Gonzalo Pontón

En un viejo país ineficiente

“En los años anteriores se habían desplomado muchas bancas privadas, pero ahora no se trataba ya del hundimiento de entidades financieras particulares, sino de la bancarrota. La quiebra no solo obligó a consignar todos los ingresos fiscales al pago de los intereses de la deuda y a su amortización, sino que dejó en manos de los acreedores la centralización del producto fiscal recaudado y la supervisión del pago de los intereses.” ¿El reino de España en 2013? No: el reino de Mallorca a finales del siglo XIV. Los historiadores Antoni Furió, José Antonio Sebastián, Enrique Llopis, Francisco Comín, Carlos Barciela, Carles Sudrià i Jordi Maluquer de Motes han escrito conjuntamente España en crisis. Las grandes depresiones económicas, 1348-2012, que acabamos de publicar y que analiza las principales depresiones sufridas por la economía española desde la Peste Negra del siglo XIV hasta la Pasta Negra de nuestros días. Su lectura atenta nos permite advertir que más que a factores externos o a los deeds of God (epidemias, inundaciones, sequías, hambrunas y mortandades), en la génesis, gestión y enquistamiento de todas esas crisis, lo determinante es la incompetencia de los gobiernos, sus políticas fiscales, el despilfarro público, la especulación y la corrupción a gran escala. Desde la famosa pirula del Cid “Campeador” hasta la ominosa cacografía de Luis “el Cabrón”, la sombra de un prócer (o de varios) cobija las innumerables renegociaciones de la deuda soberana, las suspensiones de pagos o las bancarrotas del viejo país ineficiente. Es, como la de las adelfas, una sombra enloquecedora y mortal. Bajo ella se engendró nada menos que el Banco de España. En 1780, tras la penúltima guerra contra Gran Bretaña, el estado español volvía a estar en crisis: los ingresos fiscales rondaban los 800 millones de reales, pero los gastos alcanzaban los 1.500 millones. Huérfano de la plata americana, bloqueada por la guerra, y agotadas todas las posibilidades de financiación exterior e interior, el gobierno de José Moñino no podía pagar ni los gastos del rey Carlos, también cazador aunque no putero, que ascendían a poco más de 90 millones de reales (una futesa, comparada con los espléndidos 300 reales anuales que podían sacarse un labrador o un artesano). Quiso la divina providencia que apareciera entonces por la Corte el caballero Francisco Cabarrús, financier de Bayona, ilustrado, reformista, defensor del comercio libre con América, amigo de Campomanes y Jovellanos, bien relacionado internacionalmente. En suma, un Rodrigo Rato de la época. Con la noble idea de sacar al país de l’embarras, Cabarrús vendió al conde de Floridablanca, al ministro de Hacienda, Miguel Múzquiz (que también era financiero), y al de Indias, José Gálvez el siguiente producto: él conseguiría de un consorcio de banqueros franceses y holandeses 135 millones de reales en letras de cambio (los más) y en metálico (los menos) a cambio de la autorización para extender 148,5 millones de reales en papel que se llamarían “vales reales” y que tendrían un doble valor: serían títulos de la deuda, pero también podrían circular como moneda fiduciaria por su valor facial. Los vales eran atractivos para determinados inversores: se podían utilizar para pagar impuestos y aranceles y también para operaciones mercantiles de gran calado, porque los primeros vales tenían un valor nominal de 9.000 reales. Rentaban, además, un 4% anual de interés, es decir un punto más que el que proporcionaban los censos, refugio entonces del dinero ocioso. El negocio de comisionista de Cabarrús (13,5 millones de reales) no estaba mal, pero no era el negocio. El 30 de agosto de 1780 los próceres pusieron en circulación 16.500 vales por el importe total convenido. En 1781 se repitió la operación con el lanzamiento de otros 17.667 vales, esta vez de un valor nominal de 4.500 reales, por 80 millones más. Como todo parecía ir a pedir de boca, Cabarrús, admirador de John Law, abordó entonces otro negocio: propuso al gobierno la creación de un banco privado para movilizar recursos financieros, garantizar la cotización de los vales y en su momento canjearlos por dinero en metálico. Así nació en 1782 el Banco de San Carlos, con un capital nominal de 300 millones de reales, dividido en acciones de 2.700 reales. Era mucho dinero y para atraerlo Cabarrús recurrió al márketing: hizo ver que las grandes personalidades depositaban toda la confianza en su banco: desde el rey (que “compró” 1.000 acciones) hasta sus socios franceses, Múzquiz, Gálvez o el mismísimo don Francisco de Goya. El propio Cabarrús compró acciones con los cinco millones de pesos que había ganado prestando al Tesoro ese mismo año un millón de pesos sencillos (15 millones de reales) a cambio de un millón de pesos fuertes (20 millones de reales) pagaderos en La Habana. Un beneficio cambiario del 33%. Era mucho dinero, pero ese tampoco era el negocio. Sin embargo, el dinero no acababa de acudir a la llamada del banco: a finales de 1782 solo se había colocado un 20% de las acciones. Así que se inyectó al banco dinero público desvalijando los pósitos, los consulados y hasta los propios de los municipios para lograr una cierta capitalización. Claro que, a cambio de ponerles a los españoles un banco, Cabarrús, que era el director nato del San Carlos, pidió que se le concediera al banco el privilegio exclusivo de abastecer de vituallas, uniformes y calzado a los ejércitos y la flota de España y de Indias durante veinte años por una módica comisión del 10%. Podía no estar mal, pero ni siquiera ese era el negocio.

