La gestión de la participación ciudadana

Antonio Madrid

198.613,88 euros: este es el valor estimado del Contrato de servicios para la dinamización de procesos participativos de la ciudadanía de Madrid (BOE de 2 de enero de 2017). La subdirección general de participación ciudadana del Ayuntamiento de Madrid ha abierto esta licitación con el objetivo de contratar a una empresa para que dinamice procesos de debate y de audiencia pública sobre cuestiones que el Ayuntamiento de Madrid va a someter a la decisión de la población.

La contratación de empresas para la gestión de la participación ciudadana se ha convertido en una práctica habitual. Basta con consultar los diarios oficiales y las webs de los ayuntamientos para encontrar ejemplos. El ayuntamiento de Mollerusa, una población leridana de unos 14.000 habitantes, ha destinado 5.176,38 € a la contratación de la empresa Ekratos Democracia Electrónica, S.L. El objeto de esta contratación es la gestión de un proceso participativo en el que los ciudadanos podrán expresar sus ideas sobre tres anteproyectos de reforma de unas calles de esta ciudad. A estos gastos de contratación se añaden otros de difusión y de personal (D.O.G.C. 7291, de 20 de enero de 2017).

Cada vez más, a nivel local, la canalización de idea de participación ciudadana pasa por la puesta en marcha de ‘procesos participativos’ que dinamizan y gestionan empresas o profesionales contratados a tal efecto. Hay procesos participativos que vienen exigidos por ley. Es el caso de la elaboración de los planes de ordenación urbanística municipal. Es el caso del ayuntamiento de Esteribar (Navarra), de 2.500 habitantes aproximadamente. Este ayuntamiento ha licitado recientemente una contratación por valor de 15.000 € para la contratación de un Plan de participación y gestión del proceso participativo relativo a la revisión del plan general municipal de urbanismo (https://hacienda.navarra.es/sicpportal/mtoAnunciosModalidad.aspx?Cod=1703031410541ED8DCA5).

Sin embargo, la contratación de empresas para que gestionen procesos participativos se extiende cada vez más a otros procesos en los que los ayuntamientos optan por consultar a los vecinos antes de tomar decisiones o bien dejan en sus manos la toma directa de decisiones, como puede ser el caso de la elaboración de presupuestos municipales participativos. Sea como fuere, se extiende la convicción según la cual la gestión de la participación hay que dejarla en manos de profesionales y estructuras empresariales que la gestionan y dinamizan. En ocasiones, los consejos comarcales, las diputaciones, o los propios ayuntamientos disponen de técnicos de participación. Cuando esto no sucede, o cuando los procesos son amplios, se suele contratar a empresas.

La contratación de profesionales y/o empresas para diseñar, dinamizar y gestionar procesos participativos se justifica desde puntos de partida como los siguientes: se necesita conocimiento especializado ya que los procesos participativos han de ser adaptados a cada situación; la participación no se improvisa; la participación requiere prolongación en el tiempo, por lo que se necesita una estructura que la sostenga; hay que garantizar la calidad del proceso participativo.

La gestión de la participación ha estado ligada en las últimas décadas a la noción de la gobernanza. De hecho, la participación ciudadana es una de las piezas de la idea de la gobernanza. Lo que preocupa, en este contexto, es cómo se enfoca la participación ciudadana, qué ‘normalizaciones’ se están asumiendo en relación a la dinamización y gestión de la participación.

Hace unas semanas, durante una charla sobre el difícil acceso de los jóvenes vulnerabilizados a la Universidad, el periodista Javier Alegría (Diario El Raval, Barcelona) utilizó una expresión que tiene su gracia y una gran fuerza descriptiva. Dijo que los jóvenes del Raval (antiguo barrio chino de Barcelona) están hartos de que les pastoreen. Este uso de la expresión ‘pastorear’ contiene una crítica a la actuación de ongs y administraciones varias que, en muchas ocasiones, bajo la intención de ayudar a la gente a salir adelante lo que hace es pastorearlos, como si de un rebaño al que cuidar se tratara.

Pues bien, cuando se analizan procesos participativos municipales surge la preocupación acerca del pastoreo. Si lo deseable en una democracia es que las personas y sus organizaciones sean los protagonistas responsables en la orientación de lo público, de lo común, el peligro surge cuando se diseñan y llevan a cabo procesos participativos que son en parte un escaparate que justifica ejecutar las políticas municipales que previamente ya habían sido acordadas sin participación de la población.

Este es uno de los peligros: el pastoreo de la gente bajo la apariencia de fomentar su participación. Hace unos días, unos vecinos se quejaban justamente de esto al referirse a un proceso participativo en el que habían participado hace unos años: ‘nos tomaron el pelo’, ‘nos utilizaron’. Este es uno de los peligros a evitar.

El segundo peligro consiste en que la contratación de empresas permite mostrar a los consistorios que han sido democráticos. Es decir, que al poner en marcha procesos participativos han fomentado la toma democrática de decisiones. Y quien avala esta democratización es la misma empresa que gestiona el proceso participativo. Peligro: que la propia empresa establezca el estándar de democracia. Y es un peligro porque la empresa contratada suele ir de la mano del poder político que la contrata. Por tanto, la cuestión a evitar es que los procesos participativos se conviertan en campañas de márketing.

El tercer peligro es la tecnificación de la gestión de la participación ciudadana. Una cosa es poner el conocimiento al servicio de la gente y otra, que es donde radica el problema, es dejar en manos de ‘especialistas’ la decisión de cuándo se hace bien o mal una participación, cuáles han de ser los objetivos de la participación o qué modalidades de acción son consideradas ‘participativas’ y cuáles no.

Ante estos peligros no cabe duda de que la participación democrática es necesaria y deseable. Muchas experiencias municipales muestran que la participación ciudadana es difícil de conseguir, sobre todo cuando se pretende que se mantenga en el tiempo. Por ello, convendría aprovechar y extender las experiencias y el conocimiento que sobre participación social tienen las organizaciones y los movimientos sociales en la organización y en la lucha social. Un conocimiento práctico que implique a las personas en el cuidado de lo público, un conocimiento puesto al servicio de las personas con la idea democrática según la cual participar implica comprometerse y asumir, no delegar, ciertas responsabilidades. Un conocimiento que permita la crítica y la acción transformadora coherente con la crítica, no una queja paralizante o derrotista. Un conocimiento y una práctica que no pastoree.



30/4/2017

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