La inmersión lingüística en Cataluña y los derechos de los ciudadanos

Anna Camps

Es común, al hablar de los derechos ciudadanos, afirmar que todos los individuos tienen derecho a usar su lengua. Tras esta afirmación subyace la idea de que la lengua es algo individual, propio de un ciudadano, sin tener en cuenta las lenguas de su entorno. Sin embargo, ¿existirían las lenguas sin comunidades que las hablen? Las preguntas naïf que se podrían formular a partir de la afirmación del derecho individual a usar una lengua son múltiples: ¿puedo hablar suajili para pedir un billete de metro en Barcelona?; ¿pueden unos padres en Madrid pedir que se imparta a sus hijos la enseñanza en afrikáner si esta es su lengua materna?… No continuaremos por este camino del absurdo.

El punto de partida de nuestra reflexión es que las lenguas sirven para comunicarse con otras personas que también las conocen y las hablan, de modo que no tienen sentido fuera de una comunidad de habla; así pues, son ante todo resultado de la interacción social y son instrumento para construirla. Aprendemos las lenguas inmersos en entornos en que se hablan, y en esta interacción se constituyen también en instrumento del pensamiento. Las reflexiones que siguen toman estas dos afirmaciones como punto de partida para hablar de la situación lingüística en Cataluña y de los “problemas” que de ella se derivan.

Las lenguas, hemos dicho, se construyen en la comunidad y la construyen. Son por lo tanto factores de cohesión entre sus miembros. A través de ellas se expresan tanto las confluencias como las discordancias y discrepancias entre los participantes. Por poner un ejemplo más allá de la territorialidad: las comunidades científicas en el momento actual se construyen a través del habla y la escritura en inglés. Los estudiosos que no conocen en alguna medida esta lengua quedan en la práctica excluidos de la relación científica global. Las lenguas pueden ser también factores de separación. Algunas comunidades amerindias procuran que los foráneos no aprendan su lengua para mantener la identidad del grupo y excluirlos de él.

La situación de Cataluña es peculiar. En este territorio se hablan dos lenguas, catalán y castellano, ambas oficiales y presentes —en proporciones variables— en la enseñanza, la administración pública y en otros muchos ámbitos, aunque el castellano sigue dominando en muchos otros como el cine, la radio, la televisión [1], la prensa, la edición, la justicia, etc. El catalán, aunque lógicamente recuperado tras la acción de muchos gobiernos a lo largo de la historia reciente, sigue siendo, sin embargo, una lengua minorizada. Así pues, una parte de la población catalana tiene como lengua familiar el catalán y otra parte, el castellano, si bien hay hoy bastantes familias en cuyo seno coexisten ambas.

La situación en el momento en que se redactó la primera ley de normalización lingüística, en los primeros años después de la dictadura, era —y es todavía— que, así como todas las personas de habla familiar catalana aprendían el castellano por inmersión en un entorno en que esta lengua era —y es en nuestros días— omnipresente, las de lengua familiar castellana no llegaban —y no llegan— de forma espontánea al conocimiento activo del catalán.

La Ley de Normalización Lingüística [2] puso las bases para superar estas diferencias. Los modelos de enseñanza posibles, derivados de ella, eran diversos. Uno de ellos, la enseñanza en lengua materna en los primeros años de escuela y la introducción progresiva de la segunda lengua hasta finalizar la escolaridad. Otro, el que finalmente se adoptó, el de la inmersión en catalán para todos los niños y la enseñanza del castellano también para todos. Analicemos ambas opciones.

El primer modelo separaba en la escuela a los niños de habla catalana de los de habla castellana. Esta separación, que parece neutra, no lo era. Los niños de habla castellana eran hijos y nietos de la emigración de ciudadanos de otras regiones de España, que se instalaron en las ciudades dormitorio que durante el franquismo se construyeron en los alrededores de Barcelona. Los hablantes del catalán vivían preferentemente en los barrios más céntricos de pueblos y ciudades. En algunos de los barrios convivían hablantes de ambas lenguas, pero en ocasiones la diferencia era de clase social. En los primerísimos tiempos del posfranquismo, basándose en algunas experiencias muy minoritarias durante la dictadura, se llevaron a cabo algunos intentos de aplicar el modelo de separación por lenguas e introducción progresiva de la segunda lengua. Los resultados no fueron los deseados. Los niños de habla catalana aprendían a leer y a escribir en catalán y, sin que nadie les enseñara, ya sabían hablar y escribir en castellano. Por el contrario, la línea de enseñanza en castellano no conseguía que los alumnos aprendieran a hablar en catalán, aunque lo entendieran. Algunos resultados colaterales eran todavía más graves: el enfrentamiento entre “los catalanes” y “los castellanos” incluso en el patio de alguna escuela.

