Este artículo es continuación de la propuesta publicada en El Confidencial de realizar un referéndum en Cataluña y en toda España como forma de salir legal y democráticamente del bucle en el que nos han metido los independentistas catalanes.

Recordemos que, de acuerdo con la Constitución española, la única forma legal de decidir sobre la soberanía de Cataluña o de cualquier territorio es preguntándoles a todos los españoles. Sin embargo, ni siquiera sería constitucional preguntar en referéndum a todos los españoles directamente si quieren que Cataluña se independice. Pero se podría formular la pregunta en términos, por ejemplo, como los siguientes: “¿Quiere usted que se inicie un proceso de modificación de la Constitución española para hacer posible la independencia de Cataluña?”. Con esa pregunta un referéndum constitucional a nivel nacional sería perfectamente legal y la pregunta válida.

La propuesta por tanto es que el Gobierno tome la iniciativa y promueva desde el Parlamento español un referéndum constitucional en Cataluña y en toda España, con una pregunta como la mencionada o equivalente. Un referéndum así promovería una participación masiva, principalmente en Cataluña, y con toda probabilidad demostraría que una amplia mayoría de los catalanes no quiere la independencia. El referéndum que plantean los independentistas para el 1-O no es legal ni democrático y por ello obtendrá una baja participación. Eso es precisamente lo que buscan, que participen principalmente los independentistas para que el resultado mayoritario sea a favor de la independencia.

Cualquier gobierno debe tener el suficiente liderazgo y sentido de Estado como para que la práctica habitual de los funcionarios de dejar que sean los tribunales quienes resuelvan los conflictos no se aplique en los temas importantes.

Aquí se libra una batalla entre dos formas de ver el mundo. Los independentistas son enemigos políticos de la patria, pero también son nuestros conciudadanos. Lo que nos hace españoles a todos es nuestra cultura, conformada tras muchos siglos de historia común y plasmada por encima de todo en nuestro ordenamiento jurídico, del cual la Constitución es piedra angular. Lo que nos une son nuestras reglas.

¿No deberíamos, ofreciendo todas las garantías legales que ampara nuestro ordenamiento jurídico, demostrarles políticamente a los independentistas quienes somos, quién es España? ¿No es esa la mejor arma que tenemos?¿Vamos a respaldar nuestra causa con menos decisión política de la que ellos tienen para respaldar la suya?

De acuerdo con la encuesta elaborada para El Confidencial a finales de junio, realizar un referéndum constitucional sobre Cataluña en toda España es la opción preferida por el 51,7% de los españoles si excluimos a Cataluña, y por el 46,9% si incluimos Cataluña. Esta solución es apoyada mayoritariamente por los votantes de todos los partidos de ámbito nacional: por el 47,7% de los votantes del PP, por el 47,2% del PSOE, por el 49% de Podemos y por el 51,7% de Ciudadanos. No obstante, la propuesta también ha recibido numerosas críticas y objeciones (todas respetuosas, excepto algunas anónimas). Porque todos los ciudadanos no solo tenemos derecho a opinar sobre este tema absolutamente esencial, sino que es nuestra obligación.

Algunos independentistas han dicho que no tiene ningún sentido hacer el referéndum en toda España, porque sería como preguntar a todos los Estados Unidos si quieren que Puerto Rico sea independiente. Y mantienen que si la Constitución española no permite hacer una consulta solo en Cataluña, habrá que cambiarla… Pero es que Cataluña no es un Estado Libre Asociado a España como lo es Puerto Rico a los Estados Unidos. En Cataluña rigen las leyes españolas y la Constitución española, votada ampliamente a favor por todos los españoles y sobre todo por los catalanes en 1978. Se puede comprobar aquí la participación y resultados por territorios de aquel referéndum. Por ello, los que quieran modificar cualquier aspecto referido al Título Preliminar de la Constitución (donde se establece que la soberanía nacional reside en el pueblo español y que la Nación española es la patria común e “indivisible” de todos los españoles), deben ceñirse a lo establecido en la propia Constitución si no quieren actuar flagrantemente fuera de la ley.

Aquellos españoles que son contrarios a cualquier tipo de negociación democrática sobre la independencia de Cataluña argumentan que un referéndum constitucional como el planteado abriría el melón para otras comunidades autónomas que podrían querer hacer un referéndum similar (por ejemplo, el País Vasco). En mi opinión, ocurriría todo lo contrario. Si el referéndum se hiciera como se propone y con la debida campaña por parte del Gobierno de España y con el apoyo internacional (algo que, por cierto, en el referéndum del Brexit Cameron no buscó con decisión), explicando bien tanto los argumentos a favor de la unidad de España como aquellos en contra de la separación de Cataluña (qué les pasaría económicamente a España y Cataluña después de la independencia), con toda probabilidad ganaría por mayoría absoluta reforzada la opción del no, tanto en Cataluña como en el resto de España.

