El 4 de febrero de 2017 el diario portugués «Público» informaba de los niveles de radiación en el río Tajo debido a la actividad de Almaraz.

El 15 de marzo de 2016 algunos medios de EE.UU. informaban de la detección de vertidos de productos radiactivos de dos reactores nucleares, en Nueva York y Miami.

En el caso de Portugal se trató de una denuncia; en los Estados Unidos las autoridades reaccionaron contra las centrales; mientras los propietarios de los reactores implicados declinaban hacer declaraciones.

En Cataluña en casos como estos la industria nuclear contará con un recurso único, una vez aprobado el Capítulo séptimo de la Ley de presupuestos 2017 del gobierno PDECAT-ERC.

Los propietarios de Ascó o Vandellós podrán declarar que ya pagan un impuesto por nuestra contaminación radiactiva, y que los problemas de salud que se puedan dar son competencia de la administración sanitaria.

Aún no hay fecha de aprobación definitiva de los presupuestos 2017. Aún hay tiempo para que los representantes políticos sepan que nuestra salud no es una mercancía para negociar entre ellos y la industria nuclear. Apoya el MANIFIESTO donde se pide la retirada del Capítulo séptimo de la Ley de presupuestos. Ya contamos con más de 800 personas.

Lo haremos llegar a todos los grupos políticos que forman el Parlamento antes de que procedan a la votación.