Corrupción en las ventas de armas españolas a Angola

Pere Ortega

Angola estuvo sumida en una guerra civil desde que alcanzó la independencia de Portugal en 1975 hasta 2002, entre el gobierno del MPLA (Movimiento Popular por la Liberación de Angola) y la oposición rebelde de UNITA (Unión Nacional por la Independencia Total de Angola). Durante los años posteriores al final de la guerra civil la situación interna continuó siendo muy inestable debido a que se encontraba en una fase de rehabilitación posbélica y necesitaba destinar todos sus recursos a la reconstrucción del país y el bienestar de una población que había sufrido la violencia de un conflicto armado de larga duración.

Entre todos los países africanos, Angola, hoy, lidera la clasificación de países que más presupuesto dedican a mantener sus fuerzas armadas, en 2014, destinó según el SIPRI, 5.152 millones de euros, 211 euros per cápita, más que Sudáfrica y Nigeria juntas, que son las dos grandes economías de África. Angola se sitúa en el octavo lugar del mundo en el ranquin con más gasto militar en proporción con su PIB. Así, Angola, es un país altamente militarizado, donde el ejército juega un papel muy importante dentro la estructura del estado y condiciona la política de su gobierno y está siempre dispuesto para intervenir en los conflictos del continente. Además, Angola, es un país altamente corrupto, sin división de poderes, su presidente José Eduardo dos Santos del MPLA concentra todo el poder en sus manos y a su vez es jefe supremo de las fuerzas armadas.

Estos hechos comportan que Angola sea un gran comprador de armas en el exterior para mantener su ejército y policía bien equipados. Durante el período de guerra civil, a pesar de ser un país embargado por la ONU, las armas continuaron llegando a los dos bandos, si el MPLA las recibía del bloque soviético, de la URSS y países del Este de Europa (Ucrania, Moldavia, Bielorrusia, República Checa…) debido a que su gobierno se autodenominaba socialista y era apoyado por la URSS. La UNITA las recibía de la ultraderechista Sudáfrica del apartheid. Pero España, en mucha menor cuantía y pese al embargo, también le suministró armamentos al gobierno del MPLA, pero con un agravante, algunas de esas ventas se llevaron a cabo mediante corrupciones diversas durante la etapa de Gobierno del PSOE de Felipe González. Una red corrupta que organizó Luis Roldán, ex director general de la Guardia Civil, quién junto a Francisco Paesa, agente del CESID (hoy CNI), impulsó y participó personalmente en una gran operación de venta de armas a Angola entre finales de 1992 y comienzos de 1993, que incluía baterías antiaéreas, carros de combate y cañones de diversos calibres por 60 millones de dólares. Varios acuerdos internacionales prohibían en aquellos años las ventas de material de guerra a Angola. En el primer trimestre de 1993, empresarios españoles pidieron al Gobierno español de entonces luz verde para efectuar ventas de material de defensa. Permiso que les fue denegado, pero la operación a pesar de ello se llevó a cabo mediante la intervención de Luís Roldán y otros funcionarios que consiguieron permisos y certificados en origen falsos. Esa operación fue acompañada de una investigación de otras exportaciones de armas efectuadas por España a Suráfrica.

Es también de esos años, que el Gobierno español permitió que la empresa privada Equipamiento Institucional, S.A. (Ekinsa) dirigiera y controlara entre 1991 y 1993 la colaboración institucional en materia de seguridad entre España y Angola. La empresa, con excelentes relaciones en los ministerios del Interior de ambos países, financió los costes de entrenamiento a mandos policiales angoleños que fueron entrenados en España. Paralelamente, Ekinsa exportó a Angola material policial y de seguridad por valor de unos 27 millones de euros. Así mismo, fue esta misma empresa quien se encargó de la seguridad durante la visita del papa Juan Pablo II a Angola en junio de 1992.

Posteriormente, una vez terminada la guerra civil y levantada la sanción de embargo de armamentos, se han venido realizando nuevas exportaciones de armas, como también material policial y antidisturbios. Según los informes oficiales del Gobierno de España, entre 2001 y 2010 se vendió material militar por valor de 2.298.000 euros, en su mayoría armas ligeras y explosivos (tabla 1). En cuanto a material policial y antidisturbios, solo consta que se vendieran 24.330 euros en 2008 y 4.080 euros en 2009 (tabla 2).

 

En estos mismos años, 2002 a 2014, España también ha exportado armas a otros países africanos que se cuentan entre los más pobres del mundo, además de Angola, se vendió armamentos a Burkina Faso, Kenia, Guinea Ecuatorial, Ghana y Mauritania, países que debido a su elevado grado de militarización, dedican más recursos a gasto militar que los dedicados a salud y educación (según PNUD), este es principalmente el caso de Angola.

A este respecto la Unión Europea, tiene aprobada una Posición Común sobre el control de las exportaciones de tecnología y equipos militares que establece que no se deben vender armas a países sancionados, inestables, en conflicto armado, que vulneren los derechos humanos, que no condenen el terrorismo o que tengan un bajo nivel de desarrollo humano. Entonces, no se puede entender ni justificar cómo es posible que se exporten armas a Angola y a esos otros países africanos.

El caso DEFEX

DEFEX es una empresa pública controlada por Estado español con el 51% de sus acciones, tiene como única actividad exportar armas producidas por industrias militares españolas. Esta empresa, en estos momentos, está siendo investigada por el juez José de la Mata de la Audiencia Nacional por una presunta trama de corrupción ligada a la exportación de armas a Angola.

