El choque de trenes está cantado a la vista de cómo evoluciona la “cuestión catalana”. En la izquierda radical catalana que no apuesta por la independencia domina la inquietud, pero hay también atisbos de esperanza. La oleada de independentismo parecía, y parece, desproporcionada pero comprensible. Marina Subirats la ha llamado “utopía disponible”. Ha sido una afirmación de orgullo colectivo herido, a la vez que la expresión de un haz de motivos de malestar y descontento. Por eso no se puede equiparar a una maniobra de la derecha catalana para cubrir con la bandera sus vergüenzas, aunque también haya sido esto. Esa extraña mescolanza de motivaciones entrecruzadas es una debilidad evidente del independentismo y dificulta la formación de una amplia unidad popular en Cataluña.

¿Qué nos espera en lo inmediato? El independentismo tendrá que hacer gestos. El estado español tendrá que reprimirlos. No hay otras salidas, dadas las posiciones enrocadas de unos y otros. La izquierda radical catalana ha venido predicando una estrategia sensata de ampliar la base social de la reclamación de soberanía, poniendo en el centro la celebración de un referéndum vinculante con garantías formales. Obtuvo una pequeña victoria cuando los independentistas aceptaron substituir la consigna de independencia por la de referéndum. Pero era una victoria a medias: el referéndum sería unilateral si Madrid no cedía. Por eso mismo, como dicen los Comunes, si es unilateral no podrá ser vinculante; y, aunque los Comunes están dispuestos a participar en un referéndum no reconocido por el estado español, avisan de que no podrá ser más que otro episodio de presión política sin efectos institucionales inmediatos.

Hasta aquí lo previsible. Pero vendrá la represión, más o menos severa, y la esperable reacción. Para los que venimos de una tradición rebelde, no habrá más opción que oponernos a la represión. Por mucho que se discrepe de la estrategia de los independentistas, no se puede aceptar que la respuesta sea reprimir sin el menor gesto de diálogo una revuelta cívica que no hace más —en lo substancial— que impugnar el artículo 2 de la Constitución española de 1978, impuesto, como es bien sabido, a punta de bayoneta. He aquí, como describe J.M. Colomer en su libro El arte de la manipulación política (Barcelona, Anagrama, 1990), la manera en que se adoptó el artículo 2:

La discusión ya fue muy viva a propósito del artículo, en el que se incluyó, por un lado, la “unidad de España” y, por otro, el “derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones”. El término “nacionalidades” resultó particularmente desagradable para AP y para el Ejército y de hecho la redacción final no fue obra de la ponencia, sino que llegó a ella en forma de un papel escrito a mano, procedente del Palacio de la Moncloa, en el que a los términos citados se habían añadido los de “patria común e indivisible” e “indisoluble unidad de la nación española”. El mensajero de UCD que lo llevó hizo observar a los demás ponentes que el texto tenía las “licencias necesarias” y no se podía variar ni una coma del mismo porque respondía a un compromiso literal entre la presidencia del gobierno y los interlocutores fácticos, intensamente interesados en el tema. Ante ello el ponente Pérez Llorca se cuadró y, llevándose la mano extendida a la sien, hizo el saludo militar (pp. 133-134, la negrita es mía).

Si a este pecado original se añade la intervención irregular del Tribunal Constitucional contra el Estatuto de 2006 ya refrendado por las Cortes españolas y en referéndum por el pueblo de Cataluña, como recuerda Javier Pérez Royo, resulta del todo alucinante que se siga invocando este texto como padre de toda legitimidad y como texto sagrado intocable; y que a pesar de esta imposición del que Juan Ramón Capella llama “el partido militar” se pueda legitimar la represión ni más ni menos que con este texto.

A Catalunya en Comú le tocará poner cordura en un proceso carente de dirección sensata para no salir todos escaldados. El neofranquismo de Rajoy y los suyos juega fuerte, con su típica prepotencia y con la convicción de que vencerá y obligará al movimiento catalán a retroceder, cediendo a última hora en algunas cuestiones económicas. Tal vez ocurra así. Pero no hay nada claro. Hace tiempo ya que mucha prensa de Madrid reconoce que el problema catalán no se resuelve con concesiones económicas. Está en juego la dignidad herida de una buena parte del pueblo. Se han invertido los estereotipos: los catalanes, proverbialmente codiciosos y calculadores, se han hartado de humillaciones y ninguneo, y algunos hidalgos castellanos —pocos, pero poderosos—, proverbialmente guardianes del honor aristocrático, chapotean en la mugre de la corrupción y la codicia desmadrada. La rebelión catalana tiene algo de quijotesco por su falta de cálculo racional: la gente se lanza a la calle (y a las urnas) porque está harta, aunque no tenga nada claro qué va a resultar de su movilización.

La rebelión catalana ha carecido y carece de dirección política adecuada. Por un lado, porque parte de su dirección es heredera de la Convergencia del 3 por 100 y de los recortes impuestos por la troika. Por otro, porque muestra tics autoritarios inquietantes. Sobre todo, cabe destacar que no se puede aspirar a la independencia nacional sin un referéndum formalmente correcto, con reglas claras establecidas antes de su celebración (en particular, una participación mínima y una mayoría requeridas como condición de legitimidad, reglas que deben tener un apoyo previo muy amplio). En una sociedad donde el motivo de la consulta está lejos de congregar a una amplia mayoría, la claridad de las reglas es fundamental para legitimar el resultado. La prisa de ERC es pésima consejera y puede romper tontamente la cohesión popular.

En cualquier caso, Catalunya en Comú deberá tener un papel determinante en la lucha contra la represión que pueda desencadenar el estado español. Deberá defender a quienes, siendo representantes legítimos del pueblo de Cataluña, resulten represaliados por rebelarse contra una falsa, o discutible, legitimidad constitucional. Las discrepancias de Catalunya en Comú con las estrategias independentistas no deben en ningún caso impedir la solidaridad con las víctimas.

Más allá del Ebro, la represión de la revuelta catalana interpelará a toda la ciudadanía española. Será una vuelta de tuerca adicional para la erosión de las libertades materializada en la Ley Mordaza y otras medidas del gobierno Rajoy. La calidad de la democracia española se pondrá en juego en Cataluña, creando tal vez una oportunidad para avanzar en el proceso constituyente que haga salir a España de la crisis del régimen de la Transición. Unidos Podemos debe ser consciente de esa oportunidad, más allá de las declaraciones verbales.