Empecemos por el final. Según lo prescrito por el Derecho Internacional, a un Estado sólo se le puede considerar plenamente soberano si ejerce un control efectivo sobre el territorio que gobierna. Desde 2012, en Catalunya diversos dirigentes políticos, periodistas_ e intelectuales independentistas han coqueteado con la idea de proclamar una «declaración unilateral de independencia», a partir de la premisa de que el Estado español no va a permitir un referéndum de autodeterminación y mucho menos una secesión pactada. A todos los que han fantaseado con esa idea, lo primero que habría que preguntarles es cómo piensan tomar el control, el día después de la citada declaración, de las fronteras, los puertos y los aeropuertos catalanes, esto es, de esos lugares por donde transitan cosas tan vitales para la economía catalana como son las mercancías, los turistas y los recursos energéticos. Y también habría que preguntarles cómo piensan expulsar a los militares, guardias civiles y policías españoles que ejercen sus funciones en Catalunya. La cacareada DUI plantea otros muchos problemas, pero comparados con los anteriores, el resto son collonades como diría Josep Pla.

A poco que se piense sobre ese asunto, se llega fácilmente a la conclusión de que sólo hay dos vías para alcanzar los objetivos antedichos: la violenta y la no violenta. La primera tendría como resultado más que previsible unos cuantos muertos y heridos de los dos bandos, y la segunda muertos y heridos únicamente del bando que hubiera optado por la acción no violenta. En todo caso, lo que sucedería después del baño de sangre es imposible de prever. Podría ser, por ejemplo, el inicio de un prolongado conflicto violento de alta o de baja intensidad. Hay que amar muy poco a Catalunya y a los catalanes, para decirlo con los términos místico-patrioteros tan del gusto de los nacionalistas, como para fantasear con un escenario semejante, el cual parece imaginado por aquellos maoístas que publicaban un periódico titulado «Servir al pueblo» y que sus críticos traducían irónicamente como «Hervir al pueblo».

Las mismas mentes preclaras que han flirteado con la idea de la «declaración unilateral de independencia» han propuesto ahora un «referéndum unilateral de autodeterminación» o, lo que es lo mismo, la celebración de un referéndum para decidir, nada más y nada menos, que la secesión de Catalunya teniendo en contra al Estado español. Con independencia de que eso por sí mismo ya supone una ruptura con el ordenamiento jurídico vigente, creer que es posible llevar a cabo dicho referéndum en esas circunstancias es como creer en la existencia de los unicornios, las sirenas, los ángeles o el espíritu santo. Y eso lo saben perfectamente los miembros del actual Govern de la Generalitat.

Lo saben porque fueron elegidos en las elecciones del 27 de septiembre de 2015 que ellos mismos bautizaron como plebiscitarias al constatar que el Estado español no les permitía celebrar, mira por dónde, un referéndum. Si  éste no se podía hacer en condiciones, pensaron los del Junts pel Sí  y la CUP, entonces alternativamente se podían convocar unas elecciones que el Estado español no podía prohibir porque estaban autorizadas por el propio ordenamiento jurídico español.

Ciertamente no fue la mejor de las soluciones posibles, pero al menos aquellas elecciones plebiscitarias se celebraron con las mínimas garantías exigibles a todos los procesos electorales y/o refrendatarios: censo electoral fiable, colegios electorales custodiados por la fuerza pública, junta electoral neutral, sistema riguroso de recuento de votos, elección por sorteo de los miembros de las mesas electorales y, esto es importante subrayarlo, procedimientos reglados para poder recurrir las posibles irregularidades, ilegalidades o pucherazos que se pudieran producir. Y, por cierto, en esas elecciones, que tuvieron una participación elevada, fueron a votar los del SÍ y fueron a votar los del NO y en la campaña electoral previa unos y otros pudieron exponer sus argumentos a favor y en contra de la secesión. Como sabemos, el resultado en votos de dichas elecciones (el único admisible para unas elecciones plebiscitarias) consistió en una derrota para las fuerzas independentistas.