Las experiencias tanto españolas (enseñanza del euskera) como internacionales (el francés en el Québec) de enseñanza progresiva de la segunda lengua en entornos en que esta se habla poco, es decir, en que no es la lengua dominante, han demostrado que el objetivo que la ley prevé de conocimiento oral y escrito de ambas lenguas al final de la escolarización obligatoria solo se cumple con los niños que hablan la lengua minorizada. En Cataluña, pues, llegarían a dominar ambas lenguas los escolares de habla catalana, pero no los de habla castellana.

En el momento de formulación de la Ley de Normalización Lingüística el PSUC tuvo un papel crucial frente a las propuestas de otros partidos que abogaban por el otro modelo. ¿Cuál era la finalidad que la ley, finalmente, se propuso? En primer lugar, la misma que se expone explícitamente en el texto: que todos los ciudadanos conozcan ambas lenguas y que sean capaces de usarlas en todos los ámbitos de la comunicación: familiar, laboral, académica, etc. Derivada de ella, pero tan importante o más: evitar que en Cataluña se constituyeran dos comunidades lingüísticas, una privilegiada porque conocería las dos lenguas y otra que solo podría hablar una de ellas, aunque pasivamente comprendiera la otra. La existencia de dos comunidades separadas por la lengua era, además, un foco potencial de enfrentamientos y de fractura social.

Y esta es la realidad actual: los escolares que han asistido a la escuela pública en Cataluña acaban con un conocimiento aceptable de ambas lenguas y, en general, es imposible por su forma de hablar en catalán identificar cuál es su lengua familiar.

Podríamos preguntarnos qué otros efectos habría tenido el modelo de separación por lenguas e introducción progresiva de la segunda aparte del efecto ya mencionado de no asegurar el dominio del catalán por una parte de la población castellanohablante. ¿Sería aventurado pensar que las clases medias catalanohablantes se hubieran sentido más confortables, y la lengua que hablaban sus hijos menos interferida, por construcciones de la lengua castellana? ¿No parece plausible considerar que este modelo habría propiciado un sentimiento elitista en esos sectores? ¿En qué grupos se hubieran integrado los alumnos provenientes de la inmigración más reciente, especialmente los originarios de países hispanohablantes?

Una política lingüística de izquierdas debe proponerse que todos los ciudadanos tengan posibilidad y derecho de expresarse en ambas lenguas y, por lo tanto, impedir que cristalicen las separaciones por cuestiones de lengua, y ello exige adoptar medidas que demuestren su eficacia para alcanzar esta finalidad. Si se acepta —y esta premisa es básica— que la diversidad de lenguas es una riqueza y no un problema, tendremos que acordar que no sería justo condenar a una parte de la población en Cataluña a la marginación en el uso de una lengua que la ciudadanía catalana ha decidido preservar. Por este motivo las políticas lingüísticas deben garantizar y facilitar el acceso de todos al dominio y disfrute de las lenguas del país.

 

Notas

[1] Basta con hacer zapping en la televisión para constatar la cantidad de canales en lengua castellana frente a los canales que emiten en catalán en Cataluña: TV3 y los que de ella dependen, una privada (8Tv) y algunas municipales. En la radio la situación no es mucho mejor: en un recuento hecho por la mañana de cualquier día laborable, se puede establecer una relación de una emisora (o programa) en catalán frente a tres en castellano.

[2] Llei 7/1983, de 18 de abril (DOGC 322, de 22 de abril, y BOE 112, de 11 de maig), de Normalització Lingüística.

 

[Anna Camps es catedrática emérita de la Universidad Autónoma de Barcelona en el área de Didáctica de la Lengua]

20/11/2012

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