Sobre este escándalo, han aparecido nuevas informaciones que involucran a los máximos directivos de esta empresa con operaciones de exportaciones de armas no solo a Angola, pues ahora se habla de Egipto y se sospecha de otros países como Camerún y Arabia Saudí. Los imputados son, el ex presidente de DEFEX, José Ignacio Encinas Charro, el director comercial Manuel Iglesias Sarria, y el directivo y coronel de las fuerzas armadas españolas Ángel María Larumbe, a quiénes se imputa de cinco delitos: corrupción en las transacciones comerciales internacionales, contra la Hacienda Pública, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

La trama corrupta se sospecha que actuaba desde hace veinte años y se puede haber apropiado de decenas de millones de euros en comisiones ilegales, que se habrían repartido entre funcionarios de los países compradores de armas y los altos cargos mencionados de DEFEX. El caso de Angola, se remonta a 2008, y consistió en la venta de material policial por valor de 152 millones de euros, pero en realidad solo se envió material por valor de unos 50 millones de euros, repartiéndose los 102 millones restantes entre autoridades angoleñas y los directivos mencionados de la empresa DEFEX a través de un entramado de sociedades ubicadas en paraísos fiscales. Obsérvese que esta cuantía de 152 millones no concuerda con los 24,3 millones (tabla 2) que figuran en el informe oficial de exportaciones del Gobierno de España. Es decir, DEFEX, mintió o camufló al Gobierno español esa exportación de armas. Todo este entramado lo gestionó Beatriz García Paesa desde paraísos fiscales, y ha aparecido en el escándalo de los recientes “papeles de Panamá” filtrados del despacho Mossak Fonseca. Beatriz Paesa es sobrina del antes mencionado espía Francisco Paesa, que había intervenido en operaciones de ventas de material de seguridad en la misma Angola.

La trama DEFEX se sospecha que operó de la misma forma que en Angola, en Arabia Saudí, Camerún y Egipto por valor de varios millones de euros. En Egipto, en el verano de 2010, se le exportó material por valor de 30 millones de euros en equipos de seguridad y defensa. La operación corrupta era similar a la de Angola, consistía en que Egipto pagaba como si hubiera recibido todo el pedido, mientras que solo se le suministraba una pequeña parte del material, así las ganancias podían ascender entre el 200 y el 300 por ciento, que se repartían entre los funcionarios corruptos egipcios y los responsables del entramado en España.

El coronel Larumbe, ejecutivo de DEFEX, actuaba a través de sus influencias en el Ministerio de Defensa español, sobre la JIMDDU (Junta Interministerial para el Comercio y Control del Material de Defensa y Tecnologías de Doble Uso), Junta que autoriza las exportaciones de armas de España. Larumbe utilizaba sus contactos para influir en la aprobación de las exportaciones que, en el caso de Angola habían sido denegadas, pero éste coronel consiguió se levantara la prohibición y fueran autorizadas.

Entre las autoridades angoleñas que han aparecido relacionadas con DEFEX y las industrias españolas que han vendido material militar, la única conocida es Comercial Cueto, que tuvo relación con el poderoso general angoleño Armando Da Cruz Neto, embajador de Angola en España entre los años 2003 y 2008. Cueto, propietario de esta empresa, ha reconocido que acudió a la boda de la hija del general, en cuya cuenta corriente de Roma acabaron 25.000 euros procedentes de una supuesta comisión de 41,4 millones de euros. En la actualidad, Da Cruz Neto es el gobernador militar en la provincia angoleña de Benguela, donde está radicada la empresa Abangol Limitada, que recibió otros 6,5 millones de euros desde una de las cuentas gestionadas por el espía García Paesa.

Conclusión

En España existe una ley que regula las exportaciones de armas que recoge las condiciones aprobadas en una Posición Común para todos los países de la UE. Entonces, y en sentido estricto con la ley, las exportaciones de armas de España a Angola no deberían haber sido autorizadas pues incumplen gravemente cuando menos cuatro de las ocho condiciones que dispone la Posición Común: ser un país que sufría un conflicto interno; continuar con tensiones internas; violaciones graves de los derechos humanos de la población; ser un país altamente militarizado pues tiene un gasto militar superior a sus necesidades de desarrollo humano, en especial salud y educación.

En España, la ley que regula las exportaciones de armas es claramente insuficiente, pues las actas de la Comisión Interministerial que aprueba o deniega las ventas de armamentos son declaradas como confidenciales, es decir son un “secreto de estado”. Por lo tanto, es imposible saber exactamente el contenido de las exportaciones autorizadas y solo se conoce parte del material militar exportado pues solo se indica por categorías. Por ejemplo, bajo la categoría de aeronaves no se especifica qué tipo de aviones; o de las municiones no se indica el calibre, tampoco con los misiles, blindados, etc. Además, solo se indica el país destinatario, pero no se distingue si el comprador es el Estado o una empresa particular, que bien podría ser de seguridad privada. Por último tampoco se informa de la industria fabricante exportadora española.

Las investigaciones que rodean las posibles corrupciones relacionadas con las exportaciones de armas a Angola, también podrían haberse producido en el resto de países africanos en los que DEFEX ha intervenido. Países, dónde no hace falta decir que el estado de derecho es muy débil o inexistente y donde existe una enorme corrupción interna. La falta de información y transparencia en las exportaciones de armas españolas evidencian y favorecen, como en el caso de Angola, la corrupción.

15/6/2016

Sitio elaborado con Drupal, un sistema de gestión de contenido de código abierto