En la tierra hay suficiente para satisfacer las necesidades de todos, pero no tanto como para satisfacer la avaricia de algunos.

Mahatma Gandhi

Abril, Chernóbil. Un pareado triste y siniestro. El 31 de octubre de 2016 finalizó la operación de cerrar la “cúpula”, de cubrir con un semicilindro gigante de metal el sarcófago de hormigón del que sobresalía la chimenea, la imagen de la catástrofe durante 31 años; se dice que pronto comenzará el trabajo para desguazar el sarcófago, se dice que la cúpula frenará la dispersión de radiación de los trabajos de demolición; de las víctimas actuales sigue sin decirse nada.

Poco recuerdo y menos presencia de Chernóbil este año; breves apuntes, algunos en tono frívolo, y el homenaje habitual a los “liquidadores”. La neutralidad de la nueva imagen es un paso más hacia el olvido.

El 24 de septiembre de 2016, un mes antes de cerrar la cúpula, murió Bela Belbéoch, la compañera de Roger Belbéoch, el autor de “Chernoblues”, el libro que mejor ha analizado las implicaciones sociales y científicas de la catástrofe. El trabajo de Bela, una científica especialista en física, supone la mayor denuncia de lo mucho que los expertos aprendieron de la catástrofe; el rigor y la vigencia de su estudio invita a la lectura hoy, y muestra cómo Chernóbil se proyecta hacia el futuro.

Movilización social y resistencia

El tema central obliga a abreviar la crónica de la resistencia en la Península Ibérica. En el caso del Almacén Temporal Centralizado (ATC) la imposición irracional, sentencia polémica por medio, fue analizado y denunciado con detalle en una serie de cuatro artículos publicados entre el 28 de marzo y el 13 de abril por la persona que más profundamente lo conoce, Carlos Villeta, portavoz de la Coordinadora contra el ATC; leerlos es la mejor manera de acercarse al núcleo del conflicto y a los intereses en juego.

En otro frente, la política de hechos consumados de la empresa Berkeley Resources para iniciar el trabajo de minería de uranio en Retortillo (Salamanca) y la retórica de la Confederación Nacional de Empresarios de la Minería y Metalurgia (Confedem), toparon con una combinación de movilización ciudadana, intervención de Portugal y acción judicial entre el 4 y el 19 de abril, que les obligó a parar el ritmo. Aunque al cierre de este artículo llegan noticias de que maniobras de los abogados de la empresa han conseguido que se levante la paralización cautelar, por lo que  puede que las obras se reanuden en breve.

Que para imponer los sesenta años de funcionamiento nuclear no se va a reparar en medios es algo que se palpa. El 12 de abril el gobierno del PP vetó la Proposición de Ley presentada por Unidos Podemos que pedía el cierre de las centrales nucleares a medida que fuesen caducando sus permisos de funcionamiento. Motivo, el impacto presupuestario en la recaudación fiscal que supondría el cierre nuclear. Otra muestra de que el discurso de manipulación económica impuesto por la industria nuclear tiene un largo recorrido. Por suerte, esta maniobra para hacer desaparecer la cuestión nuclear de la agenda política ha sido compensada socialmente por el anuncio de una Manifestación antinuclear en Madrid para el próximo 10 de junio organizada desde el Movimiento Ibérico Antinuclear, tema al que podremos dedicar más espacio en futuras crónicas.

En Portugal, la política de apaciguamiento dictada por la Unión Europea da un nuevo fruto: el grupo de trabajo técnico creado por el Gobierno para analizar la construcción del Almacén Temporal Individualizado (ATI) de combustible gastado en Almaraz consideró, el 27 de abril, que el proyecto era «seguro y adecuado», aunque con algunos matices. El dictamen provocó enfrentamientos políticos y protestas de algunas entidades portuguesas de defensa del medio ambiente.

