El título completo de este artículo debería ser “El posicionamiento político del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) del pasado 3 de febrero sobre el caso Garoña y los acontecimientos en Almaraz, y su importancia como precedente de la estrategia de la industria nuclear para conseguir alargar el funcionamiento de los reactores atómicos hasta los 60 años”, pero abreviaremos, y así centrarnos en uno de los conflictos sociales más duros de la larga y amenazante decadencia de la energía atómica en España.

La importancia de la reunión de Junta del CSN del pasado 3 de febrero justifica la extensión superior a la habitual de este artículo. La lectura del Acta 1372 es la mejor prueba [1]. Sobre Almaraz destaca el Anexo sobre seguridad incluido en dicha acta; el procedimiento de redacción del citado Anexo y el que, hecho inaudito, en la siguiente reunión del CSN, el 17 de febrero, se hiciese público un comunicado que constituía un ataque en toda regla a la labor de la Asociación de Técnicos de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica (ASTECSN). No hay precedente de un comunicado de esa naturaleza dirigido a CCOO, CSIF, UGT o FEDECA, sindicatos que forman parte de la Junta de Personal del CSN.

La confrontación entre el criterio de los inspectores y el de las compañías propietarias de la central de Almaraz (Iberdrola, 53%; Endesa, 36%, y Unión Fenosa GAS NATURAL, 11%), y el alineamiento de Manuel Rodríguez, subdirector de Instalaciones Nucleares del CSN (con el apoyo de Antonio Munuera, director técnico de Seguridad Nuclear), con la postura de las compañías, indican que Almaraz es un episodio concreto de un conflicto que se arrastra desde que en agosto de 2015 estalló el llamado caso Isasia [2].

La sesión del 3 de febrero puso en evidencia tres conflictos políticos: con la mayoría de los partidos elegidos en las elecciones del 20D, con la dependencia del CSN de los intereses de ENDESA e IBERDROLA en el caso Garoña, y con la valoración de la seguridad de Almaraz.

Nos centraremos en el punto clave de la reunión: la política del CSN sobre Garoña, que el organismo, lógicamente, trata de eludir escudándose en el carácter técnico de su función.

Hay que partir de que el descrédito del CSN como organismo público de control de la energía atómica viene de lejos. Basta recordar el juicio por el incendio en la central Vandellós 1 en 1989 (el accidente más grave de una central atómica en España, y uno de los más graves de Europa). Realizado en enero del 2000 (11 años después de producirse el accidente), el juicio concluyó con la absolución de todos los responsables pese a la evidencia de los graves incumplimientos de seguridad que llevaron al incendio [3]. Es ya una tradición descubrir maniobras del CSN, tales como encubrimiento de responsabilidades, retrasos en la difusión de información, manipulación de datos, cambios en declaraciones y justificaciones inverosímiles, a favor de empresas implicadas en asuntos como la corrosión de los sistemas de refrigeración de Vandellós, las fugas radioactivas de Ascó, el caso Acerinox, o los vertidos de Garoña al río Ebro, por poner sólo cuatro ejemplos.

Por eso es destacable el cambio que ha significado para el Pleno del CSN la incorporación como consejera de la ex ministra socialista Cristina Narbona, en 2012. Desde su nombramiento, Cristina Narbona ha venido pidiendo rigor y coherencia en el cumplimiento de las normativas, lo que ha provocado respuestas agresivas del presidente y otros consejeros. A ello hay que añadir las razonadas y justificadas peticiones de Narbona de que el CSN entre a debatir en profundidad las implicaciones que tiene alargar a 60 años el funcionamiento de Garoña (basta leer sus justificaciones de voto particular discrepante que constan en las Actas de las reuniones). En conjunto, su actitud ha redundado en una mayor transparencia informativa.

Como era de prever, Cristina Narbona, ha sido acusada por parte del presidente y de los otros consejeros, de introducir consideraciones políticas en la función técnica del CSN. La realidad es que nos hallamos ante un conflicto totalmente político, en que una de las partes (la mayoría del Consejo) intenta descalificar a la otra adjudicándose una supuesta neutralidad técnica que otorgue un plus de credibilidad a la política que defiende.

