El pasado 26 de julio se aprobó la Ley 11/2013, con el título de “Medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo”. Contra lo que pudiera parecer, estas medidas no han sido adoptadas por motivos de necesidad asociados a la crisis económica sino que —y esta es la principal idea de esta nota— la crisis ha servido como excusa y como ventana de oportunidad para realizar estos cambios con menor resistencia, puesto que se aduce que son “la única alternativa posible” para salir del atolladero.

Ricardo Fernández, director ejecutivo de la edición española de “Global Entrepreneurship Monitor” —el más importante informe comparativo sobre estadísticas de emprendeduría—, destacaba en el prólogo de la última edición que se debe pasar de una economía dirigida —basada en empleos seguros y buenos, economías de escala, estabilidad, homogeneidad y continuidad— a una economía emprendedora, la cual iría asociada a conceptos como flexibilidad, novedad, creatividad, originalidad o diversidad. Dentro de esta nueva economía emprendedora estarían las más recientes medidas de apoyo al emprendedor y las recientes reformas laborales, cuyo objetivo es que el mercado gane flexibilidad.

La observación de Fernández habla a las claras de un proceso de cambio para el que debemos remitirnos a un giro neoliberal que se extiende hasta cuarenta años atrás, desde el golpe de Estado en Chile y la trilateral del 73. Cuatro décadas en las que el pensamiento neoliberal se ha convertido en koiné. Así, la reciente ley de apoyo al emprendedor no es una medida nueva y adoptada con carácter de urgencia; au contraire, como ahora veremos a partir de los informes, los planes de los partidarios del mercado y de los órganos directivos de la Unión Europea hace años que son uniformes y consecuentes acerca de la necesidad de fomentar el espíritu emprendedor y hace años que están pidiendo esta ley en los documentos oficiales.

Bosquejo de la Ley del Emprendedor

Ya desde el preámbulo de la ley se destaca que se requiere una nueva estrategia de “política económica” que siente las bases para “un crecimiento que permita crear empleo”. Para ello, se referencia a “las reformas estructurales que se aplican en España desde principios de 2012” y se presenta como un paso más del necesario “esfuerzo reformista para recuperar la senda del crecimiento económico y la creación de empleo”. Dentro de estas “reformas estructurales” se hace referencia a la necesidad de una mayor flexibilidad que permita ajustar los precios y salarios relativos para así aumentar la competitividad.

Se destaca que las pymes y los autónomos son “los principales motores para dinamizar la economía española” y que es esencial cambiar “el marco regulatorio e institucional” para impulsar ganancias de productividad y optimizar los recursos”. Para ello, se señala como imprescindible que “se potencie y facilite la iniciativa empresarial” estableciendo un “entorno que promueva la cultura emprendedora”, así como la creación y desarrollo de proyectos empresariales generadores de empleo y de valor añadido.

El carácter eventual y ad hoc de la ley es destacado cuando se indica que toma con “carácter de urgencia” medidas dirigidas a desarrollar “la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven, a fomentar la financiación empresarial a través de mercados alternativos, a reducir la morosidad en las operaciones comerciales y, en general, a fomentar la competitividad de la economía española”.

Al entrar en los 4 capítulos y 16 artículos de la ley se observa que ésta se basa en facilitar tanto el emprendimiento por la vía de diversos descuentos a las y los jóvenes que quieran ser autónomos o empleados por cuenta propia, como la el uso del capital de la prestación de desempleo para crear una empresa. Otros objetivos son dotar a los empresarios de incentivos fiscales para contratar a distintos colectivos sobre cuya tasa de paro el gobierno considera que se debe actuar de forma urgente —como jóvenes y personas mayores de 45 años— y agilizar el funcionamiento del mercado laboral, mediante acuerdos de marco laboral público-privado o creando el Portal Único de Empleo. Para ello, se flexibiliza más el mercado laboral integrando nuevos contratos precarios de prácticas para jóvenes y se ofrecen distintos incentivos fiscales para la creación de empresas y la dinamización de la entrada y salida de las mismas, y se busca una minimización de la aversión al riesgo con distintas nuevas estrategias que atañen a las posibilidades de uso y de adscripción a la prestación por desempleo.