El banco comenzó a retirar los vales reales a su vencimiento, pero en 1785 solo había podido canjear 4.000 vales de los de a 9.000 reales y 6.700 de los de a 4.500, el 22% de todo el papel emitido (83.300 vales por valor de 300 millones de reales), pero, en justa compensación, la deuda pública se había incrementado en un 150%. Entonces Cabarrús, gran defensor de los ideales del libre comercio, se convirtió de pronto al mercantilismo y pidió para su banco el monopolio de la exportación de metálico (lingotes de plata americana). Lo obtuvo, claro, y ese era un negocio fabuloso porque llegaron al banco 40 millones de pesos de la plata embalsada durante cuatro años de guerra. Pero aún no era el negocio. Mientras el banco, al cuidado de otro director que, casualmente, era el suegro de don Francisco, se enredaba cada vez más en operaciones opacas, préstamos al gobierno y a los poderosos sobre las propias acciones o los vales reales y especulaba temerariamente, en vísperas de la Revolución, con los títulos de deuda francesa, Cabarrús concentró todo su talento en la sucursal del Banco de San Carlos en Cádiz, donde, a finales de los años ochenta, surgió una brillante alternativa al monopolio de exportación de la plata que ya poseía su banco: consistía esta en pasar por la Aduana de Cádiz, cuyo comandante de la guardia era Antonio Gálvez, hermano del ministro de Indias y socio de Cabarrús, cajas de azúcar —que estaba exento de aranceles—, pero que en realidad contenían plata que se traficaba desde Cádiz hasta Bayona a través de una red de contrabandistas conocida como “La casa de la moneda”. Nunca se supo quién era el jefe de la trama. Pero ese era el negocio. El nuevo ministro de Hacienda, Pedro Lerena, enemigo de Cabarrús, que se había pillado los dedos con los vales, le metió en la cárcel en 1790 acusándole de una contabilidad creativa —sin duda aprendida de Necker— que dotaba las provisiones de tal modo que el banco daba beneficios en lugar de pérdidas. 

Mientras tanto, la Hacienda, siempre agobiada, decidió darle a la maquinita de imprimir vales hasta llegar a un importe superior al valor de toda la moneda acuñada en España durante los últimos treinta años. Como que la gente no era tonta, los vales —sin respaldo bancario real— se fueron depreciando hasta alcanzar un 22% en 1795, un 43% en 1799, un 75% en 1801. En 1812 no eran más que papel mojado. Es imposible saber la cantidad de rentistas que perdieron su dinero en esta estafa público-privada que había ingeniado el ilustrado Cabarrús, aquel “activo y hábil negociante” —son palabras de Floridablanca— que Carlos IV había hecho conde, que Godoy sacó de la cárcel para hacerle embajador y que José I nombró ministro de Hacienda. El Banco de San Carlos, desacreditado y podrido de activos tóxicos, tuvo que ser rescatado con dinero público en 1829 y fusionado con el Banco de San Fernando, que en 1854 cambiaría su nombre por el de Banco de España.

Entre 1796 y 1808 el Estado se había empeñado en 4.500 millones de reales más, con lo que la deuda pública total, en vísperas de la “intervención” francesa, ascendía a 7.500 millones de reales (el equivalente a los ingresos fiscales de seis años o al salario anual de un millón de trabajadores durante veinticinco años). La deuda soberana de un país cuyo PIB no llegaba a 10.000 millones de reales rozaba el 80%. Era algo inaudito, brutal, insoportable. Jamás se había llegado a tanto: el viejo país ineficiente estaba en quiebra. Para darnos una idea de lo agónica que era aquella situación, pensemos lo que ocurriría si hoy, España, que tiene un PIB de un billón de euros, tuviera una deuda del 80%, o sea de… es decir… Me parece que lo voy a dejar aquí.

 

Fuente: www.pasadopresente.com

 

25/2/2013

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