Para empezar, todos los integrantes del Pleno del CSN siempre han tenido, y tienen, un largo historial político detrás. El actual presidente, Fernando Martí Scharfhausen, ha ocupado altos cargos en el PP; así como la vicepresidenta, Rosario Velasco García, los ha ocupado en el PSOE; ya se ha hecho referencia a Cristina Narbona, y basta consignar que los otros dos consejeros, Fernando Castelló Boronat y Javier Dies Llovera, comparten una larga trayectoria de militancia en el PP.

Ese carácter político se hace evidente en el nombramiento del consejero Javier Dies Llovera, la incorporación más reciente al Consejo. Dies Llovera fue nombrado consejero directamente por el gobierno del PP mediante Real Decreto de 16 de octubre de 2015, tras haber sido rechazada su candidatura en la Comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso de los Diputados; el motivo de su apresurado nombramiento era sencillo: finalizaba el mandato del señor Gurgui, se acercaba el final de legislatura, y las elecciones del 20D hacían temer un cambio en la mayoría política del Congreso, lo que podría desembocar en el nombramiento de un consejero no alineado con la política nuclear [4].

Y es que, más allá de filiaciones políticas, el CSN adolece de una evidente falta de pluralismo: todas las personas nombradas como máximos responsables, al margen de su adscripción al PP, al PSOE o a CiU, se han alineado con la política nuclear. El caso de Cristina Narbona no es una excepción, aunque no corresponda analizarlo ahora.

Aunque el conflicto de Garoña se arrastra desde que ENDESA e IBERDROLA, decidieron parar la central en 2012, el pasado 3 de febrero se produjo algo insólito en la historia del CSN: el organismo recibió una carta de 9 grupos políticos del Congreso de los Diputados (es decir, todos menos el PP) pidiendo retrasar el debate sobre las medidas que conducen a la puesta en funcionamiento de Garoña hasta la constitución de un nuevo gobierno [5], algo que entra completamente en las competencias del CSN. La actitud del Consejo ante dicha petición es otra prueba más de su carácter político. Analicemos cinco puntos claves contenidos en el Acta del 3 de febrero que lo demuestran.

• Está primero la negativa a tomar en consideración el contenido de la carta, reflejada en las intervenciones del presidente y de los consejeros Castelló, Velasco y Dies Ello significa un rechazo al papel del poder legislativo. El CSN no ha tenido, en cambio, ningún problema para atender los requerimientos directos del Gobierno sobre Garoña realizados en 2009 y 2012, aunque alguno de ellos fuese de carácter tan anómalo como establecer medidas de funcionamiento a la carta de las empresas propietarias [6].

• Segundo punto. En diversas ocasiones a lo largo de la historia del CSN, el presidente ha propuesto cambios o retrasos de temas a tratar en el orden del día de sus sesiones, es una de sus atribuciones. Consciente de ello, el señor Martí Scharfhausen acudió el 3 de febrero con una declaración preparada que leyó al Consejo (página 7 del Acta), en ella se acoge, ante todo, a sus atribuciones para simplemente negarse a hacer lo que ha hecho en otras ocasiones.

Pero en dicha nota, Martí Scharfhausen va más allá, sustituye de manera deliberada la petición de detener el proceso de evaluación hasta la formación de un nuevo Gobierno, contenida en la carta de los diputados, por la de suspender y detener el proceso decisorio del Pleno, e incluso yendo aún más allá, se refiere a paralizar o suspender los procesos de licenciamiento en curso, cosa que en ningún momento se menciona en la carta de los partidos. La interpretación discrecional del concepto de proceso decisorio, y la voluntad de elevar el tono al nivel de indignación que se trasluce en la nota, evidencian un recurso político disimulado bajo la apelación al carácter técnico del CSN.

