La pasión chipriota

Tras el mediático festival en torno a la elección del nuevo papa de Roma vuelve el clásico Via Crucis europeo. Ahora la parada es Chipre. Y asistimos como espectadores a una nueva demostración de incompetencia de nuestros gobernantes. De los que mandan de verdad, no me refiero al Gobierno zombi del Reino de España, sino a los altos mandatarios de la UE y el FMI. Lo vivido el último fin de semana es una muestra más de que nadie tiene ningún plan pensado para resolver la acumulación de problemas estructurales de la Unión Europea. Solo respuestas a corto plazo cuando no hay otra solución. Eso sí, siempre tratando de dar una imagen de seriedad, de tener claras las respuestas, de despreciar alternativas insensatas, aunque ahora el rifirrafe de la quita sobre depósitos ha servido, cuando menos, para dejar al descubierto la endeblez de la tramoya sobre la que se monta el espectáculo. En menos de una semana el plan ha ido cambiando ante la imposibilidad de que el gobierno chipriota aplicara el “impuesto contrarrevolucionario” a los pequeños ahorradores, y también ante el pánico que ello podía generar en el resto de países al ver cómo de la resaca de una noche se cargaban de un plumazo la sacrosanta garantía de los depósitos bancarios básicos.

Al final Chipre tiene su plan de rescate, un eufemismo para indicar que la sociedad chipriota ha entrado en la misma vía de devastación de otras vecinas (al fin y al cabo el país es una especie de apéndice de Grecia). Los pequeños ahorradores se han salvado de la quita, pero no de la devastación de su economía ni de un corralito al estilo argentino. Y ahora a esperar cuál es el próximo candidato y ver qué nueva improvisación se sacan de la manga. Aunque es posible que, si se presenta una más que probable crisis financiera en otro país, las cosas sean aún más complicadas. Puesto que lo que han aprendido muchas personas en pocos días es que la aplicación de corralitos y de quitas a las cuentas corrientes es más que probable. Y por tanto que cualquier país en problemas corre el riesgo de experimentar un pánico financiero que dé lugar a salidas masivas de capitales que sirvan para acelerar el deterioro del sistema financiero y agravar la situación. Las medidas adoptadas con Chipre y la forma de llevarlas a la práctica abren la posibilidad de que se acentúe la elevadísima volatilidad del sistema financiero europeo Una volatilidad generada en su base estructural —un sistema financiero que permite una total movilidad de capitales y una enorme variabilidad de activos— y que ahora acentúa la intervención política.

Chipre, se nos ha dicho, es un caso excepcional, pues se trata de una economía basada en el sector financiero, más concretamente en su actuación como paraíso fiscal. Lejos de justificarla, está valoración es un indicativo del cinismo y la inconsciencia que dominan la escena político-económica. En primer lugar parece plausible que una economía centrada sólo en lo financiero pueda experimentar graves problemas. Aunque no puede olvidarse que estamos hablando de un país pequeño, poco más de un millón de habitantes, algo parecido al área urbana de Sevilla (Singapur, una ciudad-nación, tiene 5 millones de habitantes). Posiblemente, si la City de Londres fuera un estado independiente sería bastante mayor y más dependiente de las finanzas que Chipre.

Cualquier economía especializada en una sola actividad está sujeta a fuertes padecimientos cuando las cosas cambian. Éste es precisamente uno de los problemas que ha generado históricamente el desarrollo del capitalismo y que la globalización actual no ha hecho sino acelerar. La propia Unión Europea es una parte sustancial de esta globalización al unificar un vastísimo mercado a partir de países con una muy diferente dimensión y desarrollo económico. Si ya en la mayoría de países europeos las desigualdades territoriales son relevantes, no podía esperarse que de la unión de países diferentes pudiera salir otra dinámica. Especialemente cuando no existen, como sí ocurre en muchos países, mecanismos de redistribución que cuanto menos ayudan a paliar estas desigualdades, a hacerlas soportables.

