Decrecimiento

El aparato productivo es ya poderosísimo. Pero ¿es aceptable el crecimiento cuantitativo? ¿El crecimiento económico puede solucionar nuestros problemas? No se entrará aquí en una reflexión en términos globales, sino únicamente locales. La sociedad española, ¿ha de producir más?

La respuesta a esta pregunta tiene que ver con dos cuestiones: la ecológica y la redistributiva.

La gran mayoría de los expertos en cuestiones ecológicas creen que las economías deben decrecer. Que es insensata la carrera del crecimiento (producir por producir), ya que destruye el entorno, se acumulan residuos y se agotan los bienes del suelo y del subsuelo. El decrecimiento formula en realidad una pregunta acerca de cómo quiere vivir una sociedad, y solo secundariamente una pregunta acerca de cómo vive.

Dos precisiones sobre el decrecimiento. Primera: su contrario, el crecimiento, puede ser de dos tipos: cuantitativo (producir más) o cualitativo (producir lo mismo pero mejor). Segunda: decrecer en general no implica hacerlo en todos los sectores. El decrecimiento es compatible en principio, en determinados casos, con el crecimiento cualitativo, e incluso, en algún sector, como la sanidad y la salud, con un deseable crecimiento puro y simple.

Sabemos que las necesidades de las personas son indefinidamenteelásticas, y variados los modos de satisfacerlas. Por eso un control colectivo de lo que son necesidades sostenibles —un adjetivo ya esencial cuando se habla de necesidades— debe establecer algún criterio de selección. Así, serían necesidades insostenibles aquéllas cuya satisfacción destruyera o limitara la posibilidad de satisfacción de necesidades básicas —entendiendo por básicas las de sustento, habitación, calefacción, vestido, movilidad educación y sanidad de todos—. Quede aparte la cuestión de que esas necesidades básicas pueden ser satisfechas de diversas maneras —se puede comer pan o langostinos, moverse en bici o en auto, p.ej.—, y esto no es inesencial, aunque no podamos detenernos en ello aquí. Por otra parte, serían necesidades antisociales las que en ningún caso pudieran ser satisfechas para todos los miembros de la sociedad.

A partir de criterios como éstos, u otros parecidos, se tendría que poder plantear a la ciudadanía a qué niveles de satisfacción de necesidades (establecidos en términos genéricos) aceptaría autolimitarse. Por ejemplo: ¿les bastaría a la gran mayoría de los conciudadanos un nivel de vida medio semejante al de Alemania en 1990? ¿Al de Alemania en 2000? ¿Al de Dinamarca en 2015? En todos los casos, como es natural, con mejor redistribución, más igualitaria, que la de los ejemplos citados. El filósofo alemán W. Harich fue el primero en plantear, creo yo, esta interesante cuestión

Una política de decrecimiento económico tiene numerosas implicaciones que es imposible plantear aquí. Estratégicamente hablando, los de abajo deberían combatir entre el conjunto de la población la idea de que el crecimiento económico es un maravilloso elixir curativo de los males presentes —el mantra reiterado de los neoliberales—, y tratar de exponer la necesidad del decrecimiento, con objetivos razonables. El decrecimiento no es ni mucho menos la austeridad forzosa impuesta por el capitalismo en sus crisis,  pero evidentemente implica la idea de contención, de no estirar más el brazo que la manga. La noción de austeridad es siempre relativa, e histórica.

El crecimiento es el deus ex machina del pensamiento económico neoliberal e incluso de cierto pensamiento de izquierdas. Aunque en realidad es tan dogma de fe como la Inmaculada Concepción de la Virgen María o la Santísima Trinidad.

El otro lado de la pregunta sobre el crecimiento es el redistributivo. Pues cabe afirmar que en la sociedad que estamos considerando ya en la actualidad puede haber bienes suficientes para todos, pero están desigualmente distribuidos. Unos tienen mucho, demasiados tienen poco y otros no tienen nada. 

Erario público y rentas directas e  indirectas

La necesidad de conjugar una política de decrecimiento con la solución del problema social generado por el paro estructural de las sociedades tercioindustrializadas obliga a proponerse políticas fuertemente redistributivas. Unas políticas que serían necesarias incluso si —lo que sería suicida— no se hubieran planteado objetivos de decrecimiento.

