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Campaña para la exigencia de responsabilidades por los bombardeos contra la población catalana durante la guerra civil.

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Después de cuarenta años de dictadura y cuarenta más de una inacabable transición, hoy son cada vez más las voces que se levantan contra la escandalosa impunidad de que siguen disfrutando los herederos políticos, y en muchos casos biológicos, del golpe de estado del 36, así como los responsables de torturas y abusos de todo tipo durante la dictadura. Incluso fuerzas políticas que avalaron, con la Constitución del 78, el proceso de maquillaje del régimen descubren ahora que la anomalía política española es un lastre en el actual contexto internacional y socio-económico.

Pero es la sociedad civil, acompañada a veces por algunos consistorios municipales, la que en los últimos años ha abierto la mayoría de frentes: la querella argentina, las numerosas iniciativas para rescatar y dignificar a los sinnombre de las cunetas donde fueron primero enterrados por los golpistas y luego olvidados cobardemente por la institucionalidad democrática, la querella por los bombardeos de Barcelona, ​​los actos de homenaje popular al maquis o a las víctimas de la represión franquista, la retirada de símbolos del régimen, las peticiones de resarcimiento por las atrocidades perpetradas por las tropas nazi-fascistas en Málaga, la constelación de asociaciones que se reclaman de principios y valores aplastados por la guerra y ochenta años de franquismo y de democracia tutelada… Un combate de décadas contra la amnesia inducida y la insultante impunidad de torturadores y asesinos, pero también y sobre todo contra la intangibilidad de instituciones como la monarquía; contra la impregnación ideológica de estructuras armadas como el ejército o la Guardia Civil, o de gran parte de la magistratura; contra el mantenimiento de los privilegios de la oligarquía y los tics autoritarios que caracterizan a todos los cuerpos policiales —centrales o autonómicos—; contra el talante abiertamente democratòfobo de buena parte de la prensa; contra la composición ideológica y caciquil de dos de los cuatro grandes partidos de ámbito español; contra la perpetuación de un modelo territorial anclado al dogma de la «una, grande y libre».

La campaña Bombas de Impunidad se inserta pues en esta magmática corriente de iniciativas centrándose en la denuncia de uno de los aspectos más olvidados de la anomalía hispánica: el no reconocimiento, desde la caída de los regímenes nazi y fascista en Europa en 1945 hasta hoy, de los daños infligidos a las poblaciones y territorios de Cataluña y de España por parte de las tropas italianas, alemanas y de los militares insurrectos españoles.

Al exigir la reparación por esos daños a estados en aquel momento bajo regímenes autoritarios, las organizaciones que impulsan la campaña (sindicatos, asociaciones de defensa de derechos humanos, colectivos libertarios, entidades memorialistas) pretenden oponer una voz discordante al coro de partidarios de una segunda transición que, desde la óptica del «pasar página», dibujan un escenario de  superación simbólica del legado franquista con actos que sancionen la definitiva entrada de España (o de una Cataluña independiente) en el círculo selecto de las democracias de verdad. La campaña Bombas de Impunidad rechaza el encasillamiento del pasado como «historia», como un objeto a estudiar y analizar con distanciamiento “científico”, proclive al vaivén de los intereses ideológicos o partidistas del momento, y reivindica en cambio la memoria (colectiva y de parte) como elemento imprescindible de la conflictividad social, de la articulación de respuestas globales a las agresiones también globales que las clases populares siguen recibiendo, aunque con armas diferentes a las de hace 80 años.

Poner sobre la mesa la reivindicación de compensaciones políticas y judiciales de guerra rompe definitivamente, en efecto, la interesada lectura de ésta como «un enfrentamiento entre dos bandos ideológicamente opuestos», así como la atribución a dos de las principales democracias europeas, Italia y Alemania, de una capacidad modélica de superación de la etapa fascista.

Pero permite además establecer conexiones poderosas con movimientos y reivindicaciones del presente: la contestación —plasmada en la exigencia de una auditoría ciudadana— a la utilización de la deuda soberana como chantaje y eterna espada de Damocles suspendida sobre las cabezas de los pueblos; la denuncia del criminal comercio de armas con regímenes dictatoriales en todo el planeta promovido por estados, como el italiano, que tienen en su Constitución declaraciones solemnes de repudio de la guerra; el cuestionamiento de la legitimidad de buena parte de las principales empresas españolas del IBEX 35, que sentaron las bases de su actual poderío mediante el robo y la apropiación indebida de bienes privados o públicos gracias a las connivencias con el régimen de Franco primero y los partidos de la transición tutelada después; y, sobre todo, la reivindicación de un papel diferente y protagonista para la sociedad y sus organizaciones en la definición de nuevos marcos políticos.

En definitiva, al reclamar la aplicación de los principios de reconocimiento, reparación y garantía de no repetición la campaña se inserta en el contexto amplio de la lucha contra las opresiones, por una transformación radical del sistema de relaciones económicas y sociales. La misma aspiración que compartían las masas trabajadoras protagonistas de la revolución truncada en el 39 por el fascismo europeo.

Dicho de otro modo: la campaña Bombas de Impunidad no nace para cerrar ningún capítulo de nuestro pasado, sino para ayudar a abrir uno nuevo, haciendo de la memoria el combustible capaz de alimentar las luchas de hoy.— Rolando D’Alessandro