La especialización productiva de cada territorio es, casi siempre, la resultante de fuerzas externas e internas al mismo. La historia cuenta y ha generado enomes desigualdades entre países, una enorme acumulación de poder económico en algunas áreas. Algo en que ha jugado un papel importante el desarrollo tecnológico, pero también una localización adecuada, un pasado (o presente) imperial. Muchas de las reglas del juego de los organismos internacionales están diseñadas siguiendo los intereses de estas naciones poderosas, de sus élites. Y ello condiciona la elección de estrategias de los países de segunda, tercera y cuarta división, aunque sus élites dirigentes tengan un cierto papel a la hora de optar por una u otra salida. La hiperespecialización es por tanto el resultado de este juego entre los condicionantes externos y las elecciones de las élites, y en muchos casos genera efectos desastrosos para la población local.

La única forma de alterar esta dinámica perversa es generando un nuevo marco de política general que o bien posibilitara un desarrollo más equilibrado de los paises, o bien generara potentes mecanismos redistributivos que paliaran sus efectos negativos. Y esto es lo que precisamente impide el marco actual de política económica. Decir a los chipriotas que tienen que cambiar de modelo sin facilitar ninguna via para ello es mero cinismo (o cretinismo tecnocrático, por desgracia abundante).

Lo del paraíso fiscal es otro tema de peso. Nadie duda que Chipre lo sea. Pero ahí, más que una preocupación, lo que se expresa es la forma de culpabilizar al país para justificar el castigo. Si de verdad preocuparan los paraísos fiscales la Unión Europea debería empezar por enfrentarse a otros miembros como Luxemburgo —otro pequeño territorio especializado en finanzas y opacidad fiscal—. O en la serie de territorios bajo soberanía británica —Gibaltrar, Jersey, Guernsney, Man, las Caimán, Bermudas…—. O en Suiza. O incluso en los regímenes fiscales de Irlanda y Holanda. Verdaderos nodos de un sistema financiero diseñado para evadir impuestos y promover la economía de casino.

Y ciertamente las burbujas financieras han sido auspiciadas por la desregulación del sistema financiero, por la liberalización de los movimientos de capitales, por el levantamiento de controles a las prácticas bancarias y financieras. En 2008 se perdió la oportunidad de hacer tabla rasa del modelo de capitalismo de casino financiero. Quizás no podía ser de otra forma en un mundo donde los principales gobiernos están intimamente ligados con los grupos de poder bancario. Y el resultado es una sucesión de avatares financieros que generan sobresaltos periódicos y justifican políticas de ajuste que asolan un país tras otro. Ésta es la lección que una y otra vez se niegan a aceptar. Se han dedicado sumas ingentes de recursos a salvar el sistema financiero sin que ello haya servido ni para estabilizarlo ni, sobre todo, para minimizar el desastre social generado por el paro y las políticas de ajuste. Seguimos estando sujetos al riesgo sistémico y al abuso social de la economía financiarizada. Lo de Chipre es sólo un episodio más de está tragedia sin final a que nos ha conducido en neoliberalismo imperante.

Consultoras letales

Mucho se ha hablado del papel de las empresas de calificación de riesgos en las crisis financieras. Pero no son los únicos agentes activos que ayudan a crear la sinrazón económica que nos atenaza. Uno de estos actores fundamentales lo constituyen las grandes empresas de auditoría-consultoría. Otro de estos inventos liberales pensados en teoría para autoregular los mercados, pero cuyo papel en la práctica es mucho más discutible.