Los parlamentarios de CSQEP han invocado las condiciones de la Comisión de Venecia como el mínimo exigible para apoyar un referéndum de autodeterminación convocado por el Parlament. Eso está muy bien, pero podrían haber añadido que era intolerable que, de entrada, ni siquiera prometieran las mismas condiciones con las que se celebraron las elecciones en las que ellos mismos salieron elegidos diputados. Como eso no lo van a poder asegurar porque, a diferencia de las elecciones del 27-S, ese hipotético referéndum va a ser boicoteado por el gobierno español, ya se puede afirmar con toda seguridad que el uno de octubre no va a haber ninguna clase de referéndum digno de ese nombre.

Ese día, sin duda, se llevará a cabo una importante movilización social en Catalunya. La forma que adopte puede ser algo parecido a una perfomance con urnas y colas de gente pidiendo votar. Es más que probable que ese día cientos de miles de personas se echen a la calle y, tal vez, se produzcan incidentes cuyo alcance y consecuencias no es posible prever en este momento. Esa movilización social e institucional va a tener enfrente un Estado español sumido en la crisis política más grave desde los tiempos de la transición. El 1-O podría ser un hito en la lucha por la plena democratización del Estado español si ese fuese el objetivo perseguido por los nacionalistas catalanes, pero el problema es que no lo es. Puigdemont, el día de la presentación de la pregunta y la fecha de dicha perfomance participativa, afirmó que para él eso sería un referéndum vinculante cuyo resultado empezaría a aplicar al día siguiente. Es decir, que si a la perfomance susodicha van a votar 500.000 personas y 350.000 votan a favor de la secesión, ésta comenzará el día después con una «declaración unilateral de independencia». Ese es el final deseado por los timoneles del procés cuyos desastrosos efectos prácticos ya se han apuntado al principio de esta nota.

Lleva razón Jordi Évole cuando dice que los dirigentes independentistas parecen haber apostado por la política del cuanto peor, mejor después de su derrota en votos en las elecciones autonómicas del 27 de septiembre de 2015. Las fuerzas políticas partidarias de un referéndum de autodeterminación pero contrarias a la independencia (con un argumentario, por cierto, desconocido hasta la fecha: ¿cuáles son, por ejemplo, los argumentos in extenso de Unidos Podemos o de Catalunya en Comú para oponerse a la independencia?) harían bien en tomar distancias del bloque independentista. Prestarse a ser su masa de maniobra y a hacerle gratuitamente la campaña electoral a ERC no parece una buena idea a la vista de su aventurerismo suicida y manipulador. Si han decidido estrellarse contra las rocas atraídos por el canto de las sirenas de sus ensoñaciones onanistas, pues que se estrellen ellos solos. En ese sentido vale la pena señalar que entre las bases de los «comunes» ha empezado a circular una idea que convendría sopesar con detenimiento: convocar el uno de octubre una manifestación en Madrid (pues es allí donde no se permite a los catalanes decidir libremente su futuro) con el lema: «Por la regeneración democrática de España. Autodeterminación Sí. Independencia No».

Desde 2012 la agenda política catalana se ha centrado en un único asunto y ese asunto ha excluido a todos los demás. No es que no se hable de ellos, pero si se hace todo se posterga y se subordina al resultado del interminable procés. En Catalunya, desde hace cinco años, estamos esperando que llegue el gran día en que dé comienzo el milenio de los justos, pero ese día se retrasa una y otra vez. Mientras tanto, como ha escrito Guillem Martínez, la sociedad catalana ha quedado anclada al Gobierno de la Generalitat.

Por otra parte, el Parlament de Catalunya se dedica a aprobar leyes que después el TC declara inconstitucionales. Algunas Consellerías de la Generalitat, como la de Ensenyament, dan toda la impresión de estar sumidas en el caos administrativo. En relación con el conflicto catalán, casi todo el mundo da por sentado que al final van a ganar los unos y van a perder los otros. Pero hay una tercera posibilidad que casi nadie parece tener en cuenta, a saber: que el conflicto catalán se enquiste, se eternize y se acabe convirtiendo en el inicio del colapso de Cataluña y España. Antonio Turiel ha escrito un par de textos muy provocadores al respecto («Cataluña ante el colapso» y «España ante el colapso» en su blog The Oil Crash) sobre los que convendría reflexionar. Lamento el tono tremendista de la nota, pero empieza a ser muy irritante el oportunismo político de vuelo gallináceo, la ligereza y la frivolidad con las que se opina sobre este asunto.