Nos dirigimos a la comunidad jurídica internacional —juristas, académicos, estudiosos y operadores del Derecho, jueces— para solicitar su atención a lo que sucede actualmente en Brasil, que se reflejará en la fragilización política e institucional de todas las jóvenes democracias latinoamericanas. El Estado de Derecho en nuestro país está siendo corroído después del golpe contra la Presidenta Dilma, iniciado a través de un Congreso mayoritariamente corrupto, comprometido con fuerzas económicas espurias. Sofocaron la fuerza normativa de la Constitución y en alianza con los medios oligopólicos naturalizaron la “excepción” con recurrentes violaciones a principios y normas constitucionales que caracterizan y sustentan una saludable vida democrática.

El desencadenamiento de un conjunto de procesos contra la corrupción sistémica en el país —justa acción del Ministerio Público que despertó la simpatía de toda la población y las personas de bien de todas las clases y partidos democráticos de la nación— es la consecuencia de “aparatear” las medidas anticorrupción para la instrumentalización política de sectores de la derecha y extrema derecha del Ministerio Público, que hoy se erigen purificadores de la moral pública nacional. Lo hacen especialmente para atacar la figura del Presidente Lula, buscando anular su participación en la próxima disputa presidencial. Ninguna persona está por encima de la ley y no nos oponemos a cualquier investigación o procesamiento de quien quiera que sea; sin embargo, con la complicidad de parte del Poder Judicial, el Sistema de Justicia, no solo en relación a Lula, pero especialmente a razón de él, han sofocado el derecho a la amplia defensa, tratándolo de forma diferente y discriminatoria y creando normas procesales de “excepción” contra él y varios investigados y procesados, típico “lawfare”, subordinado al proceso electoral.

Son los siguientes, los elementos de hecho y de derecho, que caracterizan este proceso de perversión y dilución de las funciones institucionales del garantismo democrático:

1. Instrumentalización política de las “delaciones premiadas”, con la complicidad mayoritaria de los medios, para direccionar y seleccionar la filtración de las informaciones;

2. Medidas coercitivas de carácter nítidamente político, innecesarias, que estremecen los dispositivos procesales del Estado de Derecho formal, con el visible objetivo de desmoralizar a los líderes políticos que ni siquiera fueron convocados a declarar, medida que ahora se encuentra provisoriamente suspendida por decisión monocrática de un ministro del Supremo Tribunal Federal;

3. Prisión preventiva de largo curso, coactivas, destinadas a buscar específicamente declaraciones contra el Presidente Lula, blanco preferido de los Procuradores de Curitiba;

4. Manifestación pública de jueces, camaristas y ministros del Supremo Tribunal Federal, participando del contencioso político y muchas veces adelantando opiniones y votos sobre procesos que están bajo su jurisdicción;

5. Humillación a través de los medios de reos, investigados y presos, “juzgando” a los mismos de forma anticipada, fuera del proceso, cortejando y promoviendo como héroes a los integrantes del MP y del Poder Judicial que sustentan sus prejuzgamientos.

Es necesario que esas informaciones sean claramente comprendidas por la comunidad jurídica internacional, a quien solicitamos apoyo para la lucha de los brasileros comprometidos con la ética pública, la seguridad jurídica, la preservación de la soberanía nacional y la reconstrucción de la democracia.

[Traducción: Santiago Gómez]