El tono aún se eleva más en la intervención del consejero Castelló que habla de paralización o suspensión de las tareas de evaluación y emisión de un informe técnico solicitado al CSN en un proceso de licenciamiento, como si no fuese una potestad ejercida habitualmente por el Consejo y su presidente decidir los tiempos y calendarios de los procesos que realizan.

• El tercer punto es que el Acta y sus anexos recogen críticas a la carta que muestran alineamientos con los intereses de ENDESA e IBERDROLA; los tres casos más evidentes son:

La opinión de la vicepresidenta Velasco de que el informe técnico del CSN de ningún modo puede generar ningún tipo de derechos ni lucro cesante en las empresas. El recurso empresarial al lucro cesante es, precisamente, uno de los mayores motivos para retrasar un procedimiento que afecta a una central que está legalmente parada. La vicepresidenta Velasco no basa su opinión sobre ENDESA e IBERDROLA en ningún dato concreto y, además, arriesgada mucho, teniendo en cuenta el poder que el concepto de lucro cesante otorga a las empresas frente a decisiones mayoritarias de la ciudadanía contrarias a sus intereses. Como se ha demostrado en varias ocasiones, y se deduce de los contenidos del TTIP a los que se ha tenido acceso [7].

El segundo caso es el predominio que otorga la vicepresidenta Velasco a los intereses de ENDESA e IBERDROLA frente a los representantes políticos, por el simple hecho de haber pagado las tasas de evaluación para que el CSN realice los informes. Como si el retraso en la redacción de dichos informes supusiese un grave inconveniente para una central que lleva parada más de dos años, y que está en situación de cese de explotación por voluntad de sus propietarios.

El tercer caso se halla en el voto particular del consejero Castelló, que no solo acusa a la carta de los diputados de introducir un debate político en el CSN (como si el seguir con el proceso no fuese también una opción política); sino que va más allá e insinúa que dicho retraso podría dar lugar a una demanda de prevaricación por parte de ENDESA e IBERDROLA.

• El cuarto punto es el mecanismo político defendido para desviar la tramitación del contenido de la carta. Los consejeros Dies, Velasco y Castelló derivan el tratamiento de la carta a la Comisión Parlamentaria de Industria, Energía y Turismo. Un organismo que mantiene una Subcomisión de relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear de carácter secreto y no regulado [8]. El mensaje que se transmite a los grupos políticos es tan evidente que no merece comentario.

• Finalmente, el quinto punto es la debilidad de la respuesta a los políticos y el secretismo de su contenido. Según el Acta, el Consejo aprueba la redacción de un texto de respuesta a la carta de los partidos que es apoyado por el presidente Martí Scharfhausen y los consejeros Dies, Velasco y Castelló (p. 15). Pero dicho texto no figura en los Anexos del Acta, y su contenido y aprobación elude la opinión de la consejera Narbona. Contrasta el redactado elusivo de este punto (apartado de asuntos diversos) con las interpelaciones directas del presidente Martí Scharfhausen a los consejeros cada vez que se aprobaban los detalles para la puesta en marcha de Garoña. La cosa es comprensible: la falta de unanimidad implica una nueva prueba del carácter político de la decisión y, valga la ironía, levanta acta de su debilidad.

A la fecha de redacción de este artículo aún se desconoce el contenido de la respuesta del CSN a los grupos políticos que enviaron la carta. Ni CSN, ni partidos políticos, ni medios de información, han considerado que los ciudadanos merezcan ser informados del tema.

La estrategia del CSN en el caso Garoña es ocultar el carácter político de sus decisiones bajo una apariencia técnica. La lectura de las actas 1372, 1364 y 1323 (véase nota 1) permite comprobar que las sesiones del Consejo en que se va concretando el proceso de aprobación de las medidas técnicas que deben llevar a cabo ENDESA e IBERDROLA, predetermina la decisión final de otorgar el permiso de funcionamiento por 17 años cuando llegue el momento (un plazo éste, perfectamente calculado por las empresas y no cuestionado por el CSN). Dichas decisiones políticas aparecen tratadas como incoherencias en la justificación de voto de la consejera Narbona contenida en el Acta 1372. La claridad de su exposición aconseja su lectura, a la vez que permite ahorrarnos la explicación correspondiente.

