Sobre el poder sin límites

Josep Torrell

El 3 de diciembre de 2015 organizado por el Proyecto Pasolini Pasolini y acogido por el Instituto Italiano de Cultura, tuvo lugar el «estreno» de El poder sense límits (2015), cortometraje colectivo de Luis Carceller, Oriol Sánchez y Josep Torrell. En realidad, el estreno no era tal, en la medida en que el corto está formado todo él por imágenes de otras películas que tienen copyright y, por ahora, es inviable su proyección en salas comerciales. La intervención que publicamos trataba de situar el corto en la discusión sobre el poder hoy en día.


El poder sense límits tiene que ver con la experiencia por parte de un ciudadano de un poder que aparece como un poder sin ningún tipo de control, dejado a su libre arbitrio. Ésta es la visión propia que tiene del poder estatal –o cualquier otro—un ciudadano aislado y desprotegido respecto de un poder enorme y desproporcionado.

Aunque se base en hechos reales, la referencia –en el caso de L’aveu (La confesión, 1979) de Constantin Costa-Gavras— es El Proceso de Frantz Kafka, por el hecho mismo de que no saben ni de qué se les acusa. En el caso de Pasolini –con Salò o le 120 giornate di Sodoma (Saló o los 120 días de Sodoma, 1975)— se trata menos de una referencia literaria como de la reflexión del propio autor acerca de los cambios que rodean la sexualidad concedida desde el poder a los jóvenes, y mostrando mediante un apólogo un poder (que se muestra con los atributos del fascismo) que hace lo que quiere con los cuerpos de los demás. El trasfondo del apólogo es un poder que mediante la coerción obliga a sentir el deseo, el sexo o las esferas más íntimas del carácter de una persona de una determinada manera y no de otra, manera que viene dada por las necesidades del consumo.

El poder sense límits es una referencia también al poder que se ejerce en las cárceles y en los centros de internamiento de prisiones de guerra (aunque fue un recurso de todas las dictaduras del pasado, incluida la franquista). La indefensión del cuerpo ya fue utilizada por los nazis al obligar a correr a los presos hacia las cámaras de gas, rodeados de perros que amenazaban con morderles; y más recientemente, en 2004 –como me recordaba Albert Recio— el cuerpo desnudo y la simulación del acto sexual fueron utilizados como humillación contra los presos musulmanes en la prisión norteamericana de Abu Ghraib en Irak.

La noción de poder sin límites, sin embargo, se parece bastante a una noción tentetieso. Gramsci había definido ya el poder como hegemonía más coerción (o para ser exactos, como la hegemonía acorazada de coerción). El poder, en sus formas, va y viene, aparece y desaparece, según el grado de peligrosidad en que se encuentren sus intereses.

El ilimitado –en cuanto a ejercicio de la violencia—sólo se da en lo que conocemos como Tercer Mundo. La crisis de los refugiados es el ejemplo más sangrante de gente que huye de un poder sin ningún tipo control y que amenaza con matarlos sin ningún impedimento. Recordemos que la guerra ha sido siempre el caso más evidente de un poder estatal contra sus propios ciudadanos.

En el resto del mundo –lo que denominamos mundo civilizado— el poder está desde hace años poniendo en marcha un proceso que tiende a acabar con la concepción de los derechos democráticos. Desde hace más de doscientos años, la concepción de la ley y del derecho consistía en conseguir mayor protección jurídica ante el poder estatal, que se concebía claramente como un peligro. Esto está cambiando. Los poderes constituidos –que son las grandes empresas y su iglesia productora de doctrina sagrada, que es el neoliberalismo— han emprendido un proceso que, en primer lugar, frena esta concepción democrática y luego pretende hacerla retroceder. La forma de hacerla retroceder pasa porque las leyes que delimiten los derechos de los ciudadanos las aprueben organismos supranacionales que no tienen ningún control democrático ni ninguna visibilidad. De manera que, paulatinamente, los ciudadanos se encuentren aislados frente a unos derechos democráticos que ya no tienen poder para seguir utilizando. Unos derechos que han sido conculcados por unas leyes que no se ha sido informados mientras se hacían, pero que luego aparecen como leyes inamovibles que les dejan totalmente desprotegidos frente al poder, que no es otra cosa que el capitalista.

Daré dos ejemplos.

Por un lado, la denominada Ley Montoro, aprobada por el Congreso de los Diputados de Madrid, que impide que los ayuntamientos puedan contratar directamente nuevo personal y sólo puedan hacerlo mediante la contratación de empresa privadas. Esta es una ley del parlamento español que se convierte en un obstáculo terrible para todos los ayuntamientos del Estado, porque se ven sometidos a una ley que les afecta, aunque no han participado en su elaboración.

Por otro lado, tenemos el acuerdo denominado TTIP (Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión) entre los Estados Unidos y la Unión Europea. Un tratado que, gracias a su secretismo, acabará firmándose a espaldas de los ciudadanos. Este tratado permitirá exigir –en nombre de la competencia desleal— que se retiren las leyes o se privaticen aquellos servicios o productos que están actualmente protegidos por la Unión Europea (básicamente alimentación, productos químicos peligrosos, la sanidad y los servicios básicos, etcétera). Una vez está firmado por Bruselas, los parlamentarios pasarán a convertirse en defensores no de los intereses de sus propios ciudadanos sino en defensores de los intereses del poder económico transnacional, negociado y aprobado sin la opinión pública.

Producto de esta estrategia del poder, podemos encontrarnos muy pronto en una situación en la que el poder público será, una vez más, «pura y simplemente, el Consejo de Administración que rige los intereses colectivos de la clase burguesa», como decían en 1848 Marx y Engels en El manifiesto comunista.

Resultará entonces que volveremos a ser un rebaño de ciudadanos siervos –como decía Juan Ramón Capella— y volveremos a encontrarnos como personas aisladas frente a un poder que no tendrá límites (aunque en un sentido distinto del que hablaba de Pasolini). Y si protestamos, ahí están los antidisturbios, que gracias al señor Felip Puig, consejero de interior de Cataluña, ya están equipados con chalecos antibalas para enfrentarse a manifestaciones pacificas.

Para finalizar, quiero decir algo sobre la cuestión de los derechos democráticos. Considero que era una estrategia válida el proteger cada vez más los derechos y libertades de los ciudadanos. Pero la nueva estrategia del poder obliga a considerar errónea una contra-estrategia que sólo se limite a eso. Hoy hay que movilizar y empoderar a los ciudadanos para hallar nuevas formas de lucha por nuestros derechos, que aseguren formas concretas de poder ciudadano pero que a la vez permitan denunciar el problema general al que se enfrentan y hacerlo visible para otros. El concepto clave es el de empoderamiento, es decir, la capacidad de cada ciudadano para dejar de ser un objeto de los otros y convertirse en sujeto de su propia historia y de los cambios necesarios para hacer efectivos los propios derechos y libertades.

1/2016

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