Compás de espera: los movimientos normativos estratégicos ya están hechos; faltan las jugadas tácticas relacionadas con el volumen de beneficios. Toca seguir los indicios que ofrecen las declaraciones y artículos de opinión.

Al margen de las nucleares hay mucho ruido en los temas energéticos, la palabra cambio se repite en todos los escritos y cada grupo de intereses la interpreta a su manera; las renovables siguen en el punto de mira, los rumores de fusiones empresariales se disparan, los movimientos de los grupos de presión europeos para determinar la letra pequeña de las políticas de transición se hacen cada vez más evidentes, los expertos de la comisión montada por el gobierno del PP aún no han dicho nada pero su misma existencia provoca reacciones, continúan los movimientos políticos y empresariales en torno a centrales térmicas, etc. Todos los enlaces sobre las informaciones nucleares que aparecen en este artículo se hallan en la hemeroteca de septiembre, pero se ha añadido una selección de los otros temas para lectoras/lectores que tengan interés en la relación anterior.

Centrándose en las nucleares: se han producido dos excepciones en el silencio posterior al cierre de Garoña; el 1 de septiembre, el ASTECSN, el sindicato que agrupa a los inspectores y profesionales que luchan por la independencia del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), realizó unas declaraciones en que mostraba su frustración por el juego al que ha sido sometido el trabajo de los técnicos por parte de Enel-Endesa e Iberdrola y sus políticos delegados en el Consejo del CSN en el caso Garoña; su denuncia se puede considerar parte del tan socorrido “derecho al pataleo”, pero es importante destacar que existen profesionales que se toman en serio su trabajo, que no se limitan al corporativismo y a la frivolidad ante el espectáculo protagonizado por la industria nuclear y sus delegados del CSN.

La otra excepción ha sido el futuro laboral de la plantilla de Garoña; el día 9 se anunció un preacuerdo, que fue ratificado en referéndum el 14 por la mayoría. Los medios se hicieron eco de las grandes cifras y apuntaron el carácter secreto de algunos detalles sobre prejubilaciones y recolocaciones. En resumen, el acuerdo incluye a 227 trabajadores y “parece ser” que unos 30 podrían ser prejubilados, otros 65 seguirían trabajando en otros puestos de Nuclenor y los restantes, “algo menos de 120”, se quedarán para el desmantelamiento. Las cifras no cuadran y los “parece ser” se repiten, pero ya se sabe que todo lo que rodea a la nuclear es objeto de secretismo. En la votación participaron 211 trabajadores, y el acuerdo fue apoyado por 145.

Aquellos miles de puestos de trabajo perdidos, que la retórica contra el cierre de la central siempre ha esgrimido, ni se conocen ni se cuantifican en detalle pero sirven para hacer política. El día 9, mientras se desarrollaban las negociaciones entre Nuclenor y el comité de empresa, se reunieron las Cortes de Castilla y León para pedir al gobierno del PP el clásico plan de reindustrialización “que compense la pérdida de actividad económica y de empleo” que el cierre patronal ha provocado. No hubo palabras malsonantes hacia los que mandan, ni una mención a Enel-Endesa ni a Iberdrola, ni a los cinco años de maniobras en torno a la central; en contraste con la virulencia del período 2006-2009, tal parecería que Garoña ha cerrado por evolución biológica y consenso espiritual. La narrativa de la sesión, recogida por los medios, muestra la impotencia de los políticos profesionales ante los poderes empresariales, y su enorme capacidad para convertir cualquier asunto, por importante o nimio que sea, en enfrentamientos partidistas repletos de acusaciones y ajustes de cuentas dialécticos en clave del particular universo en que se desarrolla su actividad.

Otra muestra de esa manera de abordar conflictos ambientales y sociales desde la política institucional se produjo el día 7 en el caso del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas; en este caso ha sido la Junta de Castilla-La Mancha la que ha decidido rizar el rizo de los despropósitos pidiendo un nuevo estudio de impacto ambiental que, o bien reformule “la perspectiva dada” al proyecto del ATC con un nuevo procedimiento de consultas e información pública, o bien lleve a una Declaración de Impacto Ambiental que declare la imposible construcción. De esta manera se corre un tupido velo sobre el despilfarro de dinero público que supusieron los estudios previos de ubicación, la propaganda y los viajes promocionales; para ello se pide un nuevo derroche para repetir la jugada. El pozo sin fondo que hasta ahora ha supuesto el ATC sigue la tradición histórica de la energía atómica: ingentes cantidades de dinero público para enriquecimiento de empresas privadas y aprovechados de turno.