Esa estrategia política del CSN pasa por eludir el debate de fondo sobre seguridad e impactos que supone el alargamiento del funcionamiento de Garoña a 60 años, y sus implicaciones para los siete reactores atómicos restantes. Esa complicidad del CSN con la estrategia de la industria nuclear se complementa con su contribución al chantaje que puede ejercer dicha industria a través de la exigencia de indemnizaciones por lucro cesante por unas centrales calificadas técnicamente en condiciones de funcionamiento, sobre una sociedad que decida legítimamente el cierre de las centrales atómicas.

La llamada moratoria nuclear, aprobada en los años ochenta del pasado siglo, fue una transferencia a la sociedad de los costes de unas decisiones de inversión en centrales atómicas, erróneas y desmesuradas realizadas por unas compañías eléctricas que habrían ido a la quiebra sin ella, una decisión política, disfrazada de compensación por pérdida de beneficios que nos obligó a los usuarios de la electricidad a pagar los beneficios a unos accionistas irresponsables. Esta jugada puede repetirse en el siglo XXI por la vía del lucro cesante, a unas centrales contaminantes, peligrosas, ruinosas y envejecidas.

La filosofía de los beneficios privados que resultan de socializar las pérdidas no se limita a los bancos, puede aplicarse también a la industria atómica. La fórmula neoliberal funciona: ellos hacen lo que quieren, nosotros pagamos los costes de lo que hacen.

Hay varios aspectos más que evidencian la participación del CSN en el juego político de la industria atómica, pero la extensión que ya lleva el artículo aconseja dejarlos para otra ocasión.

 

Notas

[1] Aunque pueda parecer un ejercicio pesado no lo es. Es interesante leer el ACTA 1372 de 3 de febrero de 2016, para captar la magnitud de un conflicto que se halla en estado de enquistamiento (https://www.csn.es/documents/10182/1468238/1372+-+Acta/83d9553c-6b1c-4a19-a70b-05a520609cfc ). Se puede captar uno de los momentos de máxima virulencia en el contenido de los Anexos del ACTA 1364, de 4 de noviembre de 2015 (https://www.csn.es/csn/actas-del-pleno/2015/-/asset_publisher/ih4J8ik7P3I9/content/pleno-1364 ), y el tono de estupefacción que acompaña al inicio del conflicto en el ACTA 1323, de 30 de julio de 2014 (https://www.csn.es/documents/10182/72740/1323+-+Acta.pdf/6e247f7a-13ba-4d9e-8c96-07b346cfa810 ).

[2] Sobre el conflicto con la ASTECSN véase https://www.csn.es/noticias-csn/-/asset_publisher/RaUvH0c9Zstu/content/comunicado-del-csn-tras-la-reunion-del-pleno-de-hoy.

Unas informaciones para tener una aproximación al caso Isasia: http://www.lavanguardia.com/vida/20150805/54435634927/crisis-consejo-seguridad-nuclear.html también en http://www.radical.es/info/7362/porque-ha-sido-destituido-rodolfo-isasi-alto-responsable-de-la-seguridad-nuclear y http://politica.elpais.com/politica/2015/09/30/actualidad/1443621311_287232.html

[3] Un breve recordatorio de los incumplimientos de seguridad relativos a Vandellós 1 en http://www.sirenovablesnuclearno.org/nuclear/nuclearcatalunya/vandellos1.html#castellano

[4] Es muy interesante la transcripción de la comparecencia del señor Dies Llovera en la Comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso de los Diputados para hacerse una idea de las profundas convicciones atómicas y la manifiesta indiferencia de este señor ante consideraciones críticas. Véase http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERDOC&CONF=BRSPUB.cnf&BASE=PU10&PIECE=PU10&DOCS=1-1&FMT=PUWTXDTS.fmt&OPDEF=Y&QUERY=%28D%29.PUBL.+%26+%28CONGRESO%29.SECC.+%26+%28COMISION-DE-INDUSTRIA%2C-ENERGIA-Y-TURISMO%29.ORSE.+Y+DSCD-10-CO-894.CODI.#1 . Sobre el falso debate político implícito en el nombramiento del señor Dies Llovera, véase http://www.mientrastanto.org/boletin-140/notas/sobre-conflictos-escenificados-y-conflictos-reales.