Las empresas de auditoría son en teoría un agente externo que trata de validar la contabilidad de las grandes empresas, defendiendo los intereses de los accionistas y la sociedad de las presuntas malas prácticas de los gerentes y altos ejecutivos. En la práctica, su labor es bastante rutinaria y su capacidad de detectar problemas serios está limitada a detectar fallos garrafales y errores de bulto. El problema es que muchas de las valoraciones de las empresas son contingentes, requieren una enorme cantidad de información, de control in situ, algo que suele estar fuera de la actividad corriente de los auditores. Es un clásico problema de asimetría de la información: quien controla el día a día de una empresa siempre tiene más conocimiento de lo real que quien acude periódicamente a evaluar la contabilidad. Los problemas van sin embargo más allá. Quien asigna el auditor a la empresa no es alguien externo a la misma, sino la propia empresa. Si el contrato es suculento, el auditor querrá conservar el cliente y no es difícil que antes de hacer un informe muy negativo trate de negociar un apaño que permita la continuidad de la relación. Y, lo que es aún peor, las grandes firmas de auditoría se han convertido en auténticas máquinas de servicios de apoyo a las empresas en forma de asesorías de todo tipo, incluida la legal y fiscal. Así, no es ser muy malpensado esperar que lo que se asesora para eludir impuestos o aumentar beneficios no va a ser puesto en cuestión en la auditoría.

Todos estos problemas son bien conocidos de hace tiempo. Se pusieron en evidencia en la crisis de 2001, cuando la quiebra de Enron. Quedó claro en aquel momento que Arthur Andersen (la mayor auditora mundial por entonces) había ayudado por pasiva (auditoria amable) y por activa (consultoría) a levantar el castillo de humo que se escondía tras la fachada de una gran empresa eléctrica. La crisis condujo al cierre de ambas empresas, a una moderada regulación del modelo, pero no a su puesta en cuestión. Muerta Arthur Andersen, otras empresas han pasado a llenar su espacio con la misma estulticia que su difunta competidora. Algo que se ha puesto en evidencia en toda la larga crisis financiera de los últimos años, donde cientos de empresas parecían tener todo en regla hasta que se demostraba lo contrario.

El papel nefasto de estas empresas no se limita sin embargo a su incapacidad de hacer un buen análisis crítico de las cuentas de las grandes empresas, o a su complicidad en diseñar modelos de gestión para eludir obligaciones. Su enorme crecimiento y popularidad las han convertido en verdaderos promotores de ideas tanto para la gestión privada como para la pública. Y del asesoramiento de esas empresas nacen muchas de las propuestas privatizadoras y de mercantilización de los servicios públicos. Los políticos neoliberales usan esas “marcas” globales como justificativo de sus propuestas de desmembrar el sector público y como coraza para eludir un debate abierto.

La muestra más reciente de este uso la hemos tenido en Catalunya cuando se ha descubierto que la Consellería de Sanitat tiene en su mesa un informe elaborado por Price Waterhouse Coopers (la mayor empresa mundial) donde se promueve la privatización del sistema público de salud. Cuando se ha interpelado sobre el tema al Conseller Boi Ruiz, éste ha asegurado que dicho informe no ha costado ni un centimo público, que PWC lo ha elaborado gratis. Tan escandaloso resulta que las palabras de Boi Ruiz sean falsas —se habría gastado dinero público para promover sus ideas— como verdaderas. Pues en este segundo caso indicarían que PWC está tratando de influir, por cuenta propia o ajena, de forma velada, sobre las decisiones del Govern. Resulta evidente que se trata de una clara actividad de lobby.

No creo que éste sea un caso particular. Si se rastrean la mayor parte de procesos de privatización, es fácil encontrar el papel que juegan en ellos estas verdaderas máquinas neoliberales que son los grandes grupos de auditoría y consultoría. Por si alguién no se había enterado de a qué nos conduce el modelo de gestión pirvada que promueve PWC, esta misma semana hemos tenido una buena muestra, cuando se ha anunciado que el Hospital de Sant Pau está planteando introducir un sistema para “colar” en las listas de espera a quien se pague la operación. Una muestra de “búsqueda de nuevas fuentes de financiación” que constituye un modelo descarnado de discriminación social. Clasismo en estado puro.

La defensa del sector público, de una economia regida por los intereses de la mayoría dentro de un proceso de decisiones democráticas, exige un cambio profundo en las instituciones. Entre otras cosas, limitar y acotar el papel de un modelo de empresa que transita entre la inutilidad, la conspiración y la propaganda. Un verdadero programa reformista debe evaluar y atacar el conjunto de instituciones neoliberales. Nos va la vida, la dignidad, el bienestar, la democracia.