Así, con el eviterno argumento de la necesidad de crear empleo como excusa, los neoliberales han implementado una serie de reformas en el mercado para acondicionarlo y amoldarlo a su gusto. La generación de un “ambiente emprendedor” incluye la necesidad de crear continuas situaciones de competencia, la reducción del gasto público, introducir la emprendeduría en los planes educativos y el fomento de la inversión privada en innovación y desarrollo. Asimismo, se han puesto en marcha cursos de fomento de la emprendeduría entre los jóvenes para que haya una mayor familiarización y naturalización, al tiempo que la capitalización en Investigación y Desarrollo queda externalizada hacia la iniciativa privada, y se realizan planes e iniciativas con el objetivo de mejorar la percepción pública de la misma. Se pudiera esperar que todo esto fuera con motivo de la crisis. Sin embargo, una lectura de los documentos de la Unión Europea nos dice justo lo contrario…

Los orígenes de la ley en los planes de la Comisión y del Consejo

Entonces, contra lo que se vende continuamente, esta ley no obedece a una estrategia para solventar un problema tan grave como es el de la crisis económica y el elevado desempleo; no, esta ley forma parte de un conjunto de reformas estructurales solicitadas por los órganos de decisión de la Unión Europea desde mucho antes de la crisis. Se pueden rastrear indicios de esta Ley del Emprendedor ya desde marzo del 2000, cuando el Consejo Europeo de Lisboa empezó una política activa de incentivación de la emprendeduría y de la iniciativa económica privada.

Documentos posteriores como el Green Paper de la Comisión Europea del 2003 sobre “Entrepreneurship in Europe” ya introducían la necesidad de elaborar programas para trabajar la emprendeduría a nivel individual, empresarial y societario e incidían en la necesidad de crear un ecosistema más saludable para el emprendedor y sus necesidades.

De hecho, a partir de este documento y de las reacciones que suscitó entre los diferentes actores que respondieron a una pregunta sobre cómo mejorar la iniciativa empresarial en Europa, vio la luz el 11 de febrero de 2004 un “Programa Europeo a favor del espíritu empresarial” que tenía tres objetivos específicos: Que haya más personas con mentalidad empresarial; Que haya mejores resultados de las empresas que se reflejen en una mayor competitividad y crecimiento; Un mejor clima empresarial.

En este programa había cinco “ámbitos políticos estratégicos” en los que era necesario intervenir para conseguir un mayor espíritu empresarial: fomentar la mentalidad empresarial; animar a un mayor número de personas a convertirse en empresarios; orientar a los éstos hacia el crecimiento y la competitividad; mejorar el flujo de financiación; y crear un entorno administrativo y reglamentario más favorable a las pymes. La justificación que se daba por aquel entonces es que hay una correlación positiva entre espíritu empresarial y resultados económicos, puesto que el espíritu empresarial es el “motor principal de la innovación, la competitividad y el crecimiento”.

En 2007 se introduciría un programa para el mercado laboral, con el que se quería conseguir un mercado de trabajo con disposiciones más dinámicas y flexibles. Este programa recibe el nombre de “Flexicurity” y quiere políticas de empleo adaptadas a la globalización, para lo que se requieren “respuestas rápidas” y un “mercado laboral más flexible acompañado de niveles de seguridad que permitan abordar simultáneamente las nuevas necesidades de empleadores y empleados”. Para ello, las empresas, especialmente las pymes, deben “adaptar su mano de obra a unas condiciones económicas cambiantes” y establecer una “estrategia integrada para potenciar, a un tiempo, la flexibilidad y la seguridad en el mercado laboral”. En definitiva, se pretende conseguir “disposiciones contractuales flexibles y fiables; estrategias globales de aprendizaje permanente; políticas activas del mercado laboral eficaces; sistemas de seguridad modernos”.

Desde la comprensión de la gobernanza, la flexicurity pretende que aquellos trabajadores que son más propensos a alternar períodos de trabajo con períodos de inactividad —mujeres, jóvenes o personas de mediana edad— puedan entrar a trabajar más fácilmente que con legislación estricta.

Siguiendo la línea cronológica, el 2 de marzo de 2010 sale a la luz el paper “Europe 2020: A Strategy for smart, sustainable and inclusive growth” editado por la Comisión Europea y que pretende marcar los objetivos a perseguir por Europa durante los próximos diez años. Este programa sería el que influenciaría más la Ley del Emprendedor y puede verse como un plan integrado que pivota alrededor de esta figura del emprendedor. Se apunta a “la necesidad de una fuerte política de coordinación en la eurozona” y a “una nueva agenda que requiere una respuesta europea coordinada, incluyendo a los Social Partners y la sociedad civil”. Para ello, “se debe mirar más allá del corto plazo”. Europa “necesita volver a la ruta” y “permanecer en ella”.

Europe 2020 destaca cinco objetivos europeos para 2020 que también deben ser objetivos nacionales: objetivos dirigidos hacia “el empleo; la búsqueda de innovación; para el cambio climático y la energía; para la educación; para combatir la pobreza”. Estos objetivos se van a conseguir mediante tres preceptos y prioridades que se refuerzan mutuamente: un crecimiento inteligente, un crecimiento sostenible y un crecimiento inclusivo.