Así, un resultado mayoritario a favor del no a la pregunta de si se quiere cambiar la Constitución para permitir la independencia de Cataluña no abriría ningún melón en otras comunidades autónomas, sino que cerraría el que los independentistas han querido abrir. ¿Por qué los independentistas vascos querrían plantear otro referéndum similar? ¿Para perderlo también? Un referéndum constitucional, justo, negociado, democrático y con la debida campaña cerraría el melón independentista en toda España por muchos, muchos decenios.

Otros consideran que la Generalidad de Cataluña aceptaría de buen grado un referéndum como el propuesto, porque están en un callejón sin salida y esto les permitiría una salida airosa, aunque el resultado del referéndum fuera desfavorable para sus pretensiones. Y que por ello no hay que concederles esa salida. Son los mismos que consideran que la mejor estrategia es buscar en primer lugar que los independentistas sean derrotados por la fuerza o por la fuerza de la ley, si se quiere, pero no por las urnas constitucionales. Y que una vez hayan perdido (la cara y en algunos casos la libertad), entonces se podría negociar algún aspecto. Esto tal vez podría haber tenido sentido en el origen del problema, pero ahora es muy tarde para ello. Desde hace muchas legislaturas los distintos gobiernos han permitido que los independentistas actuaran como si fueran delincuentes que iban por la calle armándose y haciendo acopio de explosivos políticos y económicos, y que además hicieran ostentación de ello. Legislatura tras legislatura no hicieron nada eficaz para detenerlos. Ahora cientos de ellos han secuestrado edificios públicos, tienen millones de rehenes (políticos y económicos) y han cargado los detonadores financieros. ¿De verdad creen que lo más sensato en una situación así es derrotar primero a los secuestradores y negociar después? Especialmente en este punto estaré encantado de haberme equivocado, pero, si no negociamos política y democráticamente, en el extremo los independentistas activarán sus bombas económicas y se llevarán por delante las finanzas de sus rehenes españoles y especialmente de los catalanes.

Algunos dicen que no hay que descartar la probabilidad de que en Cataluña gane por amplia mayoría el sí a la independencia. Y que aunque en el resto de España el resultado fuera contrario a la independencia, si una mayoría absoluta reforzada de catalanes votara a favor, la secesión sería imparable. En este caso, argumentan, permitir un referéndum, aunque este fuera constitucional, sería concederles de facto la independencia, porque sería un referéndum independentista encubierto.

La tesis de partida de esta propuesta de un referéndum constitucional es que los independentistas son una clara minoría en Cataluña, alrededor de 1/3 de la población. Si la realidad no fuera esa, sino que de verdad fuesen una vasta mayoría, por muchas acciones legales que el Gobierno de España y el resto de españoles iniciáramos contra los separatistas, no los podríamos parar. Daría igual que tuviera lugar un referéndum legal, uno ilegal o no hubiera ningún tipo de consulta.

Pero si somos capaces de negociar políticamente un referéndum constitucional para validar justa y democráticamente lo que todos los datos sugieren, que los independentistas son una clara minoría de alrededor de 1/3 de la población catalana, las posiciones cambiarán mucho. También las posiciones legales. Un resultado en España mayoritariamente en contra de la independencia sería siempre el resultado válido legalmente. Por tanto, un referéndum constitucional no sería en absoluto un referéndum independentista encubierto. Sería un referéndum legal con el objetivo transparente, sin trampas democráticas, de demostrarles contundentemente a los independentistas que están en clara minoría.

Para hacer un referéndum constitucional en toda España habría que negociar en el Parlamento español, donde están ampliamente representados los catalanes también, no solo la pregunta, sino también la fecha, el porcentaje de votos necesario para que la opción del sí fuera vinculante, qué pasaría el día después en Cataluña en caso de que ganaran los independentistas (política, económica y financieramente, por ejemplo, cuánta deuda pública española se le transferiría, la salida de Europa, etc.). Esa negociación llevaría su tiempo y permitiría al Gobierno de España y a la sociedad civil hacer una campaña adecuada.