Es necesario que todas las personas a las que el mercado de trabajo no acoge sean remuneradas socialmente. No se propone aquí una idílica renta básica universal, sino una renta básica exclusiva para las personas que no consiguen trabajar, mientras esta situación perdure; y una renta no miserable.

También es necesario que el erario público extienda (y financie) los servicios sociales a tareas de cuidado, imprescindibles por el proceso de envejecimiento medio de la población, y por tanto con el incremento de personas que precisan tales tareas. Y que compense a las personas que desarrollan esos servicios incluso cuando vienen haciéndolo respondiendo a imperativos morales en el seno de la sociedad familiar.

No se puede ocultar que una política en general redistributiva tendría que tomar en consideración también la necesidad de ir acomodando la población, su número, a las posibilidades de los objetivos productivos, y no solo los segundos a lo primero. La restricción del número de hijos al mero reemplazo sería deseable, sobre todo porque, al no ser la sociedad española una isla, sin duda seguirán afluyendo a ella personas que escapan a la muerte, a la guerra o a la más absoluta miseria en sus países de origen. La solidaridad internacional obliga a la acogida en términos razonables.

Lo señalado en el párrafo anterior muestra algunas de las dificultades a que ha de enfrentarse el decrecimiento. Es muy difícil que ciudadanías como la española acepten con naturalidad ciertas limitaciones que le son extrañas y que van contra la experiencia tradicional.

Por lo demás, el erario público debe regresar a la financiación de lo que tradicionalmente se ha entendido como fomento  de las actividades producivas en sectores no apetecibles para la iniciativa privada. El Estado debe responsabilizarse de determinadas producciones; p.ej. la de medicamentos cuya fabricación no le resulta rentable a la industria farmacéutica. Ello por no hablar de cuestiones mayores, como una hipotética necesidad de nacionalizar determinados sectores productivos, como el eléctrico o las telecomunicaciones, que la iniciativa privada no produce a precios satisfactorios; o, tal vez, la nacionalización del sector financiero, incapaz de operar en términos distintos de los del neoliberalismo estricto y cuyos reiterados fracasos pagan los contribuyentes.

Hoy la vergonzosa protección gubernamental a los monopolios eléctricos se manifiesta en las dificultades puestas a la producción de electricidad —solar, eólica— para el autoconsumo, lo cual equivale a una obligación de mercadear. Por la misma regla de tres de los abominables gobiernos que impiden eso tendría que estar prohibido que los padres fabricaran juguetes para sus hijos.

Por otra parte el paro se puede paliar con inversiones productivas en el interior del país, que debería hacer el Estado si el empresariado prefiere lucrarse en el extranjero. Eso tropezaría hoy con la política ultraneoliberal de la Unión Europea. 

Los problemas mencionados los complican las posibilidades abiertas hoy a las deslocalizaciones  productivas. Una política económica de izquierdas tendría que ser tan florentina que dificultara o penalizara lasdeslocalizaciones sin ahuyentar la inversión extranjera en los sectores en que ésta fuera considerada conveniente.

[Como se puede ver por lo dicho hasta aquí, los estudiantes de las Facultades de Ciencias Económicas deberían luchar por cambios importantes en sus planes de estudios. Hoy esos centros son poco más que escuelas de negocios, pero en otros tiempos han sido instituciones en que se podía estudiar economía de verdad. Es preciso volver a eso y mejorarlo para formar economistas nuevos; los que hay, instruidos mayormente y durante décadas en el neoliberalismo, sencillamente no sirven.] 

Desigualdad, fiscalidad y redistribución

Es obvio que el incremento de la desigualdad producido por las políticas neoliberales —España y los Estados Unidos son los países donde más ha crecido la desigualdad— ha sido terrible en España, no tanto —como se dice— para las clases medias cuanto para las clases trabajadoras. El 20% más pobre de la población es el que más ha perdido; y el empobrecimiento es mayor según en qué regiones, llevándose la palma Andalucía.

El crecimiento de la desigualdad es la principal consecuencia social de las políticas neoliberales. Según el Global Wealth Report de 2015 (apud Fontana), en la distribución global de la riqueza familiar el 1% de los más ricos poseía ya la mitad del total, o sea, tanto como el 99% restante, y para el 90% de la población sólo quedaba el 12,3% de la riqueza. Según Oxfam en enero 2016, en 2015 62 personas 62 tenían la misma riqueza que 3.600millones de seres humanos. Tal es la abominación de la desigualdad a nivel global.