En Cataluña, la operación política de ocultar el alargamiento hasta los sesenta años tras un escenario 100% renovables para 2050, sigue cosechando éxitos. Una prueba es el artículo publicado el 9 de abril sobre la situación de Garoña, un refrito de tópicos económicos en la línea de la más pura ortodoxia nuclear combinados con una referencia a su influencia en las “otras centrales”; 76 líneas de texto con un silencio clamoroso sobre el hecho de que tres de los reactores a los que Garoña influye están en Cataluña. Una muestra más de la baja calidad democrática del pensamiento dominante, en que la constante invocación a la “democracia” para justificar llamamientos patrióticos diversos es una prueba de la veracidad del refrán castellano: “dime de qué presumes, y te diré de qué escaseas”; y es que las muestras de respeto hacia los intereses de los que mandan nunca son bastantes cuando se quiere transmitir inestabilidad.

Lo han conseguido todo, por tanto piden más. Maniobras a alto nivel

Si febrero fue el mes en que la industria nuclear puso las cartas boca arriba ante la sociedad, abril ha sido el mes en que las ha puesto ante el gobierno amigo del PP. Para situar estos  acontecimientos hay una breve quía en la hemeroteca.

Imposible imaginar un mejor panorama para la industria nuclear a inicios de abril: renovación garantizada sin cortapisas técnicas, y futuro blindado hasta los sesenta años; cualquier intento de impugnar un permiso de funcionamiento se toparía con una demanda millonaria por «lucro cesante», lo que convertiría cualquier política mínimamente ecologista en una reedición al alza del negocio de «la moratoria» pactada en los años ochenta del siglo pasado.

Pero la codicia de industria nuclear no conoce límites, y es imposible satisfacerla. La Ponencia Parlamentaria encargada de las Relaciones con el CSN (Ponencia), se ha reunido en dos ocasiones sin tratar nada que tenga ver con el CSN. La Ponencia es el organismo institucional secreto por excelencia; el 23 de marzo comparecieron los directores de energía nuclear de Enel-Endesa e Iberdrola y el director de Garoña, e informaron a diputados y diputadas de su seguridad de alargamiento de las centrales «hasta “al menos” los sesenta años», más tarde se supo que el director del área nuclear de Endesa defendió una “reducción de la presión fiscal” en el curso de su comparecencia; el 5 de abril compareció el director de Almaraz, que se negó a contestar la simple pregunta de si pediría alargar su funcionamiento más allá de 2020. Es el mismo señor que, el mismo día que el CSN concedía sesenta años a Garoña, declaró que pediría un alargamiento igual.

Conviene recordar que la Ponencia es un órgano opaco y casi sin regulación; no aparece mencionada en el Reglamento de Funcionamiento del Congreso, pese a que la web del CSN la cita como referente institucional donde “el CSN da cuentas de su gestión”; hay rumores de que las actas de reuniones no pueden ser consultadas por nadie que no sean diputados miembros, y de que no se pueden hacer públicos los detalles de las comparecencias, pero nada de esto aparece reglamentado en documentos públicos; la información sobre la Ponencia en la web del Congreso es mínima; un ejemplo, el día 20 dicha web informaba de una reunión de la Ponencia para el lunes 24 de abril, pero donde debería figurar el orden del día aparecía un enlace a la Comisión de rango superior. En resumen, la Ponencia es el órgano ideal para que la industria nuclear transmita sus decisiones y criterios a los representantes políticos sin interferencias.

El 30 de marzo, el gobierno amigo del PP declara su voluntad de autorizar la apertura de Garoña en seis meses, pero el 31 de marzo el presidente de Iberdrola declara que quiere cerrar la central, y que «los impuestos» son los culpables de que las centrales nucleares tengan «pérdidas». Al mismo tiempo anuncia un aumento de beneficios de Iberdrola de un 12%, y un nivel de inversiones de 25.000 millones de euros hacia el 2020.