Pero lo más significativo del mes han sido las maniobras en torno al decreto-ley (DL) del gobierno del PP sobre el cierre de centrales con las nucleares en el punto de mira. Como se analizó en el artículo de septiembre de mientrastanto-e, ese DL es la pieza clave para obligar a las empresas a moderar su exigencia de más dinero público para engordar sus beneficios, y la presentación de propuestas a la “consulta pública” abierta por el ministerio ha sido el cauce elegido para fijar posiciones. El cruce de declaraciones y respuestas en los medios especializados entre el 16 y el 24 de septiembre da pistas acerca de los posicionamientos.

Para eludir el crudo lenguaje de los beneficios se emplea el eufemismo de la “seguridad de suministro” y la constante invocación a los “precios”; así, el día 16 un grupo de empresas lideradas por Iberdrola (incluida EDP —que últimamente aparece en todas las informaciones sobre cambios empresariales—, Eléctrica de Viesgo, Sedigas, “y otras”) se pronunciaron pidiendo al ministerio un mecanismo de “pagos por capacidad” que permita mantener abiertas las nucleares y el gas natural necesario para “garantizar el suministro” (nótese que el carbón no se menciona en este bloque); es necesario destacar la manipulación de conceptos: estas empresas consideran que el Gobierno no puede intervenir en la decisión de abrir o cerrar centrales por causas económicas ya que vulneraría el “ordenamiento jurídico” (sagrada invocación al dogma neoliberal de los “mercados”), pero que, si lo hiciera, esa intervención debería considerarse una obligación de “servicio público”, por lo que deberían cobrar por prestarlo. En pocas palabras, que nadie nos toque los privilegios que nos sitúan por encima de la sociedad, pero si deciden tocarlos que nos paguen por ello.

Por supuesto, no faltó la reclamación de Iberdrola de una “retribución regulada y estable para las centrales nucleares”, unida al lamento por la “elevada fiscalidad” que soportan y las pérdidas por los “bajos precios del mercado». Esta propuesta supone un regreso a los tiempos del “marco legal estable”, se intenta eludir el conflicto planteado por la anterior exigencia de la “bajada de impuestos” en el marco del RD por la vía del incremento de subvenciones; es decir, se aceptarían los impuestos que marca la normativa actual a cambio de que se ingresen más dineros públicos a las eléctricas. Se marca así una línea de argumentación que se puede resumir en: si el nuevo RD supone un retorno a los tiempos de la regulación, se regula a mi favor y se me da dinero.

La reclamación de Enel-Endesa se produjo tres días más tarde y abrió una línea diferente, más en coincidencia con el gobierno del PP. El 19, presentó sus propuestas al RD y advirtió de que “España necesitaría 11.000 MW más en 2025 si se prescinde de la nuclear y el carbón” (ahí va un toque indirecto a ese “escenario de transición y cambio climático” sobre el que trabaja el grupo de expertos improvisado por el gobierno); en su defecto, señala la empresa, se produciría un incremento de los precios de la electricidad. Luego la reivindicación propia, el lamento de que “en las actuales condiciones de regulación y de mercado” no se pueden hacer inversiones medioambientales para garantizar el futuro de sus dos grandes centrales de carbón nacional en Teruel (Andorra) y León (Compostilla).

Planteado así el asunto otras empresas no tardaron en sumarse, el día 21 la Asociación de Productores Independientes de Energía Eléctrica, formada por pequeñas empresas poco conocidas (Engie, Bizkaia Energia, Alpiq y Global 3), anunció que en su presentación de propuestas al RD exigían un “pago extra” en caso de cierre temporal.

Todas las empresas quieren cobrar, pues o se consideran parte de un sistema intocable (y deben ser indemnizadas si alguien intenta cambiarlo), o consideran que realizan un “servicio público” (y deben ser retribuidas por la función que cumplen); leyendo los artículos y declaraciones de sus portavoces, se llega a la conclusión de que las empresas eléctricas no tienen como finalidad obtener beneficios sino sufrir, ya sea sobrellevando la pesada carga que le imponen los mercados o ayudando a la gente.

Todas estas maniobras son la parte visible de un proceso; la otra parte se desarrolla fuera de la vista de la sociedad y sólo emergerá cuando se haya resuelto. Para las personas y grupos que trabajamos para adelantar el final de la cadena de sufrimientos y peligros que supone la energía nuclear, este compás de espera supone tiempo en nuestra contra si no se avanza en la búsqueda de la manera de incidir en lo que están haciendo, tic, tac, tic, tac, tic, tac…

[Miguel Muñiz es miembro de Tanquem les Nuclears-100% Renovables, del Colectivo 2020 LIBRE DE NUCLEARES y del MIA en Cataluña; mantiene la web www.sirenovablesnuclearno.org]