[5] El contenido concreto de la carta no ha sido reproducido en ningún medio de información. Tampoco figura en la web del Congreso de los Diputados. Se adjunta por cortesía de una de las entidades ecologistas asistente a la reunión con los grupos políticos, que lo ha facilitado:

Sr. Presidente,

Recientemente hemos tenido conocimiento de que el Pleno del CSN prosigue con el proceso de renovación de explotación de la central nuclear de Santa María de Garoña. Por ello, y atendiendo a la actual situación del actual Gobierno en funciones, los representantes de los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados de PSOE, PODEMOS, ERC, PNV, EH-BILDU, IU-UP, COMPROMIS le rogamos que detenga el proceso de evaluación hasta la formación de un nuevo Gobierno.

Tenga en cuenta que otorgar una nueva licencia para que Garoña sea comercialmente explotada hasta 2031, aunque esté sometida a un informe condicionado por el regulador, podría permitir a las compañías propietarias la reclamación de pérdidas por “lucro cesante”, en caso de que el próximo Gobierno decidiera mantener la actual orden ministerial de cese de explotación definitivo, causando graves problemas a la Hacienda Pública.

Adicionalmente, como bien sabe, se trata de una renovación inédita en la historia de la seguridad nuclear de España, porque autoriza llevar un reactor nuclear hasta los 60 años de vida (su vida útil de diseño estaba prevista hasta los 40 años) y porque permite una autorización administrativa de 17 años consecutivos (jamás en España se había dado una renovación de autorización de explotación por más de 10 años). Por estos motivos, es debida una detallada explicación a la ciudadanía y a sus representantes en el Parlamento de las implicaciones técnicas, económicas y medioambientales que conllevaría esta inédita renovación.

Garoña está parada desde diciembre de 2012, por decisión unilateral y voluntaria de su empresa propietaria, Nuclenor. Esta situación de parada no ha supuesto ningún problema para el suministro eléctrico y podría seguir en esta situación unos meses más. En consecuencia, le pedimos que el CSN detenga temporalmente el proceso de evaluación de la autorización de renovación de explotación de Garoña, hasta la formación del nuevo Gobierno que deberá tomar la decisión final sobre el informe preceptivo que emita el organismo colegiado que usted preside actualmente.

Así mismo solicitaremos formalmente su comparecencia en esta cámara para informar debidamente de los hechos referidos.

[6] Véase http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/energia-nuclear/el-gobierno-pide-al-csn-informacion-adicional-sobre-garona-antes-de-decidir-sobre-su-continuidad_tL4yQ1CYUWZtJRd9OgapC3/ , asimismo http://noticias.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/energia-nuclear/el-csn-trata-el-lunes-la-peticion-del-gobierno-de-mas-informes-sobre-garona_BeEanCmrKwVo7rdJOYTj36/ , y también http://www.rtve.es/noticias/20120105/gobierno-pide-informe-csn-para-evitar-cierre-central-garona-2013/487401.shtml.

[7] Véase http://www.noalttip.org/que-es-el-ttip/. Sobre el contraste entre la versión naif del concepto de lucro cesante (http://www.lucrocesante.com/ ) y su verdadera dimensión en el marco del poder político que el neoliberalismo otorga a las grandes empresas véase http://www.eldiario.es/zonacritica/Tratado-Libre-Comercio-UE-EEUU-democratica_6_255884425.html.

[8] Véase el artículo “El blindaje nuclear”, en http://www.sirenovablesnuclearno.org/nuclear/nuclearcatalunya/articles/elblindajenuclear.pdf.

 

[Miguel Muñiz es miembro de Tanquem les Nuclears–100% Renovables y mantiene la web www.sirenovablesnuclearno.org]