Como nos recuerdan varios políticos locales, entre los acreedores del estado helénico se encuentra el Gobierno de España: 6.650 millones de un primer préstamo en 2010, y algo más de 18.000 en garantías del Fondo Europeo de Rescate (FER) en 2011.

Poco importa que ambas intervenciones las forzara el BCE al negarse a acudir en apoyo de Grecia frente a los especuladores, sin consideración alguna por la estabilidad económica o financiera; o que las tendencias centrípetas de la actividad productiva en la UE justifiquen y aun requieran de mecanismos redistributivos para ser sostenibles. Todas estas cuestiones se resuelven en una sola: si Atenas no paga, Atenas nos roba.

Con subalternidad característica, contrastan la insolidaridad griega con su propia responsabilidad: la de comprometerse a devolver los 41.300 millones que el Mecanismo Europeo de Estabilidad, sucesor del FER, prestó en 2012 para rescatar el sector bancario (deuda doblemente odiosa, en realidad, por haber servido a concentrar la actividad financiera en unos pocos bancos privados, saneando el sector a base de socializar las deudas de la burbuja).

Conviene señalar que el total adeudado, unos 25.000 millones de euros, es una cifra de magnitud similar a la caída del impuesto de sociedades desde que empezó la crisis, sin que en cada liquidación ningún ministro español acusara a las empresas de impedir la sostenibilidad de las pensiones o del Estado del Bienestar; y es menos de la mitad de lo perdido anualmente con el fraude fiscal.

Y resulta confuso atribuir a Syriza la voluntad de impagarla en su totalidad, y menos aún unilateralmente. En el medio plazo, Tsipras aspira a una repetición de la Conferencia de la deuda alemana de 1953 (que supuso una quita del 50%, en circunstancias políticas más favorables); en el corto plazo Grecia ha aceptado ya, en sus negociaciones con “las instituciones”, el pago íntegro de la deuda —conclusión incluso menos generosa que la del acuerdo con el FMI de 2011-2012, en el que se planteó una reducción del 30%—.

Además, parece improbable que, aun de producirse un impago, éste tuviera efecto alguno en el gasto del Estado. Con Mario Draghi dispuesto a mantener la liquidez a los países fieles al proyecto neoliberal y a unas reglas de déficit que la Comisión Europea relaja con idéntico criterio, la condonación de la deuda griega no tendría razón de imponer un ajuste mayor que el que ya está comprometido.

De ahí que las palabras de nuestros ministros y tertulianos parezcan más una nueva ocasión de consolidar el discurso dominante que una referencia concreta a las negociaciones con Grecia, sometida a sus propias presiones por la fuga de depósitos y la caída en la recaudación fiscal. Simplemente, vienen a decirnos, no hay derechos superiores a aquellos “libremente” reconocidos en un contrato mercantil, base objetiva de la moral burguesa: las deudas deben pagarse, por más  desahucios, miseria y recortes causen. Amén.

[Ramon Boixadera i Bosch es economista]