Para ello, se requiere crear una “cultura emprendedora” y un “ecosistema económico”. La emprendeduría está presente tanto en las reformas del mercado de trabajo, como en el inciso de una mejor educación o el requerimiento de mayor innovación y desarrollo.

En el caso de la educación, por ejemplo, se habla de integrar al emprendimiento dentro de los planes educativos, y que éstos generen una mayor capacidad y conciencia emprendedora. También la emprendeduría va ligada a la necesidad de una mayor inversión privada en investigación y desarrollo. Así, vemos que es el “cómo” el factor a desarrollar; todo va alrededor del valor añadido y de la aportación económico-monetaria posterior.

Conclusión: el capitalismo esquivando la crítica

A partir del análisis de esta evolución he pretendido mostrar muy someramente que los orígenes ideológicos de la Ley del Emprendedor son anteriores a la crisis. No son medidas destinadas a solucionar un problema concreto desvelado con la crisis, sino que forman parte de una “revolución silenciosa” neoliberal que ha venido gestándose durante cuatro décadas.

La naturalización y expansión del credo neoliberal basado en la emprendeduría se basa en un doble eje: por un lado, se intenta realizar un cambio cognitivo que incentive la “actividad emprendedora” de las personas. La emprendeduría es vista como algo deseable y con ella se apela a que “entre todos saldremos de la crisis”. Se aduce que la búsqueda del interés propio produce un efecto derrame que es beneficioso para todos y se dice que es la mejor forma con la que uno puede servir a la sociedad. Es un modelo que defiende que el egoísmo es casi un deber social. De entre las medidas de la Ley del Emprendedor, la introducción de la emprendeduría en los planes educativos ejemplifica la voluntad de crear una “cultura emprendedora” mediante un cambio en el marco cognitivo. Por otro lado, también se llevan a cabo las medidas y modificaciones legislativas —como la reciente Ley del Emprendedor o las medidas laborales de tipo flexicurity— que sean necesarias para generar bolsas de incentivos que alimenten este proceso de cambio social.

Estas medidas apologéticas del interés propio forman parte de un programa más amplio que incluye recortes de las funciones administrativas del Estado, la privatización de empresas públicas y la externalización de servicios antes realizados por el Estado. Es decir, cosas que antes eran catalogadas como de interés público son ahora satanizadas por ineficientes y obstaculizadoras de la búsqueda del interés propio, que es lo que los neoliberales entienden realmente como garantizador del interés público.

Como decía, la crisis ha acelerado y facilitado este cambio, convirtiéndose en la excusa perfecta para reforzar sin ambages el discurso favorable al egoísmo —los múltiples programas de televisión surgidos en tiempos recientes alrededor de la idea de la emprendeduría son un fehaciente ejemplo de ello— y para implementar el conjunto de medidas que acompañan a dicho discurso y que pretenden favorecer su puesta en práctica. Así pues, el desánimo asociado a la crisis económica, la necesidad de soluciones y el arraigo de un discurso crítico con el llamado Estado del bienestar están sirviendo como catalizadores de un cambio de modelo societario cuya implementación hace tiempo que es deseada por sus partidarios.

Este nuevo modelo societario viene enmarcado en un tormentoso cuadro contextual que, más allá de los efectos de la crisis económica en sí, incluye la caída en desgracia del sistema de partidos políticos, escándalos de corrupción, los efectos adversos de la globalización y la indecisión de una izquierda incapaz de plantear una alternativa potente en el espacio público que contrarreste el discurso del interés propio. Un modelo que ya está produciendo mayores desigualdades sociales y que ensancha el espacio entre grupos hegemónicos y grupos en situación de riesgo. Esta apología de la economía flexible y emprendedora ensalzadora de la precariedad va a generar nuevas bolsas de pobreza y, en consonancia con el neoconservadurismo, amenaza con una vuelta a los roles de género tradicionales —el programa flexicurity combinado con el desmantelamiento de los servicios públicos incentivan una vuelta a la tradicional división sexual del trabajo—.

Y es que, ante todo, la incentivación de la emprendeduría en tiempos de crisis es una muy hábil maniobra dialéctica del capitalismo: se están quitando bienes y derechos sociales al tiempo que se proclaman las salidas conjuntas a la crisis con un “entre todos” que, paradójicamente, apela al individualismo y al interés privado. Esta formulación ha facilitado el desarme de la crítica puesto que bajo propuestas filosóficas favorables al interés propio se remite a una idea de bien común. Parece que estamos ante una vuelta por todo lo alto de aquel viejo mecanismo defendido por los moralistas escoceses en los albores del capitalismo que rezaba que la búsqueda egoísta del bienestar privado terminaba goteando y revirtiéndose en bienestar público. Lo que sí está claro es que esta crisis y la respuesta a la misma son la última constatación de la capacidad del capitalismo para esquivar de forma exitosa la crítica a su dinámica interna.