Vuelve a la carga el 3 de abril, en la Junta de Accionistas declara que Garoña tiene «pérdidas elevadas», y que está en conversaciones con Enel-Endesa para no pedir la renovación del permiso de funcionamiento; luego eleva el tiro, manifiesta que la culpa de las pérdidas de todo el negocio nuclear la tienen los elevados «impuestos». Se manifiesta, justamente, el día antes de que el director de Almaraz, donde Iberdrola tiene la mayoría de la propiedad (53%), se niegue a contestar la pregunta de la Ponencia sobre el alargamiento más allá de 2020.

Las apuestas parecen subir, el 10 de abril Nuclenor (la Agrupación de Interés Económico, AIE, que gestiona Garoña, 50% de Enel-Endesa e Iberdrola, respectivamente), anuncia que el día 26 se reunirá para tomar la decisión sobre la renovación del permiso. El mismo día, el presidente de Iberdrola va más allá: declara que todas las centrales nucleares con participación de su empresa deben negarse a presentar la documentación para la renovación del permiso si el gobierno del PP no «baja la fiscalidad» para evitar «pérdidas»; pide, además, una reunión de ANAV, la AIE que gestiona Ascó y Vandellós, el 19 de abril para tratar ese asunto; también pide dos años de retraso en el calendario de renovación de permisos de todas las centrales para tener tiempo de negociar con el gobierno esa reducción fiscal. No consta información de que la ANAV se reuniese el día 19, pero el 18 de abril el presidente del CSN, Fernando Martí Scharfhausen, visitó Ascó y se entrevistó con el director general y el presidente de la Junta de Administradores de ANAV, José Antonio Gago y Juan María Moreno.

Para entonces, el ruido de la prensa pro-nuclear es considerable. El 20 de abril, Gas Natural-Fenosa se alinea con Iberdrola y el consejero delegado Rafael Villaseca entona el “si no se reduce la carga fiscal sobre las centrales no es rentable hacer las obras de mejora en estas instalaciones para que funcionen más allá de las cuatro décadas”. A medida que se acerca el día 26 se escenifica la tensión con titulares sensacionalistas; el mismo día 26 se filtra que Iberdrola fue quien la exigió mediante un burofax, invocando el reglamento de Nuclenor.

Pasa la reunión, se habla de distanciamiento, pero queda claro que las propuestas más contundentes del señor Galán han sido moderadas, él mismo suaviza su discurso y las tres eléctricas se alinean sin estridencias en la reivindicación de rebaja fiscal mientras el gobierno amigo del PP, fortalecido por la posición de Enel-Endesa, declara el día 27 que descarta avanzar  el calendario sobre su decisión en Garoña, y que no está de acuerdo en realizar “rebajas fiscales” a las nucleares, e invoca la Unión Europea como argumento.

Hasta aquí los hechos, intentemos interpretar su significado analizando algunos de sus aspectos.

Centrar el debate nuclear en el discurso económico es la mayor victoria de la industria nuclear; al margen de que victimismo y queja continua son rasgos compartidos por los privilegiados de todo tipo, es muy difícil realizar un análisis objetivo de la situación económica del sector energético por la ausencia de mecanismos de control externos, como acertadamente denunció en su día el economista Juan Torres. Incluso un análisis crítico, como el realizado el  24 de abril por Cristóbal J. Gallego, del Observatorio Crítico de la Energía, sobre los beneficios económicos que el alargamiento tiene para las eléctricas, debe reconocer las variables de manipulación que la industria nuclear puede conjurar.