Y, a nivel local, el último informe de Oxfam asegura que España es un país «de dos realidades»: por un lado, el PIB crece desde 2014, por otro, la desigualdad aumenta y la situación de las personas más vulnerables empeora, hasta el punto de que España es el segundo país de la UE donde más ha crecido la desigualdad desde que estalló la crisis. En 2015, el 30% de la población más pobre perdió el 33,4% de su riqueza, mientras que la fortuna de las tres personas más ricas creció un 3%.

Los gobiernos del PP y del Psoe han aplicado las mismas políticas fiscales que los presidentes neoliberales norteamericanos, consistente en unos pocos artificios básicos: reducir los tramos del impuesto sobre la renta, aminorar  la fiscalidad en los tramos altos, y dar importancia a los impuestos indirectos, como el IVA, que gravan sobre todo el consumo y a los más débiles (el IVA, las antiguas alcabalas, es un invento endiablado del que ya se quejaban los abuelos de los abuelos de los abuelos de nuestros abuelos).

Reagan estableció solo dos tramos en el impuesto sobre la renta: hasta 30.000 dólares se pagaba el 15%, y el 28% a partir de ahí. El sistema fue perfeccionado por Bush y Clinton, pero significó un giro radical en la política fiscal norteamericana, tanto republicana como demócrata. Con Roosevelt ese impuesto tenía 24 tramos, y el superior tributaba al 94%. Durante 20 años lo que se ganaba por encima de 400.000 dólares tributaba en Usa al 90%. Truman subió eso al 91% y Eisenhower al 92%. Con Kennedy había 24 tramos que tributaban del 20% al 91%. Y eso no molestaba demasiado a las grandes fortunas porque ganaban muchísimo dinero.

Ciertamente, la redistribución de las rentas que esos impuestos posibilitaban no iba muy lejos debido al desmesuradísimo gasto militar de la época (ou sont les missiles d’antan, les bombes H d’antan, que por fortuna sólo han causado daños sociales antes de convertirse en obsoletos?). Eisenhower había descubierto que las puertas giratorias entre altos mandos militares e industria armamentista constituían un círculo vicioso que atenazaba la libertad de acción de la presidencia de la república; le dio nombre y todo: complejo militar-industrial. En cualquier caso la historia muestra que el dogma de los impuestos bajos a los ricos para que inviertan es tan falso como la santidad de Judas Iscariote.

De modo que el problema del paro está asociado para la izquierda, para los de abajo, a la temática de la fiscalidad. A la implantación de un modelo impositivo de muchos más tramos que los actuales, y que sea casi incautatorio para las rentas desmedidas que los poderosos se han asignado a sí mismos. Abordar el problema del paro está asociado a cerrar el abanico de las diferencias salariales y abrir en cambio el de los gravámenes fiscales. Una política que además podría aminorar la carga fiscal indirecta de los pobres, el IVA, gravando seriamente, en cambio, los bienes de lujo, antisocialistas, que jamás podrían ser disfrutados por toda la población: por ejemplo, campos de golf, embarcaciones de recreo y sus amarres, aviones privados, grandes residencias, etc.

La defraudación a la Hacienda Pública, la ocultación en el extranjero de rentas obtenidas en España, y cosas como éstas, deberán ser objeto de una seria represión penal. Va siendo hora de pensar en cárceles especiales para personas mayores, culpables frecuentes de este tipo de fraudes, y rechazar la idea de que en estos casos la edad exonera de la prisión. El fraude a la colectividad es uno de los delitos más repugnantes, pues se comete con deliberación, sin necesidad y sin ofuscación.

Análogamente habría que castigar con incautaciones e inhabilitaciones a los responsables de las empresas que disimulan sus ganancias en paraísos fiscales, práctica muy extendida entre bancos y poderosos que por otro lado se ocupan de publicitar sus falsas liberalidades, que suelen encubrir intentos de privatizar y mangonear más.

Como en cada asunto central de una estrategia de la izquierda o de los de abajo, se trata de darla a conocer a grandes conjuntos poblacionales, discutirla y experimentarla. Esta estrategia debe colocar los problemas en el primer plano de las consciencias, y ridiculizar a los graves tribunos televisivos dedicados a la putañesca modernización del oficio de marear la perdiz.