de cada tres niños (el 34,4%) está en riesgo de pobreza o exclusión social, y se denuncia la ausencia de un sistema de protección social consistente para amortiguar la situación masiva de exclusión. El estudio también incide en el contraste que ahora admite la Comisión entre los pobres y «el quintil más  próspero  de los españoles [el cual] acumula una riqueza que multiplica por 86 la del quintil más pobre», según datos extraídos del Credit Suisse Global Wealth Databook 2014 y 2015.

Los datos descritos hablan muy claramente del grave error de medir la disminución de la desigualdad en los términos cuantitativos de crecimiento bruto y reducción del desempleo, sin atender a la calidad del empleo que se está creando y a las consecuencias funestas de los recortes sobre servicios públicos como sanidad y educación que constituyen una importante inyección de salario indirecto para los trabajadores.

En términos generales, la desigualdad es un dato central para caracterizar la situación de Europa y —con la crisis ecológica y el militarismo— el dato que define nuestro tiempo. Actualmente se sitúa muy por encima de la registrada antes de la crisis y sacude no sólo a países «rescatados» sino a otros con tasas de productividad muy superiores al nuestro, como Italia. En el octavo país del mundo en riqueza cuantificada a través del PIB, según el instituto nacional de estadística hay 18.136.663 millones de personas en riesgo de pobreza (un 30% de su población) y el 20% más pobre dispone del 6,3% del rédito total, mientras que el 20% más rico acapara el 40%. Y también se ha registrado el récord histórico de 2.784.000 trabajadores precarios en el tercer trimestre de 2017 (un aumento del 13,4% en un solo año), dentro de un horizonte laboral cada vez más flexible.

La orientación ciega hacia el crecimiento (sin redistribución), la mejora de las condiciones generales para la atracción de inversiones internacionales, y la contención de la inflación y de la deuda componen los argumentos que han sostenido los mercados financieros para orientar las políticas públicas en la crisis. El despliegue de estos objetivos a través de reformas políticas ha sido claro hasta ahora en el caso europeo, por lo que es difícil apreciar cómo piensa una UE con mayorías conservadoras poner en juego medidas que hagan frente a los problemas que, al menos, tienen desde ahora un cierto reconocimiento oficial.