Podemos asumir que los beneficios económicos que los sesenta años de funcionamiento proporcionarán a la industria nuclear serán de escándalo y, a partir de aquí, analizar la escenificación orquestada con el gobierno amigo del PP,  que tiene el efecto colateral de apoyar la mentira de que cerrar las nucleares aumentará el precio de la electricidad. ¿Existen dos “conflictos”, el que se da entre Enel-Endesa, de una parte, e Iberdrola y Gas-Natural-Fenosa, de otra; y el de las tres eléctricas con el gobierno amigo del PP?, los datos indican diferencias, pero sin los tintes dramáticos aireados por medios afines. Las tres eléctricas coinciden en el “menos impuestos” (como todo el mundo empresarial, de hecho) pero, al margen de calentamientos verbales, saben muy bien qué equilibrios deben respetar, saben que el negocio es muy suculento tal y como está hoy, y saben que no tiene sentido el recurso extremo al “apagón nuclear” que esgrimen los pro-nucleares, recurso, además, harto discutible (aunque abordar ahora esto alargaría demasiado el texto). En cuanto a la relación con el gobierno amigo del PP, chismorreos personales entre directivos y políticos al margen, también tiene reglas precisas. Sucede que mantener en vigor los dogmas neoliberales exige regularidad en una gimnasia discursiva, en la que entra el ejercicio de escenificar como un conflicto lo que es una simple diferencia de criterios que se solventa en una negociación con beneficios para todas las partes.

Desde la resistencia nuclear lo más importante es la reivindicación de Iberdrola y Gas Natural-Fenosa, de retrasar dos años la solicitud de renovación de permisos, por sus implicaciones para las dos estrategias de resistencia al alargamiento a sesenta años que se están desarrollando.

Hay que apuntar que ese mínimo de tres años de antelación para pedir la renovación del permiso de explotación que impugna Iberdrola no responde a una pauta legal establecida. La revisión de los anteriores permisos, todos otorgados por gobiernos del PP, muestra que el mínimo anterior fue de un año, con la excepción de Almaraz, a la que se le pidieron dos. Los tres años supusieron una innovación de los gobiernos PSOE de 2004 a 2011, con la excepción de Trillo, renovado en 2014 bajo un gobierno del PP que, sin embargo, mantuvo el criterio de los tres años de antelación introducido por los socialistas.

Que el gobierno amigo del PP opte por una renovación exprés es comprensible por la estabilidad, si se extrapola los seis meses que han hecho público con Garoña, y se mantienen los plazos establecidos, Almaraz tendría su renovación para sesenta años en diciembre de 2017, y Vandellós 2 en enero de 2018; se conjura un escenario de inestabilidad política y se reduce el margen de maniobra para la resistencia. Que una parte de la industria nuclear desprecie el escenario de inestabilidad política y pida dilatar el período de renovación es una muestra de lo segura que se siente, sea cuál sea la situación política que se dé; que otra parte (Enel-Endesa) pida ceñirse a lo reglamentado entra en la exigencia de normalidad y discreción de la industria desde 2011, también a la satisfacción con lo conseguido, y a la certeza de que hay mecanismos informales de negociación a los que se puede recurrir. Revisar los acontecimientos Garoña entre 2006 y 2017 aporta abundantes pruebas.

Sería una ingenuidad interpretar estas diferencias de criterios como conflictos, y adjudicar preferencias en función de eso. La única respuesta, dada la prepotencia del sector nuclear y sus aliados, es partir de la peor hipótesis posible: una renovación exprés, y organizar la estrategia con la vista puesta en ese escenario. Si, como fruto de un exceso de seguridad en si mismos de la industria nuclear y su gobierno amigo del PP, se llega a un retraso en el plazo de renovación de permisos, siempre se puede maniobrar con el viento del tiempo a favor; pero si los escasos dos meses que quedan se comete un error de estrategia, las posibilidades de corrección posterior serán mínimas. La industria nuclear podrá imponer los sesenta años sin oposición real.

NOTA: Más información en la HEMEROTECA DE ABRIL.

[Miguel Muñiz Gutiérrez es miembro del Moviment Ibèric Antinuclear a Catalunya, de Tanquem Les Nuclears-100% RENOVABLES y mantiene la página de divulgación energética http://sirenovablesnuclearno.org/, contacto sirenovablesnuclearno@pangea.org]