Pero el planteamiento no puede ser no preguntar, ni siquiera constitucionalmente, ni siquiera tras realizar una intensa campaña, por miedo a que la verdad nos arruine el titular, nuestras creencias sobre lo que piensan los catalanes. Si nos atrevemos a preguntar democrática y legalmente ocurrirá justo lo contrario: que a los independentistas la verdad les arruinará sus distorsionadas creencias.

Algunos de los que son contrarios a cualquier tipo de conversación y negociación democrática con los independentistas consideran que la unidad nacional es un ‘prius’, un concepto anterior y superior incluso a la propia Constitución, algo que llevamos 500 años construyendo y que no es posible cuestionar ni a través de referéndums constitucionales ni por mayorías democráticas coyunturales. Piensan que no se puede jugar con consultas sobre cosas esenciales, sobre los pilares de una nación como España, que la historia y millones de vidas han construido. Consideran que lo que se debe hacer para callar de una vez por todas a los independentistas es meter en la cárcel a los dirigentes, políticos y funcionarios que no cumplan la ley, interviniendo si es necesario la comunidad autónoma de acuerdo con el artículo 155 de la Constitución. Porque en democracia hay temas esenciales, como la soberanía del territorio nacional, que no se pueden discutir jamás, ni siquiera cambiando la Constitución. Porque es injusto y egoísta pensar que la soberanía del territorio se puede cuestionar democráticamente mediante mayorías. Porque piensan que la historia y nuestros antepasados han vivido, luchado y creado España con su trabajo y con su sangre y nadie, tampoco una mayoría de ciudadanos (ni en un territorio ni en la totalidad del Estado ni en un tiempo concreto) tiene la legitimidad para cambiar esta España construida durante siglos de historia.

En mi opinión, los que piensan así han sido mal orientados. En política, a la hora de legislar o a la hora de definir las fronteras, no puede haber ‘prius’ ni verdades absolutas más allá de la naturaleza de las cosas y las leyes naturales (por ejemplo, las reglas de juego no pueden ir en contra de la ley de la gravedad). Ni España ni ninguna otra nación es inmutable, por muchas razones históricas, racionales, económicas y sociales que veamos para mantener la unión. Eso no quiere decir que los patriotas no luchemos por mantener la unidad y la integridad de España. Pero la lucha debe ser política y democrática, sin apoyarse en concepciones cuasireligiosas. Y aunque inmutabilidad no es lo mismo que el concepto constitucional de indisolubilidad e indivisibilidad, hasta la propia Constitución prevé cómo modificar la “indisoluble unidad de la Nación española”.

Lo que debemos hacer los que consideramos que la unidad histórica de España es un bien muy superior a la separación de España en pequeñas naciones sin base histórica real es hablar, discutir, proponer soluciones políticas, construir, enamorar democráticamente a los que no lo consideren así. Pero si no hacemos nada, si no hablamos política y democráticamente, o si solo amenazamos con acciones legales y litigios jurídicos, en los que se verán concernidos indirectamente cientos de miles de catalanes independentistas, nuestros conciudadanos, no conseguiremos más que hacerles el juego. Solo avivaremos el sentimiento separatista.

No es justo decir que los distintos gobiernos de España son los que han tenido la culpa del independentismo, pero sí que no han actuado con la suficiente inteligencia democrática. No han causado el problema, pero no lo han gestionado bien. Legislatura tras legislatura, muchas de las decisiones y acciones de los distintos gobiernos de España han tenido justo el efecto contrario al buscado: han azuzado el sentimiento secesionista, no el de unión. Aunque para la mayoría de los patriotas españoles es más importante el bien de la justicia y la democracia que el bien de la unidad histórica de España (por mucho que la consideremos un gran bien, sin duda también para toda la humanidad), la justicia y la democracia hay que ponerlas en valor jugando el juego político con inteligencia. Por supuesto, no haciéndoles el juego a los independentistas. Solo poniendo a trabajar la democracia inteligentemente, legalmente, con justicia y con todos los apoyos parlamentarios e internacionales posibles es como se debe solucionar este problema emocional, generado y manipulado exclusivamente por una minoría de independentistas catalanes, pero mal gestionado por los distintos gobiernos de España.

Hagamos un referéndum constitucional en Cataluña y en toda España. Demostrémosles políticamente qué es lo que nos une, cuál es nuestra identidad, quién es España. Demostrémosles que España es Cataluña. Pondríamos así en todos los balcones una bandera de Cataluña junto con la de España.

[Fuente: El Confidencial. José Gefaell es ex director general del Instituto de Crédito Oficial]